“Los ilícitos contables amenazan la economía”
“Ilícitos y escándalos en la contabilidad empresarial amenazan con frenar la reactivación de la economía local”, sostuvo ante el Senado Alan Greenspan. Esto hizo caer de nuevo a Wall Street más de 2% y al dólar en el mundo. Los mercados tomaban nota del contraste entre el jefe de la Reserva Federal y el presidente George W. Bush.
La posibilidad de “ulteriores revelaciones sobre delitos y maniobras puede continuar presionando en la bolsa e inhibiendo a inversores físicos y corporativos”, añadió Greenspan ante el Comité de Banca de la cámara alta. La seguidilla de casos iniciada con Enron ha contraído 20,3% el Dow Jones respecto del máximo en 2002, 23,1% el S&P 500, 33,2% el Nasdaq compuesto y 25% el FT 100 londinense. Hasta ahora, la bolsa mejor librada es Tokio, con sólo 14,4% de retroceso.
“Bush tampoco fue un gerente ejemplar”
La bomba estalló el Día de la Independencia. Según una investigación del Washington Post publicada justo el 4 de julio, antes de ser gobernador de Texas (asumió en 1994), George W. Bush tuvo un problema con la Securities & Exchange Commission (SEC). Por entonces (1991) su padre, George Bush, era presidente de Estados Unidos.
La SEC citó e interrogó al actual mandatario por presunto abuso de información interna (insider´s trading), cuando formaba parte del comité revisor en la petrolera Harken, de aquel Estado. No fue el primer problema, pues ya había sido absuelto por falta de evidencias en tres casos.
Al respecto, el presidente Bush irritado por preguntas formuladas justamente antes de las celebraciones patrias aclaró que todo eso había tomado estado público y que su situación había sido aclarada. Sea como fuere, el 22 de junio de 1990, Bush hijo vendió más de 210.000 acciones Harken que, el 20 de agosto, declararía una fuerte caída de utilidades y 20% de descapitalización. Al desprenderse tan a tiempo de sus tenencias, George W. hizo una diferencia de US$ 850.000.
Vivendi: los inversores ya no creen ni confían
Tras el traumático cambio de CEO, el valor bursátil de Vivendi Universal cayó 42% en París y está al mínimo en trece años. Inversores y operadores no creen que la nueva conducción pueda vender activos a tiempo para cumplir con una seguidilla de vencimientos. El detonante fue Moody´s Investors Service, que rebajó las notas de la empresa a nivel chatarra. Según la calificadora, Vivendi no podrá pagar 3.500 millones de euros que vencen escalonadamente, de ahora a junio de 2003. Standard & Poor´s anticipó que seguiría el criterio de su rival “a menos que se obtengan líneas de créditos por varios miles de millones”.
Al cabo de febriles gestiones y mientras aún se cuestiona la “indemnización” por US$ 17,85 millones a Jean-Marie Messier, Vivendi Universal nombró a Jean-René Fourtou como CEO a cargo del saneamiento del grupo y se hicieron otros cambios. Fourtou era hasta ahora vicepresidente.
En realidad, la Junta Directiva despidió a Messier (lo cual echa sospechas sobre esa cuantiosa “indemnización”). Desde hoy encargado de resolver el problema de la deuda US$ 17.000 millones tomando sólo capital, Fourtou (63 años) también es vice de la farmoquímica Aventis.
Vivendi valía US$ 139.000 millones en marzo de 2000 y hoy no pasa de US$ 14.950 millones.
Senado: más duro que el Ejecutivo
Acelerando un proyecto que ya estaba sobre tablas, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad una serie de reformas que agravan las penas, institucionales y personales, por fraude contable y otras maniobras empresarias en desmedro de accionistas, inversores y el propio fisco.
Se trata de normas bastante más duras que las del “decálogo” anunciado por George W. Bush el 9 de julio. Su efecto jurídico consistirá en un nuevo título y varios artículos en el código penal federal. Su primer efecto práctico fue una serie de presentaciones contra el vicepresidente Dick Cheney (por el caso Halliburton), calcada de la hecha ayer por la ONG Judicial Watch, y por lo menos una contra Bush por su actuación en el caso Harken (1992).
En cuanto al vicepresidente Richard Cheney, está desde hace mucho vinculado a Halliburton y una subsidiaria, Kellog, Brown & Root (KBR), que se cuentan entre las mayores beneficiarias de gastos ligados a la “guerra santa” contra el terrorismo. La otra, el Carlyle Group, un holding donde trabajan el ex presidente George Bush y varios ex funcionarios de Defensa.
La petrolera Halliburton es proveedora militar desde 1940. Pero, mientras Cheney fue CEO (1995-2000), los negocios de KBR prosperaron. Cheney fue secretario de Defensa con Bush padre y su entonces subsecretario, el almirante Joseph López, es hoy ejecutivo en Halliburton y administra las acciones que pertenecían a Cheney. No obstante, Halliburton ha sido mal administrada y su contabilidad es objeto de investigaciones por parte de la Securities & Exchange Commission. Según datos revelados por el New York Times, ambas firmas le cobran al Pentágono sobreprecios de hasta 20%.
UBS, CS y otros suizos reforman por su cuenta
Union des Banques Suisses (UBS), Crédit Suisse y otras entidades helvéticas efectuarán reformas similares a las propuestas en el Senado estadounidense y en la Securities & Exchange Commission. Objeto: impedir que sus analistas desorienten o engañen al inversor.
La banca suiza, pues, proyecta seguir los futuros cánones de la SEC y vedar a los analistas el uso de calificaciones para promover acciones o bonos de compañías clientes de sus firmas. “Tenemos problemas similares a los de Estados Unidos y, hasta cierto punto, sus soluciones nos resultarán útiles”, decía Urs Roth, CEO de la Association des Banquiers Suisses.
Obviamente, puntualizan varios expertos, al tomar la iniciativa los banqueros impiden que, eventualmente, los reguladores les impongan nuevas normas. La Commission Suisse des Banques (supervisora de entidades financieras) viene presionando desde 1998 a los bancos. Todo empezó con la ley que obliga a divulgar cuentas y operaciones sospechosas a jueces que lo requieran. Tratándose de Suiza, la transparencia afectará uso de información interna y lavado de fondos.
Malos tiempos para contadores y auditores
La American Association of Certified Public Accountants (AACPA, o sea la asociación de contadores públicos) se puso en pie de guerra. Pese a su influyente cabildeo en Washington y a que Harvey Pitt, jefe de la SEC, ha sido directivo de la entidad, el ministerio público fiscal radicó acciones contra KPMG y BDO Seidman.
El objeto de las demandas consiste en obligarlos a entregar documentos, datos y archivos electrónicos sobre operaciones en plazas extraterritoriales. Es decir, refugios off shore para eludir impuestos. Desde que estallaron los escándalos centrados en maniobras contables y ejecutivos demasiado ricos, ambas firmas han estado promoviendo ese tipo de opciones. Ahora, argumentan que la información es “confidencial o privilegiada” y no tienen obligación de revelarla a las autoridades.
Un personaje digno de Scott Fitzgerald
Comparado por la prensa europea con el Gran Gatsby, Jean-Marie Messier tenía en Vivendi Universal “los poderes de un CEO norteamericano y los arrestos feudales de un patron francés. Pero éste jamás hubiera podido lanzarse a comprar cualquier cosa, pagarla a precio de oro, gastarse US$ 77.000 millones y generar una deuda de 17.000 millones en dos años”.
Así afirma Jerôme Forneris, de Banque Martin Maurel, que administra inversiones por US$ 4.200 millones. “A su vez, un CEO anglosajón no habría gozado de la estabilidad laboral que ostentaba Messier, gracias a sus vínculos con el gobierno de turno” (el Estado francés es accionista). También gracias a su talento comiteril, sus pares y aliados lo escudaron hasta que fue demasiado tarde. Cuando lo despidieron, el valor en mercado de Vivendi había cedido 65% respecto de su máximo, registrado a fines de 2000″.
El ex operador de Lazard Frères acostumbraba decir y lo reitera en su increíble autobiografía, editada en 2001 que las empresas francesas estaban mal manejadas. “Su caída opina Forneris marca el fin de los CEO omnipotentes, que ya se habían venido abajo en Alemania y Estados Unidos”. Además, pone en la picota a autócratas como Serge Tchuruk (Alcatel) o Michel Bon (France Télécom), cuyas compañías andan mal.
Hay un dato curioso. Las tres firmas perdieron en dos años unos 480.000 millones de euros en activos, o sea al doble del PBI suizo. Hoy, la banca de ese país vive problemas similares y ya uno de sus CEO está al borde del despido. Otro dato pinta al personaje: la autobiografía se intitula J2M (Jean dos emes: Marie y Messier), pero él ya prefería J6M: Jean-Marie “moi même maitre du monde” Messier (“yo mismo, amo del mundo”). Por supuesto, el ex amo de Vivendi no tiene el estilo de Gatsby ni la pinta de Robert Redford (que lo encarnó en el cine). Tampoco tendrá las “indemnización” por US$ 17,5 millones que había negociado.
Palabras duras, gestos blandos
Como si su actuación en la petrolera Harken (1992-2) estuviese completamente aclarada, el presidente George W. Bush propuso que se doblen a 10 años las penas de prisión para directivos, ejecutivos, contadores y auditores involucrados en fraudes, maniobras y maquillaje de balances.
Su discurso ante Wall Street incluyó un decálogo. Amén de aumentar penas, éstas serán más duras si el ejecutivo afectado hubiese sido parte de la conducción, si hubiera obstrucción a la justicia y si hubiesen mediado préstamos blandos (al directivo, sus familiares o amigos) y remuneraciones exageradas. Los diez puntos abarcan, además, transparencia, independencia de los directores y restricciones al pago con opciones accionarias.
El último ya es objeto de debate: una “policía especial” tipo Swat para detectar e investigar casos como Enron, Global Crossing, Arthur Andersen, Qwest, WorldCom, Merck y similares. El tono presidencial (“sobreactuado y poco creíble”, según la opinión de Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Peter Schlesinger) cayó mal en una jornada que ya venía negativa, con amplias caídas en el sector farmacoquímico, encabezadas por Merck y Wyeth.
Poco después se supo que el presidente George W. Bush había hecho en la petrolera Harken Energy lo mismo que ahora les reprocha a Bernard Ebbers (WorldCom) o John Rigas (Adelphia). Es decir, obtuvo préstamos a exiguo interés de la misma empresa donde se desempeñaba como directivo.
El Washington Post y el New York Times revelaron que Bush aceptó créditos “blandos” en 1986 y 1988, aunque por valores modestos: US$ 180.000 cada uno. El dinero lo empleó para comprar acciones de la propia firma. El tema está en manos de la Securities & Exchange Commission.