Dos hombres frente al espejo de la inteligencia artificial

Hay un olor particular en las salas de los tribunales federales norteamericanos. No es el de la madera barnizada ni el del aire acondicionado industrial: es el olor seco de los expedientes que llevan demasiado tiempo abiertos, esa mezcla de papel, tinta láser y café frío que envuelve a los litigios de alto voltaje.

Este lunes, en el edificio de la U.S. District Court for the Northern District of California, en Oakland, ese olor envolvió a dos hombres que, hace una década, se sentaban a la misma mesa para fundar una organización sin fines de lucro destinada —según rezaba su acta constitutiva— a “asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad”. Hoy, Elon Musk y Sam Altman se miran a través del estrado en una causa que la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, designada por Barack Obama en 2011, ha decidido acelerar precisamente porque excede, y por mucho, el interés privado de las partes.

La demanda original, presentada en agosto de 2024, contenía veintiséis acusaciones y reclamaba compensaciones por 134.000 millones de dólares. Tras una sucesión de filtros procesales y desistimientos —el último de ellos, la renuncia de Musk a las imputaciones de fraude y fraude constructivo en vísperas del juicio—, el caso llegó al jurado con apenas dos cargos en pie: enriquecimiento injusto y violación de fideicomiso de caridad. La aritmética del expediente se redujo, pero la cuestión de fondo, lejos de empequeñecerse, adquirió por ese mismo movimiento una densidad mayor. Lo que se discute en Oakland ya no es —si alguna vez lo fue— una disputa entre socios; es una pregunta sobre la naturaleza jurídica de las promesas hechas a la humanidad cuando esas promesas involucran tecnologías potencialmente civilizatorias.

De la fundación filantrópica al gigante de 850 mil millones

Conviene reconstruir la cronología sin sobresaltos. OpenAI nació en diciembre de 2015 como una organización sin fines de lucro. Musk, entonces aliado de Altman, aportó —según consta en los expedientes— más de 44 millones de dólares, lo que lo convirtió en el principal financista individual del proyecto en su etapa fundacional. La promesa pública era doble: el desarrollo de la inteligencia artificial general —AGI, en la sigla inglesa— se haría en código abierto y al servicio de la humanidad, no de los accionistas. En 2019, sin embargo, la organización creó una subsidiaria con fines de lucro bajo un esquema de “ganancias capadas”. En 2023, cuando la junta directiva del brazo sin fines de lucro intentó ejercer su autoridad despidiendo a Altman, fue rápidamente neutralizada por una rebelión interna que devolvió al CEO a su puesto en menos de una semana.

En octubre de 2025, finalmente, OpenAI completó su reestructuración hacia una Public Benefit Corporation de Delaware, controlada formalmente por la fundación pero ya no subordinada a su misión en términos jurídicamente exigibles. La compañía, que en 2015 era una promesa filantrópica con un balance modesto, declara hoy cerca de mil millones de usuarios activos semanales y una valuación de 852.000 millones de dólares, con una salida a Bolsa proyectada para los próximos meses que podría aproximarla al billón.
La transformación es vertiginosa, pero no es —y este es el punto que el ensayo periodístico no debe esquivar— meramente cuantitativa. Es, en términos que reconocería Douglass North, un cambio en las reglas de juego: una mutación institucional. La OpenAI de 2015 era una organización cuyo deber fiduciario primario era con la humanidad; la OpenAI de 2026 es una corporación que debe equilibrar misión y retorno, y cuyas decisiones más sensibles —las que conciernen al desarrollo y despliegue de la AGI— pasan a estar mediadas por intereses accionarios que, hasta hace poco, estaban subordinados al estatuto. La diferencia, técnica en apariencia, es la diferencia entre un fideicomiso y una empresa, entre un mandato público y una promesa de desempeño.

El nervio del litigio: ¿qué se le debe a la humanidad?

La acusación de Musk se sintetiza en una palabra antigua y exacta: traición. Sus abogados llegaron a calificar la conducta de Altman como una “perfidia y engaño de proporciones shakesperianas”. La defensa de OpenAI, por su parte, sostiene que Musk conocía y avaló la transición hacia el modelo for-profit, que abandonó la organización en 2018 sin completar su compromiso de mil millones de dólares  y que la demanda no es más que el ariete legal de un competidor —xAI— que busca frenar a quien le tomó la delantera. Ambos relatos contienen elementos verificables. Ambos son, también, parciales. La función del proceso no será, en sentido estricto, decidir entre dos memorias; será establecer si las obligaciones jurídicas asumidas por una organización benéfica pueden mutar de naturaleza sin violar el fideicomiso que sostiene su existencia.
El jurado emitirá únicamente un veredicto consultivo, no vinculante: la decisión final corresponderá a la jueza Gonzalez Rogers, en una segunda fase del juicio donde se discutirán las medidas reparatorias. Musk no reclama el dinero para sí: pide que sea girado al brazo benéfico de OpenAI, que se restaure el control sin fines de lucro y que Altman y Greg Brockman sean removidos de sus cargos. La pretensión, leída con detenimiento, no busca cobrar una deuda sino restituir un orden. En el lenguaje de Acemoglu y Robinson, podría decirse que el actor reclama frenar la deriva de una institución originalmente inclusiva —en términos del acceso al beneficio tecnológico— hacia un esquema extractivo, donde el valor generado por una promesa pública termina capturado por un círculo cerrado de accionistas.

Lo que el juicio no resuelve, y por qué importa

Una cautela imprescindible: el proceso de Oakland no decidirá si la inteligencia artificial general es deseable, ni si OpenAI debe ser regulada, ni si Microsoft —que aportó más de 13.000 millones de dólares  y figura como demandado solidario— ejerce sobre la compañía una influencia incompatible con su misión declarada. El juicio dirimirá, apenas, si la reestructuración violó los términos jurídicos del fideicomiso original. Sin embargo, en el espesor de esa cuestión técnica anida un dilema mayor, que excede a las partes. La fiscalía general de California, encabezada por Rob Bonta, y la de Delaware, por Kathy Jennings, examinaron y aprobaron la reestructuración. Una coalición de expertos, ex empleados y juristas —entre ellos Geoffrey Hinton, Nobel de Física 2024— sostuvo en cambio que si OpenAI estuviera realmente comprometida con beneficiar a la humanidad debería transferir sus activos benéficos a un fideicomiso público independiente, completamente separado de cualquier interés con fines de lucro . La discusión, en otras palabras, no es jurídica solamente: es de teoría política aplicada a la economía digital.
Samuel Huntington escribió que las instituciones son patrones de comportamiento estables, valorados y recurrentes. Lo que está en juego en Oakland es, justamente, si una institución diseñada con un propósito específico —el beneficio universal de una tecnología transformadora— puede mutar de propósito sin perder su identidad.

Guillermo O’Donnell advirtió que las instituciones formales pueden vaciarse desde adentro mediante prácticas que las despojan de su contenido sustantivo sin tocar su forma. La OpenAI Foundation que sobrevive a la reestructuración conserva, en efecto, la forma de una organización benéfica que controla a la compañía operativa; pero el alcance real de ese control —y la exigibilidad jurídica de su misión— son hoy, en el mejor de los casos, materia opinable.

El telón de fondo: dos visiones del poder tecnológico

No conviene perder de vista que los protagonistas son, además de adversarios judiciales, dos figuras que encarnan visiones contrapuestas del poder tecnológico contemporáneo. Musk, de 54 años, vive en Texas, milita en la derecha republicana y ostenta un patrimonio de 645.000 millones de dólares ; con la salida a Bolsa de SpaceX prevista para este año, podría convertirse en el primer billonario de la historia. Altman, de 41, asesora al alcalde de San Francisco, donó un millón de dólares a la asunción de Donald Trump y se autodefine como “políticamente sin techo”. Uno construye cohetes y autos eléctricos; el otro, modelos de lenguaje y plataformas conversacionales. Ambos, sin embargo, comparten una convicción que no figura en ningún expediente pero atraviesa todo el proceso: que las próximas décadas estarán definidas por quién controle la inteligencia artificial.

El juicio durará aproximadamente cuatro semanas. Desfilarán por el estrado figuras prominentes del ecosistema tecnológico, y tanto Musk como Altman están previstos como testigos. La sentencia, cuando llegue, no resolverá el problema de fondo: lo desplazará, eventualmente, a otra jurisdicción, a otro tribunal, a otro debate público. Pero habrá fijado un precedente sobre la exigibilidad de las promesas filantrópicas en un sector donde el capital y la misión pública conviven en tensión permanente. Ese precedente, en una época en que media docena de compañías concentran las capacidades de cómputo y los datos necesarios para entrenar los sistemas más avanzados del mundo, no es asunto menor.

¿Quién custodia, en última instancia, las tecnologías que prometen redefinir el trabajo, la guerra, el saber, el lenguaje? La respuesta —si es que la hay— no la dará Oakland, ni la dará un jurado consultivo, ni la dará la jueza Gonzalez Rogers. La pregunta, como tantas otras que la civilización aprendió a formular tarde, queda abierta sobre la mesa, esperando que alguien se atreva a responderla antes de que la respuesta llegue, simplemente, por la vía de los hechos.