Tradicionalmente la Argentina fue considerada un crisol de razas, en el que convergían gentes de los más diversos orígenes nacionales en busca de una tierra para afincarse definitivamente. Sin embargo, como señala la historiadora Hebe Clementi, investigadora del Conicet, mientras en los primeros treinta años del siglo XX la inmigración era básicamente europea, en sus postrimerías los nuevos inmigrantes, básicamente, son latinoamericanos. Aquellos primeros colonos llegaban fascinados por la ilusión del progreso. Los actuales, alentados por la esperanza de sobrevivir en un mundo globalizado y complejo.
Entre los años 1970 y 1980 llegaron 308.657 inmigrantes de los estados lindantes con la Argentina, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Migraciones. Las motivaciones pueden rastrearse en fenómenos de violencia política, como la instalación de dictaduras militares en el sur del continente, y por supuesto en sus consecuencias económicas.
En la década siguiente se observa una desaceleración en las cifras, pues ingresaron 165.087 ciudadanos de países limítrofes, siempre según los datos oficiales. Esas cifras, sin embargo, están “dos veces por debajo de los ingresos de ilegales al país”, según observa Hebe Clementi.
Al fenómeno de los migrantes limítrofes, en la última década del siglo hay que sumar las corrientes asiáticas de coreanos, laosianos, y en menor medida chinos, que llegaron en busca de nuevas posibilidades económicas. Además, la caída del socialismo real y las guerras entre etnias este y centroeuropeas generaron una nueva oleada de migrantes que huían de la destrucción de sus países de origen. Así, a comienzos de la década de los noventa los inmigrantes balcánicos precedieron a los provenientes de la ex Unión Soviética.
La norma que proporciona marco legal al asentamiento de extranjeros en la Argentina no es otra que la Ley General de Inmigración, conocida como ley Videla, obviamente sancionada durante la última dictadura militar. Con esa norma ingresó al país, por ejemplo, un contingente de cuatro mil laosianos que escapaban de su país en 1979. Veinte años después, la comunidad laosiana está radicada en Misiones en precarias condiciones y sin los derechos legales de un ciudadano argentino. En los dos últimos años se suscribieron acuerdos migratorios con Bolivia y con Perú, a fin de regularizar la situación de los indocumentados y de reducir los requisitos de ingreso al país, que generan altos costos en trámites e incuban arbitrariedades respecto de los ya vulnerables migrantes, víctimas del desarraigo cultural y familiar. Sin embargo, no existe un proyecto concreto de política inmigratoria desde el Estado.
Desempleo y falacia
Pero junto con las crisis de las economías regionales latinoamericanas y el fenómeno migratorio resucitaron las actitudes xenófobas y discriminatorias, a partir de un mito generalmente aceptado por el sentido común. “Los extranjeros quitan trabajo a los nativos y aumentan la desocupación”, suele ser la frase fantasma que recorre no sólo la Argentina de 14,7% de desempleados, sino también las economías desarrolladas del mundo. Sin embargo, un estudio realizado en 1995, con datos del Censo Nacional de 1991, por las sociólogas Silvia Montoya y Marcela Perticará, de la Fundación Mediterránea, indica que “el no ingreso de migrantes limítrofes durante cinco años, sumado a la redistribución de puestos de trabajo, lograría reducir la tasa de desempleo en el país apenas en menos de un punto”.
Es que en la Argentina la población extranjera económicamente activa equivale a 7% del total de habitantes. El índice es inferior a los niveles registrados en Francia, donde los extranjeros llegan a 11% de la población total, en Suiza, con 17%, y en Alemania e Inglaterra, con algo más de 9%. La participación de la población migrante entre la PEA (Población Económicamente Activa) creció hasta algo más de 9%, según el último censo nacional argentino.
Del total de migrantes externos que residen en el país, 43% proviene de países limítrofes: suman 498.740 personas. De ellas, 84%, es decir 421.016, se concentran en el Gran Buenos Aires. Pero más allá de los estudios e investigaciones económicas, las actitudes discriminatorias siguen partiendo de un falso nacionalismo en algunos casos fogoneado desde sectores de gobierno, aún teniendo en cuenta que en la última década apareció con más fuerza el fenómeno globalizador y las economías por bloques regionales.
El Tratado de Asunción, firmado en 1991, y el Protocolo de Ouro Preto, de 1994, son los dos pilares sobre los que se organizaron los acuerdos comerciales entre los cuatro países miembros del Mercado Común del Sur. Sin embargo, no existen criterios a la hora de evaluar la importancia de lo que se ha dado en llamar el Mercosur social, donde deberían estar incluidos los aspectos legales de la migración regional.
En su ponencia ante el seminario La migración internacional en América latina en el nuevo milenio, realizado en Buenos Aires entre el 2 y el 4 de noviembre de 2000, el chileno Jorge Martínez Pizarro, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) apuntaba algunas consideraciones en torno de la cuestion social y laboral en el Mercosur.
“Las iniciativas se relacionan con la adopción de mecanismos de discusión sobre la circulación de trabajadores, la migración laboral, la seguridad social, los servicios, las acreditaciones profesionales y la seguridad nacional. Dos aspectos particularmente relevantes son la creación de un Observatorio de Mercado de Trabajo y la ejecución de un Proyecto de Estatuto del Trabajador Migrante. El primero persigue disponer de información sobre legislación, estadísticas migratorias y condiciones de trabajo, que permitan conocer las tendencias de la circulación de trabajadores. El segundo busca desarrollar un estatuto protector basado en las convenciones internacionales suscriptas por los estados partes y que, en su mayoría, reflejan normas vigentes. Una vez superados todos los pasos para su adopción, el estatuto debería convertirse en un protocolo del mercado común y con los alcances previstos para tales instrumentos en el Protocolo de Ouro Preto. El tratamiento de la dimensión social en el Mercosur y, dentro de ella, la migración, es una cuestión compleja. Al parecer, deberemos esperar un tiempo prudente para una evaluación adecuada”, reflexiona Martínez Pizarro.