En la triste historia económica de la Argentina durante el último medio siglo, la década pasada abarcó una notable transición. Resurgiendo de las cenizas de otro episodio de caos económico e hiperinflación a finales de los años 80, las políticas sorprendentemente ortodoxas del entonces nuevo presidente peronista, Carlos Menem, terminaron en forma contundente con décadas de inestabilidad monetaria y llevaron a la economía argentina a cuatro años de expansión insólitamente rápida y sostenida.
Esas políticas económicas, que en gran medida eran la criatura del poderoso ministro de Economía del presidente Menem, Domingo Cavallo, consistían en un anclaje fuerte del peso argentino a la paridad uno a uno con el dólar estadounidense, respaldada por el plan de Convertibilidad, que limitaba rígidamente la creación monetaria interna.
Muchos dudaban de la supervivencia del nuevo régimen, especialmente cuando aumentaron las tensiones iniciadas por la devaluación mexicana de diciembre de 1994, la crisis del “tequila”. Pero sí, sobrevivió; y luego de una aguda recesión en 1995 (y del desempleo persistentemente alto de allí en más), la economía continuó su rápido crecimiento desde fines de ese año hasta que los efectos secundarios de la crisis brasileña golpearon a la Argentina al concluir 1998. Por cierto, a medida que casi todas las milagrosas economías emergentes de Asia colapsaban una tras otra desde mediados de 1997, la Argentina se convertía en la niña mimada de las finanzas en los mercados emergentes; lograba emitir grandes volúmenes de deuda con vencimientos de mediano y largo plazo en los mercados internacionales de crédito con márgenes comparativamente modestos respecto de los bonos de la Tesorería de Estados Unidos. Y en la comunidad financiera internacional oficial, especialmente en el Fondo Monetario, muchas de las políticas económicas de la Argentina eran ampliamente aplaudidas y presentadas como modelo a imitar por otros países con mercados emergentes. La aprobación internacional quedó resaltada por el triunfal discurso del presidente Menem ante la reunión del FMI-Banco Mundial a principios de octubre de 1999.
Apenas dos años más tarde, la década del experimento argentino con la dura política monetaria ortodoxa terminó en tragedia, cuyas profundidades todavía no se conocen plenamente. La economía está en su cuarto año de recesión y en rápida espiral descendente. Gran parte del sistema bancario está prácticamente cerrado desde diciembre de 2001, y no hay indicios de cuándo podrá reiniciar algo que se parezca a una operación normal. El anclaje cambiario desapareció y el peso se cotiza a tasas notoriamente depreciadas frente al dólar. El caos económico y financiero –erradicado de la Argentina desde la hiperinflación de 1990– retornó, y también la peligrosa posibilidad de la hiper-inflación, a menos que las autoridades argentinas puedan rápidamente restablecer y mantener una disciplina fiscal y monetaria creíble. En escasos dos años, con la formal cesación de pagos de su deuda externa soberana, de modelo financiero para mercados emergentes, la Argentina se ha transformado en el principal villano del mundo.
El papel del Fondo
El caso argentino resulta significativo para comprender al Fondo. La Argentina es un país importante y hacer frente a sus actuales dificultades plantea un gran desafío para la comunidad internacional. El tratamiento que se dé a los temas fundamentales, especialmente la resolución del default de su deuda soberana, sin duda alguna sentará un importante precedente para el funcionamiento futuro del sistema financiero internacional.
Además, el caso es especialmente revelador porque el Fondo estuvo intensamente involucrado con la Argentina durante muchos años antes de la irrupción de la actual crisis. Éste es un aspecto importante porque el caso argentino es diferente de otros en los que el Fondo aportó ayuda financiera excepcionalmente grande. Prácticamente en forma continua durante toda la década del 90, la Argentina operó bajo los auspicios y el escrutinio estricto de un programa apoyado por el Fondo. Por el contrario, en otros casos donde el organismo financiero dispuso una ayuda excepcional (México en 1995; Indonesia, Corea y Tailandia en la crisis asiática; Brasil en la crisis de fines de 1998 y principios de 1999), se daba comienzo a un programa apoyado por el Fondo cuando ya la crisis estaba en curso. Por lo tanto, la falla del Fondo en el período previo a la crisis radicó en una vigilancia relativamente baja de las actividades. En el caso de la Argentina, las fallas del Fondo están claramente asociadas con el fuerte involucramiento de la institución con un miembro al que presta ayuda financiera y sobre cuyas políticas y desempeño ejerce un intenso escrutinio.
Los temas económicos que la Argentina necesitaba confrontar se centraban primariamente en las áreas de política cambiaria, monetaria y fiscal, tradicionales preocupaciones del Fondo. Por lo tanto, las equivocaciones o desaciertos de la entidad en este sentido probablemente revelen la naturaleza de sus deficiencias.
¿En qué se equivocó el Fondo? Reconocer que ha habido errores no implica señalar que el Fondo haya estado totalmente equivocado, o que el Fondo (y no las autoridades argentinas) haya sido el principal responsable del resultado final. Sin embargo, éste es claramente un desastre de enorme magnitud para el país. Por cierto, ese desastre no fue intencional ni, hasta hace relativamente poco, anticipado ampliamente por las autoridades locales, por el Fondo, o por alguien más. Pero ninguna persona sensata podía creer que no se pudieran lograr resultados notablemente mejores con políticas económicas alternativas y realistas, si se hubieran implementado a tiempo y con la adecuada firmeza. Dado el profundo y continuado involucramiento del Fondo con las políticas económicas argentinas y su confianza en ellas, expresada en el apoyo financiero y los reiterados elogios, se desprende que este organismo debe asumir su responsabilidad por los errores cometidos en este importante caso, y estar dispuesto a reconocer y aprender de ellos.
Dos errores
En mi opinión, el Fondo cometió por lo menos dos errores importantes en la Argentina: (i) no logró influir sobre las autoridades argentinas con suficiente firmeza como para que adoptasen una política fiscal más responsable, especialmente durante los tres años de alto crecimiento que siguieron a la crisis del tequila de 1995; y (ii) extender importante apoyo financiero adicional a la Argentina a mediados de 2001, cuando ya era evidente que los esfuerzos del gobierno argentino para evitar el default y mantener el cambio fijo no tenían posibilidades razonables de éxito.
También quiero señalar que hubo tres temas importantes donde podría decirse que el Fondo se equivocó, pero a mi entender adoptó la posición correcta: (i) su escepticismo inicial sobre la conveniencia y viabilidad de mantener la tasa anclada antes de la crisis del tequila; (ii) el subsiguiente apoyo a la decisión argentina de mantener la convertibilidad; y (iii) la decisión en diciembre de 2000 (formalmente aprobada por el Directorio a principios de 2001) de establecer un gran paquete de ayuda financiera internacional para la Argentina cuando observadores competentes advertían sobre la inconveniencia de un apoyo de tanta magnitud.
Para sustentar el análisis de estos temas, es esencial revisar aspectos clave de la evolución económica de la Argentina durante la última década.
Es evidente que el colapso del plan de Convertibilidad a finales del año pasado jugó un papel central en la crisis actual. Por lo tanto, es imperativo examinar dos cosas: cómo contribuyó el Plan de Convertibilidad al éxito inicial de la estabilización y de los esfuerzos de reforma del país, y por qué finalmente colapsó. También aquí, como respecto de la política fiscal, es importante comentar lo que el Fondo decía y hacía sobre la política cambiaria y monetaria de la Argentina, no sólo cuando la crisis ya se perfilaba, sino antes, cuando aún era posible un abandono más ordenado del plan de Convertibilidad.
La enumeración de los múltiples elementos que contribuyeron a esta tragedia no debería oscurecer la causa fundamental del fracaso de la política económica argentina, y causa fundamental del desastre: la crónica incapacidad de las autoridades argentinas para manejar los dineros públicos de manera responsable.
En suma, durante 1993-98, cuando el desempeño de la economía argentina era en general muy bueno y el gobierno recibía sustanciales ingresos no recurrentes de las privatizaciones y disfrutaba de otros beneficios fiscales temporarios, la relación entre la deuda del sector público y el PBI creció, no obstante, 12 puntos porcentuales. Evidentemente, no se trataba de una política fiscal adecuadamente disciplinada o sostenible.
El FMI y la política fiscal
¿Cuál fue el papel del Fondo en los fracasos fiscales del gobierno argentino? Aparte de mostrar cierta comprensión por las dificultades de aplicar medidas de ajuste en medio de la crisis del tequila, el Fondo no alentó al gobierno argentino a que sus cuentas arrojaran un enorme déficit ni a aumentar su deuda hasta el extremo de la insustentabilidad. Sin embargo, tampoco ejerció demasiada presión sobre las autoridades argentinas para que implementaran una política fiscal más prudente. ¿Por qué no lo hizo?
En el período que va desde 1991 hasta comienzos de la crisis del tequila, la política fiscal argentina no constituía para la entidad una preocupación central. El excesivo gasto del gobierno por encima de los ingresos recurrentes estaba financiado en gran medida por las ganancias obtenidas por las privatizaciones, y el nivel de la deuda del gobierno no era amenazador. La preocupación central era que la tasa de cambio, anclada al dólar estadounidense en términos nominales, se estaba sobrevaluando en términos reales porque la inflación en la Argentina (si bien impresionantemente reducida) se mantenía por encima de la registrada en Estados Unidos.
Además, mientras la economía argentina se recuperaba del impacto económico de la hiperinflación, el gasto interno crecía en forma muy marcada, lo cual contribuía a aumentar el déficit de cuenta corriente. La principal preocupación era que si los flujos de capital hacia la Argentina –que financiaban el déficit de cuenta corriente– comenzaban a revertirse, o incluso a disminuir significativamente, existía la probabilidad de una crisis de moneda extranjera.
El Fondo apoyó los exitosos esfuerzos argentinos por mantener su paridad cambiaria durante esa crisis. La reacción política incluyó un moderado ajuste de la política fiscal con la intención de contribuir a una reducción del déficit de cuenta corriente y a tranquilizar a los acreedores de la Argentina. Cuando en 1995 el déficit fiscal real comenzó a exceder las metas fijadas en el programa, el Fondo insistió en que se aplicaran algunas medidas adicionales de ajuste, pero mostró una flexibilidad poco usual (según sus normas anteriores) en cuanto a admitir una revisión hacia arriba del déficit permitido. A mi entender, ésa era la postura correcta. Ante una economía más débil que la proyectada, si la confianza de los acreedores del país se mantenía dentro de los límites razonables, no tenía sentido insistir en un mayor ajuste fiscal para mantenerse dentro de las metas originalmente permitidas para el déficit.
Lamentablemente, sin embargo, esa flexibilidad no se aplicó en forma simétrica. A fines de 1995, la economía argentina comenzó tres años de recuperación muy rápida, significativamente más rápida que la calculada al fijar las metas fiscales (nominales) para los programas apoyados por el Fondo en ese período.
Normalmente, se esperaba que el déficit fiscal del gobierno argentino cayese muy por debajo de la meta permitida. Ésta, como era usual en los programas del Fondo, estaba claramente definida como un techo para el déficit fiscal, que no debía ser excedido, y no como un objetivo a conseguir en forma exacta. Sin embargo, el déficit nunca estuvo muy por debajo de la meta: generalmente se ubicó justo por debajo o incluso levemente por encima del límite permitido.
En realidad, en el período 1995-98, el déficit del gobierno argentino apenas logró mantenerse, dentro de los límites trimestrales fijados al comienzo de cada año –según el programa apoyado por el Fondo–, durante menos de la mitad de aquel lapso. En la otra mitad se le concedieron exenciones por el no cumplimiento de criterios de desempeño fiscal, o esos criterios se lograron sólo después de haberlos revisado hacia arriba, o (al final de algunos años) las violaciones fueron simplemente ignoradas por el Fondo, literalmente “barridas debajo de la alfombra”. Sin embargo, cuando las circunstancias eran otras y la economía argentina crecía con fuerza, resulta difícil comprender por qué el Fondo no usó su condicionalidad para exigir al gobierno argentino una política fiscal más responsable.
En un momento en que el Fondo recibía (con o sin razón) innumerables críticas por su participación en Asia, era particularmente gratificante poder señalar por lo menos un país donde aparecía apoyando políticas económicas exitosas. En esas circunstancias, los miembros de la entidad eran más reacios aún a ser los perdedores de la fiesta, destacando los fracasos acumulados en la política fiscal argentina.
Con el plan de Convertibilidad en vigor, la probabilidad de cometer un error fatal era alta si no se implementaba una política fiscal suficientemente prudente. Al aceptar la decisión argentina de mantener el Plan, el Fondo tenía la responsabilidad de presionar con firmeza para evitar que se cometiera ese error fatal.
Decisiones equivocadas
Para el Fondo, el deterioro de la situación en la Argentina en el tercer trimestre de 2000 planteaba un desafío crucial. Un importante mercado emergente sobrellevaba profundas dificultades económicas y estaba prácticamente al borde de la cesación de pagos y el caos financiero. Una alumna estrella, elogiada y apoyada por el Fondo como modelo de estabilización y reforma económica, estaba en peligro de convertirse en un caso perdido.
En efecto, quiero plantear que uno de los costos importantes de la decisión –en mi opinión, equivocada– de aumentar la ayuda del Fondo a la Argentina en el segundo semestre de 2001, fue precisamente que esa ayuda significaba despilfarrar dinero en lo que ya era a todas luces una causa perdida. ¿No había sido también equivocada la decisión de diciembre de 2000 que inició la ayuda excepcional del Fondo a la Argentina? ¿No fue aquella decisión fundamental también un grave error?
La respuesta depende primeramente de la evaluación de finales de 2000 acerca de si la Argentina todavía tenía una posibilidad realista de evitar el default soberano de facto y el probable colapso del plan de Convertibilidad, y si las autoridades argentinas estaban dispuestas a adoptar políticas que ofrecieran cierto grado de esperanza respecto de esa posibilidad. Mientras los más escépticos decían que la posibilidad de éxito era de 50%, mi opinión era que a fines de 2000 todavía había una posibilidad razonable de evitar la tragedia, si el gobierno argentino implementaba medidas fiscales que aseguraran a los acreedores privados la sustentabilidad de la deuda de largo plazo.
Para agosto de 2001, sin embargo, las perspectivas de un resultado favorable eran mera fantasía. Ante los hechos, una gran cantidad de analistas de fuera del Fondo (y varios dentro de él) –a menudo con visiones diferentes en muchos temas– claramente concluyeron que para la Argentina el juego había terminado. Sólo un tonto podía llegar a otra conclusión.
¿Por qué, entonces, el Fondo y la comunidad internacional en general consintieron esa locura?
En realidad, el gran desembolso hecho por el Fondo en septiembre no hizo otra cosa que posponer tres meses la catástrofe en la Argentina. Eso se sabía o debió haber sido evidente a los ojos de los más altos funcionarios y los principales miembros del Fondo, quienes juntos decidieron cómo respondería la entidad al pedido de más ayuda por parte de la Argentina. Aquí faltó coraje intelectual para enfrentar las realidades de la situación en la Argentina, y coraje moral para tomar la difícil decisión de negar ayuda adicional a políticas que ya no tenían ninguna posibilidad razonable de éxito.
Condicionalidad bifurcada
Al considerar la condicionalidad a aplicar en conexión con el nuevo apoyo oficial del Fondo y otras instituciones financieras internacionales a la Argentina, es útil distinguir entre la condicionalidad apropiada para una refinanciación de ayuda existente y la condicionalidad relevante para la extensión de ayuda nueva neta. Según un sistema así bifurcado, la condicionalidad apropiada sólo para refinanciación de la ayuda existente sería algo menos estricta que la que normalmente se aplica; mientras que la condicionalidad fijada para la extensión de ayuda nueva neta sería por lo menos tan rigurosa como la que usualmente se aplica. Con condicionalidad bifurcada, los desembolsos según un programa acordado procederían con la refinanciación, más una importante ayuda nueva sólo si las autoridades argentinas estaban decididas y lograban éxito en sus esfuerzos por cumplir con los objetivos del programa.
Si el desempeño era inferior a este riguroso nivel, pero las autoridades se esforzaban de buena fe por implementar el programa, entonces, los desembolsos podían continuar en el marco de refinanciación de ayuda existente. (Por supuesto, si el desempeño fuera evidentemente inadecuado, se interrumpirían los desembolsos hasta que se pudiera acordar un nuevo programa, previa implementación de las medidas adecuadas).
La adopción de esta forma de condicionalidad bifurcada, sin embargo, representaba una importante desviación de los principios, procedimientos y prácticas que gobiernan la condicionalidad (al menos en el Fondo) y podía sentar precedentes para otros casos. Por lo tanto, es importante sopesar sus posibles beneficios y defectos.
¿Con qué elementos debería contar el programa para obtener un moderado financiamiento nuevo neto de la comunidad internacional?
Primero, el programa debería basarse en supuestos económicos realistamente optimistas, que presumen el éxito de la estabilización en relación con la desastrosa situación actual del país, pero no sobre supuestos absurdamente optimistas, como en el reciente presupuesto del gobierno. Aun cuando los esfuerzos de estabilización tengan éxito y la espiral económica descendente se detenga hacia mediados de año, el PBI real de la Argentina probablemente caiga en 2002 por lo menos 10%. El valor del peso ya (en marzo) cayó a menos de US$ 0,40 y con seguridad cederá aún más. Este año (diciembre a diciembre) la inflación probablemente exceda 50%, e incluso una inflación de 100% sería un éxito respecto del riesgo de hiperinflación.
Segundo, dados determinados supuestos económicos creíbles, el presupuesto del gobierno debe ser realista e incluir medidas que aseguren razonablemente que el déficit se ubicará dentro de los límites de lo que pueda ser financiado sin necesidad de recurrir a la creación de dinero (o dinero sustituto) a tasas que generen hiperinflación. El gobierno argentino va a contar con una importante ventaja fiscal con la prórroga de los pagos de capital e intereses sobre su deuda externa. No obstante, gran parte del servicio de la deuda interna deberá pagarse, si no se quiere que los bancos argentinos y los fondos de pensión –los mayores tenedores de deuda– declaren la cesación de pagos de sus obligaciones.
La recaudación impositiva será probablemente muy baja por el colapso económico y el muy pobre cumplimiento impositivo, problema exacerbado por el quiebre general del respeto al gobierno y al imperio de la ley. Además pueden surgir costos importantes para el gobierno con el desquicio que ha creado en el sistema bancario argentino. Y frenar los déficit provinciales será una tarea políticamente difícil pero absolutamente esencial, además de terminar con el recurso de tomar préstamos a discreción, prácticamente sin limitaciones, para emitir deuda que circula como sustituto de dinero.
En suma, todo sugiere que será muy difícil contener las presiones para financiar déficit dentro de límites tolerables. El financiamiento externo oficial y el uso de parte de las reservas de divisas de la Argentina tal vez pueda financiar un modesto déficit gubernamental general. Sin embargo, la creación de dinero y de sustitutos de dinero probablemente exceda en una medida significativamente mayor la emisión planeada de $ 3.000 millones; y el uso de ese financiamiento tendrá que ser aceptado siempre que esté contenido dentro de los límites que no impulsen la inflación más allá de los términos tolerables (o, tal vez, 50% a 100% durante 2002). Eso probablemente signifique que el Fondo tendrá que admitir un mayor déficit de presupuesto y una inflación más alta de lo que normalmente prefiere ver en países que reciben financiamiento.
Razonable política monetaria
Tercero, es esencial establecer algún marco razonable para la política monetaria. Las autoridades argentinas han indicado que la política monetaria (del operacionalmente independiente Banco Central de la República) será gobernada por un objetivo de inflación. Esto suena a política acertada para 2004 y más allá, luego de que los esfuerzos de estabilización hayan logrado restaurar el crecimiento, reducir la inflación a tasas moderadas y hacer resurgir el sistema financiero argentino.
Sin embargo, este año y probablemente también el próximo, el Banco Central de la República Argentina tendrá muchas dificultades para controlar la oferta monetaria y el crédito, y la demanda de moneda nacional puede resultar altamente inestable.
Eso va a requerir que el Banco Central mantenga estrictamente el crecimiento de su propio crédito dentro de límites acordados con el Fondo y, de acuerdo con esos límites cuantitativos, implicará también que las tasas de interés sobre créditos del Banco Central se mantengan, generalmente, en términos reales. Además, la política monetaria necesitará el apoyo de la política fiscal para mantener la emisión de deuda pública dentro de límites tolerables y dar credibilidad a la idea de que la política monetaria no va a estar dominada por las necesidades de las finanzas públicas.
Cuarto, la política cambiaria debe adaptarse para hacer frente a la actual crisis. El intento inicial del gobierno de Duhalde de instalar (por un período provisorio de algunos meses) un cambio dual, con una tasa para la mayoría de las transacciones comerciales de $ 1,40 por dólar, fue un grave error. No sólo ese sistema estaba condenado al fracaso, como ocurrió en pocas semanas, sino que su inevitable colapso debilitó aún más la escasa credibilidad del gobierno. Una tasa flotante para el peso es la única opción razonable en las actuales circunstancias. La intervención oficial puede ser adecuada para contrarrestar turbulencias en el mercado cambiario; pero la intervención no debería ser siempre unilateral, no debería intentar defender ninguna tasa determinada, ni se le debería permitir que produzca pérdidas importantes para las reservas oficiales del país. Debe reconocerse que, considerando la situación actual de la Argentina, el peso inevitablemente se va a depreciar mucho (con respecto a su anterior paridad) en términos reales y todavía más en términos nominales.
Quinto, es preciso hacer algo para despejar el horroroso embrollo del sistema bancario argentino, porque sin un sistema bancario que funcione es muy difícil que la economía de ese país pueda recuperar una razonable prosperidad. Para encarar ese problema, es fundamental reconocer que la responsabilidad del disturbio recae totalmente sobre el gobierno argentino, tanto el anterior como el actual.
A causa del lamentable estado de la economía y del presupuesto del gobierno, los recursos para cumplir con los reclamos externos son hoy muy limitados. Pretender negociar ahora la forma de resolver la mayoría de los reclamos sobre la base de promesas a cumplir cuando la situación económica y presupuestaria mejore es poco probable que resulte productivo. En tales negociaciones la incertidumbre para ambas partes es demasiado grande para que un acuerdo sea creíble y mutuamente aceptable. Cuando la situación económica se estabilice y la economía argentina avance hacia la recuperación, será el momento de iniciar negociaciones serias con los acreedores externos.
Lecciones para el Fondo
Si el Fondo ha de recuperarse y mejorar como instrumento útil de la comunidad internacional, debe aprender de la experiencia de su involucramiento con la Argentina durante la década pasada. Ese aprendizaje debe comenzar con el reconocimiento de que si el trágico fracaso de los inicialmente exitosos esfuerzos de estabilización económica fue la consecuencia de lo que el país hizo y dejó de hacer, también refleja importantes equivocaciones de su parte. Si esas equivocaciones fueran errores aislados, su importancia para sus operaciones generales sería limitada. Sin embargo, ha habido gran número de críticas referidas a muchas de sus operaciones durante la última década. Si bien gran parte de esas críticas estaban, en mi opinión, desinformadas, equivocadas y, en algunos casos, eran mezquinas, las equivocaciones que el Fondo cometió en la Argentina no son errores aislados. Por el contrario, son el reflejo de grandes deficiencias que merecen un diagnóstico cuidadoso y el propósito serio de corregirlas.
Evidentemente, el análisis y evaluación del desempeño del Fondo en la Argentina será un desafío fundamental para su nueva oficina de evaluación. Espero que decida encarar este desafío en el transcurso del año próximo y publique su informe sin demoras. Es muy posible que esa evaluación no esté totalmente de acuerdo con lo que se dice en este trabajo. Sin embargo, parece altamente improbable que una evaluación honesta y rigurosa pueda llegar a la conclusión de que el Fondo no cometió errores graves en su involucramiento con la Argentina durante la década pasada. Seguramente en una cuidadosa evaluación sobre los esfuerzos realizados por el Fondo para influir en la política fiscal argentina aparecerá de qué manera el deterioro de las finanzas públicas condujo, en última instancia, a la mayor cesación de pagos de deuda soberana en la historia, y cómo esa cesación juega un papel importante en otras penurias argentinas. Otros asuntos tales como el análisis y el consejo del Fondo sobre el plan de Convertibilidad, también merecen estar en esta agenda.
Se ha exagerado mucho sobre el riesgo moral, y la mayoría de las propuestas para resolver este supuesto problema son innecesarias, impracticables o básicamente equivocadas. El caso argentino es particularmente relevante en este aspecto. Cuando un país experimenta una crisis financiera, ese país siempre sufre mucho daño económico. La ayuda financiera internacional debería ayudar a paliar ese daño; pero es absurdo pensar que las expectativas de semejante ayuda pueden convertirse en una invitación importante a que los países corran el riesgo de sufrir esas crisis.
Para decirlo con toda claridad, no hubiera sido apropiado limitar el apoyo internacional a la Argentina para provocar un default soberano porque era útil o necesario enviar un mensaje a los mercados de capitales privados. Si los esfuerzos de las autoridades, ayudados por el paquete financiero de diciembre 2000-enero 2001, hubieran tenido éxito en contener el déficit fiscal, recuperar la confianza de los mercados financieros y evitar el default y el colapso del plan de Convertibilidad, todo desde luego hubiera tenido un desenlace mucho mejor. Pero, dada la inevitabilidad de una crisis catastrófica, como quedó demostrado, corresponde tomar nota de las lecciones que esa crisis deja sobre la disciplina de mercado. Además, la Argentina no es el primero, ni será el último, de los mercados emergentes tomadores de préstamos que se ve forzado a incumplir con las obligaciones contraídas y soportar la profunda crisis financiera y económica que eso conlleva.
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