Por primera vez desde que en 2007 PwC incorporó el capítulo argentino a su encuesta, el número de empresas nacionales que manifestó haber sido víctima de un fraude corporativo cayó por debajo de 30%. Así, en 2016 cayó a 29% la cantidad de organizaciones víctimas de fraude, comparado con el 51% de los casos reportados en 2014. Estos datos y los que se presentan a continuación, provienen del capítulo argentino de la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016, elaborada por PwC a más de 120 empresas argentinas y casi 6.400 en 115 países. El estudio arroja además un dato preocupante: Argentina se ubica dentro de los 10 países del mundo en los que a una mayor proporción de empresas les fue solicitada una coima para llevar a cabo un negocio.
Entre los diferentes tipos de delitos económicos a los que una compañía se encuentra expuesta, se identificaron cuatro tipos de fraude que vienen creciendo: los delitos informáticos, el soborno y la corrupción -uno de los que más erosionan los valores de la organización, de sus empleados y de la comunidad donde desarrolla su actividad-, el lavado de activos y el robo de información privilegiada.
Al igual que en los ediciones anteriores, la malversación de activos fue el delito económico más recurrente durante los últimos 24 meses con 81% de los fraudes reportados, lo que representa un crecimiento de 14% respecto de los resultados de 2014 (67%). Le siguen los delitos informáticos, que se han convertido en una seria amenaza para las organizaciones, consolidándose como el segundo tipo de fraude más frecuente. En este rubro la cantidad de víctimas crece encuesta tras encuesta: 33% de los casos reportados se explican por esta categoría, cuando en 2014 solo 21% correspondían a este delito. “Es probable que el número de víctimas sea aún más grande. Los hackers suelen encontrar la manera de navegar por las redes de las organizaciones durante largos períodos de tiempo sin ser detectados” comenta Diego Taich, director de Forensic Technology Solutions de PwC Argentina.
Según el informe, la principal amenaza proviene desde adentro de la propia empresa: el 59% de los fraudes en Argentina fueron cometidos por un empleado propio. Asimismo 3 de cada 4 fraudes internos que sufren las organizaciones son cometidos en el nivel de gerencia media. “Es decir los sectores que tienen la responsabilidad de controlar y autorizar las transacciones son los que aprovechan su rol para llevar a cabo un ilícito”, concluye Andrés Sarcuno, Senior Manager de Forensic Services de PwC Argentina.
Al analizar la cantidad de empleados de las organizaciones que manifestaron sufrir un caso de fraude, las compañías con más de 500 empleados tienen el doble de probabilidadesosibilidades de sufrir uno de estos delitos, siendo mayores son los montos y la cantidad de operaciones involucradas. Respecto de las políticas de prevención, la encuesta arrojó que la manera más frecuente de detectar un fraude es a través del aviso informal de un empleado: 22% de los casos fueron detectados de esta manera. Sin embargo, solo 30% de los encuestados disponen de un plan de respuesta a un incidente (ya implementado).
A pesar de los resultados, solo una de cada cuatro empresas proyecta invertir más recursos en sus programas de compliance para luchar contra los delitos económicos en los próximos 24 meses. Solo una de cada dos realizaron una evaluación de riesgo de fraude al menos una vez en los últimos dos años y menos del 10% la realiza dos o más veces por año.
“El fraude corporativo no está limitado por las fronteras locales, regionales o nacionales. De las regiones altamente industrializadas a los países en desarrollo, donde hay negocios, existe la potencialidad para el crimen corporativo. En particular, las empresas multinacionales enfrentan amenazas multidimensionales”, explica Jorge Bacher, Socio de PwC Argentina.
Según la encuesta, el costo de los delitos económicos estaría creciendo en el país. Desde el punto de vista del costo del delito en sí mismo, 12% de las organizaciones que reportaron un delito económico sufrieron un impacto financiero de más de US$ 1 millón, mientras que 43% de las víctimas estimaron un impacto financiero mayor a US$ 100.000. Comparado con la encuesta anterior, donde solo 21% de las empresas sufrió una pérdida mayor a US$ 100.000, se ha duplicado el porcentaje de organizaciones que soportaron una mayor pérdida económica.
Asimismo, debe agregarse que el costo no solamente se limita a la pérdida económica, sino también a los recursos internos y externos dedicados para combatir el fraude. Más allá de la pérdida económica y los recursos dedicados para investigar un fraude, es casi imposible cuantificar el verdadero impacto de un delito en el valor de la compañía.
