Hay una paradoja que recorre en silencio las planillas del Ministerio de Economía: el Estado argentino acumula superávit mientras recauda menos. Es una ecuación que, en apariencia, desafía la lógica contable. Pero la paradoja se disuelve en cuanto se mira con atención el otro lado del libro mayor: el gasto. La Argentina de Milei no es fiscalmente sana porque le entran más recursos al fisco. Es fiscalmente sana —o al menos lo parece— porque gasta considerablemente menos.
Los números son elocuentes. La recaudación tributaria de 2025 totalizó $183,1 billones de pesos, con un aumento interanual del 39,4%, por encima de la inflación anual del 31%.  Sin embargo, ese crecimiento nominal no fue homogéneo: mientras el IVA y la Seguridad Social traccionaron hacia arriba, sostenidos por la recuperación del consumo y los salarios formales, los ingresos por comercio exterior se desplomaron. La recaudación de Derechos de Exportación registró una contracción real de casi 16% anual a partir de agosto de 2025, luego de que el Gobierno hiciera permanente la baja en las retenciones que había regido hasta junio.  El total creció, pero su composición cambió: el peso de la carga fiscal se desplazó silenciosamente desde los sectores que exportan hacia los que consumen y trabajan.
El superávit como ancla ideológica
El resultado fiscal fue, no obstante, positivo. El año 2025 cerró con un superávit primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del PBI, y un superávit financiero de $1,45 billones, representando el 0,2% del producto. Según el ministro Luis Caputo, se trata de la primera vez desde 2008 en que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero en base caja.  El oficialismo presentó este resultado como el certificado de una transformación estructural. Y en cierto sentido lo es: durante los cuatro gobiernos anteriores, el déficit crónico fue el rasgo dominante de las cuentas públicas argentinas.
Sin embargo, la naturaleza de ese equilibrio merece escrutinio. Caputo señaló que el gasto primario de 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales.  Es decir, el superávit se construyó mayormente por el lado del gasto, no del ingreso. Los recursos totales retrocedieron 1,2% del PBI, mientras que el gasto primario se ajustó 0,8% del producto. La recaudación tributaria cayó cerca de 0,9% del PBI, en gran parte por la eliminación del impuesto PAIS, cuyo impacto sobre las cuentas nacionales fue de alrededor de 1,1% del PBI. 
Las cuentas y sus sombras
El superávit financiero de 0,2% del PBI que celebró el ministro Caputo merece, sin embargo, una lectura más pausada. Según cálculos citados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2025 se registraron $75 billones de capitalización de intereses; si se incorporaran al resultado, el superávit informado se transformaría en un déficit superior a $70 billones.  La capitalización de intereses es un mecanismo contable por el cual los intereses de deuda que el Estado no paga se suman al capital adeudado: no se registran como gasto en el período, sino que se patean hacia adelante, engrosando el stock de deuda futura. En la jerga presupuestaria se dice que esos intereses quedan “por debajo de la línea”. El resultado es que el equilibrio fiscal luce mejor en el período corriente de lo que efectivamente es, a costa de una deuda que crece silenciosamente. No es una práctica exclusivamente argentina —varios gobiernos europeos recurrieron a mecanismos similares durante la crisis de 2010— pero su uso sistemático transforma el superávit en una fotografía retocada: técnicamente verdadera, contextualmente incompleta.
La estructura que persiste
Más allá del resultado agregado, importa qué impuestos sostienen la recaudación. El IVA y Ganancias representaron el 81,1% del total recaudado por impuestos en el primer trimestre de 2025, y explicaron el 92,4% del crecimiento interanual de impuestos en ese período.  Este dato tiene una lectura política que trasciende lo técnico: en un sistema donde el consumo y el trabajo formal cargan con casi la totalidad del esfuerzo tributario, la baja de retenciones al agro y la eliminación del impuesto PAIS constituyen una redistribución implícita de la carga fiscal. La estructura tributaria consolidó un esquema donde pesan más los tributos sobre trabajo formal y consumo, en el marco de la caída de los impuestos que gravan los patrimonios y ganancias de sociedades. 
El multiplicador que nadie quiere nombrar
Existe en la teoría macroeconómica un mecanismo que los manuales describen con frialdad técnica pero que las sociedades experimentan con intensidad: el multiplicador fiscal. Cuando el Estado reduce su gasto para compensar la caída de sus ingresos, no está simplemente achicando su propio balance. Está retirando demanda de una economía que, en muchos casos, ya se encuentra debilitada. Ese retiro contractivo reduce el ingreso privado, lo que a su vez deprime el consumo y, con él, la recaudación del IVA. Que es, precisamente, el principal impuesto que sostiene al fisco argentino. El círculo se cierra sobre sí mismo.
La literatura económica —desde Keynes hasta los trabajos del propio FMI posteriores a la crisis europea de 2010— documentó ampliamente que los multiplicadores fiscales son significativamente mayores en contextos de recesión, economías pequeñas y abiertas, y situaciones de restricción crediticia. Argentina reúne, en este momento, las tres condiciones. El ajuste del gasto primario de 27% real acumulado desde 2023 no opera en el vacío: opera sobre una economía con salarios reales todavía en recuperación, un mercado interno que crece a paso lento, y un sistema financiero que aún no ofrece crédito a tasas accesibles para el sector productivo.
La trampa del ajuste procíclico
El riesgo técnico que enfrentan las economías que ajustan el gasto en contextos de caída de ingresos se denomina, en la jerga de los organismos multilaterales, consolidación fiscal procíclica: se aprieta el cinturón justo cuando la economía ya está apretando el suyo. El resultado no es neutro. Cada peso que el Estado deja de gastar en obra pública, en transferencias a provincias o en salarios del sector público es un peso que no circula en la economía formal, no genera IVA, no aporta a la Seguridad Social. La recaudación de marzo de 2026 acumuló ocho meses consecutivos de caídas en términos reales , una secuencia que difícilmente sea ajena a ese mecanismo.
Lo paradójico es que el propio éxito del programa en términos nominales puede volverse su principal vulnerabilidad. Un superávit construido sobre gasto comprimido al mínimo y sobre una base tributaria que se erosiona mes a mes es un superávit que exige, para sostenerse, o bien una aceleración del crecimiento que genere nueva base imponible, o bien nuevas rondas de ajuste que profundicen el problema de origen. Es la lógica de la austeridad expansiva: funciona cuando las expectativas se coordinan positivamente y el sector privado compensa el retiro del Estado. En Argentina, esa coordinación todavía está pendiente de verificación empírica.
El primer trimestre de 2026 y la tendencia que se consolida
Lo que ocurrió entre enero y marzo de este año prolonga y profundiza ese patrón. El IVA neto recaudó $5,6 billones con una suba de 28,7% interanual, los recursos de la Seguridad Social alcanzaron $4,45 billones con un alza de 28,5%, mientras que el Impuesto a las Ganancias aportó $2,6 billones con una variación de apenas 17,1%.  En contraste, el eslabón más débil sigue siendo el comercio exterior: los Derechos de Exportación sumaron $503.612 millones, con una caída interanual de 14,6% nominal, explicada por la reducción de alícuotas para soja, trigo y maíz. 
El acumulado del trimestre muestra la misma tensión. En el primer trimestre de 2026, la recaudación totalizó $50,64 billones, con una suba de 22,7% interanual, consolidando una tendencia de crecimiento nominal aunque con heterogeneidad entre los distintos componentes del sistema tributario.  Con una inflación anual cercana al 32%, ese 22,7% nominal es, en la práctica, una nueva caída real.
La pregunta que el número no responde
El desafío de 2026 no es entonces solo fiscal. Es macroeconómico en sentido profundo. El Gobierno proyecta una recaudación total de $90,3 billones, con una meta de superávit primario de 1,5% del PBI.  Para alcanzarla, precisará que el crecimiento económico genere base imponible adicional a un ritmo que compense la pérdida estructural de ingresos por comercio exterior. Sin embargo, las estimaciones privadas prevén una expansión anual de apenas entre 2% y 2,5% , insuficiente para cerrar esa brecha por el solo efecto del crecimiento.
El orden fiscal, en suma, se logró. Pero se logró con una arquitectura frágil: gasto comprimido al mínimo histórico, impuestos al consumo y al trabajo formal como columna vertebral, y una apuesta por el crecimiento cuya velocidad todavía no se ha demostrado. ¿Puede una economía crecer lo suficiente como para que la recaudación se recupere en términos reales sin que el Estado tenga que volver a gastar para motorizar ese crecimiento?
