Milton Friedman
Los empresarios no suelen ser amigos de la regulación estatal. Muchas veces las reglamentaciones son inflexibles y ciegas desde la perspectiva de algunas empresas que necesitarían una adaptación razonable de las reglas. Por su parte, los organismos regulatorios suelen tener burocracias ineficientes que exigen trámites y papeleo que demoran las operaciones comerciales; además, algunas regulaciones no consiguen generar beneficios significativos para el público.
Como resultado de todo esto, muchos empresarios se indignan con el Gobierno e invierten tiempo y dinero trabajando para lograr el santo grial de la desregulación. Este es el planteo de base que hace James O’Toole en “The Hidden Business Benefits of Regulation”, un ensayo que publica Strategy & Leadership.
O’Toole cuenta que en los años 60, Milton Friedman fue el primer economista serio de los tiempos modernos en defender la desregulación de los negocios en Estados Unidos. Durante varias décadas él y sus discípulos reclamaron con insistencia el desmantelamiento de agencias como:
FDA (Food and Drug Administration),
OSHA (Occupational Safety and Health Act).
EPA (Environmental Protection Agency),
CPSC (Consumer Product Safety Commission),
USDA (United States Department of Agriculture),
FTC (Federal Trade Commission) y una larga lista de organismos oficiales.
Inspirado en Adam Smith, Friedman sostenía que a los empresarios los motiva un interés económico personal y que, por eso no emprenden voluntariamente actividades que no reditúan. Siempre va a haber, decía, algún fabricante que contamine el aire y el agua, o un procesador cárnico que meta ratas muertas en las salchichas, firma farmacéutica que haga pasar aceite de víbora por medicamento oncológico y algún fabricante de juguetes que meta plomo en los mordillos para bebés. Esos delincuentes pueden ofrecer productos más baratos que debilitan la posición en el mercado de sus colegas honestos.
A pesar de todo eso, Friedman decía que la regulación era innecesaria porque existía el recurso de la demanda judicial. Él decía que las partes perjudicadas podían demandar a los transgresores por daños y perjuicios y que la posibilidad de una multa sería suficiente para desalentar la “inconducta” empresarial.
La guerra judicial
Esto, en un mundo de libre mercado como plantea Friedman, implicaría miles de abogados litigando en infinidad de juzgados que deberían fallar en favor de los damnificados. Pero como la perspectiva del costoso litigio es tan desagradable como la regulación, muchos empresarios quieren la chancha y los veinte: desregulación y límites a la posibilidad de litigar. Pero eso, dice O’Toole, implica que todas las empresas se van a autorregular, lo cual es un objetivo casi imposible de lograr.
Y acá viene la teoría de O’Toole: lo que más le conviene a las empresas, dice, es aprender a trabajar con los Gobiernos para redactar juntos una regulación sensata orientada hacia los infractores. En realidad, hay sólidas razones económicas para que las empresas virtuosas apoyen regulaciones en áreas como seguridad y salud de los empleados, seguridad del alimento y del producto, donde es necesario que la cancha esté nivelada para que las ventajas no beneficien a los inescrupulosos que buscan ganar a expensas del público.
En los años 70 el gran problema de la polución del aire en Estados Unidos no se habría tratado si la nación hubiera esperado a que la industria automotriz introdujera los conversores catalíticos. Si los fabricantes virtuosos hubieran tomado la delantera adoptando esos costosos dispositivos, se habrían encontrado ante una importante desventaja de precio frente a los competidores que no usaban conversores. Cuando el Congreso aprobó la ley de Aire Limpio que obligaba a utilizar ese equipo, lo que hizo fue nivelar la cancha en beneficio de todos los fabricantes de vehículos.
De manera similar, la sociedad no puede depender de la buena voluntad de los kiosqueros para que no vendan cigarrillos y alcohol a los menores de edad. En cambio las leyes que prohíben tales ventas benefician a los kiosqueros virtuosos porque impiden que sus competidores inescrupulosos vendan más.
Es conveniente, entonces, para las empresas responsables trabajar con el Gobierno en la redacción de legislación que corrija la conducta irresponsable de unos pocos. Mucho más conveniente es la regulación sensata que la desregulación.
