En los últimos días de marzo, Jorge Remes Lenicov y el Banco
Central obtuvieron un éxito relativo al evitar la estampida cambiaria.
Remes ató su suerte a la de la flotación, jugando en línea
con el FMI, ya que tanto él como Anne Krueger, en el organismo internacional,
fueron los referentes de quienes afirmaban que, en las naciones que podrían
considerarse estables, el régimen monetario-cambiario era el de la flotación.
Como resultado de su movida, en la última semana de marzo el equipo económico
bajó la cotización del dólar de $ 4 a menos de $ 3. Esta
vez quienes apostaron a un dólar alto, sí perdieron.
Con este escenario como fondo, la pregunta siguió siendo la de siempre:
¿querían los argentinos una moneda nacional? Como respuesta al
interrogante, el Gobierno probó distintas políticas para estimular
la demanda de pesos. Al mismo tiempo, muchos economistas se mostraron convencidos
de que esta demanda era nula y propusieron volver a la convertibilidad con un
nuevo tipo de cambio o dolarizar la economía, postura ésta última,
ligada a los especialistas cercanos al ex presidente Carlos Menem.
Mientras tanto, se empezó a luchar con los factores expansivos del corralito
en el plano monetario. En marzo los depósitos privados cayeron a razón
de $ 145 millones por día. Las reservas internacionales líquidas
descendieron US$ 58 millones diarios y la circulación monetaria y la
asistencia del Banco Central a los bancos se incrementaron en casi $ 60 millones
por jornada.
Sin embargo, se escuchaban las voces de quienes querían liberar el corralito
transaccional (cajas de ahorro y cuentas corrientes), aunque esto significase
una fuerte depreciación del peso. La idea era sincerar la situación
monetaria. Pero el Gobierno mantenía una firme consigna: evitar la temida
hiperinflación.
El 23 se precipitó la renuncia de Remes, justamente por razones ligadas
con el corralito, ya que el Senado decidió no tratar el Plan Bonex, el
proyecto de ley de canje de plazo fijo por bonos.
El indefinido frente fiscal
Hasta el cuarto mes del año, la masa de depósitos a la vista
en cuentas corrientes y cajas de ahorro era de $ 25.000 millones. Las reservas
del Banco Central ascendían a US$ 12.500 millones. Con esta cantidad,
se estimaba, podía comenzar a defenderse un tipo de cambio de $ 3 y,
así, aquietar la incertidumbre cambiaria.
En el ámbito fiscal, varios analistas pedían una rápida
reducción del gasto público nominal de la Nación y las
provincias. Esta modificación se materializó en la firma del Pacto
Fiscal, uno de cuyos puntos establecía una reducción de 60% en
el déficit de las provincias para alcanzar el equilibrio fiscal en 2003.
Pero el gabinete económico cometió un error al limitar el incremento
de las retenciones a granos, aceites y harinas, dejando afuera de esta medida
muchas manufacturas de origen agropecuario y la totalidad de las manufacturas
de origen industrial. Se estimó que la discriminación abriría
un conflicto político con las organizaciones agropecuarias al tiempo
que restaba recursos fiscales.
Por pedido del FMI, la Secretaría de Hacienda publicó el resultado
fiscal consolidado para el primer bimestre del año. El desequilibrio
acumulado en el período era de $ 1.094 millones. La cifra no incluía
los casi $ 900 millones girados en Lecop a las provincias como pago de la garantía
de coparticipación. Si a esta cantidad se le sumaba el desequilibrio
de
$ 830 millones en marzo, el déficit nacional acumulado durante el primer
trimestre fue de unos $ 2.700 millones.
Comenzaron a tomar cuerpo las peticiones del FMI en torno a los cambios en la
ley de Quiebras, un tema que quemaba y que debía esperar algún
tiempo más para resolverse.
En cuanto a la negociación con el FMI, se afirmaba que, desde la perspectiva
del organismo internacional, si bien existía una voluntad de acuerdo,
había importantes condicionamientos que se traducían en una estrategia
de prolongar al máximo la negociación. Al gobierno argentino le
quedaban los deberes: cumplir con las metas fiscales con las provincias y la
modificación de las leyes de Quiebras y Subversión Económica,
para quitar a los banqueros de la mira judicial. También debía
mantener el equilibrio alcanzado en el terreno fiscal, el sistema bancario,
el mercado de cambios y en las metas de inflación. Abril cerró
con una inflación de 10,4%, con lo cual el aumento de precios en lo que
iba del año alcanzó 21,1%. M