Si se saca una fotografía del estado de las cuentas fiscales y monetarias no se comprende la renuencia del organismo auditor. A pesar de que 2002 terminará con una caída del nivel de actividad de alrededor de 13%, habrá un leve superávit primario del sector público no financiero.
En cuanto a la emisión monetaria, es menor que la que estaba programada para el segundo semestre. Hay dos razones que se esgrimen en Washington para seguir postergando un acuerdo de mínima. La primera: el conflicto entre los poderes políticos y la Corte Suprema de Justicia ha instalado la duda sobre el destino de la pesificación y, por lo tanto, sobre la situación patrimonial del sistema financiero. La segunda: la dureza para con la Argentina es un mensaje dirigido a Ignacio Lula da Silva, el casi seguro ganador de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. Se quiere dejar establecido que el camino seguido por Buenos Aires conduce al infierno.
Si de verdad se quiere disciplinar a Lula con el escarmiento argentino sólo resta sentarse a esperar. Sobre el primer tema se puede al menos debatir. La pesificación asimétrica en la versión que hoy conocemos le cuesta al Estado no menos de US$ 9.000 millones, pero hasta ahora los bancos no han visto un bono para valorizar el activo. Si se llega al punto de redolarizar los depósitos y mantener pesificados los préstamos, al Estado le costará US$ 30.000 millones evitar que se produzca una quiebra generalizada de los bancos.
En ese escenario, la deuda pública ascendería a unos 170 puntos del PBI y ni siquiera una quita de 80% a los acreedores externos pondría la trayectoria fiscal futura en un sendero sostenible. Es por eso que el gobierno de Duhalde está desesperado por cerrar el juicio a la Corte en el Congreso. Sin embargo, aun cuando alcance su propósito, no es seguro que los jueces frenen sus fallos hasta ahora sistemáticamente favorables a los ahorristas. En verdad, desde la misma devaluación de enero, hay sólo dos caminos con algún sentido: o bien pesos en los activos y pesos en los pasivos -en cuyo caso se mantiene la protesta de los ahorristas- o bien dólares en los activos y dólares en los pasivos, con lo que crecería la rebeldía de los deudores. Lo llamativo de la crisis argentina es que la cuestión sigue abierta después de nueve meses y no parece que se vaya a resolver en un futuro cercano.