Luego de la devaluación, el Gobierno debió enfrentar a un enemigo que volvía a amenazar: la hiperinflación. Si bien muchos observadores coinciden en que entre los cuatro años de recesión y la aridez de los bolsillos, tal cosa sería improbable, ninguno pone las manos en el fuego con un dólar que rozó los $ 4. Mientras los precios subían, ya sea por su condición de importados o por simple especulación, el Presidente intentó ofrecer una tregua a los asalariados, prometiendo medicamentos genéricos, una canasta de alimentos básicos sin incrementos, alquileres congelados por seis meses y una señal para frenar la escalada inflacionaria: la congelación de las tarifas de los servicios públicos.
Sin embargo, la lógica de vacilaciones y contramarchas que paraliza al Gobierno también alcanzó a esta última medida. Al cierre de esta edición se informó que, por lo menos, el gas y la energía eléctrica serán más caros a partir del 1º de mayo.
Los episodios que llevaron al camino del aumento son conocidos: primero Economía afirmó que no se iban a producir tales ajustes y hasta emitió una resolución para impedirlos. Luego la Secretaría de Energía, a cargo de Alieto Guadagni, escuchó los argumentos de las empresas privatizadas y Economía aceptó los aumentos, a pesar de que la Ley 25.561 de Emergencia Económica promulgada el pasado 6 de enero prohíbe la indexación de tarifas. Fue cuando el Gobierno argumentó que podía aplicarse el ajuste estacional debido al incremento del consumo en otoño e invierno.
Aunque se dice que un consumo mayor debería permitir una reducción de los precios, el aumento del gas y la energía eléctrica, sumado a los múltiples aumentos de los combustibles, torna ineludible el tratamiento de uno de los temas que, según varios analistas, debería ser prioritario en la agenda oficial: la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas.
Tiempos de cambio
El fin de la Ley de Convertibilidad derrumbó la columna que sostenía la experiencia privatizadora. Sin paridad uno a uno, las tarifas dolarizadas, que en algunos casos son mayores que las correspondientes al servicio que estas concesionarias prestan en otros países, elevarían el nivel de inflación. Por otro lado, es cierto que su pesificación dificulta a las empresas el pago de las obligaciones contraídas en el exterior, al tiempo que reduce violentamente sus ganancias a escala internacional.
Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, realizada por el Indec, las ganancias de las empresas privatizadas que brindan servicios públicos superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por el resto de las 500 mayores empresas de la Argentina. Sus detractores afirman que estas empresas no se someten a las leyes del mercado porque se constituyeron como grupos monopólicos con un mercado cautivo.
Vale aclarar que esto sucede en casi todo el mundo. En general, los usuarios particulares no pueden optar por la compañía que les dará energía eléctrica, teléfonos, agua o gas. Porque no es rentable para ninguna empresa extender su red para cubrir la llamada “última milla”, la distancia que separa la central de la casa del usuario, por apenas unos pocos consumidores. Por esto, las empresas se reparten el territorio.
Ante la falta de competencia, y esto también sucede en casi todo el mundo, el Estado impone fuertes regulaciones para evitar abusos. Por otro lado, en las privatizadas argumentaron una y otra vez que “no tuvieron participación en los pliegos que el Gobierno argentino elaboró a fines de los ´80”. Y también dan cuenta de “las inversiones en sectores que estaban desmantelados”.
El consumo de servicios públicos es ineludible. Y, como público cautivo, los consumidores no pueden ejercer su poder yendo a buscar energía eléctrica en otro lado. De ahí la necesidad del Estado de tener entes reguladores sólidos.
“¿El Estado… quién es?”
Durante la década de 1990, en la Argentina se diluyó el concepto de Estado. La venta de activos públicos a pagar con bonos de la deuda que se compraban a una fracción de su valor nominal se percibió como un paso importante en el camino del desarrollo. Pero hay paradojas. Según la opinión de un consultor “desde que se privatizaron, los ferrocarriles ocasionan más pérdidas al Estado que cuando eran de su propiedad. Esto se debe a que los subsidios que reciben actualmente las empresas que los controlan superan el déficit histórico del sector”. Además, si bien es cierto que muchas empresas deficitarias dejaron de serlo cuando pasaron a manos privadas, tal cosa se logró porque el Estado las saneó antes de entregarlas, ya sea despidiendo a parte del personal, subiendo las tarifas o absorbiendo la mayor parte de su pasivo. “En la venta de YPF el Estado se quedó con más de US$ 8.000 millones de deuda. En el caso de Segba, fueron 4.400 millones; 1.700 millones en Entel y 1.600 millones en Gas del Estado”, dice en riguroso off the record un funcionario que trabajó en las privatizaciones. Es que antes de la llegada del nuevo concesionario, el Estado argentino asumía entre 50% y 90% de la deuda que había dejado su gestión. Por este motivo, a pesar de la venta de los activos públicos durante la década de Menem la deuda externa nunca dejó de crecer, como indican las estadísticas.
Negocios nada riesgosos
Según un informe de la Dirección de Cuentas Internacionales, dependiente del Ministerio de Economía, las privatizaciones de los años ´90 produjeron ingresos al Estado por más de US$ 23.000 millones. Es necesario agregar que, en el mismo período, las empresas giraron al exterior cerca de US$ 15.000 millones en concepto de pago de intereses y dividendos, y que éste es un proceso que no termina. Por otro lado, desde su compra, la deuda total de las empresas privatizadas se incrementó vertiginosamente: en 1991 era de US$ 1.000 millones, mientras que en 1999 llegó a los US$ 17.000 millones.
El endeudamiento fue parte del proceso de compra de las empresas públicas. En una investigación publicada por la edición local de Le Monde Diplomatique, el periodista Pablo Maas explica la operatoria de muchos de los inversores extranjeros: “Primero se consiguen inversionistas del exterior que aporten capital y que algún banco adelante una parte del precio de compra, en forma de un crédito a corto plazo, llamado crédito-puente. Una vez reunido el dinero, tanto en forma de capital como de deuda, se realiza la oferta de compra y se concreta la adquisición de la empresa. Luego se emiten bonos a nombre de la empresa por una cantidad sustancial y se hipotecan todos sus bienes como garantía de pago del bono. Con el dinero obtenido por estos bonos a largo plazo se cancela el crédito-puente. Mediante el flujo de fondo de la empresa adquirida se pagan los intereses del bono y las comisiones y honorarios del banco que organiza la emisión del bono. En síntesis, se compra una empresa, en gran parte, con el propio dinero de la empresa”.
La pionera en la utilización de este método, llamado “de apalancamiento”, fue Iberia para la compra de Aerolíneas Argentinas, luego la siguieron las adjudicatarias de Segba, Gas del estado, Entel y Obras Sanitarias. Vale aclarar que la metodología no sólo se aplica a la adquisición de empresas públicas. Es el modelo que siguieron diversos fondos de inversión para comprar firmas privadas.
Según Martín Rodríguez Pardina, de la consultora Macroenergía, que las empresas estuvieran endeudadas en el exterior “benefició a los usuarios ya que, por ejemplo, en la primera revisión tarifaria del gas se calculó el costo del capital en dólares, tomándose el riesgo país de un bono argentino en dólares, que es sustancialmente más bajo que el de uno en pesos. Esto impactó favorablemente en las tarifas”.
Sin embargo, tras la devaluación, los supuestos beneficios de tal operatoria pasaron a jugar en contra. Si, tal como reclaman las privatizadas en documentos y declaraciones recientes, las empresas lograran un seguro de cambio para pagar sus obligaciones con el exterior, el círculo se cerraría y el Estado argentino terminaría pagando la factura de la venta de sus propios activos.
Agua que no has de beber
Rodríguez Pardina indica: “Claramente hay que replantear todo el juego, ya que se rompieron las reglas originales. El contrato se rompe por decisión del Estado, no porque las empresas no hayan cumplido con sus compromisos”. En efecto, la devaluación rompe los contratos, pero esto no implica que previamente las empresas hayan honrado totalmente sus compromisos. Sería un error considerar a todas las empresas privatizadas como entes idénticos. Las condiciones establecidas en sus contratos, la relación de sus tarifas con precios internacionales y el nivel de sus ganancias varía según qué empresa se analice.
Por ejemplo, en relación con el reajuste de las tarifas, los contratos de las empresas ligadas al transporte ferrocarriles, concesionarias de autopistas establecen modificaciones de acuerdo con la realización de obras, mientras que el resto de los servicios públicos esenciales agua, luz, teléfono prevén ajustes de acuerdo con índices norteamericanos, además de ligar la tarifa a la evolución de dólar. A pesar de las diferencias entre empresas, el caso de Aguas Argentinas, que dio piedra libre a los reclamos de las privatizadas con un controvertido documento dirigido al gobierno nacional, es ilustrativo para comprender estos casos.
Según informó esta empresa en su último balance anual, realizó inversiones cercanas a los $ 1.700 millones y efectuó pagos impositivos y de intereses hay que señalar que los pagos de intereses se descuentan del impuesto a las ganancias, es decir, es dinero que el Estado deja de recaudar por unos $ 1.000 millones.
Sin embargo, durante el 2001, el ente regulador del área de obras y servicios sanitarios, Etoss, detectó incumplimientos de hasta 30% en las inversiones comprometidas por la empresa de aguas. “Más atrás, en tiempos de mayor bonanza económica, las cosas no eran muy distintas. Para fines de 1998, la empresa debería haber realizado inversiones por US$ 1.290 millones, pero apenas llevaba invertidos unos US$ 543 millones, por lo que no había expandido la red de cloacas ni de agua corriente a los niveles que figuraban en su contrato original”, comenta un economista especializado en el sector público. Y agrega: “Estos incumplimientos fueron condonados en una renegociación capitaneada por la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray”.
Entre las conquistas obtenidas en esa renegociación, Aguas Argentinas logró la de indexar sus tarifas según índices norteamericanos, a pesar de que la indexación estaba expresamente prohibida por la Ley de Convertibilidad. Esto posibilitó una suba de cerca de 5%, que debía volcarse casi en su totalidad en obras. Aunque el incremento fue recaudado durante más de cuatro años en moneda convertible, en estos días la empresa afirma que no va a seguir con el plan de inversiones pactado porque su tarifa acaba de ser pesificada.
La cesación de pagos
Aguas Argentinas entró en default el 10 de abril. Según su balance anual, la empresa tiene deudas por US$ 706 millones y una facturación que durante el último ejercicio superó los US$ 600 millones, con una utilidad neta de US$ 73 millones. Está claro que la empresa es inmune a la recesión. Su récord de ganancias se dio en el 2000, cuando reconoció beneficios por US$ 85 millones, cerca de 20% de sus ventas.
A pesar de sus ganancias, en marzo, la empresa controlada por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux envió un exigente documento a las autoridades del Etoss. El diario Pagina/12 reveló fragmentos de ese documento. Allí, Aguas Argentinas pide recibir un seguro de cambio para pagar sus deudas internacionales en dólares con una paridad uno a uno, recibir dólares con igual paridad para realizar sus importaciones, demanda prioridad en el cobro de las deudas que el Estado mantiene con ella y quiere que se dejen sin efecto las multas y la obligación de devolver dinero indebidamente cobrado a los usuarios. “Desde luego, éstas son las exigencias de máxima, previas a la negociación. En las últimas semanas buena parte de las privatizadas realizó un planteo similar: suspensión de inversiones, baja de la calidad del servicio, seguro de cambio para deudas internacionales y, sobre todo, un mecanismo de indexación de las tarifas”, dice el ex privatizador.
Dado que el grado de morosidad en el pago de las facturas se incrementó considerablemente en los últimos meses, las empresas no ignoran que un aumento brutal no sería del todo beneficioso. El presidente del bloque del Frepaso, Darío Alessandro, aseguró que “en este escenario, un aumento de las tarifas realimentaría la inflación. Además, las empresas ven cómo aumenta el índice de morosidad cada mes y cómo cae la recaudación. El mercado no toleraría un aumento, los empresarios deben entender que estamos en una situación de emergencia”.
Lo cierto es que la suspensión de pagos declarada por varias de las empresas privatizadas, si bien les crea problemas de imagen en el escenario internacional y les hace acumular deuda que habrá que enfrentar en algún momento, es muy beneficiosa en el corto plazo. No deberán afrontar el pago de intereses y capital durante este año. Esto les da una situación de caja con la que pueden afrontar una demora en el alza de tarifas o, en todo caso, una proporción menor a la que reclaman.
Por el suelo
En la Argentina, Repsol como haría cualquier otra empresa desregulada que actúa en el ámbito privado intenta obtener el mayor lucro posible con el mínimo gasto. Dado que las reservas comprobadas de petróleo en la Aregtina durarán sólo unos nueve años más, la política lógica sería moderar la extracción y aumentar la exploración. “Sin embargo, desde que Repsol se hizo cargo de YPF, la extracción aumentó más de 50% y la exploración se redujo hasta 80%”, afirman en el sector.
Lo irónico es que, cuando las reservas se agoten, probablemente el precio del barril no aumente demasiado, ya que Repsol actualmente basa su precio en el del Western Texas Intermediate (WTI), es decir, cobra localmente el barril de petróleo como si fuera importado. Por eso, antes de la devaluación, el litro de nafta en la Argentina país que se autoabastece costaba más del doble de lo que valía en Estados Unidos, que importa buena parte del petróleo que consume. En países como Colombia, Ecuador y Venezuela, donde el precio se fija de acuerdo con el costo de producción y no de acuerdo con un indicador extranjero el petróleo es desde 60 hasta 90% más barato que en la Argentina.
Dado que aquí los precios están formados por el índice WTI, cada aumento internacional del crudo se traslada al bolsillo de la gente curiosamente, no pasa lo mismo con las bajas. Esta política produjo ganancias inéditas para la empresa. Durante el 2000, Repsol-YPF ganó US$ 2.830 millones en la Argentina. En España obtuvo US$ 1.800, y en el resto del mundo, US$ 750 millones. Es decir, la Argentina dio a Repsol más beneficios que el resto de todos sus emprendimientos en el mundo combinados.
“Si el Estado no está en condiciones óptimas de realizar la explotación de nuestro petróleo, al menos debería imponer regulaciones e impuestos que garanticen la distribución de la renta petrolera a todo el país, es decir, debería hacer mucho más que aplicar una retención a exportaciones”, coinciden en afirmar dos especialistas que piden reserva.
El desequilibrio financiero que ha generado en las empresas privatizadas la devaluación, provocó que Metrogás, Telecom y Aguas Argentinas se declarasen en default siguiendo los pasos del Estado. Calificadoras de riesgo como Moody´s y S&P bajaron, a principios de año, la calificación de todas las empresas privatizadas de servicios públicos.
Durante el último trimestre Telecom Argentina sufrió por primera vez desde que opera en el país pérdidas cercanas a los $ 17 millones y su balance contable del año 2001 refleja una reducción de ingresos de 5% comparado con el ejercicio 2000.
Por su parte, Telefónica de Argentina afrontó pérdidas por $ 35 millones en el último trimestre. En los 11 años de participación en el mercado argentino de telecomunicaciones, realizó una reconversión tecnológica que insumió una inversión cercana a los $ 8.000 millones, según afirmaron fuentes de la empresa.
Las empresas de telefonía generaron una de las corrientes de inversión más importantes desde las reformas de 1989. La venta del Entel permitió el ingreso de $ 214 millones al contado a las arcas del Estado, más $ 5.029 millones en títulos de deuda externa a valor nominal (el valor del mercado de los títulos de deuda era de $ 0,19 por dólar) y seis documentos por $ 404 millones.
El panorama posdevaluatorio tampoco es alentador para las principales distribuidoras de energía eléctrica. Con la devaluación, Edenor perdió $ 510 millones y su rentabilidad disminuyó de 5,4% a 1,05%. La inversión neta acumulada que realizó la empresa desde que comenzó a participar en el mercado argentino fue de $ 1.165 millones y posee un endeudamiento exterior de $ 510 millones.
Asimismo, Edesur informó que la devaluación sobre el balance de la compañía representa una pérdida aproximada de $ 4.236 millones, que será reconocida en el primer trimestre del ejercicio 2002. Antes de la devaluación, Edesur obtenía una utilidad neta de $ 98,5 millones, con inversiones en el año cercanas a los $ 130 millones, destinadas principalmente a mejorar la infraestructura eléctrica. Hay que señalar que, a diferencia de otros servicios privatizados, las tarifas que cobraban las compañías de electricidad son bajas en el ámbito internacional.
Por su parte, Metrogás, con dos millones de clientes, una participación en el mercado nacional de 25,3% y reservas de gas comprobadas por 17 años, fue la primera en declararse en cesación de pagos, el 26 de marzo, al no cancelar un cupón de intereses por US$ 4 millones de un bono de 100 millones que vence el año próximo. Standard & Poor´s bajó la calificación de deuda senior sin garantía de la compañía a D (incumplimiento de pago) al mismo tiempo que bajó la calificación de la emisión senior sin garantía serie A, por US$ 100 millones, de CC a D. La empresa, principal distribuidora de gas natural en la Argentina, realizó inversiones de capital por $ 63 millones, según la memoria anual presentada por el directorio, y lleva efectuadas $ 525 millones en los nueve años que lleva en el país. Su patrimonio neto asciende a los $ 1.087 millones y su deuda es de US$ 420 millones (sólo 10% la contrajo con bancos locales y está pesificada).
Todas estas cifras presentadas por las empresas privatizadas no pueden ocultar otra realidad: la que viven los usuarios. Según datos suministrados por especialistas, el sector de ingresos bajos de la población puede gastar hasta 20% de su salario en el pago de los servicios. Patricia Vaca Narvaja, presidenta de Consumidores Argentinos afirma: “Las tarifas deberían congelarse ya que la situación de los bolsillos de miles de argentinos no resiste un aumento. Las empresas deberían contribuir con la estabilidad de las tarifas ya que, en épocas de deflación, realizaron transferencias al exterior por millones de pesos. Hay que empezar ya con una renegociación. Deben reformularse los entes regulatorios que no cumplieron con el papel de control, de verificación del buen cumplimiento de la prestación y de las pautas de inversión que muchas veces no fueron cumplidas”.
Sin embargo, Rodríguez Pardina responde: “El Estado debe representar los intereses de los usuarios presentes y futuros, de aquellos que no tienen servicios y de las generaciones futuras. Si se congelan las tarifas no habrá inversiones porque la Argentina tiene cortado el acceso a los mercados internacionales de crédito y no se puede pretender que, en este contexto, las casas matrices pongan equity en el país; sería poco realista”.
La lección es que el terreno cedido es muy difícil de recuperar. Las empresas no devolverán al país la renta girada al exterior. “Los controles y regulaciones que no fueron hechos oportunamente, no pueden hacerse de modo retroactivo”, dice un especialista en Derecho Administrativo. Según un estudio del área económica de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), los ingresos de las empresas derivados de indexaciones prohibidas por la ley, acumulan, hasta fines del 2000, más de US$ 9.000 millones. Durante los ´90, el crecimiento de las tarifas de los servicios impactó sobre la competitividad de la economía y la distribución del ingreso.