La evolución del mercado de trabajo y de las variables sociales es quizá una de las áreas en las que más se evidencian las inconsistencias políticas y estadísticas de la economía argentina. También es donde se miden sus consecuencias.
A partir de 2008, la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo se mantuvo acotada hasta que el empeoramiento de las condiciones económicas generales y el deterioro de las expectativas terminaron revirtiendo la tendencia.
Desde entonces, el dinamismo del sector privado en el mercado laboral ha sido parcialmente compensado por el sector público, pero una vez más, el error de diagnóstico, llevó la presión fiscal necesaria para sostener el aumento del gasto público (tanto en la nación como en las provincias) a niveles insostenibles. Las empresas públicas y los organismos públicos generados a partir de la estatización de las instituciones de la seguridad social, explicaron la mayor proporción de la generación de puestos de trabajo de la economía, cuando, el sector privado perdió relevancia como empleador al ritmo del estancamiento de la economía y la reducción de la rentabilidad.
En el contexto de un mercado de trabajo estancado dependiente del sector público en el que la informalidad detuvo su contracción, la aceleración del proceso inflacionario fue aumentando el nivel de conflictividad hasta que en 2013, por primera vez, los salarios corrieron por detrás de la inflación.
Estimaciones divergentes
Lamentablemente las principales variables sociales relacionadas con la evolución real de los salarios, los ingresos y los precios de la economía que permiten medir, entre otras cosas, la pobreza y la indigencia, entre las más relevantes, han perdido calidad y credibilidad dando lugar a la proliferación de estimaciones divergentes con distintas intenciones.
En este contexto, hemos perdido la posibilidad de establecer un diagnóstico adecuado de la situación que permita el diseño de políticas públicas tendientes a favorecer la inclusión social y todo queda reducido a una discusión política circular. Al contrario, la única política pública al respecto ha sido distorsionar las cifras imponiendo un manto de oscuridad sobre las variables más sensibles.
Lo dicho no significa que el Estado haya permanecido ausente sino más bien todo lo contrario. Hoy aproximadamente 15 millones de personas reciben algún tipo de subsidio con un alto costo fiscal que ha crecido significativamente en los últimos años y, sin embargo, según los datos del observatorio social de la UCA, la pobreza afecta a más de 10 millones de argentinos, es decir, a 25% de la población de nuestro país. Una proporción que ha desmejorado significativamente con la aceleración del proceso inflacionario que deterioró el esfuerzo del propio fisco al licuar el poder adquisitivo de la complementación de ingresos. Sin embargo, solo podemos esperar que este año se mantenga la tendencia .
Lo dicho implica que la Argentina, habiendo alcanzado el máximo histórico de la presión fiscal y del gasto público en términos del PBI, enfrenta el gran desafío de aumentar la eficacia y la eficiencia de los recursos que destina al gasto social para asegurar la inclusión social de los más desprotegidos. Tal como sucede en el caso de la salud y la educación, en los que nuestro país gasta la proporción de un país desarrollado con indicadores de resultado que no están a la altura del esfuerzo fiscal que hacemos entre todos.
Por Consultora Ledesma
Empleo
Este año podría crecer la tasa de desocupación
Durante 2013 el nivel de desocupación se mantuvo en torno a 7%, relativamente estable como viene haciéndolo desde 2011, cuando la generación de puestos de trabajo se estancó para comenzar a caer a partir de fines de 2012, aún a pesar del leve aumento del nivel de actividad, desde entonces.
El menor dinamismo del mercado laboral se compensó en una disminución del nivel de actividad general, es decir, de la participación en el mercado laboral.
Considerando desocupados y subocupados nos encontramos con que casi 3 millones de argentinos tienen problemas para insertarse en el mercado laboral, que si bien es una cifra significativamente inferior a la que se registraba al inicio de la década, ha permanecido bastante resistente en los últimos años, aún a pesar de que el sector público creó 120.000 puestos de trabajo por año para alcanzar a una planta estatal de casi 3,5 millones de empleados públicos.
El panorama se completa si consideramos que 4 de cada 10 trabajadores son informales. Lo que ha llevado al gobierno a desarrollar planes que apunten a los segmentos donde más se concentra el empleo informal, es decir, el empleo doméstico y el segmento Pyme. Pero el empeoramiento de las condiciones económicas generales y el estancamiento del nivel de actividad han revertido la tendencia en los últimos años. Cabe destacar que la Argentina es uno de los países en los que los costos laborales se ubican entre los más altos del mundo y en la región prácticamente duplica al costo que se registra en el resto de los países.
La profunda desaceleración de la economía se tradujo en un estancamiento de la generación de puestos de trabajo formales que cuando la economía se estancó, en un contexto de costos salariales crecientes, se manifestó en un deterioro de las condiciones laborales privadas que fue compensado por el sector público. Pero este esquema no es sostenible en el tiempo porque el aumento del gasto que implicó el pago de los salarios impulsó la suba de la presión fiscal a través del impuesto inflacionario.
Cinco años de estancamiento
Más aún, si consideramos el dinamismo de la generación de puestos de trabajo formales en el sector privado, nos encontramos con que el estancamiento ya lleva unos cinco años, mientras que el sector público siguió creciendo en ese período. Como consecuencia, el empleo público aumentó significativamente su participación, alcanzando los niveles de fines de los años 80.
Cabe destacar que en los últimos 10 años, el empleo público registró un incremento de más de 50% (como consecuencia del aumento del empleo estatal en todas las jurisdicciones), explicando, buena parte del aumento del gasto público en términos del PBI y, por lo tanto, de la presión fiscal y el deterioro de las cuentas públicas.
El aumento del empleo público y el deterioro del poder adquisitivo del salario como consecuencia de la aceleración de la inflación, aumentaron el nivel de conflictividad gremial, espacialmente en el caso de las provincias que han mostrado tener menos margen de maniobra para asegurar aumentos alineados con la inflación.
Considerando este panorama, esperamos que el mercado laboral registre un deterioro en 2014 consecuencia del estancamiento del nivel de actividad en un contexto de alta inflación, por su impacto sobre la rentabilidad del sector privado y la recaudación fiscal nacional y provincial, que imponen un límite a la plantilla de planta y contratada.
Como consecuencia, la tasa de desocupación podría crecer hasta medio punto durante este año, reflejando una profunda inconsistencia con las estadísticas oficiales de nivel de actividad.
Por Consultora Ledesma
Opinión
El empleo no aumenta
La buena noticia del mercado laboral de la Argentina es que la tasa de desempleo se mantiene baja y sigue descendiendo, aunque últimamente con baja moderada. El último dato disponible indica que el desempleo fue de 6,8% en el tercer trimestre de 2013. Este es uno de los valores más bajos de los últimos diez años y se compara bien con 7,6% de un año atrás.
Por Patricio Millán Smitmans (*)
Pero detrás de este “buena” cifra hay un dato preocupante: en números absolutos los trabajadores empleados son algo menor que hace un año y el empleo no aumenta, a pesar del crecimiento experimentado por la economía.
Las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC establecen que en el tercer trimestre de 2013, existían 10.978.000 empleos en los aglomerados urbanos del país. Esta cifra es muy semejante a los 10.983.000 empleos que existían en el mismo periodo del 2012 y a los 10.882.000 de 2011. En términos de puestos de trabajo disponibles, el empleo no crece a pesar de que las cifras de la CEPAL estiman que el crecimiento del PIB fue de 3,5 % en 2012 y que llegaría a 4,5% en 2013.
¿Si el empleo no crece, cómo se explica entonces la caída del desempleo? Simplemente porque la población económicamente activa, es decir la población que busca trabajo, ha disminuido. En el último año, la tasa de actividad disminuyó de 46,9% al 46,1% y 107 mil personas “abandonaron” el mercado laboral, es decir, ya no buscan trabajo. La cantidad de desocupados se redujo en una cantidad un poco menor y el desempleo disminuyó, pero esto no es lo relevante. La tasa de desempleo disminuye no porque aumente el empleo sino porque disminuye la población económicamente activa. El hecho de que 107.000 personas se retiren del mercado del trabajo es algo grave y perturbador, que merece ser tomado en consideración.
El fenómeno observado de abandono del mercado laboral se califica como “efecto desaliento”: ante las pocas perspectivas de encontrar empleo, las personas se retiran del mercado laboral y dejan de buscarlo. Los datos son claros en establecer que este fenómeno está sucediendo y la cifra indicada es preocupante. El abandono del mercado del trabajo es importante entre las mujeres menores de 30 años y entre los jóvenes, donde aumenta el grupo de los que no estudia ni trabaja (jóvenes ni-ni).
Diversos estudios han indicado que en los últimos años el empleo privado no ha crecido y que los aumentos en el empleo total se explican exclusivamente por el aumento del empleo público. En el periodo 2008-2012 la planilla de empleados públicos en todos los niveles gubernamentales habría crecido a un ritmo de 131.000 nuevos puestos por año, pero este ritmo no pudo continuarse en el 2013 por las restricciones fiscales que enfrenta el sector público.
Por otra parte, la alternativa de crear “empleo público para todos” es dañina para la economía en el largo plazo, ya que se acentúan las pérdidas de competitividad. Para enfrentar el estancamiento actual del empleo la única solución real y verdadera es crear las condiciones para que aumente el empleo privado en los diversos sectores productivos. Este es el gran desafío que enfrentará el mercado laboral en el año 2014. ¿Se crearán las condiciones necesarias para que el sector privado contrate más mano de obra y aumente el empleo?
Trabajo “en negro”
Las últimas estadísticas oficiales indican también que el empleo no registrado está aumentando y alcanzaría a 34,5% de los asalariados. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), alrededor de 2,9 millones de trabajadores de los centros urbanos del país que están en relación de dependencia trabaja “en negro”, es decir, no tienen contratos de trabajo ni hacen aportes para su futura jubilación ni tienen cobertura de salud de una obra social. De acuerdo a la terminología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son trabajadores que carecen de un “empleo decente”. Este porcentaje es inferior a 47,5% observado en la EPH de comienzos del 2005, pero superior a 32,0% reportado en el primer trimestre del 2013.
Las cifras de la EPH se refieren a los trabajadores no registrados dentro del total de trabajadores asalariados. Si a este total se agregan los 1,7 millones de trabajadores por cuenta propia no profesionales (comerciantes, vendedores, albañiles, electricistas, jardineros, etc.) que tampoco están registrados ni hacen aportes, la informalidad laboral llegaría a 4,6 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente 39,0% de la población económicamente activa del país. Las encuestas del Barómetro de la Deuda Social de la UCA indican una cifra aún mayor de informalidad laboral, ya que 46,6% de los trabajadores no hace aportes y tiene empleos precarios e inestables.
Independientemente de la cifra precisa, es obvio que el gran problema del mercado del trabajo de la Argentina continua siendo la informalidad laboral. Ella afecta especialmente a los trabajadores sin estudios secundarios completos y de los estratos socioeconómicos más bajos. La informalidad laboral alcanza a 69% de los trabajadores en el quintil más bajo de la distribución del ingreso. En relación a la situación de hace 10 años atrás han indudablemente existido avances, pero en los últimos años este proceso se ha detenido y ahora nuevamente estaría aumentando la informalidad laboral. Es necesario implementar nuevas políticas, como lo ha destacó recientemente el propio Ministerio del Trabajo al poner en marcha una Comisión Tripartita Contra el Trabajo No Registrado.
Importa el tamaño de la empresa
Existen muchos factores que explican la alta tasa de informalidad laboral que caracteriza a la economía argentina, como lo han destacado los informes Empleo y Desarrollo Social de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA). Un elemento importante es el tamaño de la empresa. 60% del empleo no registrado entre los trabajadores asalariados del sector privado es generado por las empresas con menos de 5 trabajadores y otro 19% por las empresas que tienen entre 6 y 10 trabajadores. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores asalariados no registrados pertenece a una empresa con menos de 10 trabajadores. Muchas de estas empresas son informales y no están ellas mismas registradas. Ellas no pueden afrontar la complejidad de los procesos administrativos y las altas cargas impositivas y laborales que impone la legislación existente, que ha sido diseñada tomando en cuenta la realidad de las empresas más grandes.
La simplificación de los procesos administrativos y el establecimiento de beneficios fiscales para las microempresas aparecen como necesidades ineludibles, que ayudaría a disminuir la informalidad laboral. Sin embargo, en el diseño de las nuevas medidas es necesario capitalizar la experiencia pasada, ya que mecanismos beneficiosos como el monotributo impositivo tuvieron un impacto disminuido por la falta de mecanismos automáticos de actualización de los parámetros en un contexto inflacionario.
En conclusión, no hay que dejarse ilusionar con la baja tasa de desempleo actual. El crecimiento económico y el mayor bienestar social requieren de un aumento sostenido en la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en el sector privado productivo. Ello no está ocurriendo y este es un fenómeno que debe ser revertido a la brevedad. El mayor empleo que se cree debe ser un “empleo decente” y esto requiere que se ataque directamente a las causas de la alta informalidad laboral que actualmente existe.
(*) Patricio Millán Smitmans es profesor de Política Económica en la Universidad Católica Argentina.
Salarios
En caída y con menor potencial de compra
La cuestión salarial tiene especial relevancia por su impacto sobre las expectativas inflacionarias. Mientras el nivel de actividad languidece –menos rentabilidad de las empresas y menor capacidad de recaudar impuestos–, alcanzar a cubrir las demandas es acelerar más el proceso inflacionario en curso, en un proceso que se espiraliza.
El año pasado el salario real promedio de la economía registró una contracción entre puntas en torno a 1,5%. Estas cifras confirman que en 2013, por primera vez desde la recuperación de la crisis de 2001, el salario nominal creció menos que la inflación como consecuencia de la aceleración del aumento de precios, especialmente en el segundo semestre, y la moderación del aumento del salario formal promedio de la economía como consecuencia del menor dinamismo de la generación de empleo, especialmente del sector privado de la economía.
Después de la recuperación del segundo trimestre, durante toda la segunda mitad del año se registraron variaciones mensuales negativas, sosteniendo una tendencia que comenzó a registrarse hacia el final de 2012.
El retroceso del poder de compra de los salarios impacta negativamente sobre el dinamismo del consumo de la economía y la capacidad de ahorro de las familias y esto fue lo que forzó al gobierno a descomprimir, en un año electoral, reduciendo la carga impositiva para las remuneraciones por debajo de los $25.000 brutos amortiguando el efecto de la distorsión que introduce la inflación en el cálculo del impuesto a las ganancias sobre el electorado asalariado.
En este contexto, 2014 comenzó con una situación muy compleja en cuanto a las negociaciones salariales, porque el nivel de las demandas sindicales, en respuesta a la aceleración del procedo inflacionario en curso, tiende a adelantarse a la inflación y exceder la capacidad de pago tanto del sector privado (menor rentabilidad) como público (menos recaudación).
En este caso particular, las más afectadas son las jurisdicciones provinciales ya que por la distribución de competencias tienen casi tres cuartas partes del presupuesto destinado a pagar sueldos. Esto profundizó el impacto de la negociación salarial en el contexto electoral del año pasado sobre las agobiadas finanzas provinciales.
Un piso de 30%
En este contexto el gobierno ha buscado establecer una restricción sobre las negociaciones para contener la aceleración de la inflación, pero los reclamos de los gremios más representativos impone un piso de 30% y los acuerdos cerrados hasta ahora reflejan escaladas en torno a 25%, como mínimo. Mientras tanto, desde las principales cámaras empresarias reclaman aumentos por debajo de 20%, adelantando el aumento del nivel de conflictividad.
En este contexto lo que sí está claro es que el gobierno aumentará la presión fiscal a través del impuesto inflacionario y el éxito de esa estrategia (que en última instancia dependerá de nuestra predisposición a mantener saldos en pesos que constituyan la base imponible del impuesto inflacionario) determinará la magnitud de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en 2014.
Más aún, es importante destacar que al cierre del año pasado comenzaron a surgir en las negociaciones los bonos compensatorios por inflación de carácter no remunerativo que alcanzaron algunos de los gremios más influyentes, que agregan más leña al fuego y que, seguramente proliferarán este año.
La perspectiva para este año indica negociaciones periódicas que podrían llegar a ser trimestrales y mayor conflictividad en la medida en la que la inflación se acelere. Es comprensible que en función de los intereses sectoriales, los gremios presionen para conseguir aumentos salariales que se adelanten a la evolución de una inflación que se acelera, especialmente si el año pasado se quedaron cortos.
Sin embargo, en el contexto de una economía estancada esta tendencia generalizada termina acelerando la pérdida de poder adquisitivo del salario formal. Lo que afectará más significativamente a los que se encuentran ocupados en el segmento informal (que no tienen quién defienda sus intereses) y los desocupados.
Por Consultora Ledesma