El futuro del empleo

    Millones de personas tratan de capear la crisis insertándose en estructuras informales o poco tradicionales de trabajo con el mero fin de subsistir. “Cada vez más trabajo humano se presta en condiciones que no son las tradicionales”, asegura Adrián Goldín, profesor plenario del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés.


    Durante los últimos 15 años, la tasa de informalidad laboral en la Argentina estuvo cerca de 20%, que era una tasa tendencialmente europea, según sostiene el especialista. Hoy la tasa de informalidad laboral es de 40%. Las cifras no hacen más que poner de manifiesto que las formas tradicionales del empleo, como la relación de dependencia, por ejemplo, se encuentran en franca vía de extinción. “Se trata de un fenómeno que no tiene que ver exclusivamente con la crisis, sino que abarca todo un conjunto de factores como la innovación tecnológica y el avance de nuevas formas de organizar la producción”, explica Goldín.


    Justamente, en lo que se refiere a las nuevas maneras de organizar la producción, una tendencia que se vislumbra es el aumento del outsourcing o tercerización. De acuerdo con el profesor de la Universidad de San Andrés, en la Argentina siempre hubo subcontrataciones, pero se trataba de una técnica complementaria de los procesos de producción. Hoy, en cambio, la globalización ha provocado que los precios se fijen en los mercados internacionales, lo que obliga a buscar el máximo de productividad, rentabilidad y calidad. Entonces, lo que tiempo atrás era una cuestión complementaria, en las últimas décadas se ha convertido en la forma central de organizar la producción: la empresa termina tercerizando partes completas del proceso, básicamente, porque no tiene sentido incorporar tecnología y conocimiento para algo que va a usar por poco tiempo.


    “La tercerización abarata costos y aumenta la calidad. Hoy esto es central y tiende a profundizarse, lo que claramente supone nuevas formas de empleo que poco tienen que ver con la relación de dependencia. Antes, la intermediación estaba mal vista porque servía para eludir obligaciones referidas a la protección laboral; todo eso se ha modificado ahora: la externalización se ha convertido en un mecanismo que no es necesariamente marginal ni tortuoso. Sin embargo, el reglamento no ha cambiado y, como antaño, la tercerización se utiliza para que la empresa no asuma las responsabilidades que le corresponden, por lo que se la mira con desconfianza”, analiza Goldín.


    Otro punto central es la creciente “desmaterialización” del trabajo; dicho de otra manera, el trabajo tradicional “de los brazos y los cuerpos” que deja paso al trabajo intelectual. En este sentido, Goldín asevera que “el trabajo tradicional era mensurable en términos tayloristas mientras que el intelectual no se puede controlar y no se le pueden aplicar sanciones; sólo puede medirse por los resultados. Y esto hace desaparecer el vínculo de mando tradicional de la dependencia jurídica del empleador sobre el trabajador”.


    Lo expuesto puede dar lugar a efectos indeseables, como cuando se presentan vínculos laborales en los que se da una “dependencia encubierta”: el trabajador parece ser autónomo y factura por sus tareas, aunque trabaja todos los días cumpliendo horario. De esta forma, su empleador no reconoce ese vínculo y le paga de una manera fraudulenta.


    El factor tech


    Si bien la Argentina sufre una crisis grave de empleo, la misma se enmarca en una crisis global. La tecnologización y la progresiva desindustrialización provocan una caída en los niveles de demanda de fuerza de trabajo. “La intensidad del impacto de la revolución tecnológica depende del grado de desarrollo de la economía: cuanto más intensivo sea, más impactará la tecnologización, provocando, a su vez, un aumento en los índices de desempleo. Es un problema que afecta sobre todo a los países desarrollados, con alto capital intensivo”, afirma Agustín Salvia, director del proyecto “Trabajo y desempleo” que se desarrolla en el marco del programa “La deuda social” de la Universidad Católica Argentina.


    ¿Vamos, entonces, hacia el fin del trabajo?: “Hay tres líneas de pensamiento al respecto”, reflexiona Néstor López, sociólogo e investigador del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco. “La primera es que vamos definitivamente hacia el fin del trabajo: los procesos de automatización aumentan la productividad y, paradójicamente, tienden a requerir menos fuerza de trabajo. Esto es lo que plantea el teórico estadounidense Jeremy Rifkin. El segundo escenario plantea que lo que se termina no es el trabajo, sino el trabajo asalariado, tema que se encuentra ligado al proceso de outsourcing. La tercera línea plantea que lo que finaliza es el trabajo asalariado estable y bien remunerado; sigue habiendo trabajo, asalariado inclusive, pero se pierde la estabilidad y el bienestar que antes garantizaba, porque ya no hay buenas remuneraciones ni se respetan los derechos que sí se respetaban con anterioridad”.


    Pero, ¿cuál de estos procesos se está desarrollando en la Argentina? Según explica López, en el país hay una combinación de las tres posibilidades: existe una reducción del trabajo y, paralelamente, aumenta la sobreocupación. “Estas tendencias están asociadas a la crisis económica propia de la Argentina y lamentablemente no tienen que ver con el crecimiento, ni con la alta productividad, ni con la eficacia económica”, remata el especialista.


    Todo es historia


    Un breve recorrido por las últimas dos décadas de la historia argentina permiten comprender el presente del mercado laboral local. De acuerdo con las consultas efectuadas para la elaboración de este informe, durante los ´80, el mercado de trabajo entró en crisis, con progresivas reducciones de salario y un aumento de la precariedad y la informalidad. Sin embargo, esta crisis no se tradujo en un incremento de la desocupación, que al fin de la década terminó siendo del orden de 6%. Los años ´90, por el contrario, fueron de alto crecimiento económico y estabilidad, pero con un aumento sustantivo del desempleo.


    “En la década pasada, la velocidad de crecimiento de los puestos de trabajo no alcanzaba a cubrir el aumento de demanda. A partir de aquí el mercado comienza a hacerse muy selectivo en función del nivel de instrucción de las personas”, detalla López. “Los sectores menos calificados tienen cada vez menos posibilidades de participar en los sectores más integrados de la economía, por lo que comienzan a romperse los mecanismos de movilidad social ascendente. Un pobre sólo consigue un mal trabajo que lo condena a la pobreza. Ya no hay perspectiva de crecimiento ni de progreso. Esto tiene que ver con la globalización, que exige cada vez más competitividad y más calificación para casi la totalidad de las tareas que se desarrollan en una empresa”, asevera el experto de la Unesco.


    Lo cierto es que durante mucho tiempo existió una especie de coherencia entre lo que necesitaba la economía y lo que requería la sociedad en términos de funcionamiento del mercado de trabajo. Eso hizo que en los momentos que se expandía la economía, se expandía también el mercado de trabajo, mejorando las condiciones sociales. En los ´90, aparecen la exclusión y la concentración de la riqueza en pocas manos: “La ecuación cambió en la década pasada. Lo que necesita la economía ya no es lo mismo que lo que necesita la sociedad. Si tuviéramos una sociedad más integrada, con mejores niveles de estabilidad, con más garantías y menos vulnerabilidad, necesitaríamos un mercado de trabajo que la economía de hoy no podría sostener: gran empleo, salarios elevados y buena distribución del ingreso, en suma, recuperar muchos de los derechos de los trabajadores que se han ido deteriorando. Obviamente, todo esto se convertiría en obstáculo para el crecimiento económico”, puntualiza López.


    En este marco, resulta difícil encontrar alternativas para salir de las urgencias que presentan tanto el escenario local como el global; pero, así y todo, es indispensable reflexionar acerca de los años por venir. Evidentemente, ya no se puede pensar una sociedad integrada de manera exclusiva alrededor del mercado del trabajo y va a haber que generar otros mecanismos que cubran la brecha que se genera entre los intereses económicos y la sociedad. La experiencia de ingresos mínimos de los franceses ejemplifica cómo puede producirse una transferencia de recursos que no esté condicionada por el mercado de trabajo y que garantice un piso de bienestar a la población.

    Rentas básicas
    La experiencia europea

    Desde los primeros años ´80, distintos
    países de Europa comenzaron a plantearse la integración
    social y la utilización de modernos mecanismos para lograrla. Así,
    se produjeron los nuevos debates sobre las rentas o ingresos mínimos
    de integración, o bien, sobre el salario social o las rentas básicas.

    Estos nuevos sistemas de protección
    social se empezaron a sistematizar en la Conferencia Internacional de
    Lovaina, Bélgica, en 1986, y a partir de entonces se generalizaron
    varias medidas institucionales contra la pobreza y la exclusión.
    En Francia, por ejemplo, está en vigencia un plan, desde 1989,
    que significó la reforma social más importante de los últimos
    años, con la aplicación de las rentas mínimas de
    inserción (RMI), y que ha sido referencia luego para el plan llevado
    a cabo en España. Éste consiste en aplicar el principio
    de superar las acciones de pura asistencia, con el fin de dar apoyo para
    que los beneficiados puedan reinsertarse en la sociedad.

    Quizás el programa más amplio
    de este tipo es el desarrollado por el gobierno vasco con la Carta de
    Derechos Sociales (aprobada en diciembre de 1996) que dice: “Todos los
    ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País
    Vasco que estén excluidos del mercado laboral y no disponen de
    ingresos suficientes, tendrán derecho a una renta básica
    para que puedan vivir como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Dicha
    renta será, por tanto, un derecho individualizado que se hará
    extensivo a quienes demandan y no encuentran empleo”. Dicho salario social
    es un paso adelante ya que incide sobre la ciudadanía y no sobre
    el trabajo, se refiere a las condiciones de posibilidad y no a sus efectos.

    Algo similar se intenta en la Argentina,
    con el Plan Jefas y Jefes de Hogar que consiste en que el Estado otorgue
    $ 150 mensuales a quienes sean sostén de familia y demuestren no
    tener empleo, entre otros requisitos, a cambio de realizar cursos educativos
    o algún trabajo comunitario.

    Lo que expresan estas medidas es la necesidad
    de pasar de una sociedad que se funda en el reconocimiento de los derechos
    de los trabajadores hacia otra que apela a los derechos de todos los ciudadanos,
    independientemente de su condición laboral. Este corrimiento representaría
    hoy el punto de partida para la construcción de una sociedad más
    integrada y justa, revirtiendo así las actuales tendencias de creciente
    desigualdad, vulnerabilidad y exclusión.