Según datos oficiales, la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura aportaron el año pasado 5,8% del Producto Bruto argentino. En el país hay, aproximadamente, 25 millones de hectáreas sembradas por unos 400.000 productores, que cosechan 60 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, entre muchas otras variedades. El mercado argentino de herbicidas, insecticidas y fungicidas registra ventas por US$ 620 millones al año.
El peso del campo en la economía argentina puede apreciarse desde otros puntos de vista. Juan Carlos Tejada, director de la consultora especializada en estudios de mercado Sondeo/Jefferson Davis, observa que “en la sociedad existe la idea subyacente de que, si al productor agrario le va bien, al resto también, debido a que moviliza importantes sectores de la economía. Y si le va mal, también le irá mal al resto”. Una cuenta simple ayuda a reforzar esa noción: por cada 10 millones de toneladas de granos que se producen, se generan 566.000 viajes de camiones al año.
Aquello de que “una buena cosecha nos salva” volvió a instalarse, con su influjo mágico, en los últimos meses, y a pesar de las inundaciones. Aun en los estratos más sofisticados de la opinión pública, suele escucharse decir, con insistencia creciente, que el campo es el sector con mayores posibilidades de sacar a la Argentina de la recesión.
Tejada opina que, desde el punto de vista político, la capacidad de lobby de los productores “es muy baja, más allá de algún tractorazo, o tirada de leche o de frutas a la banquina. Su influencia es mucho menor que la de varios sectores de la industria y de los servicios, debido a la cantidad de gente que participa directamente en cada actividad. Además, el productor agrario, por su forma de vida, se desenvuelve de manera más aislada que el resto de la gente”.
Ernesto Ambrosetti, economista senior del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, aporta un dato elocuente: “El campo emplea a más de 1,5 milón de personas y la productividad del sector aumenta año tras año. Es el más competitivo de la economía argentina”.
La Argentina, enumera Ambrosetti, es el principal exportador y productor mundial de aceite y harina de girasol, ocupa un lugar en el podio de los exportadores globales de aceite y harina de soja, y de peras. Y es el primer productor mundial de jugo concentrado de limón
“Mientras los productores argentinos no reciben ningún tipo de subsidio, los estadounidenses desembolsaron el año pasado US$ 21.000 millones en subsidios, y la Unión Europea otros US$ 17.000 millones. Si a éstos se suman los subsidios entregados por Suiza, Noruega, Islandia y Japón, durante el 2000, se llega a US$ 361.000 millones, es decir, casi US$ 1.000 millones por día”, argumenta Ambrosetti.
De la necesidad a la virtud
“Los productores argentinos incorporan tecnología y cambian sus equipos para tener los mejores costos de producción porque, de otra manera, no podrían ubicar sus productos en ningún mercado. Son, sin duda, muy competitivos”, concuerda Eduardo López Mondo, director de Tecnología de Monsanto.
López Mondo aporta otros ejemplos acerca de cómo enfrentan los productores argentinos la competencia de los agricultores fuertemente subsidiados. “En España, un productor recibe cerca de US$ 400 por hectárea una vez que da prueba de que las sembró a la administración que lo controla. El productor medio argentino puede tener, con viento a favor, un margen bruto de US$ 200 por hectárea. Es decir que el productor europeo recibe en subsidios el doble, sólo por sembrar. En Estados Unidos, los productores tienen asegurado un precio mínimo de US$ 194 por hectárea de soja, mientras que el productor argentino depende del péndulo del mercado. Hace unos meses, la soja llegó a cotizar cerca de US$ 145 la hectárea”.
Los consultados para la elaboración de este informe coinciden en que este contexto mundial es el que lleva a los productores argentinos a incorporar nuevas tecnologías con suma velocidad.
Ejemplo de ello es la rápida adopción de la siembra directa. López Mondo explica que, a mediados de la década del ´70, en la producción de la soja se requería un promedio de siete labores (arado y refinado, entre otras), lo que involucraba un consumo intensivo de potencia por hectárea, tractores cada vez más grandes, de 300 caballos de fuerza, que hasta necesitaban articularse para tener maniobrabilidad.
Pero a partir de 1985 la siembra directa modificó este proceso y redujo a dos las labores necesarias para la producción de la soja. “Sólo se requiere una sembradora, una pulverizadora y tractores de 100 CV o 120 CV. Esto produjo una menor necesidad de inversión en equipamiento (básicamente tractores) y, por otro lado, se desarrolló mucho la industria de las sembradoras que tiene un componente nacional muy importante. Las máquinas sembradoras argentinas, por diseño y estabilidad, están entre las más competitivas del mundo”, afirma López Mondo.
Aproximadamente 50% de los campos sojeros argentinos están sembrados de esta manera, cuando en Europa la proporción es de menos de 5% y en Estados Unidos, 30%. “Esta diferencia surge por una búsqueda de eficiencia y competitividad. Al no recibir subsidios, los productores tienen que ser cada vez más competitivos si quieren sobrevivir”, asegura el directivo de Monsanto.
El nuevo productor
Para Juan Carlos Tejada, los cambios que se registraron en el sector sirvieron para dibujar un nuevo perfil de productor.
- Es un empresario cada vez más enfocado en el resultado económico
de cada actividad. A ello contribuyen la baja oferta de créditos accesibles,
las demandas impositivas crecientes y la necesidad de ganar competitividad
bajando costos. - Se aplica cada vez más tecnología en insumos (semillas de
genética más evolucionada, herbicidas e insecticidas más
específicos y efectivos, maquinaria más eficiente, fertilizaciones)
y se invierte en gerenciamiento, manejo y control de gestión (participación
de profesionales especializados en administración, nuevas tecnologías
y manejos de cultivos). - En contrapartida, aumentan las extensiones de los grandes establecimientos
o empresas que manejan las hectáreas que dejan los pequeños
productores que se retiran a otras actividades, o se asocian a los grandes
para no desaparecer. También se gestan asociaciones entre varios productores
de menor superficie. - Las grandes empresas aplican tecnología de última generación
en forma intensiva como el recurso por excelencia para lograr escala y productividad
con poco personal bien capacitado. - La ganadería fue desplazada por la agricultura de las regiones con
suelos y climas más aptos para la producción de grano. La siembra
directa permitió y permite practicar agricultura permanente manteniendo
y mejorando la condición del suelo. - El crecimiento de la siembra directa como sistema de producción
de cada vez más cultivos se ha mantenido muy fuerte y definido. Los
cultivos conducidos bajo sistema de siembra directa permanente ocupan en la
actualidad más de 30% de la superficie cultivada. - Puede decirse que es impensable lograr rentabilidad en soja sin la tecnología
basada en siembra directa y las variedades RR. Si se aplicara la tecnología
de principios de los años ´90, la soja no sería el principal
cultivo generador de divisas genuinas. - En áreas de menor productividad (por ejemplo, sudoeste de Buenos
Aires) aparecen producciones orgánicas de granos y carne. Son zonas
donde la inversión en tecnología no logra la respuesta necesaria
debido a limitaciones de suelo y clima. Entonces, en esos lugares se mejora
el resultado del negocio con el desarrollo de producciones libres de químicos.
La clave pasa a ser la comercialización y el desarrollo de mercados
capaces de pagar la diferencia de costos debido a la menor productividad (Europa,
sobre todo).
Del tractor a la PC
Para Carlos Becco, director de Marketing de Monsanto, hay que tener en cuenta que los principales productores, exportadores y competitivos, se reducen a una lista de 30.000. “Esos son los productores que invierten en tecnología y cuyo perfil es distinto del que la mayoría tiene en mente: no se levantan antes del alba para subirse al tractor y mirar el campo, sino que desde su computadora controlan las cotizaciones del mercado de Chicago y la cuenta corriente del banco. Su trabajo es gerencial y están más atentos a los precios, que al color de la soja”.
Un observador del sector que prefirió mantener en reserva su identidad señala que otro dato importante a tener en cuenta en la génesis de este nuevo empresario rural es que, en la provincia de Buenos Aires, sólo 15% de la deuda de los productores está en manos de los bancos (básicamente Nación y Provincia), mientras que 65% de la financiación para la producción se realiza a través de las empresas proveedoras, que son las que comparten los riesgos. Según su visión, buena parte de la producción se concentra en 2.000 hombres de negocios, que controlan en promedio más de 10.000 hectáreas cada uno; en muchos casos optan por arrendar los campos en distintas zonas para reducir el riego climático y las demandas de inversión.
“El campo es tan competitivo que es el único sector que no pide devaluación”, destaca el especialista Héctor Huergo, quien actualmente es editor del suplemento Rural del diario Clarín y estuvo al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). “El campo es socio de los proveedores y, por ello, no tiene problemas de tasa de interés”, señala.
Para Tejada, entre las cuestiones pendientes que los productores deben resolver se destacan las siguientes: la comercialización de la carne, cambiando la media res por un sistema de cortes menores para mejorar la distribución, ajustes en la comercialización de granos con uso más intensivo de los sistemas que hoy ofrecen los mercados, mejoras en los sistemas de acopio de granos en origen para mejorar los márgenes de comercialización al bajar los costos de fletes y mejorar los precios de compra y diferenciar por calidad de producto.
Regular para desregular
Ambrosetti, por su parte, cree que la competitividad del campo argentino es indiscutible tranqueras adentro. “Pero, cuando la producción sale, se encuentra con altos costos de infraestructura y un fuerte peso impositivo”. Por ejemplo, el remolque de un buque granelero en el puerto de Buenos Aires demanda US$ 18.000, mientras que en Estados Unidos el costo es de US$ 4.000 y en Australia, US$ 3.800.
“Es necesario regular para desregular los sectores de combustibles, energía, transporte y peajes, para que de esta manera, los productores puedan ganar competitividad”, sostiene el economista de la Sociedad Rural. “Además, en materia de transporte, es necesaria una política estratégica que desarrolle la multimodalidad, en donde los trenes se integren más a otros medios”, recalca.
La Argentina tiene grandes oportunidades de agregar valor a sus producción primaria, afirma Ambrosetti. “Hay una tendencia en los países más ricos a consumir productos seguros. Luego del mal de la vaca loca el consumo de carne no se ha recuperado en Europa. También hay nuevas oportunidades en productos orgánicos y ecológicos”.
La tierra siempre está
“El campo es el único sector que produce lo que quiere y tiene quien se lo compre”, dice Becco. “El precio puede variar, pero siempre se vende y siempre se compra. El productor puede cambiar, pero la tierra está allí y hay una capacidad instalada creciente. Por eso, en medio de la recesión, el campo es un sector privilegiado.”
Cuando se les preguntó a los entrevistados para este informe si efectivamente el campo es el sector en mejores condiciones para sacar a la Argentina de la recesión, la respuesta fue una unánime afirmación. Huergo apunta que, si bien la producción se verá resentida y tal vez no se llegue a otro récord de cosecha, la competitividad del sector sigue intacta.
Al cierre de esta edición se contabilizaban cerca de 6,5 millones de hectáreas inundadas y las pérdidas sumaban US$ 1.000 millones sólo en granos.
Marcelo Fielder, secretario ejecutivo de la Comisión de Acción Política y Económica de la Sociedad Rural Argentina, trabaja en la coordinación de las iniciativas sobre el control de inundaciones. Para él, “esto se resuelve controlando el agua. Reuniéndola para las épocas de sequía y encauzándola cuando vienen las lluvias”.
Fielder explica que no sólo hace falta infraestructura, sino una coordinación política entre las provincias para desarrollar esta estrategia. “Sólo en algunos estados provinciales existen los comités de inundaciones. En la provincia de Buenos Aires no existen, a pesar de que es una de las más afectadas por este fenómeno”.
En opinión del especialista, hay que tener en cuenta que, lo peor de las inundaciones no es la pérdida de producción del campo, sino la pérdida de actividad económica. “Muchos de los comerciantes de las zonas inundadas quizá nunca vuelvan a abrir las puertas de sus negocios, en tanto que los productores volverán a sembrar y harán parir sus vacas más adelante”.
Sin red
De los 25 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, sólo tres millones están aseguradas y los seguros agrícolas que ofrecen las compañías concentran básicamente su atención en la cobertura de las pérdidas provocadas por el granizo.
Los seguros que cubren pérdidas de producción ocasionadas por diversos factores climáticos se desarrollaron recién en estos últimos años, así como otras formas de aseguramiento a través de los proveedores de insumos.
La seguridad de los 400.000 productores argentinos se asienta en las cosechas que esperan producir. Ciertamente, el fracaso de una cosecha es una situación muy difícil de superar, de allí que resulta paradójica la baja predisposición a la adquisición de los productos disponibles en materia de seguros. En la mayoría de los países que cuentan con un sector agropecuario relevante, las emergencias ocasionadas por fenómenos impredecibles y generalizados tienen respuestas por parte de los gobiernos, que garantizan, en principio, una indemnización básica por las pérdidas reales de producción.
La Organización Mundial del Comercio admite una protección a los ingresos de los productores, la Ronda Uruguay pone especial énfasis en garantizarlos y sostiene el principio de que debe existir una asistencia en el caso de catástrofes.
A tono con este pronunciamiento, la Unión Europea actúa en ese sentido a través de diferentes mecanismos de seguros de catástrofes. Lo mismo hacen Estados Unidos, Canadá y algunos países latinoamericanos, mientras que en la Argentina no se está usando ninguna de estas herramientas.
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