DOSSIER |
Ilustración: Matías San Juan
.Por Eduardo Levy Yeyati (*)
Es que los nueve años posteriores a la crisis de 2001/2002 acumulan aspectos positivos y negativos. En el haber, medidas implementadas en los primeros meses de 2002 en respuesta a la crisis financiera, como la devaluación y la pesificación, las retenciones a las exportaciones, la licuación de pasivos domésticos y el default de pasivos externos, generaron un patrón de superávits gemelos, que los Gobiernos posteriores intentaron preservar.
Además, la transferencia de riqueza del trabajo al capital, producto de la licuación de pasivos empresarios y de costos laborales, posibilitó rentabilidades extraordinarias que fondearon la inversión a pesar de la declinante contribución del sistema bancario al crédito comercial. Todo esto, aunado a la recuperación de una recesión que en 1999/2001, contrajo el producto en más de 20% y a una demanda global en ascenso, contribuyó a un crecimiento económico que superó con creces las expectativas de los analistas y del propio Gobierno.
Sin embargo, el paso del tiempo fue erosionando los superávits gemelos y evidenció los límites de una estrategia que priorizó la estabilidad financiera de corto plazo a costa de un camino de desarrollo sostenible. El crecimiento del gasto público (superior con creces al del Producto Bruto Interno –PBI–), esencial para la mejora distributiva y la generación de apoyos políticos, eliminó el superávit fiscal. La inflación creciente, fogoneada por las políticas expansivas, la inflación mundial de alimentos y las crecientes prácticas indexatorias, y profundizada por la ausencia de estadísticas confiables, aceleró la apreciación real y contribuyó a reducir el superávit externo.
La erosión de los superávits gemelos no es el único efecto de la inflación, que en gran medida también licua el impacto positivo de las políticas de protección social. Además, la menor competitividad externa derivada de la acelerada apreciación real pesa sobre la industria de sustitución de importaciones y deprime la creación de empleo industrial calificado.
Indexar precios y salarios
En los últimos tiempos, se ha consolidado una inflación inercial asociada con la puja natural entre capital y trabajo en un contexto de expectativas de inflación en alza. Con la reducción del precio de los bienes primarios y la contracción de la demanda doméstica resultado de la crisis mundial de 2009, la inflación genuina no descendió por debajo de los dos dígitos. En este contexto, la ausencia de un IPC creíble exacerba el problema inercial, porque inhibe a las partes a negociar acuerdos contingentes a una inflación futura, que un IPC sospechado no permite verificar.
La inflación actual es, en gran medida, fruto de un problema de coordinación adversa: a falta de pautas de inflación futura, empresas y sindicatos tienden a indexar precios y salarios a la tendencia de la inflación pasada. Y, así, la perpetúan. En un contexto de inflación inercial como el actual, el enfoque convencional de atacar la inflación solo con aumento de tasas o recortes de gasto impondría un costo desmedido en términos de actividad económica.
En cambio, una parte importante de este costo podría ahorrarse con una concertación alrededor de una nueva pauta de inflación creíble y verificable. Naturalmente, la existencia de una política monetaria consistente que priorice una pauta de inflación es condición sine qua non; de lo contrario, difícilmente se tendría margen para moderar las expectativas de inflación y negociar aumentos salariales en línea con ellas.
Por otro lado, si bien una política monetaria laxa no explica los niveles de inflación por arriba de 20%, contribuye a convalidarlos. En suma, concertación y política monetaria antiinflacionaria tomadas de manera independiente son insuficientes: ambas se complementan y necesitan mutuamente.
La puja entre crecimiento e inflación es, en el mediano plazo, un falso dilema. El objetivo no debería ser ni el recalentamiento ni la inflación cero, sino un crecimiento sostenido con estabilidad de precios. Si la inflación actual es, en gran medida, fruto de la indexación de precios y salarios a la inflación pasada, la velocidad del descenso de la tasa de inflación dependerá del éxito en reducir expectativas inflacionarias.
Dada la pérdida de credibilidad de la producción de estadísticas y de la autoridad monetaria en este frente, se debería apuntar a una desaceleración gradual de la inflación, con pautas para alcanzar niveles semejantes a los de países emergentes o avanzados (por debajo de 5%) en un lapso de tres a cuatro años. Así se daría tiempo a generar confianza en la población, se minimizaría el costo económico del proceso y se reduciría el riesgo de desvíos que solo contribuirían a menoscabar la credibilidad de la autoridad monetaria.
¿Por qué reducir la inflación a un dígito en lugar de estabilizarla en 20%? Porque este 20% se beneficia de dos factores que son insostenibles en el tiempo: una apreciación real importante (de entre 10% y 15% anual), que ha venido erosionando el superávit comercial y que no tiene mucho más recorrido en el futuro; y una fijación de tarifas a expensas de subsidios crecientes que se han consumido el superávit fiscal. Una vez que el tipo de cambio deje de apreciar o las tarifas ajusten, la inflación se haría mayor y más volátil.
Eduardo Levy Yeyati
Política monetaria
Por su parte, la política monetaria juega un rol clave en la inversión y la agregación de valor. Si bien la protección cambiaria no sustituye a la política industrial activa, la complementa. El tipo de cambio competitivo fue pieza fundamental en las exitosas estrategias de industrialización y crecimiento proexportador del sudeste asiático, y en la estabilización financiera de las economías emergentes.
Ante la falta de un plan antiinflacionario, la apreciación real del tipo de cambio (que limita el alza del precio en pesos de los bienes importados) contribuye, junto con la política de tarifas y subsidios, a evitar que la inflación supere el umbral psicológico de 30%.
En este punto, el dilema es entre competitividad y crecimiento: las mismas políticas expansivas que generan un crecimiento por encima del potencial son las que elevan la inflación y aprecian el tipo de cambio real. Así, una política de tasas bajas o transferencias fiscales alimenta un boom de consumo que incrementa el bienestar social en el presente, pero eleva la inflación, encarece los precios locales en dólares y elimina anticipadamente la protección cambiaria, con lo que compromete el crecimiento, la generación de empleo y el consumo en el futuro.
Cuando las expectativas de apreciación se revierten, como a mediados de 2011, el ancla cambiaria tiende a actuar como herramienta procíclica, restringe la liquidez (mediante la venta de dólares) y eleva las tasas de interés. Por esto, un plan antiinflacionario que prescinda de la apreciación como instrumento de contención de precios contribuye a estabilizar el ciclo económico y a moderar el crecimiento presente a cambio de elevarlo en el futuro.
En este contexto, para ganarle a la inflación es necesario implementar un plan de estabilización de precios (PEP) en tres pasos. Primero, es clave recuperar la credibilidad del Indec e introducir de un nuevo IPC creíble. Segundo, es necesario un programa monetario con pautas de inflación realistas. Por último, es necesario concertar precios y salarios sobre la base de las pautas anunciadas por el Banco Central
Cualquier intento de moderar expectativas inflacionarias requiere de un indicador confiable de inflación para establecer metas y monitorear su cumplimiento. Un plan antiinflacionario comienza recuperando un IPC creíble. Y esto exige recuperar la independencia e idoneidad profesional del Indec.
La confección del IPC actual está sesgada en el muestreo y la alimentación de datos (se excluyen arbitrariamente precios que exhiben aumentos importantes), y en la metodología (se mide una canasta reducida de bienes y servicios que no representa el consumo del hogar promedio). Esto podría corregirse fácilmente con un nuevo IPC nacional (IPCN), asociado con una nueva canasta y con la mecánica de trabajo del Indec prevaleciente hasta fines de 2006.
El segundo ingrediente para estabilizar los precios apunta a recuperar la capacidad de la autoridad monetaria para combatir la inflación, para lo cual es clave reperfilar al Banco Central desde su rol actual de liquidador de divisas y fuente de financiamiento del Gobierno a su mandato natural de gestor de la política monetaria.
Metas y objetivos
En particular, el programa monetario debería contener metas y objetivos intermedios de inflación medida con el nuevo IPC, que sirvan como guía de las expectativas que luego se verán reflejadas en los acuerdos salariales y en la fijación de precios. La meta debe ser realista: el fracaso en alcanzar una meta demasiado ambiciosa conspiraría contra la ya menguada credibilidad monetaria. Para regenerar la confianza en el Banco Central, el programa podría incluir un régimen de información del Banco Central, que incluya visitas al Congreso de la Nación, en las que se discutan los avances, se justifiquen potenciales desvíos y se anticipe el curso de acción.
Es ingenuo pensar en un plan antiinflacionario basado exclusivamente sobre la restricción monetaria. No es posible omitir la incidencia de la política fiscal y de la deuda pública. Por eso es importante promover la colaboración y coordinación con el Poder Ejecutivo en temas como el gasto público y la emisión de deuda. Particularmente, es crucial que la política fiscal sea consistente con las metas de inflación: un gasto fiscal que aumenta por encima del crecimiento del producto pautado en el programa monetario obligaría a forzar un mayor ajuste en el gasto privado para reducir la tasa de inflación.
Por otro lado, y dado el carácter inercial de la inflación actual, una reducción inmediata a tasas de un dígito por efecto de la utilización exclusiva de política monetaria impondría un sacrificio económico innecesario. Para minimizar este esfuerzo, una vez establecida y comunicada la pauta de inflación el Gobierno debería convocar a una concertación de empresarios y representantes sindicales, para acordar un esquema de precios y salarios con cláusulas gatillo contingentes a la evolución del IPCN.
Esta misma mesa debería suscribir soluciones en otro frente: la revisión de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Concretamente, es posible sustituir el subsidio a las tarifas de gas y electricidad (y, en menor medida, del transporte público) por una tarifa social que compense el impacto sobre los hogares de menores ingresos.
En este marco, el tipo de cambio debería jugar un rol secundario en la política antiinflacionaria. La tendencia actual indicaría que con una inflación esperada de entre 20% y 25% para 2012 y una depreciación esperada de 10%, en un contexto de monedas emergentes con una leve tendencia a la apreciación, hacia fines de 2012 la moneda nacional podría apreciarse otro 10% en términos reales. Esta apreciación limita la apreciación esperada hacia adelante, como lo demuestra la presión cambiaria manifestada desde mediados de 2011, y el margen para usar el tipo de cambio como ancla nominal de precios.
En un contexto de estabilidad mundial, el flujo de capitales de inversión extranjera podría financiar un déficit por cuenta corriente, del mismo modo en que lo viene haciendo, por ejemplo, en Brasil. Una política prudente debería contrarrestar la dependencia de los capitales financieros procíclicos (en particular, de los inversores especulativos de cartera que prestan en la bonanza y salen en los años malos).
La destrucción de capacidad exportable y el déficit externo pueden no ser un problema durante la fase de entrada de capitales, pero dejan al país muy expuesto ante un evento de salida. No hay que perder de vista que varios de los factores detrás del entusiasmo del inversor internacional con las economías emergentes como la argentina (ciclo estadounidense de tasas de interés, crecimiento chino de dos dígitos) son reversibles casi por definición. Por esto, la política cambiaria, sin comprometerse con una meta explícita, debería apuntar a evitar que el tipo de cambio se mueva en exceso al ritmo de los ciclos financieros globales. En particular, la apreciación cambiaria no debería sustituir a la política monetaria.
Este artículo es un extracto del capítulo 7 del libro 100 políticas para potenciar el desarrollo, publicado por CIPPEC en abril de 2012.
(*) Eduardo Levy Yeyati es miembro del Consejo de Administración de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
