Está claro que el Fondo Monetario y los principales países que respaldan sus decisiones no quieren cometer “viejos errores” ( eufemismo con el que se destaca la permisividad de endeudamiento que se facilitó durante buena parte del gobierno de Menem y el primer año de gestión de la Alianza).
Ya no está más Stanley Fischer, y la representante de Estados Unidos ante el FMI, Anne Krueger, piensa lo mismo que Pat o´ Neill, secretario del Tesoro en Washington. Los argentinos no son confiables, y primero tienen que demostrar con hechos que están en el camino correcto. Y esos hechos son después que se forzó la flotación del peso frente al dólar- un presupuesto realista; una capacidad de recaudar impuestos que permita el equilibrio fiscal; un nuevo esquema tributario; un régimen de coparticipación federal que ponga en caja el gasto de las provincias; y un gasto fiscal acorde con los ingresos, sin recurrir a la emisión de moneda.
El equipo económico está dispuesto a cumplir con los requisitos exigidos pero reclama tiempo para lograr esos objetivos, cuyo debate, nada más, ha insumido años en el país. Y eso es precisamente lo que no tiene: tiempo. Si quiere apoyo externo como desesperadamente lo necesita debe mostrar resultados en cuestión de semanas, por no decir de días.
Durante la visita del ministro Remes Lenicov a Washington, cosechó elogios por su prudencia y ponderación. Es obvio que comparado con el espíritu arremetedor y arrogante de Cavallo, el saldo debía ser positivo. Pero entre los mismos observadores externos y ahora también dentro del elenco gubernamental, hay quienes piensan que tanta prudencia es en verdad vacilación, inseguridad, confusión de metas y objetivos.
Hay bastante de injusto en el reproche. Remes sabe lo que quiere, pero además de diferenciarse del estilo energúmeno de su predecesor, tantea de continuo con el método de acierto y error el angosto camino que le toca recorrer y prueba continuamente el poder político que lo respalda.
En ese sentido, el titular de Economía tiene dos problemas: primero, determinar cuál es la verdadera cuota de poder que exhibe el presidente Eduardo Duhalde, a menudo jaqueado por los mismos gobernadores peronistas que se suponía debían ser su principal fuente de respaldo. La segunda, y a pesar o posiblemente por lo mismo del tiempo que lo conoce a Duhalde, percibir cuál es su verdadera convicción ante cada paso que hay que dar. El Presidente no sólo carga con la fama de “populista” en los centros financieros internacionales. Además está empezando a percibir en serio qué significa la globalización y cuáles son los límites estrechos que impone a una economía devastada y a un sistema político-institucional desmantelado.
El problema de Remes es que su cautela y su incesante tarea de persuasión y de resistencia a las enormes presiones de todos los actores económicos sean inútiles si esa ayuda internacional se demora, si los precios se desbocan o el peso se deprecia en demasía, o finalmente si hay estallidos sociales que compliquen o arrasen al gobierno del que forma parte.
Por su parte el Presidente se desvela frente a tanto cúmulo de problemas y al escuálido arsenal del que dispone para enfrentarlos. Por eso insiste en la necesidad de gestos políticos que vulneren la impenetrabilidad del Fondo. El apoyo de líderes europeos como los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia y España y la entusiasta adhesión de sus socios y vecinos del Mercosur, con Brasil a la cabeza. Pero toda esa solidaridad no basta para acelerar los plazos.
Ahora se maneja la tesis del pago de cuotas: cuando se apruebe el Presupuesto, habría un desembolso del FMI; cuando haya acuerdo con las provincias, podría haber otro y así sucesivamente. Todo el apoyo de los líderes internacionales se canaliza exclusivamente a través del Fondo.
Se supone que nadie quiere dejar caer a la Argentina. Los europeos, por las importantes inversiones realizadas en el país y sus aspiraciones de entablar relaciones interesantes entre la Unión Europea y el Mercosur. Estados Unidos, porque además de enfrentar una lucha contra el terrorismo internacional en todos los frentes, vislumbra un escenario complicado en la región. Colombia en guerra, Venezuela con un gobierno en franco y veloz deterioro, Brasil con un posible triunfo electoral de Lula y de la izquierda. Lo único que falta es un colapso económico argentino que produzca de verdad un efecto “contagio” en la región y que vea surgir un régimen político impredecible.
Pero ninguna de estas suposiciones que pueden desvelar a Colin Powell y a todo el Departamento de Estado parecen hacer mella en la dura piel del Secretario del Tesoro y en la ortodoxia del FMI. Ambos exigen “sacrificios” concretos de los argentinos antes de pensar en una contribución a resolver el problema.
Hoy que está de moda criticar el Consenso de Washington, la política aplicada durante una década en la región, donde la Argentina llegó a ser el caso paradigmático para mostrar y comentar, el Fondo no vacila. Sigue aplicando su clásica receta: ajuste tras ajuste, recorte del gasto público y todas las medidas que inducen al receso económico y que causaron estragos en el sudeste asiático. Nada parece haberse aprendido de esa lección.
Riesgos inminentes
Por estas razones está más que inquieto Duhalde. Sin apoyo rápido e importante, todo el escenario de la pesificación y el plan de reactivación económica se derrumba sin remedio. Hay riesgo evidente de alza inflacionaria, de una profundización de la irreductible recesión que lleva cuatro años, y lo más grave de todo, crecientes índices de desocupación que podrían trepar en pocas semanas hasta 30% de la población económicamente activa.
Si no se logra controlar el valor del dólar en un nivel razonable y no se contiene la inflación, todo se termina. Para tener éxito en ambos campos, el gobierno insiste en que necesita la ayuda internacional ya mismo.
En la Casa Rosada hay un movimiento que oscila entre redoblar los esfuerzos por conseguir esos recursos de inmediato, y decidirse a enfrentar la situación con los escasos recursos disponibles localmente. La Iglesia Católica que está jugando un papel tan decisivo en la llamada Concertación, ya advirtió con claridad que lo que hace falta para paliar la agudísima crisis social que es un polvorín a punto de estallar es que los mismos argentinos, especialmente los que tanto ganaron durante la década pasada o los que se beneficien ahora con las exportaciones, tras la devaluación, deben hacer un aporte inmediato. La cifra que se baraja es del orden de los 2.500 millones de pesos.
Tanto Duhalde como su esposa, a cargo del área social, comparten el diagnóstico y quieren poner ya manos a la obra. El discurso presidencial es inequívoco: primero el gasto social, luego las jubilaciones, y por último los sueldos estatales. Ya hay circulando borradores de impuestos extraordinarios, por una sola vez, para cumplir con este objetivo.
Por último, está el gran protagonista reciente: la gente. Los ciudadanos que han descubierto que con cacerolas y movilización salta un ministro de Economía, renuncian presidentes, tiemblan los jueves y los legisladores se encierran en el bunker del Congreso, sin dejarse ver en la calle.
Naturalmente que hay órdenes de problemas diferentes. La clase media airada y activa busca la liberación del corralito. Los piqueteros que marchan y cortan rutas, quieren comer hoy y trabajar mañana. La combinación es letal, mientras no se puede atender ninguno de los dos frentes.
Sin un importante fortalecimiento de las reservas del Banco Central, no se puede desmontar el cerco impuesto a los depósitos. A menos que elijamos quedarnos sin sistema financiero, o peor, con un sistema bancario off-shore. Ningún país serio se ha desarrollado y crecido de esta manera, y la Argentina no podría ser la excepción.
Por otra parte, una cosa es repartir planes Trabajar, especie de subsidios sin mayor contraprestación a cargo o paquetes de comida, si no se logran crear puestos de trabajo genuinos y en cantidad adecuada.
La irritación de la gente es tan aguda, que basta que los líderes piqueteros se reúnan con el Presidente para que muchos de sus seguidores sostengan que han sido comprados y aparezca otra camada de dirigentes mucho más dura y sin ánimo de negociación.
Racionalmente mucha gente entiende el dilema del Gobierno. Pero toda la paciencia popular demostrada durante décadas se agotó. Hay listo un cóctel explosivo que puede estallar por un problema nimio en apariencia, y desencadenar una crisis de tal magnitud que ni la masiva – aunque tardía ayuda de los organismos internacionales de crédito podría contener.
Esta es la esencia de la situación: los tiempos del FMI, del equipo económico y del Gobierno, por distintas razones, son totalmente diferentes a los de la gente que se acostumbró a ganar la calle para hacer sentir su protesta en forma contundente.
Hoy por hoy, el escenario más temido por los dos grandes partidos tradicionales aunque haya algunas voces disidentes es la posibilidad de elecciones generales en plazos perentorios. Sería extenderles una acta de defunción anticipada. Pero además, más allá de la legitimidad de los ganadores, para la ciudadanía sería un salto al vacío que podría ser semejante al Perú de Fujimori o a la Venezuela de Hugo Chávez.
Lo que busca una devaluación
Cuando un país devalúa, espera ciertos resultados. Por ejemplo, aumentar las exportaciones, reducir las importaciones y obtener superávit comercial. En el plano interno, aumentar la demanda de bienes nacionales por sustitución de importaciones.
Todo esto es cierto en una economía en la que las cadenas de valor están intactas y la calidad de los bienes que se producen es competitiva internacionalmente. Ahí, como de algún modo ocurrió en Brasil en 1999, la devaluación es entonces expansiva casi instantáneamente.
Pero ese no es el caso de la Argentina actual, y ello por varias razones: en primer lugar, para los principales bienes de exportación cereales y oleaginosas- el ciclo del producto es anual y por lo tanto los beneficios de la depreciación monetaria recién se harán notar con las nuevas decisiones de siembra; en segundo lugar, los rigores del control de cambios están trabando por ahora la importación de insumos críticos tanto para el agro como para la industria, lo que implica restricciones a la producción por el lado de la oferta; en tercer lugar, la desintegración del sistema financiero ha pulverizado el crédito interno y el escenario de default ha tenido consecuencias similares sobre el crédito internacional, de modo que las ganancias de competitividad quizás no se traduzcan en nuevas inversiones. Por el momento, pues, dominan los efectos contractivos de la caída de los salarios reales que toda devaluación conlleva y del renovado ajuste fiscal.
El ritmo de la inflación de febrero y marzo (¿5% en febrero?) va a definir al margen de las circunstancias ya enumeradas al inicio- el futuro del modesto programa de Remes. Al ministro le gustaría una dinámica similar a la experimentada por Brasil después de la devaluación de enero de 1999: cambio de precios relativos, aumento de la inflación en un principio y luego estabilización, ayuda externa y recuperación económica en un contexto de flotación cambiaria y control de las cuentas públicas.
El problema es que las piezas del rompecabezas pueden no encajar. La conducción económica necesita urgentemente ayuda exterior liderada por el FMI y lanzar al mercado instrumentos financieros en pesos para competir con el dólar y frenar el deslizamiento cambiario.
Esos instrumentos tienen que ofrecer una tasa de interés que refleje la incertidumbre actual o un mecanismo de indexación por precios, y ambas alternativas disgustan al ministro Remes: una tasa de interés alta generará déficit cuasi-fiscal; la indexación avivará las demandas sobre todo de los líderes sindicales- para extender esa herramienta a toda la economía.
Dilemas monetarios
El desequilibrio fiscal es una fuente de emisión monetaria y por lo tanto de presión sobre el mercado cambiario y sobre los precios. Pero no es la principal. La pérdida neta de depósitos privados como resultado de las filtraciones del corralito y la consecuente asistencia del Banco Central a las instituciones financieras es mucho más relevante. Entre el 30 de enero y el 14 de febrero la pérdida de depósitos superó los 1200 millones de pesos, los redescuentos y pases activos del Banco Central alcanzaron también los 1200 millones y la circulación monetaria creció casi 1500 millones.
Parece entreverse en estos números una estrategia del presidente del Banco Central, Mario Blejer: la de emitir lo que se necesite para evitar una quiebra generalizada del sistema financiero. Si las cosas son así, el interrogante sobre la evolución del tipo de cambio y la inflación durante los próximos meses se torna acuciante.
Entre el desequilibrio fiscal y las filtraciones del corralito financiadas por la autoridad monetaria, la emisión durante 2002 puede acercarse a los 20.000 millones de pesos. La demanda de dinero tiene que mostrarse sorprendentemente firme para que la economía no se instale en un régimen de alta inflación.