A veces se tiene la impresión de que la sociedad argentina vive un estallido de preocupación por el ambiente y por los problemas ambientales. Parece que la gente habla mucho del tema, que se lo trata en las aulas y en los programas de televisión. Pero es una impresión engañosa, a menos que se piense que el medio ambiente se reduce a cuestiones como el arbolado urbano, las plazas, las ballenas, los jaguares y los pingüinos.
Las autoridades públicas, por su parte, parecen haber percibido siempre la cuestión ambiental como una limitante para el desarrollo. En el mejor de los casos, como una oportunidad para conseguir recursos monetarios de fondos internacionales, y para dar, de paso, una imagen verde a su gestión, ya que el tema tiene trascendencia internacional. En realidad, el desinterés es completo.
Uno de los ejemplos más significativos de la desconsideración por los problemas ambientales, es el referido a las previsiones o a la falta de ellas con respecto al manejo del agua, que transitoriamente causa inundaciones, pero que también, por defecto, ha causado y seguramente volverá a causar sequías. Se padecen hoy deterioros ambientales de elevadísimo costo por exceso de agua tanto en la zona rural como en la urbana, por agua superficial y por elevación de la napa de agua.
Las inundaciones en el litoral del Paraná y en la cuenca del Salado son noticia cada vez más frecuente. El año pasado, estimaciones muy moderadas indicaban que las inundaciones de las regiones del sur de Santa Fe, de Córdoba y del noroeste de la provincia de Buenos Aires, generaron quebrantos económicos, sólo en el sector rural, del orden de los $ 1.000 millones. Habría que agregar a esa suma el inmenso deterioro de la infraestructura de las poblaciones afectadas, los caminos, las vías férreas, y otros de los que todavía no han trascendido evaluaciones.
Nada de ello obstó para que, como tomó estado público en noviembre pasado, se suspendieran por razones presupuestarias las mediciones hidrometeorológicas, a pesar de que ellas son las que permiten predecir inundaciones y sequías. La falta de recursos aducida extenderá la suspensión de las mediciones, hasta donde se sabe, también al 2001. No parece ocioso recordar que, por razones de cambio climático, se prevé que los ciclos de inundación y sequía sean cada vez más agudos.
La elevación de las napas de agua en el conurbano bonaerense, por su parte, afectan a casi dos millones de personas, cantidad que tiende a aumentar a medida que las causas de la elevación de las napas se agudizan. Como consecuencia, hay un incremento muy importante del riesgo sanitario, provocado por el contacto de las napas con los pozos ciegos, a la vez que se ven afectados los cimientos de los edificios, el asfalto y la infraestructura en general. La causa más directa de la elevación de las napas en el conurbano bonaerense, y la que podría haberse prevenido y mitigado, es el reemplazo de la provisión de agua a la población desde el acuífero Puelches por el proveniente del Río de La Plata a través de ríos subterráneos, autorizado a Aguas Argentinas por el gobierno menemista sin el correspondiente tendido de redes cloacales y sin ninguna tarea de asesoramiento a la población. Ocurrió entonces que las napas volvieron a su nivel histórico antes de que fueran deprimidas por la extracción, y fueron también enriquecidas por los efluentes cloacales que tienen como destino los pozos ciegos. Además, como la población accede al recurso con más facilidad, diversas estimaciones muestran que el consumo por habitante se acrecentó hasta el doble. Sin embargo, se siguen inaugurando ríos subterráneos.
La polémica Secretaría
Carlos Menem creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano justo antes de que, en julio de 1992, se celebrara en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Eco/92, la más amplia y numerosa asamblea internacional reunida hasta ese momento para tratar la problemática ambiental.
Muchos creen que los objetivos de la medida presidencial estaban más relacionados con la intención de limitar la acción de las Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales y con la oportunidad de conseguir la remesa de importantes fondos de origen internacional, que con el auténtico propósito de incorporar la sustentabilidad ambiental al desarrollo, o de insertar a la Argentina, desde la perspectiva ambiental, en el proceso globalizador en gestación. La elección de María Julia Alsogaray para desempeñarse al frente de la Secretaría parece darles la razón.
Baste recordar que la propia titular del organismo se opuso a la incorporación de la temática ambiental a la Constitución Nacional en la Constituyente de 1994, y boicoteó la incorporación del tratamiento de los derechos difusos y el pago por daños ambientales. Alsogaray fue también responsable, entre otras cosas, de los llamados a licitación de servicios turísticos en parques nacionales incompatibles con su función de preservar los ecosistemas y el patrimonio genético, y de una particularmente desafortunada gestión en el saneamiento del Riachuelo. Ciertos contratos avalados por la funcionaria en relación con esas tareas le valieron precisamente una de las numerosas causas judiciales por corrupción que se le siguen.
El gobierno de Fernando de la Rúa, por su parte, ha tratado a los temas ambientales con indiferencia. No fueron un ítem importante de su plataforma electoral, y lo son mucho menos de su gestión de gobierno. Una de sus primeras medidas fue la de restar jerarquía a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dependía de la Presidencia, para incorporarla al Ministerio de Desarrollo Social.
Frente a los graves problemas, ya reseñados, de las inundaciones, la única solución que aparece a la vista es la construcción de obras hidráulicas, en lugar de un proyecto de manejo integrado de las cuencas hídricas, que considere también, por ejemplo, técnicas adecuadas de cultivo y urbanización en lugares no inundables.
Tampoco se muestra interés en el desarrollo de una de las fuentes de energía más importantes: la obtención de hidrógeno a partir del aprovechamiento de la energía eólica, especialmente en la Patagonia. A escala internacional, hay coincidencia en que el hidrógeno es el combustible del futuro, ya que su obtención puede ser inagotable, y su combustión es absolutamente no contaminante, aunque haya que avanzar todavía con los métodos de obtención, transporte y almacenamiento.
Algunos aspectos de la actual gestión de gobierno, no obstante, muestran síntomas alentadores, como la ejecución de programas de saneamiento básico y provisión de agua potable en poblaciones rurales periféricas, el inicio de la implementación de una política federal para el tratamiento de residuos peligrosos y el avance, aunque lento, en la legislación de presupuestos mínimos en consenso con las provincias.
En la ciudad de Buenos Aires se intenta, por una parte, incrementar la oferta en calidad y cantidad de espacios verdes públicos y mejorar el estado del arbolado urbano. Pero por la otra, se procura resolver el problema de los residuos sólidos urbanos mediante una planta de incineración en lugar de implementar un proyecto de recuperación y reciclado. Además, se urbaniza cada vez más sobre el río, se modifica el Código de Planeamiento Urbano para permitir la construcción de más viviendas, sin evaluar si los sistemas ambientales de la ciudad están en condiciones de soportarlo. Los tremendos daños que provocaron las lluvias del último verano en diversos barrios de la ciudad, están ahí, para que nadie se engañe.