Para el presidente Néstor Kirchner hay algo más que debatir sobre tarifas (aunque ello sea ineludible). Tenemos que saber muy bien en qué cumplieron las empresas y en qué no. Va a ser una discusión fuerte, cristalina y de cara a la gente. Es indudable que no son sólo los empresarios los responsables. En una entrevista con MERCADO, Mabel Thwaites Rey, doctora en Teoría del Estado de la UBA y profesora de Administración y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma universidad, consideró que la política de regulación constituyó un eje virtualmente residual del proceso de privatizaciones, pues las pautas regulatorias fueron entendidas casi como aspectos formales que no debían desalentar a los posibles inversores.
Así, los artífices de las reformas de la década menemista adscribieron a las teorías que planteaban la menor intromisión del Estado en la prestación de los servicios públicos. Desde principios de los años 90 se alzaron voces en esa línea, por ejemplo, la de Rodolfo Barra. Mientras presidía el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), escribió una columna en Clarín en la que decía: El ente regulador cumplirá mejor con su finalidad cuanto menos regule y deberíamos tender más a la desaparición de algunos de estos entes que a su crecimiento. Un claro contraste con lo que piensan los nuevos funcionarios de la era Kirchner.
La mayoría de los entes de regulación fue creada en ocasión de sancionarse el marco regulatorio de la actividad. En consecuencia, a excepción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que surgen de una ley, el resto de los organismos se constituyó a partir de decretos del Poder Ejecutivo. Tal como lo afirman en el libro Fuera de Control, que Thwaites Rey escribió con Andrea López, desde el punto de vista jurídico, la creación mediante una ley o un decreto supone un status diferente para los organismos así creados.
Competencias
En teoría, los organismos de regulación tienen por competencias el control efectivo del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores privados de servicios públicos y la protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, en diálogo con MERCADO, Andrea López, Magister Scientiarum en Administración Pública (UBA), considera que en la Argentina la premura por resolver la crisis fiscal y obtener mayores recursos por la venta de los activos, condicionó la capacidad estatal para imponerles reglas más estrictas a quienes luego se hicieron cargo de las antiguas empresas públicas.
En cambio, Santiago Urbiztondo, economista de Fiel, no se conforma con esa explicación. Para él, ese argumento podría ser válido para la situación inicial del proceso privatizador, pero después se trató de una cuestión de preferencia sobre qué tipo de organismos quería tener el Gobierno, que eligió conservar las potestades antes que delegarlas a esos entes. La evidencia es que en el caso del gas y de la electricidad sí se constituyeron entes reguladores, con ciertos diseños que responden a criterios lógicos y de transparencia de procedimientos, perfectibles por cierto, pero que han sido modelos regionales, opina.
El apagón ocurrido en febrero de 1999, por ejemplo, enfrenta las visiones López y Urbiztondo. Para la primera, ese caso representa un claro ejemplo de negligencia en el control, porque según concluyeron los resultados del peritaje, el corte del servicio, tras el incendio de una de las subestaciones, se produjo por la falta de condiciones de seguridad en las obras de un túnel de cables de alta tensión y por la desprotección de las instalaciones en servicio que estaban actuando como respaldo.
En tanto, para Urbiztondo, aquel apagón habla más de un éxito que de un fracaso del diseño de la concesión. Según los contratos, es la empresa la responsable de decidir inversiones y de responder por la calidad del servicio, mientras que el ente regulador tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento y medir la calidad del servicio. Luego remarca que ésa es una diferencia importante, porque el Enre aprobó las inversiones pero no fue quien las decidió. Eso permitió que se hayan aplicado penalidades a la empresa y compensaciones inéditas en el mundo a los usuarios, resume.
Debilidades
En relación con los aspectos más cuestionados de los entes argentinos, para López surgen de su conformación y funcionamiento, fuertemente vinculados al Poder Ejecutivo Nacional; de los claros signos de captura que ejercen las empresas reguladas y de las restricciones de información y recursos que limitan su capacidad de fiscalización.
Además, agrega: Un problema crucial que enfrentan los reguladores es el de la asimetría informativa respecto del regulado, ya que depende en gran medida de la información que éste le provee para la toma de decisiones. De esa manera las empresas reguladas pueden condicionar el flujo de información que suministran, afectando así las decisiones del regulador.
Por su parte, para Urbiztondo, a excepción del Enre y Enargas, los organismos no han construido una reputación profesional ni han estado sometidos a mecanismos de transparencia durante la primera década. E incluso, los dos que se habían destacado en ese período en la actualidad están prácticamente desmantelados. Además, en el contexto actual, el desincentivo es muy fuerte para atraer y retener personal capacitado, ya que se han suprimido recursos, hay cargos vacantes en los directorios y no se realizan concursos. Así son varios los profesionales sobresalientes que se han ido al sector privado, comenta.
Más pingüinos
La llegada de Kirchner al gobierno no aportó demasiados cambios: poco a poco, los pingüinos fueron ocupando los espacios vacantes. A la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) llegó Fulvio Madaro (hombre ligado al secretario de Comunicaciones, Sergio Moreno). Por su parte, Guillermo Lapadula hizo pie en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de inmediato pidió la renuncia de todos los gerentes del organismo. En el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), el ministro Julio De Vido quebró la resistencia inicial de los dos directores que representan a la Nación en el organismo (otros dos responden a la provincia de Buenos Aires y otros tantos al Gobierno de la Ciudad) y consiguió imponer a dos de sus hombres: Carlos Vilas y Roberto Iglesias. En el de las autopistas (el Occovi), el titular de Planificación Federal también puso un hombre propio, Claudio Uberti. Pareciera que sigue primando la confianza política antes que la pertinencia técnica.
A poco de asumir Kirchner, fue creada la Unidad Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, en el ámbito de los ministerios de Economía y Planificación Federal, con la misión de asistir en el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesta por la ley.
Para Urbiztondo, el riesgo está en que la Unidad de Renegociación se convierta en el superente que nunca prosperó. Y agrega: La verdad es que yo no veo por parte de este gobierno una actitud proclive a construir instituciones independientes para regular los servicios públicos.
Por el contrario, Thwaites Rey y López abogan por la creación de un ente único, ya que los entes no están inmunes al riesgo de captura por los intereses de las empresas reguladas, ya sea de sus propios planteles profesionales o de la instancia política superior que define los lineamientos rectores globales.M