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Para
una actividad que depende de la confianza pública, es un problema
muy serio. No se trata únicamente de la crisis por la que atraviesa
Merck, uno de los colosos del sector. Muchas otras están bajo ataque
o sospecha por parte de los consumidores, de los organismos de regulación
médico, de los entes de supervisión financiera y hasta de
novelistas y guionistas de cine, que las colocan como villanos favoritos.
Durante muchas décadas, la industria tuvo un comportamiento ejemplar.
Producía los medicamentos que la gente demandaba y obtenía
buenas ganancias. Pero durante la década pasada, este convenio
implícito entre los grandes laboratorios y la opinión pública,
colapsó.
La exigencia de obtener más rentabilidad inmediata provocó
que, en lugar de invertir tanto en investigación y desarrollo,
lo hicieran en costosas fusiones y adquisiciones. Las remuneraciones de
los ejecutivos del sector aumentaron sideralmente y el precio de las drogas
también tomó el ascensor.
Los intentos de regulación no han sido demasiado exitosos gracias
al activo lobby de la gran industria. Pero la impaciencia pública
-y de los gobiernos- va en aumento. Hasta ahora, por cada dólar
que se dedica a investigación, otro se invierte en marketing, y
un tercero es ganancia.
Las farmoquímicas corren el riesgo de ser marginadas en todo el
proceso de asignar recursos financieros para la tecnología de la
salud. La actual grandeza y prosperidad puede sufrir en el futuro cercano.
Este documento refleja las cuestiones en juego desde la perspectiva del
principal mercado y del gran centro de innovación que es Estados
Unidos.
El sector quiere
mejorar su imagen
La farmoquímica, una actividad cuya razón de ser es la salud
de la gente, difícilmente podría ser más impopular
en Estados Unidos. La opinión pública es tan hostil a ella
como a las tabacaleras y las petroleras.
Una reciente encuesta de Harris Pool descubrió que apenas 14% de
la muestra confiaba en los laboratorios. Sólo los combustibles
y el cigarrillo eran peor vistos. Ya en octubre, Gallup reveló
que la industria de medicamentos seguía de cerca, en mala imagen,
a los estudios jurídicos, las empresas eléctricas y la televisión.
¿Cómo fue que las cosas han llegado hasta allí?,
¿cómo revertir esa realidad? Muchas farmoquímicas
mundiales se originaron en fundaciones benéficas o grupos de científicos
talentosos que veían oportunidades de mejorar salud y calidad de
vida. Pero, después, la simple búsqueda de ganancias fue
pasando a primer plano.
A medida que la industria se hacía desmedidamente rentable, gobierno,
sector privado e individuos afrontaban crecientes costos de atención
médica. Hoy, marketing y publicidad directa -entre médicos
y pacientes- induce a recetar o comprar medicamentos caros y poco necesarios.
También se maquillan datos técnicos o se ocultan aspectos
negativos. Por otra parte, la baja productividad en el área de
investigación y desarrollo (I&D) reduce las innovaciones reales
o promueve la imitación de específicos y tratamientos, más
caros pero no superiores a los preexistentes.
Cuanto más se deteriora la imagen de la industria, más se
fijan en ella políticos, funcionarios, reguladores, organizaciones
de bien público y votantes. En general, exigen reformas en los
mecanismos de aprobación y comercialización.
Un año de controversias
Consciente de su mala reputación, la farmoquímica norteamericana
trata, con lentitud y no siempre buen criterio, de modificar las cosas
hablando de su papel social, su capacidad de promover la medicina preventiva
y de generar ahorros a largo plazo. Naturalmente, sus ejecutivos se ponen
líricos al respecto: "La clave no está en costos y
precios sino en la prevención de enfermedades", dice Hank
McKinnell, director ejecutivo de Pfizer, la mayor farmoquímica
del mundo.
Este mismo año, una serie de controversias subraya más bien
lo contrario: los laboratorios privilegian ingresos y utilidades, es decir
precios altos. Así concluye un estudio de Families USA, un grupo
pro defensa de los consumidores, tras demostrar que al alza en los precios
de las 30 principales especialidades bajo receta cuadruplicó el
ritmo de la inflación minorista durante el 2003. Esta fuente y
AARP -una ONG de jubilados y pensionados- descubrieron que esos aumentos
sistemáticamente neutralizaban descuentos ofrecidos sobre nuevos
medicamentos incorporados al sistema federal de atención médica
a mayores (Medicare).
Otro asunto candente se cifraba -y sigue haciéndolo- en las contraindicaciones
de antidepresivos para niños y adolescentes o de analgésicos
para adultos. Eliot Spitzer, el temido fiscal neoyorquino, ha cuestionado
la negligencia de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA
– Food & Drug Administration) mientras accionaba contra GlaxoSmithKline
por "fraude reiterado"; es decir por ocultar datos sobre Paxil,
un específico ya rechazado en la Unión Europea. GSK tuvo
que pagar una multa de US$ 2,5 millones y modificar envases, publicidad,
etcétera.
Primero, las ganancias
Timothy Anderson, analista de Prudential Equity, define el caso Vioxx
como epítome de los problemas sociopolíticos afrontados
por los laboratorios. Este tipo de cuestiones revela que las empresas
ponen primero las ganancias y que los reguladores "tienen relaciones
demasiado cordiales con la industria".
Sin duda, el creciente escrutinio público puede tener serias consecuencias
financieras para las compañías. En el 2003, Estados Unidos
y Canadá generaron no menos de la mitad de las ventas farmoquímicas
en todo el mundo: US$ 466.000 millones. Así lo revela IMS Health,
firma experta en monitorear el sector: "Si bien los laboratorios
se resisten a dar datos país por país, se estima que el
mercado norteamericano representa 75% de las ganancias totales",
informa John Farral, de National City, una ONG de usuarios.
Queda claro que los costos de atención médica y los precios
de drogas bajo receta en Estados Unidos irritan al público y atraen
a los medios. También preocupan a las multinacionales, para quienes
las crecientes facturas por ambos conceptos son una desventaja al competir
con firmas de países donde existen programas públicos de
salud.
Medicare es quizás el vehículo clave de presiones políticas.
En diciembre del 2003, George W. Bush hizo aprobar una ley ómnibus
sobre cobertura de medicamentos recetados (entra en vigencia en el 2006)
para 43 millones de mayores y minusválidos. Pero es un triunfo
para los laboratorios, pues obligará a Medicare a negociar directamente
con ellos compras masivas. En otras palabras, el gobierno federal desistirá
de emplear su enorme poder de compra para regular precios en favor del
público. Esto explica los cuantiosos aportes del sector a la campaña
por la reelección de Bush.
Tres frentes
No obstante, el consiguiente aumento de costos en Medicare y el incontenible
déficit fiscal y de asistencia social, pueden forzar decisiones
federales muy duras para el negocio farmoquímico. Según
la oficina presupuestaria del Congreso, los gastos de Medicare por drogas
recetadas llegarán a US$ 500.000 millones en el 2013, contra los
400.000 proyectados al presentar el proyecto de ley en el 2002.
Un segundo frente de presiones pro reformas reside en la eventual legalización
de reimportaciones. Ello permitiría a los norteamericanos comprar
medicamentos más baratos en Canadá, donde los recetados
pueden costar hasta 70% menos. Los reguladores estadounidenses vienen
bloqueando ese canal, pretextando seguridad -precisamente, la que descuidan
GSK, Merck, etc.- y riesgos de falsificación.
La tercera área de escrutinio es la propia FDA. Especialmente tras
el demoledor testimonio de un científico de la propia agencia (el
pasado 18 de noviembre). Legisladores de los dos grandes partidos cuestionan
la llamativa lenidad del ente hacia el negocio farmoquímico. Al
respecto, creen que no requiere datos suficientes antes de aprobar nuevos
compuestos y no actúa con celeridad cuando se detectan problemas
en productos ya librados a la venta.
Por su parte, Boston Consulting Group sostiene que, si congresales o reguladores
insisten en pruebas más detalladas, "el proceso de desarrollo,
ya costoso, será prohibitivo para las empresas". Éstas
y sus voceros afirman que esas erogaciones han pasado de US$ 55 millones
en 1970 a US$ 1.000 millones en la actualidad. "Si se aumentan los
requerimientos -advierte Peter Tollman, de BCG-, cada día más
firmas biotecnológicas y farmacéuticas desistirán
de encarar innovaciones". Pero, ¿qué son 1.000 millones
si las ventas anuales superan los US$ 450.000 millones?
En julio, Pfizer se curó en salud y trató de mejorar su
reputación vía una oferta de descuentos sobre sus productos
para los 45 millones de norteamericanos sin cobertura médica. Eso
representaría hasta 37% para familias cuyos ingresos no pasen de
US$ 45.000 anuales. Gente por encima de esa cifra obtendría rebajas
de 15%.
El lobby del negocio -Pharmaceutical Research & Manufacturing of America
(Pharma)- suele esgrimir un estudio, según el cual cada dólar
gastado en medicamentos ahorra seis en hospital y costos anexos. La misma
fuente sostiene que los costos en drogas significan apenas 10% del gasto
federal en atención médica, aunque admite que los precios
subieron 4,4% en 2003, triplicando la inflación minorista. Otro
factor que explica el gasto en especialidades, es su uso en tratamientos
comunes que no siempre las requieren. En este caso, la responsabilidad
sería de los médicos, sobre todo a ojos de los pacientes
y de varios expertos. Pero, a la vez, se expresa el agresivo marketing
directo de los laboratorios y su énfasis en incentivar económicamente
a los profesionales y las clínicas.
¿Por qué los medicamentos
nuevos deben ser tan caros?
Hartos de ver cómo se encarecen las especialidades bajo receta,
los políticos estadounidenses suponen que la mejor solución
sería imitar la ley canadiense. A falta de eso, autorizar al público
la compra de medicamentos en el vecino nórdico, donde existen controles
y las especialidades cuestan hasta 70% menos.
No obstante, a juicio de algunos analistas económicos, hay formas
más directas de abaratar drogas. Por ejemplo, el Gobierno podría
modificar los mecanismos por los cuales se financia la innovación.
Ocurre que los compuestos recetados son intencionalmente caros. En verdad,
cuesta bastante inventarlos, pero no fabricarlos. Por ende, las compañías
obtienen patentes de exclusividad -virtual monopolio- y se les permite
cobrar precios exorbitantes. Según las empresas, ello les da aire
para amortizar inversiones en investigación y desarrollo (I&D).
Aparte, las alienta a seguir inventando productos.
Pero varios expertos sostienen que no existen motivos económicos
reales para medicamentos tan, tan caros. "Las patentes son un modo
de promover la innovación, pero no son el único método
-señala Michael Kremer (Harvard)-. En la situación actual,
vale la pena buscar opciones".
La forma de protección implícita en el patentamiento ha
ido elevando los gastos en I&D. Las farmoquímicas norteamericanas
han gastado US$ 33.000 millones en el 2003, según su vocero, Pharma.
Pero los precios prohibitivos ahuyentan a un público que compraría
si los precios fuesen tan accesibles como los de otros insumos o productos
de primera necesidad.
No es la única ineficiencia fomentada por las patentes. En el segmento
de salud cubierto por seguros o prestadores rentados, donde ni pacientes
ni médicos pagan realmente el precio total de una droga, las farmoquímicas
tienen todo tipo de incentivos perversos. Por ejemplo, pueden ganar más
invirtiendo en mejoras marginales de compuestos o terapias existentes,
cobrar cualquier precio -basta un buen marketing o una campaña
publicitaria atractiva- y no gastar en innovaciones verdaderas, siempre
riesgosas.
La FDA ha clasificado como innovaciones cualitativas sólo 20% de
las especialidades desarrolladas en 1994-2003. Por otro lado, aun cuando
gasten más en I&D, las empresas encuentran menos drogas nuevas.
Al respecto, la FDA reconoce: "Los métodos para desarrollar
medicamentos se tornan más riesgosos, ineficaces y caros".
Una opción es que el Gobierno pague directamente por I&D. Algunos
analistas creen que eso beneficiaría la innovación y, al
mismo tiempo, rebajaría precios. En realidad, Washington gasta
ya cerca de US$ 30.000 millones anuales -casi lo mismo que el negocio
farmoquímico- en el National Institute of Health. Mucha de su labor
resulta en nuevos medicamentos. Sería, pues, bastante simple ampliar
los esfuerzos absorbiendo la I&D del sector privado.
Existen otras alternativas: el Gobierno podría compensar a las
compañías por sus invenciones, como incentivo para seguir
innovando. Pero, ¿cómo determinar su valor? Una posibilidad
sería que el Estado adquiriese patentes selectivamente, pagando
un adicional sobre el precio de una potencial oferta privada y, luego,
las pasase a dominio público (una idea de Kremer). Aidan Hollis,
docente en la Universidad de Calgary -Alberta, Canadá-, se inclina
por la fórmula siguiente: el Gobierno crearía un fondo para
subsidiar farmoquímicas en la medida que sus nuevas drogas mejorasen
la calidad de vida y por su frecuencia de uso.
Este tipo de opciones entrañaría ventajas diversas. Además
de tornar los medicamentos más accesibles al público, disuadiría
a las compañías de gastar millones en el desarrollo de drogas,
como Nexium o Clarinex, amparadas por patentes (merced a la tolerancia
de la FDA) pero que ofrecen escaso margen de mejoras respecto de drogas
similares que ya estaban en el mercado.
Biotecnología, otro
canal de innovación
Mientras las grandes farmoquímicas se centran en tratamientos
para males habituales, que insumen miles de millones, la biotecnología
emerge como la nueva clave en materia de investigación y desarrollo
(I&D) de medicamentos. Así, las innovaciones reales en materia
de antibióticos no encajan en los fines comerciales de los gigantes
y muchos tratamientos oncológicos en desarrollo están en
manos de firmas "bio".
James Burnie, director de Microbiología en la Universidad de Manchester,
Inglaterra, fundó NeuTec Pharma en 1997, luego de que compañías
mayores rechazaran su idea de desarrollar anti-infectivos basados en anticuerpos
humanos. "Esas firmas se aferraban a una cifra mágica, £
500 millones (US$ 930 millones) anuales. Si las ventas -explica el científico-
no alcanzan esa meta, nada les interesa, y eso limita la gama asequible
de enfermedades".
Los analistas proyectan las ventas de Mycograb, el anti-infectivo de NeuTec
(trata la candidiasis sistémica, una mortal infección fungígena),
en hasta US$ 224-270 millones. El mercado para Aurograb -compuesto del
mismo laboratorio que combate el MRSA, un supermicrobio típico
en pacientes de hospital- podría ser mayor.
Justamente, un factor clave en la dispersión del MRSA y otros organismos
de su clase es que, en más de 20 años, nadie había
descubierto nuevos mecanismos capaces de mejorar la resistencia humana
a ellos.
Kenneth Powell, director ejecutivo de Arrow Therapeutics (otro desarrollador
de anti-infectivos), sostiene que las farmoquímicas se han tornado
muy renuentes a los riesgos en I&D. "Ya no es posible tener un
par de científicos fumando en pipa en el laboratorio y produciendo
compuestos contra la malaria. Ese negocio ha sido devorado por su lado
comercial y ha perdido sus bases éticas", aseguran.
Entretanto, lo que para un gigante sería un segmento intolerablemente
pequeño -de US$ 175 a 900 millones en ventas anuales-, resulta
muy rentable para cualquier biotecnológica. También atrae
capitales de riesgo.
Con un mercado global para antibióticos estimado en US$ 29.000
millones anuales y uno para antifungígenos orillando los 16.000
millones, los inversores están dispuestos a respaldar esfuerzos
en el sector biotecnológico. Basilea, escindido de Roche cuando
ésta abandonó investigaciones en antibióticos, reunió
ya US$ 170 millones para retomarlas por cuenta propia.
Sin embargo, el segmento no puede dormirse en los laureles. Las farmoquímicas
empiezan a replantearse sus prioridades, en parte para desmentir críticas
acerca de que sus productos nuevos representan apenas mejoras marginales
sobre los existentes.
El cáncer es una de las mayores áreas con necesidades médicas
no satisfechas y capaces de recuperar la imagen de la industria, mediante
mejores tratamientos. Según ING Barings, 3.000 de las 7.300 especialidades
desarrolladas en el mundo son oncológicas. De ellas, 40% pertenecen
a firmas biotecnológicas. Por ende, las farmacéuticas siguen
al frente.
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