Los chicos no pasan al frente

Las charlas cotidianas sobre temas que integran la amplia agenda de males nacionales suelen concluir en un lugar común: “Bueno, es un problema de educación”. La fórmula sirve para explicar hasta lo inexplicable y no faltan pícaros que apelan a ella para achacarle al sistema educativo responsabilidad en asuntos que le son totalmente ajenos; por ejemplo, la marcha de la economía.

Si ese puñado de palabras resulta tan concluyente como para marcar el fin de una conversación y tan convincente como para que se venda gato por liebre, es porque existe entre los argentinos una profunda y añeja preocupación por una debacle educativa que se inició cuando la mayoría de ellos aún no había nacido.

La verdad es que la sospecha generalizada acerca de que algo andaba muy mal en la escuela tuvo su confirmación oficial a mediados de la última década, cuando la cartera educativa nacional lanzó sus operativos anuales de evaluación de calidad, que ratificaron lo sabido: los chicos aprenden mal y poco. Pero por su propia naturaleza, la información recogida por los evaluadores no sirvió para revertir el deterioro de la educación en general y de la educación básica en particular.

Cuando se habla de EGB

La educación básica es el proceso por el cual una persona incorpora el conjunto de saberes y valores necesarios para integrarse como ciudadano a un modelo social determinado. Alcanzar tal objetivo depende de dos variables fundamentales: el tiempo que se dedica a aprender y la valoración social de lo aprendido.

La variable tiempo depende del nivel de complejidad alcanzado por la sociedad: a medida que éste aumenta, el ejercicio de la ciudadanía se torna más complicado y multifacético, los saberes requeridos a quien pretende integrarse a la sociedad se incrementan y adquirirlos demanda cada vez más tiempo. Por ejemplo, en la Argentina de 1884, la ley 1.420 estimó que formar al futuro ciudadano requería una educación básica de siete años e impuso la obligatoriedad de una escuela primaria con esa duración.

La convulsión que ocasionó la Segunda Guerra Mundial revolucionó el conocimiento, modificó la tecnología productiva, trastrocó éticas y estéticas y redefinió las relaciones sociales. Todo ello hizo más compleja a la sociedad de posguerra y afianzó la tendencia a extender la duración de la educación básica, que en los países más adelantados comenzó a demandar alrededor de diez años.

En la Argentina y a contramano de la historia, el dictador Juan Carlos Onganía intentó, en 1968, reducir la educación básica a cinco años. La resistencia docente lo impidió; pero hubo que esperar hasta 1993 para que la legislación se pusiera a tono con la demanda social y la educación básica y obligatoria se extendiera a diez años: uno de nivel inicial y nueve de la llamada educación general básica.

Ya por entonces se consideraba, no obstante, que la educación básica debía incluir ­al menos­ los tres años correspondientes al nivel polimodal. Si a esto se agrega el reclamo de quienes entienden que los niños ­en especial los más humildes­ deben comenzar el nivel inicial a los tres años, se estaría ante una pretensión máxima de quince años de educación básica para niños de 3 a 17 años. Al llegar a este punto, cabe preguntarse: ¿cuántos niños acceden en la Argentina de hoy a este tiempo educativo?

Adentro y afuera

Sin duda, la cobertura educativa ha crecido durante las últimas décadas. Entre 1970 y 2000, mientras la población con edad para cursar el nivel inicial se incrementó en 44%, la cobertura lo hizo en 400%. Para el nivel primario el crecimiento poblacional fue de 48% y de 52% el de la cobertura; y en el nivel medio, de 51 y 151%, respectivamente.

A pesar de ello, muchos chicos quedaron afuera del sistema. Mediciones difundidas en 1998 por el Ministerio de Educación contabilizan casi nueve millones de niños en las aulas de los tres niveles, incluyendo a quienes, por su condición de repitientes o por su ingreso tardío superaban la edad prevista para completar la educación básica. Por su parte, proyecciones poblacionales del Indec señalan que viven en el país unos 10,2 millones de niños de entre 3 y 17 años. Es decir que dar educación básica a todos los que están en edad de recibirla exigiría ampliar la cobertura del sistema en 15%, con esfuerzos de diferente intensidad en los distintos niveles educativos.

En el caso del nivel inicial, los conteos indican que en 1997 atendía a 1,15 millón de niños sobre una población de 2,1 millones. A la sección conocida como salita de tres años concurrían 153.897 alumnos; a la de cuatro, 299.291, y a la de cinco, 692.731.

Si se dividiese a la población en edad para el nivel en tres segmentos equivalentes, resultaría que la sala de cinco años estaba a punto de universalizarse; pero que sólo 43% de los potenciales alumnos concurriría a la sala de cuatro y apenas 22% a la de tres.

Pero estos porcentajes ocultan las diferencias regionales. Mientras que en el conjunto que conforman la capital federal y la provincia de Buenos Aires la concurrencia a las salas de tres y cuatro años equivale a 50 y a 73% de la matrícula de la sala de cinco, en el resto del país esta relación apenas alcanza a 5 y a 25% respectivamente.

Por su parte, la escuela primaria destinada a niños de entre 6 y 12 años atiende a 5.2 millones de alumnos, 500.000 más que los que compondrían esa franja etaria. Esto es así porque 22,4% del alumnado registra sobreedad; es decir, se trata de chicos tardíamente escolarizados, repitientes o que por distintas razones se reintegraron a la escuela tras abandonarla temporalmente.

Descontando a los chicos con sobreedad que concurren a la escuela primaria, la matrícula resultaría coincidente con la proyección poblacional de la franja etaria correspondiente; es decir que la cobertura escolar entre los 6 y los 12 años estaría a punto de alcanzar el ideal de 100%. Faltaría aún garantizar que todos la terminaran y, lo que sería mejor, que lo hicieran a tiempo.

Para el nivel medio existe una demanda potencial de 3,3 millones de niños que actualmente tienen entre 13 y 17 años; pero sólo están matriculados 2,5 millones, número que incluye, al menos, a 100.000 alumnos con sobreedad que cursan quinto año. Aunque faltan precisiones sobre el número de quienes, teniendo la edad adecuada, no concurren a la escuela secundaria, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec estimaba que en los mayores conglomerados urbanos, que cobijan a casi dos tercios de la población nacional, existirían unos 400.000 niños en edad de escolaridad media que no concurren a ningún establecimiento educativo.

Aun con la buena performance de la escuela primaria, los déficit de los demás niveles harían que un mínimo de 1,5 millón de niños estuviese excluido de la educación básica. La cifra es por demás significativa en términos de recursos económicos: en su retirada, la gestión de Carlos Menem informó que el país invertía US$ 1.600 anuales por alumno; incorporar a los excluidos demandaría un mínimo de US$ 2.400 millones anuales, monto equivalente a 20% de lo que actualmente invierten la Nación y las provincias en educación.

De resultados, poco

Además de su deficitaria cobertura, la educación básica argentina venía siendo objetada por sus resultados. A tal punto era así que en 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín decidió abordar la problemática convocando al Congreso Pedagógico Nacional que, aunque abierto a toda la población, registró mayor presencia organizada de sectores conservadores y confesionales, cuyas visiones tiñeron buena parte de las conclusiones finales.

Tales conclusiones, que entre otras cosas tendían a diluir la intervención del Estado en la educación, resultaron funcionales a dos controles impuestos lejos de las aulas pero que repercutirían en ellas: el control ideológico que impuso el Consenso de Washington para auspiciar la reducción del Estado, y el control económico que sobre las economías nacionales aplicaron los organismos internacionales de crédito para asegurar el cobro de las deudas externas.

Ambos controles usaron las conclusiones del Congreso Pedagógico para legitimarse ante el debate pedagógico local, y sus cultores diseñaron un nuevo horizonte educativo hacia el que se empezó a rumbear por medio de las leyes de Transferencia y Federal de Educación, y de la transformación educativa que de ellas devino.

Mediante la primera se transfirieron escuelas nacionales a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, iniciándose así el camino hacia una descentralización de las responsabilidades educativas que, según expresan sus más firmes propulsores, aún no ha concluido.

Por su parte, la Ley Federal de Educación redefinió al sistema educativo, fijó sus objetivos, repartió responsabilidades entre el Estado nacional y los provinciales, diseñó una nueva estructura educativa e impuso un compromiso aún incumplido en materia de financiamiento.

Las opiniones acerca de estas medidas varían según quienes las emitan. Sus apologistas exhiben logros poniendo sobre la mesa pruebas tales como el aumento de la matrícula en la educación básica, el reingreso de alumnos que habían desertado y el mejoramiento de la edificación escolar. Sus detractores, en cambio, ponen el acento en el caos que ­dicen­ reina en la aplicación de la nueva estructura. “Sólo en Santa Fe y Mendoza ­sostienen­ coexisten tres o cuatro sistemas diferentes”, en la primarización de lo que eran el primero y segundo año del nivel medio, en el fracaso del festival de cursos con que se pretendió actualizar a los docentes y en un modo de evaluar que ­aseguran­ pretendía poner la culpa del fracaso escolar en maestros y profesores.

Ajenos a este debate, los chicos dicen que la escuela los aburre. Por su parte, maestros y profesores exponen su frustración ante la falta de interés y dedicación de sus alumnos, la ausencia de logros y la desvalorización social de su profesión. En tanto, a nivel popular persiste la ya vieja sensación de que “los chicos aprenden cada vez menos”.