El Plan B

Entre almibaradas declaraciones públicas o íntimas referencias directas, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín venían proponiendo una devaluación del peso desde hacía mucho tiempo. Los dos se sintieron cómodos entonces cuando en los primeros días del año 2002, Duhalde, convertido ya en novato presidente, le asestó un golpe de jíbaro a la moneda nacional.

Una devaluación plantea en el acto dos escenarios. Por un lado, se produce, en efecto, una corrección favorable en la capacidad competitiva del país, que es la idea que enternecía tanto a Duhalde como a Alfonsín. Debe reconocerse que más que un progreso en la posibilidad exportadora del país, a los dos los seducía el hecho de poder cerrar la economía; nunca dejaron de añorar los tiempos en los que se hablaba en términos de sustitución de importaciones.

Por otro lado, una devaluación dispara una reducción automática, masiva e inmediata de los salarios medidos en dólares (y también en pesos por la segura inflación, cuya compensación salarial no está prevista por ahora). El proceso de reacomodamiento de la economía es necesariamente lento, farragoso y lleno de riesgos: el fantasma de la inflación ­o, lo que es peor, de la hiperinflación­ pende sobre la cabeza del Presidente. Si ese fantasma se concretara en la realidad, Duhalde debería despedirse del poder muy rápidamente.

Todo presidente quisiera conservar sólo el lado positivo de sus decisiones, pero eso no es posible, sobre todo en el siempre estrecho desfiladero del poder argentino. Las preguntas que todo dirigente se hace cuando empieza a desvanecerse el torrente de las consecuencias no queridas son siempre las mismas: ¿Hay un plan B? ¿Dónde está? ¿Cuál es?

Duhalde ha comenzado con esa insistencia. Lo hace, sobre todo, desde que ve que los precios saltan y desde que sabe que la ayuda externa, indispensable para mantener el dólar por debajo de las nubes, demorará en llegar.

Tres alternativas

El plan B de Duhalde podría tener tres alternativas, pero posiblemente no pueda contar más que con una, la peor de todas según él, la que significa, hasta en términos personales y políticos, casi una humillación: la dolarización.

Existen en la teoría otras dos alternativas. La primera de ellas es la de sujetar el peso a una canasta de monedas, que fue la idea que Duhalde acarició desde el principio y la que convino, antes de llegar, con Rodolfo Terragno, autor intelectual de ese proyecto. Duhalde creía que su gobierno iba hacia una canasta de monedas hasta las vísperas de la devaluación, cuando el propio senador radical lo alertó de que su equipo económico se había inclinado por una mezcla entre dólar oficial y flotación libre.

Nunca se supo con rigor qué fue lo que llevó al ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a torcer la voluntad de su presidente. El argumento que ha suministrado es poco convincente: adujo que después de una década de cambio fijo, el país no podía entrar en una modificación diaria del tipo de cambio. Fue el momento en el que fijó el dólar a 1,40. Ese mismo día, una canasta de monedas que incluyera al dólar, al real, al euro y al yen daba una cotización de 1,36. Era casi lo mismo.

La flotación libre a la que se vio rápidamente obligado (y que, de todos modos, había anunciado desde el comienzo de la devaluación) echó por tierra su argumento. Una balanceo de pocos centavos era mejor que una oscilación medida en pesos, como podría suceder ahora en la Argentina.

Una versión que nunca mereció mucho crédito indicaba que el equipo económico había recibido un claro mensaje de Washington de que a Estados Unidos no le gustaba que las principales monedas de Europa y Asia se metieran en América. En los momentos iniciales, sin embargo, lo importante para todo el mundo (incluido Estados Unidos) era que la Argentina saliera de un sistema de convertibilidad, que la había condenado a un mal final desde mediados de la década del noventa. Esa versión que alude a una presunta presión norteamericana puede resultar verosímil, pero no concuerda con la oportunidad.

No obstante, ahora sería mucho más difícil aplicar la canasta de monedas. Si fuera necesario apelar a ella, sucedería a un fracaso de la devaluación y debería remontar la desconfianza social en un tipo de cambio que no sea fijo o dictado, como la convertibilidad en su momento, por reglas muy rígidas. Sería, casi, la aceptación política de que la Argentina no puede tener una moneda propia.

Es posible, además, que ahora sí Estados Unidos plantee una seria objeción a lo que sería, en última instancia, una tutela compartida con Europa y Asia de la moneda argentina. La canasta de monedas no significaría, en tal caso, una iniciativa nacional razonable, sino una solución de manotazo, impuesta por condiciones que debilitaría aún más el margen de maniobra del país.

A su vez, la moneda común del Mercosur comenzó a ser planteada entre susurros por Brasil sobre mediados del año pasado. Va de suyo que Brasil tiene la capacidad de decisión sobre ese asunto; jamás permitiría un debate contra su voluntad sobre lo que terminará siendo su propia moneda. Y es igualmente claro que el otro socio del Mercosur que debe estar de acuerdo es la Argentina, porque tiene capacidad de veto.

¿Qué lo impulsaba a Brasil a hablar de un tema tabú hasta ese momento? Su gobierno ­y su establishment político- había llegado a la conclusión de que su país necesitaba ajustarse el cinturón del tipo de cambio, en la misma medida que la Argentina necesitaba aflojárselo.

Domingo Cavallo reinaba en Buenos Aires y su lengua disparaba misiles diarios contra Brasilia y San Pablo. La convertibilidad argentina era una pesadilla para la política y la economía brasileña, que no veían posibilidad alguna de progresar en la coalición austral sin un cambio en las reglas del juego cambiarias en Buenos Aires. Una eventual negociación sobre la moneda común necesitaba entonces de dos condiciones: que Cavallo no estuviera en el Palacio de Hacienda de la Argentina y que, antes o durante la negociación, se abandonara aquí la convertibilidad.

El gobierno de Brasilia ha dicho mediante muchos voceros que ahora, cuando Cavallo ya no está y la convertibilidad fue desmantelada, el Mercosur podría recobrar vida y la relación argentino-brasileña alcanzar su pico más alto de éxtasis. ¿Pero está dispuesto Brasil ahora a negociar la moneda común? Si fuere así, ¿le conviene a la Argentina en las actuales condiciones?

Es más que evidente que Brasil está interesado en que la crisis argentina se resuelva cuanto antes. Le preocupa no sólo el contagio financiero si la Argentina siguiera descendiendo, sino también ­y fundamentalmente­ el contagio de una política inmanejable en el año en que se decide la sucesión del presidente Fernando Henrique Cardoso.

Pero esa intención podría distar mucho de la moneda común, a pesar de que todas las declaraciones públicas refieren a ella con entusiasmo. Una de las consecuencias ingratas de la devaluación local es que la Argentina se encontrará con un PBI mucho más pequeño, medido ­como se tiene que medir- en dólares. Brasil podría preguntarse, legítimamente, si le interesa unir su moneda a un país que tiene ahora, con suerte, sólo 30% de su PBI.

En el otro lado, la propia Argentina podría interrogarse sobre su conveniencia de hacer una moneda común no como culminación de un proceso racional de integración (como fue el euro en Europa), sino como consecuencia de que le fallaron todos los mecanismos internos de control del tipo de cambio. Otra vez el coletazo de un fracaso eventual: ¿se podría salir de una derrota de la devaluación huyendo a ciegas hacia un proyecto inestable e imprevisible?

La dolarización sería, en todos los casos, una convertibilidad nueva. Tendría una única ventaja: los argentinos se reencontrarían en el acto con la estabilidad de la economía. La peor desventaja es, debe decirse, que la Argentina tendría que resignarse a exportar petróleo y trigo por el resto de su existencia. El corset de otra convertibilidad le volvería a quitar competitividad a sus productos manufacturados y la dejaría a expensas de las exportaciones que se comercializan en dólares en el mercado internacional. Tan sencillo como eso.

El actual ministro de Economía ha expuesto, antes de ocupar el cargo, el mejor argumento político contra la dolarización: ningún país serio del mundo tiene dolarizada su economía, escribió pocos meses antes de asumir la conducción del Palacio de Hacienda.

Desde 1999, por lo menos, los sectores políticos que manejan la economía norteamericana (fundamentalmente el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal) le vienen proponiendo a la Argentina la dolarización de la economía. Lo hizo en su momento Larry Summers, el último secretario del Tesoro de Bill Clinton, y lo hizo mucho después Alan Greespan, el eterno jefe de la Reserva Federal. Han llegado, inclusive, a proponer jugosas compensaciones al país.

En la última conversación de Cavallo con Paul O”Neill, actual secretario del Tesoro, y con Greespan, en Ottawa en noviembre pasado, el tema volvió a ser planteado por los imponentes funcionarios de Washington. Cavallo, que ya no le encontraba salida al laberinto argentino, les pidió entonces un tratado entre los dos países que implantara la dolarización en la Argentina. Los norteamericanos quedaron en contestar, pero Cavallo se fue del poder pocas semanas más tarde.

El fracaso de la flotación lo llevaría a Duhalde ­o a quien fuere- a la necesidad de una solución conmovedoramente simple: la dolarización dejará tranquila, de inmediato, a la sociedad local y al gobierno de los Estados Unidos. ¿Lo hará el propio Duhalde?

Duhalde es un peronista y como tal sólo se obstina en la conservación
del poder, aún cuando deba aceptar una receta que pertenece a su archienemigo
Carlos Menem. Aún, también, cuando deba enterrar para siempre
su sueño de ser el primer arquitecto de una Argentina productiva y exportadora.