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Por Nicolás Ducoté y Dolores Arrieta*</p>
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<p>Por un lado, el sufragio universal garantiza que en toda democracia la soberanía reside en el pueblo. Además, la carga pública que recae sobre los ciudadanos convocados como autoridades de mesa revela que las elecciones no son sino un elemento democratizador, en el cual cada ciudadano tiene el mismo derecho y la misma obligación, independientemente de su origen y situación socioeconómica. En ese proceso todos somos funcionarios públicos defendiendo con nuestros actos la democracia que tanto valoramos.<br />
Además, la obligación de ir a votar y de cumplir con el deber cívico de ser presidentes de mesa que recae sobre los ciudadanos demuestra que gran parte de la transparencia de origen en la elección de los representantes se apoya en el control ciudadano. Los comicios no son simplemente una instancia para expresar una opinión o una elección sino, sobre todo, una garantía de que, quienes resultan electos, fueron elegidos por la mayoría en un proceso transparente, de los ciudadanos y para todos los habitantes del país. <br />
Por eso –y en un contexto político en el que las campañas electorales parecen haber olvidado que los protagonistas son los representados y no los representantes– es fundamental avanzar hacia una cultura democrática en la que la ciudadanía tome plena conciencia de que es posible ejercer su soberanía cotidianamente y no solo en fecha electoral. Es importante entenderlo, porque en la medida en que los representados se hagan presentes en la vida pública con acciones concretas, estarán también presentes en las decisiones de la clase dirigente que los representa.</p>
<p><strong>Es posible recuperar el espacio público</strong><br />
Según registros de 2007 de la Cámara Nacional Electoral, existen en la Argentina aproximadamente 700 partidos políticos reconocidos, entre los de orden nacional y los partidos de distrito. Además, más de ocho millones de ciudadanos ó 30% de los electores de 2007, estaba afiliado a algún partido. Resulta curioso, entonces, que los ciudadanos argentinos se manifiesten siempre descreídos de los caminos de la política. <br />
La apatía que diariamente expresan los ciudadanos por el estado de la cosa pública es un signo peligroso que demuestra que los argentinos no somos plenamente conscientes de lo que supone –y exige– vivir en democracia. <br />
Para que un sistema democrático funcione verdaderamente, es decir, sea de hecho el gobierno del pueblo, el pueblo no puede estar ausente. Ni tampoco acordarse de su condición de protagonista solo una vez cada cuatro años. Porque el gran peligro de abandonar la cosa pública a la suerte de los representantes es que un día, simplemente, dejen de representarnos.<br />
Por eso, ante la ausencia tanto del Estado como de los ciudadanos en el espacio público, en los últimos años surgieron en la Argentina diversas iniciativas exitosas que prueban que, desde la sociedad civil, es muy factible incidir en diferentes etapas del proceso de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas de largo plazo. <br />
No solo es posible que los ciudadanos se interesen por intervenir en los procesos de toma de decisiones que los afectan sino que, y aquí la buena noticia, también es cada vez más factible que los funcionarios públicos contemplen los mecanismos participativos como herramientas que legitiman sus decisiones. Y, aún mejor, es más probable que las decisiones surgidas de la interacción de los funcionarios con los ciudadanos se sostengan en el largo plazo.<br />
Es clave entender que, en las democracias modernas, el voto es condición necesaria pero insuficiente para garantizar la representación legítima. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en la Argentina, el voto ha dejado de expresar la elección de un representante y un proyecto, y solo expresa la elección de un candidato o el rechazo de otro. <br />
Por eso, no solamente en períodos electorales sino a lo largo de todo el año, hay muchas opciones de incidencia que incluyen acciones individuales a las que cada ciudadano puede dedicar al menos algunas horas semanales. Además, en un ámbito más institucionalizado, existen opciones claras y pautadas para fomentar el involucramiento de la ciudadanía con la vida pública. A continuación, se enumeran algunos de los mecanismos participativos entre los cuales cualquier ciudadano podría optar para involucrarse en lo público.</p>
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Nicolás Ducoté</p>
<p><strong>El presupuesto participativo </strong><br />
La formulación inicial del presupuesto (nacional, provincial o municipal) ocurre casi exclusivamente dentro del Poder Ejecutivo. No obstante, y dado que en la elaboración intervienen varios actores, existen oportunidades de incidencia de la sociedad civil en el proceso presupuestario, sobre todo a escala local. <br />
El presupuesto participativo es un método predeterminado de participación popular dentro de la fase de detección y ordenamiento de necesidades que se incorporarán dentro del ciclo presupuestario siguiente. Es decir, es una forma de contemplar las opiniones de los ciudadanos acerca de cómo debiera distribuirse y ordenarse el gasto, en la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto. Más allá de ser una herramienta alternativa de elaboración de presupuesto, es un mecanismo de construcción de ciudadanía, que permite que la comunidad comprenda de manera progresiva el funcionamiento del presupuesto público, el seguimiento de su ejecución y el control posterior. <br />
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<strong>La audiencia pública</strong><br />
La audiencia pública es otro mecanismo participativo destinado a recoger y conocer las opiniones de la comunidad en ciertos temas de interés público. Refleja también el derecho de los ciudadanos a emitir y recibir informaciones y opiniones sobre el desempeño de la administración pública. <br />
Habilita un espacio institucional de debate que permite expresar su punto de vista a todos los interesados o afectados por una determinada cuestión. Participan todos los ciudadanos interesados por el tema objeto de la audiencia, que pueden formular preguntas a las autoridades de la audiencia y a los expositores. <br />
Si bien es el Estado quien convoca a una audiencia pública, también los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden requerir la convocatoria. Por otro lado, las opiniones recogidas en una audiencia tienen carácter consultivo no vinculante, lo que quiere decir que los poderes públicos no tienen la obligación de acatar las conclusiones que allí surjan. <br />
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<strong>La elaboración participada de normas</strong><br />
Reglamentada por el Decreto 1172/03, la elaboración participada de norma también habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ley para ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. La elaboración participada de normas es un mecanismo que se aplica a todos los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. <br />
Entre otras cuestiones, la autoridad responsable del mecanismo debe habilitar un registro para la incorporación de opiniones y propuestas, que deben presentarse por escrito con toda la documentación que se considere pertinente. Al igual que las audiencias, la elaboración participada de normas tiene carácter consultivo no vinculante, pero supone un espacio de apertura en el que el Estado abre, publica, informa y rinde cuentas acerca de las decisiones que toma.</p>
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Dolores Arrieta</p>
<p><strong>La Responsabilidad Social Empresaria… y democrática</strong><br />
También es importante entender que todos los sectores pueden y deben contribuir con la consolidación de la democracia en la Argentina. Contrariamente a lo que se supone, hay mucho que el sector privado puede hacer para mejorar la calidad de la participación ciudadana y, de hecho, hay muchas empresas que lo hacen.<br />
La Responsabilidad Social Empresaria refiere, por un lado, a la capacidad de una determinada compañía de lograr un impacto positivo mediante actividades destinadas a incidir y mejorar el desarrollo social de la comunidad en la que se inserta. Por otro lado, el término también compromete a las empresas a que su participación en el espacio público se desarrolle de manera transparente y dentro de los marcos legales establecidos en cada país, provincia o localidad.<br />
En este contexto, y frente al desafío de comprometer a las empresas a sumar la responsabilidad democrática como uno de sus valores, varias organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando intensamente. Por una parte, el Consejo Publicitario Argentino y la Fundación Americana para la Educación lanzaron la iniciativa “Cuida tu voto” (www.cuidatuvoto.org.ar), que brinda información y herramientas para aumentar la participación ciudadana en las pasadas elecciones. <br />
Complementando ese esfuerzo, CIPPEC junto a Greenpeace, Poder Ciudadano, FARN, Vida Silvestre, ACDE, y decenas de instituciones más, se focalizaron, bajo el lema “Tu presencia es transparencia”, en que más organizaciones, empresas y universidades convoquen a la ciudadanía a participar como autoridades de mesa en los comicios. Para que los designados como autoridades cumplan con su deber cívico. Para que quienes no fueron convocados se anoten como voluntarios. Y que unos y otros se capaciten. <br />
Pedimos a las instituciones que adhieran a esta iniciativa comunicando e incentivando a sus empleados a cumplir con sus deberes, brindándoles información, y ofreciendo un día libre de reconocimiento a todas aquellas personas que asuman un compromiso especial en estas elecciones. A cambio, proponemos otorgarles un certificado que reconoce su contribución y responsabilidad democrática, expedido por algunas de las organizaciones más prestigiosas del país. Esta campaña logró reunir, por primera vez, a muchas empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil en pos de un objetivo común y estrictamente vinculado con lo público: la participación en las elecciones.<br />
Entre otras empresas e instituciones que involucran empresas o empresarios, ya se sumaron a la iniciativa ACDE, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), Duke Energy Argentina, Grupo Los Grobo, Inti Zen, iPlan, Manpower, Nobleza Piccardo, Rabobank, Unilever de Argentina, Vangent Argentina, Zurich, y varias más.</p>
<p><strong>El acceso a la información: un requisito fundamental</strong><br />
La posibilidad de que los ciudadanos incidan en los procesos de toma de decisiones públicas está estrictamente relacionada con su capacidad para acceder a información pública completa, oportuna y veraz. <br />
Si bien la Argentina no tiene una ley nacional de acceso a la información pública, el Decreto 1172/03, que regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, fue la iniciativa más importante y la que abrió el camino a que ocho provincias sancionaran leyes y cuatro emitieron decretos –la última de ellas, Santa Fe– para facilitar el acceso a la información pública. Las restantes 12 provincias carecen de normas que regulen el derecho a conocer aquella información que concierne a toda la sociedad.<br />
Si el acceso a la información pública determina la calidad de la participación y el conocimiento de la ciudadanía sobre el estado de la cosa pública, la calidad de la participación ciudadana –es decir, la forma en que los propios ciudadanos se comportan de manera democrática– determinará, a su vez, la calidad de la representación. Por eso, para que las exigencias de la sociedad a la clase dirigente sean escuchadas, es necesario generar una cultura en la que cada ciudadano comprenda que su participación en el espacio público es determinante. <br />
En definitiva, además de ir a votar, hay mucho que podemos hacer, articulando esfuerzos con el sector privado, para que ganen la democracia, la transparencia y el control. A fin de cuentas, todos los habitantes tienen el poder de participar y de influir en la vida pública y política del país todos los días. No es solo un derecho, sino una de las cosas más importantes que inevitablemente tenemos que asumir todos y cada uno de los argentinos.</p>
<p>Nicolás Ducoté es director general de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y Dolores Arrieta, asistente de Comunicación de CIPPEC.</p>
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<p><font color="#dd5d3f"><strong>Grandes temas pendientes de la Argentina </strong></font></p>
<p>Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país y mejorar la calidad del debate público a 25 años del retorno de la democracia, <em>Mercado</em> y CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) acordaron crear la sección “Grandes temas pendientes de la Argentina” y publicarán una serie de 12 artículos que abordarán asuntos clave y ayudarán a reflexionar sobre los principales desafíos del próximo cuarto de siglo. Esta, la octava entrega de la serie, analiza la importancia de la participación en la democracia.</p>
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Una agenda para la participación de los ciudadanos
Las diversas campañas emprendidas desde la sociedad civil para fomentar el cumplimiento de los deberes cívicos en las elecciones legislativas plantean la evidente necesidad de avanzar hacia una democracia que recupere la participación de los ciudadanos como protagonistas del diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas.
