Nicolás Dujovne
Pues, en primer lugar, el gasto primario total del SPNNF no sólo no se redujo en relación al PBI. Sino que, por el contrario, se incrementó: pasó de promediar un nivel de 24,4% del PIB en 2015, a alcanzar un nuevo máximo histórico de 25% en 2016.
En tanto, el gasto primario corriente y el déficit primario ordinario, aquel que no considera los ingresos extraordinarios derivados del Régimen de Sinceramiento Fiscal (RSF), se incrementaron perceptiblemente en relación a la misma variable.
En particular, el primero pasó de promediar un nivel de 21,6%, en 2015 a uno de 22,7% en 2016. Es decir, acumuló un incremento en torno a un punto porcentual, dado un nivel de dinamismo nominal que estuvo en línea con la tasa de inflación y por encima del PBI nominal. Aún más, renglones del gasto primario que deberían haber sido el foco de los mayores ajustes, como ser las transferencias corrientes, en general, y al sector privado (subsidios), en particular, no mostraron una evolución a tono con esas intenciones. Ni en términos reales, ni en relación al PIB.
En tanto, el déficit fiscal primario sin rentas (giro de utilidades del BCRA y uso de la rentabilidad del FGS del SIPA por parte del ANSES) y sin ingresos extraordinarios (RSF) redondeó un nivel en torno a –5,9% del PBI durante 2016. Es decir, casi un punto porcentual por encima del déficit primario registrado por el SPNNF en 2015 más la deuda flotante generada durante ese mismo período (4% + 1% = 5% del PBI, respectivamente) y 1,1 puntos porcentuales por encima de la meta fiscal 2016 (–4,8%).
Déficit primario
En cambio, si se consideran los ingresos extraordinarios del RSF, el déficit primario, “ahora secas”, redondeó en 2016 un nivel de –4,6% del PBI, cumpliendo con la meta fiscal 2016, pero aun así superando el guarismo comparable de 2015 (–4%) y ubicándose sólo 0,4 pp por debajo del cálculo que incorpora al rojo primario 2015 la deuda flotante generada durante ese año (pero no le resta la que recibió ese año de 2014).
Todo esto, en un contexto de:
Mal desempeño real de los ingresos primarios ordinarios del SPNNF, en especial de los tributarios que, como resultado de la recesión, los recortes impositivos (Derechos Exportación y Ganancias) y las modificaciones realizadas en el esquema de coparticipación a favor de las jurisdicciones provinciales (15% ANSES y modificación coeficiente de CABA), se redujeron en 1,3 puntos porcentuales del PBI respecto de 2015.
En otras palabras, si los recursos primarios ordinarios no se hubieran reducido el resultado primario ordinario del SPNNF había sido de –4,6% del PIB. Es decir, aun en ese hipotético caso, el déficit primario ordinario derivado de la ejecución presupuestaria del SPNNF durante 2016 habría sido superior al rojo primario comparable de 2015 (–4%) y solo 0,4% pp menor al guarismo que incorpora la deuda flotante generada durante ese último año (–1%).
Fuerte ajuste real del gasto del capital. El gasto de capital redondeó durante 2016 un alza nominal que estuvo muy por debajo de la tasa de inflación y de la tasa de crecimiento nominal del PIB, razón por la cual se redujo en más de 0,4 puntos porcentuales en relación al último (pasó de 2,7% en 2015, a 2,3% en 2016)
Fuerte incremento de las erogaciones en concepto de intereses de la deuda pública. Producto del impacto de la devaluación nominal y de las nuevas emisiones de deuda, las últimas mostraron un dinamismo nominal muy superior a la tasa de inflación y al PIB, promediando un nivel de 2,3% en relación al último, frente a un guarismo comparable que hizo lo propio en torno a 2,1% en 2015.
Por todo lo dicho, se desprende que el déficit financiero sin rentas del BCRA y el ANSES y sin recursos extraordinarios (RSF) del SPNNF se ubicó en 2016 en torno a 8,3% del PIB durante 2016, guarismo que superó en 2,2 pp al registrado durante 2015. En tanto, el déficit financiero a secas del SPNNF (aquel que incluye las rentas y los recursos extraordinarios) cerró en torno a –4,6% del PIB, 0,8 pp arriba del registro comprable de 2015.
Llegados a este punto, surge la pregunta clave. ¿Cuál fue el mix de financiamiento para hacer frente a ese rojo financiero históricamente elevado?
En primer lugar, estuvo el salvavidas que implicaron los recursos extraordinarios derivados del RSF por $ 106.760 millones (1,3% PIB) En segundo lugar, el aporte del BCRA vía, por un lado, giro de utilidades devengadas sobre sus reservas (emisión monetaria) por $ 109.617 millones (1,4% PIB) y, por el otro lado incremento del stock de adelantos transitorios y otras operaciones por $ 41.616 millones (consideradas todas ellas en conjunto, 0,5% PIB).
En tercer lugar, hay que considerar la utilización por parte del ANSES de parte de las rentas obtenidas sobre el FGS del SIPA por $69.850 millones (0,9% PIB) Los 4,2 puntos restantes los aportó el incremento neto del stock de deuda pública nacional, en sentido estricto, neta de variaciones en las aplicaciones financieras.
Y es aquí donde está la principal novedad respecto de los años previos. Pues, la emisión monetaria (giro de utilidades, adelantos transitorios y otros) y el desfinanciamiento del FGS del SIPA aportaron sólo 2,8 de los 8,3 puntos. Es decir, poco menos de un tercio de las necesidades financieras totales. En 2015, esas fuentes habían financiado dos tercios del correspondiente rojo financiero.
Ahora bien. El desempeño fiscal no fue parejo a lo largo de 2016. Durante el primer semestre el gasto primario total y el ingreso primario ordinario del SPNNF crecieron prácticamente al mismo ritmo, confiriéndole un sesgo neutro al frente fiscal. En cambio, durante el segundo semestre de 2016, la situación cambió diametralmente. Pues la tasa de crecimiento interanual del gasto primario superó en más de 20 puntos porcentuales a la registrada por los ingresos primarios ordinario y en más de 8 puntos porcentuales a la de los ingresos primarios a secas (incluyendo los derivados del blanqueo). Creciendo incluso varios puntos por encima del PBI nominal.
Tres conclusiones
Lo que no es un dato menor respecto del funcionamiento del esquema de política económica y, menos aún, para el equilibrio macroeconómico local. En ese sentido hay, como mínimo, tres conclusiones inevitables:
1) Durante el segundo semestre de 2016 se abandonó del proceso gradual de ajuste del gasto público nacional y de reducción del déficit fiscal que se había anunciado al arranque de ese mismo año y ensayado incipientemente durante el primer semestre. Lo cual limitó la capacidad de la gestión Macri para avanzar en reducciones de la presión tributaria más agresivas y en línea con las medidas del primer trimestre de 2016, otorgando oportunidades para tomar la iniciativa en ese sentido, con mayor o menor nivel de responsabilidad, por parte la oposición. Las que, por ejemplo, fueron inicialmente aprovechadas en el caso del debate por la reforma del impuesto a las ganancias.
2) La esperada recuperación del nivel de actividad local (primero anunciada para el segundo semestre y luego implorada para el último trimestre de 2016) no fue solo esperada. Por el contrario, durante todo el segundo semestre se la traccionó decidida y significativamente desde el frente fiscal. De allí el decidido sesgo expansivo que recuperó la política fiscal nacional durante ese período.
Esto también implica un cambio de enfoque, pues la gestión Macri dejó de apostar a la oferta como estímulo (producción, exportaciones e inversión productiva), para enfocarse nuevamente en el impulso fiscal a la demanda interna (consumo privado y obra pública). Recordemos que la Argentina desperdició el período 2011-2015 insistiendo con la agotada estrategia del “tirón de demanda”.
3) La responsabilidad de seguir profundizando y afianzando el proceso de desinflación recayó en forma exclusiva en la política monetaria, lo que redujo la sustentabilidad y la eficiencia de ese proceso.
Al cierre de 2016, los cambios introducidos en la cartera económica alentaron expectativas de un mayor compromiso con los objetivos fiscales de cara a lo que vendrá por parte del actual gobierno. Principalmente, dado el perfil de quien fue nombrado a cargo del ahora Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el condimento electoral de 2017, por un lado, y la excesiva cantidad de ministerios entre los cuales efectivamente se reparte la ejecución del gasto público, en general, y la cartera económica, en particular, por el otro, actúan en sentido contrario.
Pues, a decir verdad, es comparativamente muy poca la ejecución presupuestaria que maneja directamente el ministro de Hacienda. Y, más aún, los renglones del gasto que deberían ser sujeto de las mayores correcciones están a cargo de otros ministros, que son sus pares. Además de tener un impacto electoral relevante (transporte, energía, transferencias discrecionales a las provincias, entre otros).
Ergo, si efectivamente hay un mayor compromiso con los objetivos fiscales, no dependerá tanto de quien sea ministro de Hacienda. Por el contrario, será de la decisión del propio Presidente y de la coordinación que de la misma haga la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una mala nota fiscal para las provincias en 2016… y en 2017
Una de las tantas ventajas de contar con un presupuesto que refleje la realidad, en lugar de los relatos numéricos a los que nos tenía acostumbrados la administración anterior, es que la información contenida en él puede ser utilizada de manera confiable para el análisis.
Por Félix Piacentini (*)
Y esto es particularmente relevante para las proyecciones oficiales del resultado fiscal del consolidado de las 24 provincias. Al margen de las estimaciones que los consultores privados podamos realizar, nadie tiene mejor información que Hacienda.
Pero lo positivo solo duró el primer párrafo. Respecto a la situación fiscal de las provincias, y hasta que podamos ir corroborándolo con lo informado por las administraciones locales, el gobierno nacional proyectó un fuerte deterioro de las cuentas públicas para todo el año. Es así que el déficit fiscal se habría duplicado, pasando de los $53.000 millones registrados en 2015, a la friolera de unos $105.000 millones en 2016.
De esta forma este año se habría alcanzado el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015. Que esto haya sucedido en un año par, en el que no se registran elecciones que suelen disparar el gasto ya llama la atención.
Pero si además se tiene en cuenta que este año las provincias comenzaron a recibir el reconocimiento histórico de devolución gradual de los famosos 15 puntos de coparticipación que iban a financiar al sistema previsional estatal, con 3 puntos este año más 6 puntos de préstamo a tasa subsidiada que en total implican unos $37.000 millones; y adicionalmente las jurisdicciones subnacionales recobraron la posibilidad de acceder al mercado financiero internacional emitiendo un total estimado de US$ 7.250 millones, llegar a un resultado negativo récord ya se puede atribuir a una gran irresponsabilidad. Entre estos dos conceptos las provincias contaron con cerca de $150.000 millones más que el año pasado, con lo que en realidad deberían haber mostrado un resultado fiscal mucho mejor.
Ahora, cuando se comienza el análisis más fino de las causas se advierte que la explicación está en la incapacidad de las provincias de contener el gasto corriente, que aumentaría en 38% para todo el año, motorizado fundamentalmente por los gastos de consumo cuyo ítem principal corresponde al gasto en personal.
De acuerdo a mi estimación éstos podrían haberse expandido a un 37%. Comparando con la ejecución del gobierno nacional a noviembre, en su caso los gastos de consumo se expandirían 8 puntos porcentuales menos (28% versus 36%) y los de personal un 34%. Esta es la principal causa del pésimo resultado, ya que la inversión pública registraría un crecimiento muy somero del 26% nominal, y sólo concentra el 11% de los Gastos Totales. Aun así este aumento sería sustancialmente mayor a la ejecución del gobierno nacional, con un magro 5% de incremento anual en el acumulado a noviembre. E incluso a pesar de que el gasto en intereses de las provincias se duplicó, pasando de los $14.400 millones de 2015 a los 29.700 millones de 2016 esta partida sigue siendo poco significativa en el total de gasto corrientes (apenas un 2,3%).
Exceso de personal
Y es que el deterioro fiscal de las provincias sigue siendo consecuencia de la práctica todavía vigente de nombrar personal muy por encima del crecimiento poblacional, lo que ha llevado a un exceso de personal que estimo en un 34% superior al nivel óptimo y que tiene un sobrecosto fiscal de 2 puntos del PBI por año.
En el año 2005 los gastos totales del agregado de las 24 provincias representaban 13 puntos del PBI y hoy se llevan 18 puntos. ¿A qué se destinaron esos 5 puntos de ampliación del gasto público? Prácticamente a gastos de personal, que pasaron de 5 a 9 puntos del PBI.
Mientras tanto la inversión pública permaneció estancada en 2 puntos del PBI, casualmente lo que gastan en exceso por empleo público. Es decir que si no se hubieran nombrado en demasía a unas 500.000 personas, las provincias podrían agregar el doble de infraestructura cada año. Desde el plano fiscal podrían haber tenido superávits ininterrumpidos desde 2004, en lugar de la mayoría de déficits.
Ahora, si con ingresos récord de 7 puntos de PBI por coparticipación, las provincias llegaron a un déficit récord en un año par, ¿qué podemos esperar para el impar 2017 de elecciones legislativas? La experiencia dice que en años de elecciones no sólo aumenta fuertemente la inversión pública para captar votos, sino que también lo hace el salario real de los estatales. Así que por el lado del gasto el escepticismo está más que justificado.
Sólo los mayores ingresos provenientes de la devolución de otros tres puntos de coparticipación que llevarían a que el total transferido signifique casi 8 puntos del PBI, podrían conseguir un resultado un poco mejor al de 2016. Pero incluso en este caso, y suponiendo que las provincias aumentaran el gasto en la misma proporción que lo previsto por el gobierno nacional (22%), el déficit continuaría elevado y alcanzaría a 1% del PBI. Ya con una relajación propia del proceso electoral, si el gasto aumenta al 25% en 2017 el resultado negativo sería mayor y se encontraría en torno a 1,4 puntos del producto. ¿Cuánto debería aumentar el gasto público provincial para lograr un equilibrio presupuestario? 15%, una utopía inalcanzable.
(*) Economista y director de NOAnomics.
Caída real promedio
La recaudación y el aporte del blanqueo
La recaudación nacional de tributos y aportes y contribuciones a la seguridad social alcanzó los $2.070.154 millones durante 2016 (26,2% del PBI), promediando un alza nominal de 34,6% anual.
Si se toma en cuenta una tasa de inflación promedio anual de 41,4% según el Ãndice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (que a diferencia del INDEC tiene mediciones con misma metodología para todo 2015 y 2016), se puede estimar que la recaudación nacional experimentó una caída real promedio de 4,4% anual.
En tanto, si alternativamente se considera una variación promedio anual para Ãndice de Precios Implícitos del PBI (IPI PBI) en torno a 39%, se obtiene una variación real promedio anual negativa de –3,2%.
El monto finalmente alcanzado por la recaudación tributaria nacional superó en poco más de 3% la meta oportunamente fijada en la ley de presupuesto 2016, gracias al aporte determinante de las penalidades generadas por el Régimen de Sinceramiento Fiscal (RSF, blanqueo) propiciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Pues, el impuesto especial o penalidades que debieron pagar quienes sinceraron se tradujeron en recursos tributarios extraordinarios por un total de $106.760 millones durante el último trimestre de 2016, equivalentes a 1,4 puntos porcentuales del PBI nominal de ese año.
Si se considera la recaudación tributaria nacional neta de los recursos aportados por el RSF, se observa que la misma alcanzó los $1.963.394 millones (24,9% del PBI), incrementándose a un ritmo promedio anual de 27,7% nominal respecto de 2015 (–9,3% deflactada por IPC y –8,2% por IPI PBI) y ubicándose 1,7% por debajo de la meta fijada oportunamente en la ley de presupuesto 2016.
El mal desempeño real de la recaudación tributaria neta de los recursos extraordinarios generados por el blanqueo fue consecuencia de, por un lado, de las modificaciones que contribuyeron a reducir la presión impositiva, elemento especialmente visible en el caso del Impuesto a las Ganancias y los Derechos de Exportación (DEX). Pero también, y por el otro lado, del mal desempeño del nivel de actividad local y sus principales componentes. Factor evidente, por ejemplo, en el sostenido mal desempeño real de la recaudación en concepto de IVA impositivo, Impuesto al Cheque y Seguridad Social.
En lo referente a los distintos tributos, vale la pena resaltar el desempeño real positivo de la recaudación tributaria originada vía IVA DGA y aranceles a las importaciones. Los cuales registraron tasas promedio de crecimiento de 49,8% y 60,4% nominal anual durante de 2016, aun a pesar del deterioro que experimentaron durante el mismo período los precios de importación (en dólares), por un lado, y muy apalancados por la devaluación interanual del peso respecto el dólar norteamericano y la recuperación de las cantidades importadas, por el otro.
En tanto, resaltó el mal desempeño de la recaudación en concepto del impuesto a las ganancias, IVA DGI, aportes y contribuciones a la seguridad social, Derechos de Exportación (DEX), el denominado “Impuesto al Cheque” y los gravámenes sobre los combustibles.
Menor peso de ganancias
El primero acusó el golpe de las devoluciones de retenciones y percepciones y la modificación del mínimo no imponible, anotando un alza promedio anual de sólo 13,5% nominal (–19,7% deflactada por IPC y –18,4% por IPI PBI) Consecuentemente, el peso del impuesto a las ganancias sobre el PBI pasó de 6,5% en 2015, a 5,5% en 2016. En otras palabras, la presión fiscal estrecha asociada a dicho tributo se redujo en 1 punto del PBI. Vale la pena resaltar que se trató de la primera reducción significativa de la presión tributaria asociada a este tributo desde, por lo menos, 2004.
En el caso del IVA DGI, el bajo dinamismo interanual nominal (+28% anual) y el mal desempeño real (–9,4% anual deflactado por IPC) estuvo en línea con el igualmente “mal andar” que mostró el consumo privado durante todo 2016. Tanto por reducción de las cantidades, como por sustitución de calidades, la multiplicación de promociones a base de descuentos y la migración desde primeras a segundas marcas.
En el caso, de los aportes y contribuciones a la seguridad social, la variación promedio anual asociada a la recaudación fue de 33,7% nominal y –5,4% real (deflactada por IPC) Ese desempeño negativo está en línea con el deterioro de la masa salarial real que suponen niveles de empleo formal estancados, por un lado, y salarios nominales promedio que quedaron rezagados respecto del nivel general de precios al consumidor, por el otro. Elemento indispensable para entender el mal desempeño del consumo privado que sugiere la recaudación de IVA neto (DGI + DGA) En el mismo sentido jugaron la incorporación de conceptos no remunerativos en los primeros tramos de los acuerdos salariales.
La recaudación en concepto de Derechos de Exportación (DEX) promedió una contracción de 7,4% nominal anual en 2016, que deflactada por IPC se tradujo en una contracción real de 34,4% y en una de caída aún superior si se considera la recaudación medida en dólares, ya que durante 2016 el peso promedió una tasa de devaluación nominal respecto del dólar levemente superior a 59%.
En consecuencia, la presión tributaria estrecha asociada a este tributo pasó de 1,3 pp en 2015 a 0,9 pp en 2016. Todo esto, como resultado de las reducciones aplicadas en las alícuotas del principal producto de exportación gravado (soja y derivados) y la eliminación de las mismas en el resto de los productos agroindustriales.
La recaudación en concepto del impuesto a los créditos y débitos bancarios promedió un ritmo de alza nominal anual 35,1% (–4,4% deflactada por IPC), afectada por el mal desempeño de su base imponible: Las transacciones formales.
Para cerrar: la recaudación originada por los tributos nacionales sobre los combustibles promedió en conjunto un alza nominal de 29,8% anual, que deflactada por IPC se tradujo en una contracción promedio de 8,1% real.
Consecuencias fiscales y financieras
El blanqueo y todos sus efectos
El sinceramiento fiscal para activos y bienes no declarados en el país y en el exterior superó todas las expectativas durante 2016. El monto final entre las etapas I (tenencias no declaradas de dinero en efectivo en el país, moneda nacional o extranjera) y 2 fue de US$ 97.842 millones blanqueados.
De esa cifra 14% estaba en el país (US$ 13.715 millones) y 86% en el exterior (US$ 84.127 millones)
Del 86% blanqueado en el exterior, 31% fueron cuentas bancarias (US$ 26.131 millones), 44,9% inversiones (US$ 37.748 millones), 17,5% participaciones en sociedades (US$ 14.687 millones) y el restante 4,2% fueron 20.008 inmuebles con un valor promedio declarado de US$ 208.500 (totalizaron US$ 3.965 millones). De las cuentas bancarias sinceradas casi la mitad correspondió a EE.UU. (46%), seguido de Uruguay (22%) y Suiza (12%)
Un dato a resaltar es la alta preferencia por los activos externos de quienes sinceraron en la primera etapa, ya que sólo 14% del monto involucrado en la misma involucró la compra de bienes registrables locales.
De acuerdo a la propia AFIP, la cifra blanqueada en las etapas I y II equivalió a poco menos de 50% de lo que estimó el INDEC como activos externos brutos del sector privado no financiero (US$ 232.411 millones)
El principal efecto del blanqueo fue, por ahora (esto es dinámico), fiscal. El promocionado efecto financiero, no tanto real, es aún potencial. Ya que, básicamente, la abrumadora parte de los activos blanqueados permanecieron en el exterior, muchos en forma ilíquida, y de los que se blanquearon a escala local, la inmensa mayoría optó por el deposito en efectivo y en moneda extranjera.
Dicho todo lo cual, no se puede negar que una vez declarado los activos existen ventajas impositivas a favor de los instrumentos financieros locales, como también que ese no es el único elemento detrás de esa decisión. O formulado de otra manera, la decisión de invertir los activos sincerados en opciones locales depende mucho más de lo que se hará en pos de asegurar la sustentabilidad macroeconómica, en general, y reducir la incertidumbre fiscal, en particular, que lo que ya se hizo.
Dos enfoques a considerar
Respecto del efecto fiscal hay dos aristas.
A) El ingreso proporcionado en el corto plazo: el blanqueo aportó US$ 106.760 millones vía impuesto especial, cifra en torno a 1,4 puntos del PBI. Desde el exterior provino el 65,3% ($ 69.720 millones) y desde el país el restante 34,7% ($ 37.049 millones) Aunque el período abarcó de agosto a diciembre de 2016, el 85% ingresó en diciembre.
B) La ampliación de la base imponible del fisco nacional. La nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior es de US$ 110.527 millones, incrementándose en más de US$ 80.000 millones y más que triplicándose. Pero también habrá, de acuerdo a como estén invertidos esos activos sincerados y los rendimientos obtenidos sobre los mismos, más base imponible para el impuesto a las ganancias.
Llegados a este punto no podemos dejar de explicitar las razones por las cuales sinceramente consideramos conceptual y metodológicamente incorrecto considerar linealmente los recursos tributarios originados por el régimen de sinceramiento fiscal, a la hora de calcular el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) y evaluar en base a ese dato el cumplimiento o no de la meta de –4,8% del PBI de déficit primario fijada a principios de 2016 por el propio Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF)
1) Se trata de recursos extraordinarios en todo sentido. No son ingresos tributarios normales y habituales, y no deberían ser tratados como tales.
En los años 90 se hizo el mismo planteo y con el tiempo el, por entonces, Ministerio de Economía lo tomó en cuenta, publicando adicionalmente el resultado primario sin ingresos extraordinarios derivados de las privatizaciones. Y ese guarismo se convirtió en unos de los datos por excelencia para evaluar el desempeño de la política fiscal.
2) Porque en el debate parlamentario que dio origen a la correspondiente ley, se estableció que los recursos derivados del blanqueo iban a ser destinados a financiar el programa de reparación histórica de los jubilados, minimizando el uso de recursos del Fondo De Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional argentino. Es decir, intentando evitar una mayor descapitalización. A tal punto, que el propio PEN mando ambos proyectos al mismo tiempo.
Es decir, los recursos derivados del blanqueo ya están asignados a un gasto extraordinario cuyo mayor impacto se va a producir durante el próximo año y los subsiguientes. Ergo, imputarlos implícitamente al financiamiento de los gastos corrientes de 2016 no sería correcto e implicaría una mayor degradación del FGS de un sistema previsional que ya es estructuralmente deficitario.
3) Porque cuando se estableció la meta de déficit fiscal 2016 no sólo no estaba anunciado el proyecto de blanqueo, sino que, además, escasas semanas antes el propio PEN seguía negando iniciativas en ese sentido. Por tanto, si no mintió, cuando Economía fijó las metas fiscales 2016 no tuvo en cuenta esos ingresos extraordinarios.
4) Porque incluirlos lejos de aportar transparencia, suma confusión. En particular, si se incluyen los ingresos de blanqueo podría darse finalmente el caso de que, por un lado, concluyamos que el SPNNF cumplió en demasía la meta de déficit primario en 2016. Y, sin embargo, por el otro lado también verificar que el gasto primario del SPNNF incrementó su peso en el PBI y que el déficit primario sin esos ingresos extraordinarios estuvo en torno a –5% del PBI. Muy por encima del comparable –4% del año pasado (no hubo blanqueo).
Es decir, se cumpliría la meta, pero con más gasto, con un marcado sesgo expansivo en el frente fiscal (diferencial entre tasa de crecimiento de los ingresos ordinarios y los gastos corrientes) y con más déficit real.
Por todo lo dicho, consideramos que los más correcto conceptual y metodológicamente hablando e, incluso, lo más transparente y claro, sería, como mínimo, publicar en forma adicional el resultado del SPNNF neto de los ingresos extraordinarios del blanqueo y evaluar el cumplimiento de la meta fiscal oportunamente fijada en base a el mismo.
La reforma impositiva será gradual, o ¿no será nada?
La necesidad de una reforma tributaria es un mantra repetido año tras año, aunque ahora parece haber ganado más relevancia en la agenda de gobierno. Algunos meses atrás se creó por ley una comisión bicameral para analizar y evaluar las propuestas de reforma. Y hace pocos días el nuevo ministro de Hacienda la mencionó como objetivo fundamental de su gestión.
Por Matías Carugati (*)
¿Por qué hace falta modificar el sistema tributario? Sin intención de ser exhaustivo, hay cuatro razones que justifican la reforma por sí solas. Primero, la carga tributaria es excesivamente alta, lo cual alienta la evasión, perjudica a la actividad económica y, a la postre, a la propia salud de las finanzas públicas.
Segundo, parte del sistema está estructurado sobre impuestos distorsivos, lo que introduce ineficiencias que suman al “costo argentino”. Tercero, el esquema impositivo tiene un sesgo poco progresivo (en relación a lo que sería deseable), agravado por las reformas del año pasado.
Cuarto, la situación actual es una combinación de parches y reformas a medias que dieron como resultado una estructura tributaria difícil de entender y más complicada aún de administrar, lo cual también es malo para la economía, sobre todo para la inversión privada.
En este contexto, ¿a qué tipo de reforma se debería apuntar? Idealmente, a una que solucione todos los problemas al mismo tiempo. En la práctica las cosas no son tan sencillas.
Para empezar, una reducción en la presión impositiva agravaría el ya abultado déficit fiscal. Balancearlo con un recorte de gastos es recesivo y, posiblemente, más que compense a corto plazo el impulso fiscal de la rebaja tributaria. La alternativa sería más deuda, a costa de errarle a la meta fiscal. Dujovne (y Macri) promete que ello no ocurrirá. A los mercados tampoco les gustaría.
Alternativamente, parte del costo fiscal de recortar impuestos podría volver por otros carriles. Por ejemplo, más IVA, Ganancias y Aportes a la Seguridad Social por mayor crecimiento y menor informalidad. Aun así, este efecto indirecto no es inmediato y a largo plazo es posible que el saldo fiscal neto siga siendo negativo. No sería la primera vez que un recorte impositivo no logra auto-financiarse.
La reforma tributaria también está sujeta a restricciones políticas. Cualquier cambio se enfrenta a la oposición de grupos de interés afectados. Organizaciones sociales temerosas de perder beneficios impositivos, sindicatos que defienden el bolsillo de sus afiliados o empresarios dedicados a actividades “fáciles” de gravar (como el juego y la minería hoy, o la actividad agropecuaria años atrás) son algunos de estos grupos que pueden movilizarse y dificultar, cuando no frenar, los intentos de reforma. El año pasado dio sobradas muestras de su capacidad de defensa.
La clave: los gobernadores
De todos modos, hoy parecen ser los gobernadores los que poseen la llave para abrir la puerta a un cambio. Ellos son participantes obligados de una reforma. Cualquier recorte impositivo implica menos fondos vía coparticipación, lo que los habilita a participar de la discusión. Además, son ellos quienes deciden sobre los impuestos provinciales y no el gobierno nacional (aunque éste podría forzar acciones). Por si fuera poco, tienen casi poder de veto en el Congreso, ámbito en el cual tendrá que dirimirse cualquier intento de reforma. El 2016 demostró que sin el aval de los gobernadores no hay ley que pueda sancionarse. Y Cambiemos no logrará mayoría en ninguna de ambas cámaras incluso si el resultado de las próximas elecciones legislativas es favorable.
La reforma, entonces, debería ser gradual. Si el ajuste del déficit se hará de forma progresiva, lo más lógico es que una rebaja impositiva también lo sea. Ello evitaría inconsistencias en la estrategia que puedan complicar el financiamiento en la transición hacia el equilibrio fiscal. Por el lado político, la reforma va a ser el resultado de una negociación donde todas las partes van a querer minimizar pérdidas pero algo tendrán que ceder. Esa discusión promete llevar tiempo, sobre todo porque 2017 se trata de un año electoral. Esto implica menor actividad en el Congreso ya que los legisladores hacen campaña por sus distritos. Además, los incentivos para llegar a un acuerdo son más acotados. O el costo a pagar por Macri, más elevado.
El gobierno precisará mucha habilidad para que el resultado final se acerque a sus pretensiones. Para ello, mejor no apurar los tiempos. Una reforma rápida y a medias puede ser buena a corto plazo (éxito político) pero mala a largo plazo (no resuelve los problemas de fondo). Un tema tan serio requiere de un debate profundo para llegar a una buena resolución. Por eso, más allá del buen diagnóstico económico, lo que hará falta para sacar adelante una reforma de largo alcance es acertar con la economía política. De eso se trata, en definitiva, el arte de gobernar.
(*) Economista Jefe M&F Consultora.
