Por Daniel Gustavo Montamat (*)

El movimiento de pinzas de la energía sobre la economía ha puesto al Gobierno en la disyuntiva inevitable de pagar altos costos políticos cualquiera sea la decisión que tome. Si quiere corregir el déficit energético por su fuerte impacto sobre las cuentas externas y públicas, debe encarar una reforma tarifaria integral con recomposiciones significativas de precios de la canasta energética, lo que puede agravar la puja distributiva y precipitar una espiral precios-salarios.
Si, en cambio, deja crecer el déficit energético, la hemorragia de divisas que generan las importaciones amenaza llevarse puesto el superávit comercial y tornar inmanejable la política de subsidios que hoy requiere financiamiento inflacionario. El drenaje de divisas y el atraso del dólar oficial por la inflación en pesos pueden derivar en una nueva crisis de balanza de pagos. El Gobierno tratará de evitar definiciones en este año político, por lo que auguramos más importaciones y mayores subsidios.
El déficit de balanza comercial energética (combustibles) en los dos años anteriores fue de alrededor de US$ 2.800 millones. Este año, por mayores importaciones y por continuidad de la declinación productiva nacional, el déficit puede alcanzar US$ 7.000 millones.
Como las importaciones se hacen a precios internacionales que incluyen los costos de transporte hasta estas latitudes (paridad de importación), la diferencia con los precios internos de la energía engrosa un mecanismo de subsidios energéticos que representa alrededor de 60% de los subsidios totales.
La cuenta de subsidios totales en 2003 era de US$ 3.788 millones y este año va a alcanzar casi 30.000 millones. Medido en dólares el aumento es de 673%. El uso de la moneda estadounidense no es caprichoso. El gasto público total consolidado (nación, provincias, municipios) pasó en este período de US$ 37.172 millones en 2003 a los cerca de US$ 260.000 millones estimados para este año. La moneda “obesa”, diría don Vittorio Orsi, no es solo un castigo para los exportadores y un premio para los importadores; también es una “mochila de plomo” para las cuentas públicas por su impacto en la productividad sistémica.
Si la Argentina económica se encaminase a una corrección cambiaria, la complicación para recomponer precios y tarifas de la energía se agrava. En el Informe de Precios de la Energía que publica Montamat y Asociados mensualmente, se destaca que en petróleo y derivados los productos argentinos están alrededor de 70/80% de las referencias internacionales, en gas natural 22% de las referencias regionales y en electricidad 33%.

Magnitud de las distorsiones
Esto nos habla de la magnitud de las distorsiones relativas promedio, pero la comparación está hecha al dólar oficial. Con un dólar más caro las diferencias se agigantan y los subsidios de la energía importada crecen en proporción. El paquete de servicios públicos (energía, transporte, telefonía, aguas) hoy representa 3,1% en los gastos de un hogar promedio. Si las tarifas hubieran seguido la corrección promedio de otros precios, el paquete de servicios públicos representaría alrededor de 20%, como en otros países de la región. La recomposición de precios de la energía sin recomposición de los ingresos reales, fuerza un reacomodamiento del presupuesto familiar. El ajuste es más traumático si hay una devaluación de por medio.
He aquí el nudo gordiano del problema energético que supimos conseguir: su agravamiento precipita una recomposición de precios relativos, pero si la recomposición de precios incluye el precio del dólar en pesos, el ajuste de los precios de la canasta energética se torna más complicado.
El contexto político y social aconseja una solución gradualista que combine aumentos reales de precios con reducción parcial de subsidios y la concomitante implementación de una tarifa social que favorezca a los hogares más vulnerables. Mientras tanto, una estrategia de largo plazo y una mayor certidumbre de reglas nos permitirá desarrollar el inmenso potencial y recuperar el autoabastecimiento. Ambos desafíos imponen un nuevo marco de política económica y sectorial para enfrentar las inconsistencias macro y microeconómicas del presente.
En todos estos años la política petrolera estuvo entrampada en el corto plazo. La gestión de las empresas, como consecuencia, privilegió la sobreexplotación de los yacimientos que estaban en producción y limitó al mínimo la inversión de mayor riesgo, aquella que repone reservas. Así se fueron consumiendo los stocks de reservas probadas (las de gas natural se redujeron a la mitad), y de cada uno de los cerca de 20.000 pozos que extraen petróleo y los cerca de 2.000 que extraen gas, la productividad fue declinando. Consumo del stock de reservas probadas, producción en baja y menor productividad por pozo en yacimientos maduros: la fórmula para la pérdida del autoabastecimiento en una geología como la nuestra, ni pródiga en recursos de bajo costo, ni heredera de las reservas probadas que tienen las potencias petroleras.

Cambio en política energética
Para poner el caballo delante del carro en la recuperación del autoabastecimiento y promover el desarrollo de los recursos no convencionales hay que cambiar la política energética. Esto es, pasar de la intervención discrecional que hoy domina, a reglas que den previsibilidad de largo plazo; reemplazar los planes contingentes, por una planificación estratégica para los próximos 20 años, asumiendo los costos políticos de la recomposición gradual plateada.
La política energética debe cambiar para la nueva YPF, que representa en promedio 35% de la producción de petróleo y gas, y para todos los otros actores que producen el otro 65%. Para romper con la lógica de sobreexplotar lo que está en producción y empezar a recomponer el stock de reservas y la producción de petróleo y gas, la nueva política energética debe generar las condiciones para recuperar los niveles de inversión exploratoria de las dos décadas anteriores, aumentar la tasa de recuperación en los yacimientos en operación (enhanced oil recovery-EOR), y promover las cuantiosas inversiones que requiere el desarrollo de los recursos no convencionales.
Un plan petrolero con objetivos de corto, mediano y largo plazo destinado a las empresas que hoy operan en la Argentina y a otros potenciales inversores del mundo debería incluir los siguientes capítulos:
1)- Plan de recuperación de reservas en los yacimientos en producción (inyección de fluidos habitualmente no presentes en el reservorio para aumentar la tasa de recuperación de reservas in situ). Resultados productivos a dos o tres años vista.
2)- Recupero de áreas exploratorias en las provincias donde no se cumplieron los compromisos de inversión. Nuevas licitaciones que aseguren transparencia y presencia de actores que garanticen solvencia técnica y capacidad financiera. Resultados exploratorios/productivos a cinco años vista.
3)- Plan exploratorio para la plataforma continental argentina. Mecanismos de previsibilidad tributaria y de distribución de la renta siguiendo experiencias comparadas de la región (Perú, Brasil, Colombia). Resultados exploratorios/productivos a 10/12 años vista.
4)- Convocatoria internacional para asociarse a YPF en el desarrollo de los yacimientos de petróleo y gas de esquistos (shale oil y shale gas). Resultados productivos a 7/8 años vista.
5)- Plan exploratorio para las cuencas de alto riesgo on shore consensuado entre Nación y Provincias. Incentivos basados en experiencia comparada de la región. Resultados a 8/10 años vista.
Con otra política petrolera la Argentina puede volver a reponer reservas que en estos años ha depredado y a recuperar el autoabastecimiento perdido.

(*) Daniel Gustavo Montamat fue presidente de YPF y secretario de Energía de la Nación.

Una política económica espasmódica

Fuertes intervenciones y pocos sectores productivos ganadores

A pesar de que el contexto externo sigue brindando viento a favor, se siente con menor intensidad que en años recientes, y no resulta tan favorable como se esperaba. Brasil reduce sus proyecciones de crecimiento y hoy una expansión de la actividad de 2,5% es vista como techo. Por su parte, China también pierde dinamismo y este año no crecería más allá de 7,5%.

Por Coordinación de Análisis Sectorial de abeceb.com

Al mismo tiempo, la Reserva Federal de EE.UU. ha comenzado a insinuar la desaceleración de los estímulos. Su impacto sobre el precio de los commodities y sobre el tipo de cambio real multilateral no puede ser desestimado.
En el plano local, el Gobierno nacional intenta aportar lo suyo mediante acciones de alto impacto político frente a las elecciones de octubre, aunque desde la política económica se continúa actuando de manera espasmódica y descoordinada. Sin embargo, se descuenta que seguirá apostando con todo a estimular el consumo mientras pueda. Muestra de ello es su insistencia con una política fiscal expansiva mediante la persistencia de los subsidios y las actualizaciones de las asignaciones sociales. Su impacto debería comenzar a hacerse palpable en la segunda mitad del año cuando se haga efectivo el ajuste de las transferencias sociales y las paritarias.
No obstante, sigue afectando a las decisiones de consumo el factor incertidumbre, generado por la brecha cambiaria y cada medida tomada en torno a restringir aún más las compras de divisas, que frena los adelantos de las compras impulsadas por la inflación.
En este marco, en el plano sectorial son pocos los grandes ganadores de la tercera etapa del modelo y más los que se mantienen, o comienzan a ver reducida su dinámica sectorial. La economía se expandiría 2,1% este año, dejando en el pasado las famosas tasas chinas.
La gran apuesta sigue siendo el consumo privado como motor del crecimiento, lo que seguirá empujando a las industrias relacionadas de bienes durables, principalmente la automotriz, aunque las sensibles comienzan a evidenciar dificultades. En cuanto a los sectores generadores de divisas, el agro aportaría cerca de un punto por factores exógenos, la minería no alcanza a despegar ante un contexto internacional difícil y las economías regionales seguirán padeciendo la pérdida de competitividad.
La energía seguirá siendo un sector clave a monitorear por ser el talón de Aquiles del modelo, tras haber perdido el autoabastecimiento y convertirse en una aspiradora de dólares. ¿Cuáles son las perspectivas en el corto plazo para cada uno de ellos?

Comportamiento industrial
El sector industrial evidencia un crecimiento moderado en los primeros cinco meses de 2013, con una suba de 0,6% según el EMI. Entre las 12 categorías que componen el índice, solo tres sectores mostraron un desempeño positivo, siendo vehículos automotores (+19,1%) el responsable de la mayor parte de la tracción en la industria. En menor medida, sustancias y productos químicos, y minerales no metalíferos, también avanzaron en el acumulado del año.
En contraposición, los rubros de alimentos y bebidas, metálicas básicas y metalmecánica, que en conjunto explican 45% del total, obtuvieron resultados negativos. Asimismo, productos textiles y edición e impresión, sectores protegidos en los últimos años, no pudieron evitar caídas significativas.
En este contexto en el que la industria se encuentra creciendo por debajo de lo esperado, la producción de bienes durables, en particular la automotriz y los electrodomésticos, siguen siendo uno de los pocos sectores ganadores que resisten al freno de la economía. Estos continúan siendo beneficiados por la escasez de alternativas de ahorro y el comportamiento de huida del peso, aunque en el caso de la industria automotriz se agrega la recuperación del mercado brasileño.
La producción de autos se recuperó rápidamente de la caída registrada en 2012, alcanzando un récord durante el primer semestre de 2013, lo que significó un aumento interanual de 18,9% respecto de igual período del año anterior. Si bien la mayor contribución al crecimiento vino dada por la demanda incremental de Brasil, las ventas al mercado interno mostraron una dinámica muy superior a la esperada, y se destacaron con una suba interanual de 13% en los despachos de vehículos nacionales.
El sector espera una evolución más moderada para el segundo semestre del año, tanto para las exportaciones como para las ventas al mercado interno. No obstante, no impedirá que el sector se afirme como una de las estrellas, cerrando el año con una producción 10,5% superior y con todas las terminales registrando un volumen de producción igual o mejor que en 2012.
Por el otro lado, las ventas de electrodomésticos siguen mostrando un fuerte dinamismo en su conjunto, y para el primer cuatrimestre del 2013 acumularon un crecimiento de 16%. Entre los rubros más destacados, figuran televisores, computación y accesorios y cocinas a gas. Al igual que sucede con los vehículos, este sector se vio beneficiado por las políticas de fogoneo al consumo, entre las que se destacaron en el último tiempo las promociones y créditos por intermedio del uso de tarjetas de crédito, coincidiendo además con el contexto de falta de instrumentos de ahorro. Si bien podrían desacelerar su crecimiento hacia el segundo semestre, finalizarían el año como otro de los sectores triunfadores.

Caída en alimentos y bebidas
Entre los sectores cuyo desempeño fue menor al esperado, se destaca la caída de 2,5% en alimentos y bebidas, debido principalmente al débil desempeño de la industria láctea, que sufrió el impacto de una merma en el precio internacional en 2012, a la menor molienda de granos resultante de la baja cosecha 2011/12, y a la caída en el consumo de bebidas. Se espera que repunte en el segundo semestre por la entrada de la nueva cosecha 2012/13, cuyo valor final dependerá en parte de la retención de grano, un rebote en la producción láctea a raíz de mejores precios internacionales, y una leve recomposición del consumo local.
Por su parte, las industrias metálicas básicas, principalmente la siderurgia, se encuentran atravesando dificultades que les impiden aprovechar su pleno potencial, a pesar de que son las proveedoras de los insumos difundidos que utilizan entre otros el sector automotor, construcción y la electrónica de consumo. La producción de acero cayó fuertemente en el primer semestre de 2013 por recurrentes paradas de plantas por mantenimiento en el plano local, mientras que en el ámbito internacional continúa la tendencia a la baja de los precios por la sobreoferta china.
Por último, pese a las políticas de expansión del consumo interno y principalmente de protección a la industria mediante trabas a la importación, sectores que en el pasado reciente se encontraron beneficiados, hoy se encuentran mostrando signos de debilidad en su performance productiva.
Es el caso de los sectores textil y de calzado, que han mostrado signos de debilidad en los inicios de 2013, aunque se esperan mejoras para lo que resta del año por el lado de la demanda, frente a la recomposición salarial tras las paritarias y un repunte de la actividad. De todas formas, el crecimiento del segundo semestre no alcanzaría para cerrar el año en valores positivos, y se estima una merma de 1% tanto para la actividad textil como para la venta de calzados.
Asimismo, se observan signos de pérdida de competitividad en relación con la competencia internacional, lo que profundiza la dependencia de la protección comercial. En este sentido, se evidenció un fuerte crecimiento de las importaciones de calzado en los primeros cinco meses de 2013.

Agricultura
Atravesada la primera mitad del año, ya se encuentra finalizada la cosecha de soja de la campaña 2012/13 y considerando los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo), las perspectivas para el cierre de cosecha se ubican en 12% superior a la de la campaña anterior. Esto dio algún impulso a las ventas de maquinaria agrícola y agroquímicos.
En el caso de la soja, la producción fue de 48 millones de toneladas, 20% por encima de lo registrado en el ciclo anterior. Si bien la cosecha tuvo un incremento de 10 MT, estuvo lejos de las estimaciones al comienzo de la campaña que hablaban de 55 MT. En el caso del maíz, se mantiene la proyección de 25 MT de producción, siendo esta una de las más elevadas a nivel histórico.

Economías regionales
La brecha cambiaria se suma al aumento de los costos y el deterioro de la competitividad a la hora de exportar. El mercado interno se sostiene, pero su tamaño no resulta suficiente para absorber los excedentes sin ejercer presión a la baja en los precios. Apuntar a una mayor competitividad sistémica (no solo cambiaria) constituye el desafío pendiente para apuntar a un crecimiento con inserción internacional.
Si bien en 2013 se produjo una aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial, no alcanzó en todos los casos para corregir los desbalances acumulados, y además se sumó una brecha cambiaria significativa que impacta sobre las decisiones empresarias.
Los productos regionales enfrentan un mercado internacional con demanda estable y un panorama más competitivo, que no permite trasladar en su totalidad el aumento de costos de producción.

Minería
Es un sector donde se esperaba que, a 2016, podría generar divisas por unos US$ 14.000 millones frente a US$ 5.400 millones actuales con la puesta en marcha en las fechas previstas de los grandes proyectos como Potasio Río Colorado, Pascua Lama, Cerro Negro, Agua Rica, El Pachón entre otros. Pero el contexto internacional cambió y los proyectos en la Argentina estuvieron entre los primeros afectados.
Los precios internacionales sufrieron un fuerte ajuste tras un crecimiento menor al esperado de China, mientras que en el plano local un esquema retenciones sobre los ingresos totales genera un efecto regresivo. Esto, a diferencia de un esquema progresivo de los países competidores de la región que gravan las utilidades.
Asimismo, las dificultades en la macroeconomía habían llevado al Gobierno a adoptar medidas que afectaron sensiblemente la actividad. Entre ellas, la reducción de los plazos de liquidación de divisas provenientes de exportaciones y la restricción de la remisión de utilidades. En el primer caso, el plazo había pasado de un promedio de 120 días a en algunos casos a 30, lo cual impedía la normal operatoria de exportaciones, afectando las ventas externas del sector desde mediados del año pasado. En el segundo caso, las dificultades para girar utilidades empezaron a pesar en las decisiones de inversión de promisorios proyectos mineros.
Si bien se espera una recuperación de los niveles de exportación respecto al comienzo del año tras las correcciones de los plazos de liquidación de divisas, los niveles serán menores a los esperados un semestre atrás.

Hidrocarburos
Luego de un año de la expropiación de YPF y pese a los esfuerzos por revertir la declinación, los números muestran que son insuficientes para generar un efecto en el agregado. La caída de la producción se profundiza, principalmente en gas, donde el agotamiento de los principales yacimientos acelera la declinación productiva. La urgencia por mostrar resultados impulsa al Gobierno a implementar medidas de promoción contradictorias con el marco jurídico que intenta establecer.
Durante los primeros cinco meses la producción de petróleo crudo acumuló una caída de 4,4% y la de gas 7,2%. En este último caso esta tendencia se profundizó durante el año pasado y el comienzo de 2013.
Ante estos resultados y con la expectativa de que el déficit energético del sector supere los US$ 6.500 millones al cierre del año, el Gobierno lanza beneficios para las inversiones petroleras con proyectos de cinco años con montos superiores a US$ 1.000 millones.
Esto ocurre en un contexto de fuertes necesidades de revertir el desempeño productivo de la última década y restricciones en el mercado financiero internacional para la explotación del yacimiento Vaca Muerta por parte de YPF. Ante ello, resulta necesaria una explotación conjunta mediante socios estratégicos. En ese marco, el Gobierno anunció la firma el acuerdo de explotación de un área del Yacimiento Vaca Muerta entre YPF y Chevron, donde se invertirán US$ 1.240 millones, US$ 300 millones en una primera etapa luego de otorgarse la concesión.
La sanción del decreto 929 de Régimen de Promoción de Hidrocarburos se presume como condición de las inversiones del acuerdo de explotación conjunta entre YPF y Chevron. El interrogante es cuál será la reacción del resto de los concesionarios que no entren al régimen. Es decir, convivirá un sector desregulado con otro fuertemente intervenido. También esto marca la continuidad de la falta de definición de normas que regulen claramente al sector y la abundancia de decretos que se contradicen entre sí en un plazo de un año.

Construcción
El sector de la construcción experimenta una recuperación robusta, luego de un año en el que se contrajo 3,2%. La expansión interanual registrada en mayo fue de 7,4%, luego de haber crecido en abril 11,4%. En los primeros cinco meses del año acumula un crecimiento de 2,1%.
El Gobierno acaba de lanzar un blanqueo de capitales con el doble objetivo de recuperar reservas y aportar un instrumento alternativo al llamado dólar “blue” que contribuya a aceitar las operaciones inmobiliarias, que desde la instalación del cepo cambiario se encuentran en caída libre, y de este modo contribuir a apuntalar indirectamente a la construcción.
Sin embargo, el CEDIN todavía no toma vuelo. Si bien su lanzamiento es relativamente reciente y se espera que el grueso de los capitales llegue cercano a la caducidad de la vigencia del blanqueo, también se reconoce que el objetivo del Gobierno, con una meta anunciada de US$ 4.000 millones, resulta ambicioso en exceso. Pero aun cuando entraran unos US$ 1.000 millones, meta algo más conservadora, esto no supone ni 10% de la escrituración inmobiliaria realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires a lo largo de 2012. En este sentido, y con una caída interanual en los actos inmobiliarios que hoy supera 30% interanual, se concluye que el CEDIN por sí solo no logrará sacar al sector de la crisis.
La construcción, al ofrecer alternativas de transacciones en pesos, ha logrado en cierta forma despegarse de esta tendencia. Hoy, el contexto macro de elevada inflación y ausencia de alternativas de ahorro, junto a la pesada caída registrada el año pasado, siguen allanando el terreno para una continuidad de la recuperación del sector.

Algunas conclusiones
La dinámica sectorial en un contexto menos auspicioso se ve cada vez más afectada por las políticas de intervención, principalmente en lo que respecta al sostenimiento de lo que se llamaron los pilares del modelo.
El debilitamiento de una brecha externa favorable con un superávit que se achica, arrastrado por el déficit de la balanza energética que se suma a los sectores históricamente deficitarios como el industrial con más de US$ 30.000 millones, complica la entrada genuina de dólares.
Esto nos llevó hacia una macroeconomía más cerrada, lo que implica un mayor intervencionismo desde la micro que se enfoca en una intensificación de restricciones a las importaciones, un fortalecimiento del cepo cambiario y restricciones para el giro de utilidades. Estas medidas afectan la inversión en sectores estratégicos para la generación de divisas, generan distorsiones en la determinación de precios de activos denominados en dólares y la viabilidad de los proyectos de inversión.
Un menor margen de acción desde la macro debido a un achicamiento de la brecha fiscal, lleva a políticas sectoriales que se orientan hacia una mayor presión fiscal. Asimismo, una aceleración de la expansión monetaria vía financiamiento al tesoro nacional provoca una aceleración del ritmo inflacionario, donde ya se espera 24,7% para el cierre del año, lo que complica aún más los costos de los sectores exportadores que no pueden trasladarse a precios.
En definitiva, una mirada de corto plazo que embarra la cancha del ambiente de negocios sin un plan que apunte a mejorar el crecimiento sectorial de manera competitiva.

Elecciones 2013

¿Hay futuro para las primarias?

El voto en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones  legislativas de octubre se implementó por primera vez en 2011 y se caracteriza por tener un diseño sin precedentes: partidos y electores participan para definir las candidaturas en todas las categorías electivas nacionales.

María Page

Por María Page (*)

Se trata de una enorme intervención en la vida interna de los partidos políticos, porque quita la selección de los candidatos de su órbita y la transforma en una primera etapa del proceso electoral nacional. A los electores, a su turno, se los obliga a participar en la interna de los partidos. Según los impulsores de la reforma, dos importantes objetivos justificaban esa intromisión: alentar la democratización interna de los partidos sometiendo la definición de las candidaturas al voto popular y reducir y ordenar la oferta electoral que, después de 2001, se había vuelto demasiado voluminosa y confusa para los votantes.
¿Cumplieron las primeras PASO con esos objetivos? ¿Generarán las PASO de este año incentivos para que los partidos se animen a la competencia interna? ¿Harán que las opciones electorales se vuelvan más inteligibles para los electores? En el mediano plazo, lo lógico sería que las respuestas a estas preguntas sirvan para decidir si hay un futuro para las PASO en nuestro país.
Moderada reducción de la oferta electoral. Las primeras elecciones primarias celebradas en 2011, evaluadas a la luz de esos objetivos proclamados, dieron un resultado ambiguo. Por un lado, el volumen de la oferta electoral se redujo: la cantidad de listas que compitieron en las elecciones generales de 2011 tocó los pisos históricos desde 1983 en cada una de las categorías de cargos en juego. Esa reducción fue producto de la caída en el número de partidos reconocidos, la prohibición de las listas espejo, el umbral de 1,5% de los votos que motivó la conformación alianzas electorales y, en algunos casos (aunque pocos), la competencia interna.
El desorden continúa. En cambio, las primarias no cumplieron el objetivo de ordenar la oferta electoral. Ocurre que la reforma de 2009 no incluyó ninguna medida para evitar las alianzas cruzadas y las listas colectoras. En efecto, en las últimas elecciones fueron varios los casos de partidos que formaron una alianza para una categoría de cargos en un distrito, pero luego compitieron entre sí en otra categoría o en otros distritos.
El PRO, por ejemplo, fue en 2011 el partido con alianzas más heterogéneas: en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos integró el Frente Popular (que apoyaba a Duhalde para la presidencia), en Mendoza, San Juan y San Luis se integró a Compromiso Frente Federal (que tenía a Rodríguez Saá como candidato presidencial) y en la ciudad de Buenos Aires tuvo una boleta corta (sin candidato a presidente).
La UCR también tuvo un comportamiento errático a la hora de conformar alianzas: en algunos distritos se unió al partido Unión Celeste y Blanco (cuyo principal referente es Francisco de Narváez), conformó un frente electoral con el Partido Socialista en La Pampa, y se presentó sola en otras provincias.

El tema de las listas colectoras
Las listas colectoras, por su parte, permiten que partidos que no integran una misma alianza compartan una boleta sin haber llegado a un acuerdo programático. Así, es habitual que una misma candidatura a Presidente, por ejemplo, aparezca en varias boletas distintas en las que es acompañada por diferentes listas legislativas. El candidato a Presidente suma apoyos de todos lados y las distintas listas se benefician del arrastre del candidato presidencial, aunque no sea propio.
Esta práctica ha contribuido a la exorbitante proliferación de boletas a la que nos enfrentamos al entrar al cuarto oscuro y ha dado lugar a una oferta que se vuelve muy opaca para el elector. No obstante, lejos de atacar estas maniobras, la reforma de 2009 institucionalizó las colectoras a través de las listas de adhesión, que habilitan de hecho una nueva ronda de alianzas después de las primarias.
Se pierde entonces buena parte del sentido de celebrar elecciones primarias, porque agrupaciones que no formaron una alianza para las primarias pueden terminar en la misma boleta para las elecciones generales esgrimiendo un “acuerdo de adhesión”. ¿Qué incentivo hay entonces para competir dentro de un partido o frente si luego se pueden hacer este tipo de arreglos?
Muchos candidatos, pocas elecciones. Por otro lado, el objetivo de someter la selección de candidaturas al voto ciudadano solamente se logró de forma muy marginal. Ninguna agrupación definió su candidatura presidencial en las primarias: todas presentaron listas únicas. En la categoría diputados hubo competencia en 18 de los 24 distritos, aunque solo en algunas pocas agrupaciones y principalmente en el campo de la oposición. En la categoría senador solo hubo alguna interna en cuatro de los ocho distritos donde se elegía ese cargo.
Además, las pocas primarias en las que hubo competencia resultaron muy poco competitivas: fueron ganadas por amplios márgenes. La Unión Cívica Radical fue el partido con más competencia. El Frente para la Victoria tuvo más de una lista en apenas tres primarias, considerando todos los distritos del país. Los electores, por su parte, tampoco se entusiasmaron con la posibilidad de participar en la selección de los candidatos: en todos los distritos y categorías las listas más votadas fueron listas únicas.
En conclusión, la sorprendentemente alta concurrencia (79% del padrón) a unas elecciones en las que prácticamente no se decidía nada y la diferencia de votos obtenido por el FPV hizo de las primarias una especie de gran encuesta electoral en la que las distintas expresiones de la oposición quedaron muy relegadas.

¿Por qué no hubo competencia?
En primer lugar, para muchos dirigentes competir por fuera del partido de origen con un sello de goma es todavía más fácil y redituable que desafiar a la conducción desde adentro. Este parece haber sido el cálculo de Duhalde y Rodríguez Saá en 2011 y pareciera ser la lógica detrás de la variedad de opciones peronistas que se ofrecen este año en la provincia de Buenos Aires. Además, en los cargos ejecutivos hay muy pocos incentivos para competir: la ley dispone que el que gana se lleva todo.
En las categorías legislativas, en cambio, hay más lugares para repartir, algo que puede haber incentivado la competencia en las primarias de este año. Por otro lado, es un saber común de la ciencia política que las primarias competitivas generan divisiones, desgastan y consumen recursos que siempre son escasos.
¿Qué podemos esperar este año de las PASO? Dos datos alimentan un moderado optimismo entre los defensores de las primarias: este año se inscribieron para las categorías legislativas menos cantidad de agrupaciones y hay algo más de competencia. Como consecuencia, es muy probable que en las elecciones generales encontremos la menor cantidad de listas legislativas en competencia desde 1983.
Un poco más de competencia. En las primarias de 2011 solo 11% de las agrupaciones que participaron de la elección utilizó las primarias para definir sus candidaturas, este año esa cifra se incrementó para alcanzar 25%. En la categoría diputados nacionales habrá más de 40 primarias con competencia repartidas en 18 distritos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, candidatos con muy buena intención de voto participan en primarias con competencia. De modo que es muy posible que este año haya algunas internas interesantes. Resta por ver cuántas de estas elecciones resultan competitivas.
La oposición vuelve a competir más. Como en 2011, la competencia ocurrirá principalmente entre las filas de la oposición: la UCR vuelve a ser el partido que más compite, sola o en el marco de alianzas. Le sigue el Partido Socialista. Mientras que una vez más las distintas expresiones del peronismo prefieren medir sus fuerzas por separado a batirse en una primaria, pareciera que en algunos distritos la oposición adoptó las PASO como un instrumento para hacer posible la integración de fuerzas afines en espacios más amplios. El gran interrogante era si los votantes querrían participar en las primarias de las agrupaciones que se animaron a competir.
 
(*) María Page es coordinadora del Programa de Política y Gestión de Gobierno de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) www.cippec.org

El debate, pro y contra

El debut del voto joven: aprender a votar, votando

El cambio permanente es la principal característica de las elecciones nacionales de la Argentina de los últimos años. Cada proceso electoral estrenó nuevas reglas. Este año no es la excepción, y uno de los cambios tiene una enorme trascendencia porque afecta al cuerpo electoral, ese conjunto de personas que decide quiénes son nuestros representantes.

Por Julia Pomares y Florencia Mezzadra (*)

A partir de esta elección, los chicos y chicas de 16 y 17 años tienen el derecho a votar, aunque no la obligación. Del universo de casi un millón y medio de jóvenes que estaba en condiciones de integrar el padrón, casi 600.000 hizo el trámite que efectivamente permite que esté en condiciones de votar en las primarias de agosto y en las generales de octubre.
Conformarán 2% del electorado total del país. Si bien no hay ningún dato que nos permita suponer que este grupo de votantes piensa y decide su sufragio de forma similar, en el caso que así fuera, no será decisivo para cambiar drásticamente un resultado electoral. Pero, ¿podría tener un efecto decisivo en sus vidas? ¿Por qué?
Son muy pocos los países que permiten a los jóvenes de 16 años votar. Y quienes lo permiten, lo hicieron hace muy poco. Entre los países que ampliaron los derechos políticos a los adolescentes se encuentran Brasil, Nicaragua y Ecuador, en América latina. Austria es el único país europeo que tiene voto joven.
Sin embargo, en muchos países se está discutiendo esta posibilidad. Quienes proponen este cambio aducen varias razones para hacerlo. La primera es que el voto de los más jóvenes podría aumentar la participa­ción electoral. Eso podría ocurrir por dos motivos: porque los más jóvenes son más propensos a participar políticamente o porque están en mejores condiciones para hacerlo por tener menos obligaciones. Los datos de los países que habilitaron el voto joven no parecen demostrar esto. Igualmente, el argumento no sería muy relevante en la Argentina, porque el faltazo a las urnas no es un problema de magnitud preocupante.
Hay quienes en lugar de bucear en las consecuencias po­tencialmente buenas de la reforma, señalan motivos intrínsecos, indepen­dientes de las consecuencias, para extender el derecho a votar a los adolescentes. El principal argumento aquí es que los jóvenes de 16 y 17 años están preparados para votar.
Hay distintas formas de definir la adultez política. Una de ellas es a partir de la maduración actitudinal y cognitiva. Para quienes así lo hacen, la pregunta clave sería ¿es posible que una persona de 16 años haya desarrollado las facultades intelectuales y morales necesarias para votar? Los estudios psicológicos disponibles muestran que a los 16 años están desarrolladas tanto las capacidades necesarias para interpretar la información políticamente relevante como las disposiciones morales para formarse un juicio político.
Por ejemplo, la capacidad de ponerse en el lugar de otro y de reconocer la responsabilidad por los propios actos. Pero hay otros que sostienen que no solo se necesita tener ciertas facultades intelectuales morales sino también sentirse comprometido con el destino colectivo de la comunidad que uno integra, interesarse por los asuntos públicos e informarse sobre ellos.

Florencia Mezzadra

¿Qué significa estar preparado para votar?
Es muy frecuente interpretar al consumo de información política periodística como signo de compromiso público. Así, muchos señalan que –como consecuencia, principalmente, de las nuevas tecnologías– los jóvenes tienen acceso a más información que las generaciones anteriores, y esto los convierte en partícipes plenos de la discusión pública, por lo que no habría motivos para no incluirlos en el cuerpo electoral.
Pero si hay buenos motivos para extender los derechos electorales a un segmento de la población, el hecho de que miembros de ese segmento no estén políticamente informados no sería una buena razón para no permitirles votar. Cuando vamos a votar nadie nos pregunta si leímos el diario antes de abrirnos la puerta del cuarto oscuro, y estaría mal que eso pasara. Lo que habitualmente se reconoce como información políticamente relevante es un ingrediente importante pero no puede constituir una razón para dar o restringir derechos políticos.
Hay, sin embargo, un argumento más firme para sostener que alguien está comprometido con el destino colectivo de la comunidad y tiene información suficiente para votar. Nos hacemos una idea de qué políticas serían mejores para nosotros y quienes nos rodean y aprendemos a identifi­car a los candidatos que podrían adoptarlas en el contacto cotidiano con la política, con el Estado y con nuestros conciudadanos: pagando impuestos, usando servicios públicos y tra­bajando. Desde este punto de vista, atenderse seguido en un hospital público es tan importante como, y probablemente más informativo, que mirar programas políticos por televisión.
Extendiendo el derecho a votar a los jóvenes de 16 y 17 años estaremos incorporando al cuerpo electoral personas que ya alcanzaron lo que podríamos llamar “adultez social”, pero también a otras que participan solo parcialmente de la vida comunitaria. Si la mayoría de los jóvenes de 16 y 17 años participara directamente de los espacios públicos importantes para formarse una opinión política, incluirlos en el cuerpo electoral sería una buena idea. Sin embargo, no hubo al momento del debate legislativo un análisis sistemático de las características de los jóvenes argentinos de 16 y 17 años. Ya que no disponemos de información completa sobre este asunto, ¿habría alguna razón fuerte para incorporarlos, aunque estemos decidiendo a tientas?

Julia Pomares

Aprender a votar votando
Hay una razón muy atendible: ofrecerles la oportunidad de votar con un propósito formativo; permitir­les adquirir la experiencia relevante para ser un miembro pleno de la comunidad política haciendo una de las cosas que hacen los otros miembros plenos, que es votar. Este argumento sería, además, consistente con el compromiso constitucional de protección integral de todas las niñas, los niños y los adolescentes. La discusión en el Congreso fue apresurada. Pero sin saber de forma certera cómo son y cuán preparados y motivados para votar están los jóvenes, aprender a votar votando resulta el mejor fundamento de este cambio.
Los objetivos de los sistemas educativos del mundo cambiaron mucho en las últimas décadas, y hoy son más ambiciosos que nunca. Ya no basta con que transmitan la cultura letrada a las nuevas generaciones. Ya no se trata de formar una cultura nacional homogénea, como pretendía la escuela primaria, ni de seleccionar y formar a las elites políticas, económicas e intelectuales del país, que era la misión de la antigua escuela secundaria.
Hoy se exige que la escuela ayude a los alumnos a desarrollar competencias complejas: aprender a aprender, analizar críticamente la realidad, convivir con otros, participar en democracia. Además, estas competencias deben ser adquiridas por todos los alumnos, no solamente por algunos.
También hay novedades en el plano de las teorías pedagógicas. Hoy sabemos que el conocimiento no se distribuye, menos las competencias o las actitudes. Se adquieren, se desarrollan. Y se desarrollan en el hacer. Y así como a hablar se aprende escuchando y hablando, a leer se aprende leyendo, y el método científico se aprende a través de la experimentación, a participar se aprende participando.
El voto a partir de los 16 años se presenta entonces como una oportunidad para la formación ciudadana de los jóvenes. Esta primera participación electoral, que se realiza mientras se está en la escuela (para quienes asisten), puede dejar instalado un interés genuino en la participación ciudadana y brindar herramientas de análisis y decisión autónomas que podrán ser utilizadas a lo largo de toda la vida. Es este, desde nuestro punto de vista, la principal contribución que puede tener esta reforma electoral.

(*) Julia Pomares es directora del Programa de Política y Gestión de Gobierno, y Florencia Mezzadra, codirectora del programa de Educación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
www.cippec.org

Menos competencia y alternancia

Oficialismos y comicios: la ventaja de gobernar

Desde 1983 se han celebrado en nuestro país 187 elecciones de gobernador. Los partidos de Gobierno ganaron en 78% de los casos. El desempeño electoral de los gobernadores fue todavía mejor: de los 57 que intentaron la reelección solo seis no lo consiguieron (una tasa de éxito de 95%).

Gildo Insfrán

Por María Page (*)

En las provincias de Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz nunca hubo alternancia. En Corrientes, Catamarca y Santiago del Estero, el cambio de signo político solo fue posible después de una intervención federal. En 2011 los oficialismos ganaron en 20 de los 22 distritos que eligieron gobernador y 13 gobernadores resultaron reelectos. Fue el año de mayor proporción de victorias oficialistas desde 1983 (91%).
También llama la atención el hecho de que en algunas provincias el ejercicio del gobierno, lejos de producir desgaste, mejora el desempeño de los oficialismos en las urnas. En 2008, en Santiago del Estero, Gerardo Zamora resultó reelecto con 85% de los votos mientras que el segundo candidato obtuvo solo 5%. En 2011, en Formosa, Gildo Insfrán obtuvo su quinto período consecutivo con 75% de los votos; Alperovich su segunda reelección en Tucumán con 71%; y Maurice Closs, en Misiones, su segundo mandato con 75%.
Ser Gobierno tiene sus beneficios. Un estudio de CIPPEC muestra que detrás de esta tendencia se esconde un fenómeno estructural: los oficialismos obtienen importantes ventajas electorales solo por ser Gobierno. Independientemente de su desempeño, de la calidad de sus candidatos, de cuál sea el partido en el poder, de los vaivenes de la economía, los oficialismos obtienen en promedio más votos y tienen más probabilidades de ganar que la oposición. Considerados todos los distritos, esa ventaja era en promedio de 10% de los votos en los años 80, pero fue aumentando, hasta alcanzar casi 30% en las últimas elecciones.

Oficialismo invencible
Aunque los datos muestran que en todas las provincias los oficialismos obtienen algún rédito electoral por ser Gobierno, ese beneficio varía notablemente entre provincias. Por un lado, hasta ahora en Formosa, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén y La Rioja el oficialismo ha resultado electoralmente invencible.
Por su parte, las provincias de Chaco, Entre Ríos, San Juan, Salta y Tucumán muestran una profunda ventaja oficialista pero de reciente data. Durante los años 80 y 90 estos distritos tuvieron elecciones algo o muy competitivas, pero a partir de 2003 la brecha electoral entre oficialismo y oposición se hizo cada vez más grande hasta rondar 50% de los votos. 
En estas provincias, la licuación del voto radical y de fuerzas provinciales no pudo ser capitalizada por nuevos actores opositores y dio lugar a la posición hegemónica que hoy tiene el peronismo. En Misiones, el bipartidismo dio lugar a una colusión entre facciones del peronismo y la UCR que se unieron para construir una poderosa hegemonía. En Santiago del Estero, luego de que la intervención federal interrumpió la sucesión de Gobiernos peronista, el radicalismo logró construir una nueva hegemonía.  
En el resto de los distritos, los oficialismos conviven con distintos grados de competencia y la alternancia es todavía una posibilidad concreta. En Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Catamarca, San Juan, Río Negro y Santa Fe, la oposición logra un caudal de votos importante. Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza son las provincias que han tenido un nivel más alto de competitividad consideradas todas las elecciones desde 1983.
El peronismo saca más ventaja. El PJ es la fuerza política que mejor capitaliza la ventaja oficialista: cuando es Gobierno, el peronismo consigue una diferencia de votos mayor y más probabilidades de ganar que ninguna otra fuerza en idéntica situación. Los partidos provinciales también obtienen beneficios electorales cuando gobiernan, aunque en menor medida. La UCR, en cambio, no parece obtener un  diferencial electoral por el hecho de ser Gobierno.
Por qué hay ventaja oficialista. Respecto de este punto, el estudio de CIPPEC produjo resultados sugestivos. Por un lado, las reglas de reelección parecen condicionar la ventaja oficialista. En efecto, esa ventaja solo funciona en distritos que permiten alguna forma de reelección y es más pronunciada donde se admite la reelección indefinida.
En 1983 ninguna de las 22 provincias que existían en aquel momento admitía la reelección inmediata. Con el paso del tiempo, la mayoría de los distritos fueron reformando sus Constituciones y relajando esa regla. Hoy solo Santa Fe y Mendoza resisten la tentación reeleccionista: el resto de las provincias admite alguna forma de reelección. En el mismo período la ventaja oficialista creció consistentemente en el nivel provincial.
Por otro lado, el estudio reveló que cuando más alta es la incidencia del empleo público sobre la población económicamente activa, más pronunciada es la ventaja del oficialismo. Esta relación sugiere que el uso proselitista de los recursos públicos también es parte importante de la explicación.
La ventaja oficialista ha hecho que en las provincias las elecciones se vuelvan menos competitivas y la alternancia en el Gobierno cada vez menos frecuente. Esa pérdida de competitividad no es inocua. Por el contrario, tiene un impacto negativo en las instituciones de gobierno. Es que cuando las elecciones se ganan por mucho, es muy probable que el oficialismo obtenga también el control de la Legislatura y (consecuentemente) la capacidad de designar y destituir jueces sin necesidad de construir acuerdo.
Si esto ocurre, la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos se desvirtúan. Además, si no existen alternativas verosímiles al partido de Gobierno las elecciones no pueden funcionar como una instancia de rendición de cuentas. Sin controles entre Poderes ni desafíos electorales, el poder se vuelve más arbitrario y propenso a los abusos. Por otro lado, cuando las elecciones no son competitivas no hay forma de canalizar el conflicto político, porque el que gana se lleva todo y los perdedores se quedan afuera y sin expectativas de participar del poder. Las instituciones democráticas funcionan mejor cuando el poder está repartido, cuando hay que construir acuerdos y se pueden repartir las responsabilidades.
 
(*) María Page es coordinadora del Programa de Política y Gestión de Gobierno de CIPPEC.