Costa Rica, la democracia que se desarma

Hay países donde la democracia muere en el ruido del golpe militar, y otros donde se va apagando con el aplauso de las mayorías. Costa Rica, que abolió su ejército en 1948 y lo escribió en el artículo 12 de su Constitución, parecía haber resuelto el problema. La paradoja se inscribió en la propia identidad nacional: una república sin tropa, sin destierros, sin generalato, que durante tres cuartos de siglo fue exhibida en los manuales como la excepción centroamericana. El martes 5 de mayo de 2026, en el teatro Melico Salazar de San José, esa excepción empezó a redactarse en pasado.

La presidenta electa Laura Fernández, de 39 años, presentó su gabinete y anunció lo que durante meses se sospechaba pero pocos creían que se cumpliría con tanta franqueza: el presidente saliente Rodrigo Chaves, de 64, será su ministro de la Presidencia y de Hacienda. Es decir, coordinará las relaciones del Ejecutivo con el Congreso y la Justicia, conducirá la política fiscal, supervisará la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y será, por añadidura, jefe del gabinete económico. Una concentración de funciones que ningún ministro costarricense había acumulado nunca.

“Sería mezquino abandonar el camino de bienestar construido por don Rodrigo Chaves, y también sería iluso retroceder en los grandes avances que ha tenido nuestro país.” — Laura Fernández, presidenta electa, durante la presentación de su gabinete

La frase, pronunciada por la propia Fernández al inicio del acto, ahorra cualquier interpretación capciosa. La elegida por el 48,3% de los votos —el porcentaje más alto en treinta y dos años— se proclamó heredera política de Chaves durante toda la campaña, y se preocupó por subrayarlo otra vez frente a las cámaras. No habrá distancia, no habrá relevo: habrá continuidad orgánica de un proyecto que, en cuatro años, recalibró el vínculo entre el Ejecutivo y el resto de los poderes del Estado en una dirección que la tradición costarricense desconocía.

Un blindaje con apariencia Institucional

Lo que el anuncio no dijo en voz alta lo dijeron sus efectos. Chaves enfrentó durante su mandato dos intentos de levantarle la inmunidad presidencial: el primero en septiembre de 2025, impulsado por la Fiscalía a partir de una causa por presuntas presiones para favorecer a un exasesor con fondos de un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); el segundo en diciembre del mismo año, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó analizar acusaciones de beligerancia política, una figura que prohíbe a los funcionarios públicos hacer campaña electoral. Ambos esfuerzos murieron en la Asamblea Legislativa. La inmunidad presidencial, sin embargo, expira con el mandato. La inmunidad funcional de un ministro de la Presidencia, no.

La fórmula es elegante en su simplicidad. El cargo que recibirá Chaves hoy viernes 8 de mayo —cuando entregue formalmente la banda a Fernández y la reciba a las pocas horas en condición de ministro— le garantiza protección frente a eventuales procesos legales, lo coloca como interlocutor directo con un Congreso al que ya califica de adversario, y le entrega además la coordinación del aparato de inteligencia, una agencia que la oposición acusó durante años de tareas de espionaje político y que el propio gobierno saliente niega. La Asamblea Legislativa que iniciará su período el mismo viernes, dominada por una mayoría absoluta del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) —31 de los 57 escaños—, no parece dispuesta a habilitar nuevas pesquisas.

La inmunidad como botín no es la única novedad. La novedad mayor es la fusión, en una sola persona y un solo despacho, de las dos llaves del Estado costarricense: la política y la económica. Chaves será simultáneamente articulador parlamentario y ministro de Hacienda. Es decir, controlará la negociación legislativa que él mismo deberá conducir como conductor del presupuesto. Una arquitectura que vacía la idea misma de contrapeso institucional sin necesidad de modificar una sola línea de la Constitución.

El método Chávez

Para entender el desenlace conviene retroceder. Chaves llegó al poder en 2022 como un outsider técnico —economista formado en el Banco Mundial, ministro de Hacienda durante seis meses bajo Carlos Alvarado— con un discurso anti-establishment que lo emparentaba más con Donald Trump y Nayib Bukele que con la tradición liberacionista o socialcristiana costarricense. Desde sus primeras semanas en Zapote inauguró un estilo de gobierno cuya marca registrada fueron las conferencias de los miércoles: una mezcla, descrita por Le Monde, entre noticiero oficial y programa de opinión, donde el presidente celebraba su gestión, atacaba a sus críticos y exhibía correos electrónicos confidenciales de periodistas que lo investigaban.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) denunció en su momento un agravio sistemático contra la libertad de prensa: epítetos como “prensa canalla”, manipulación del gasto publicitario oficial, presiones tributarias contra el dueño del medio digital CRHoy.com y un cierre selectivo de las fuentes de ingresos del Grupo La Nación. La Sala Constitucional intervino en varias oportunidades para frenar las represalias, lo que el propio Chaves leyó no como un signo de salud institucional sino como un obstáculo a remover.

La beligerancia se extendió a los demás poderes. En 2024, hablando en La Fortuna de Alajuela, el presidente describió la historia reciente del país como una “dictadura perfecta” y cargó contra la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República. La declaración fue tan grave que cuatro expresidentes —algo inédito en la política tica— firmaron un comunicado conjunto rechazándola. La Contraloría, cuya titular Marta Acosta había advertido sobre el modelo de financiamiento del megaproyecto Ciudad Gobierno —arrendamiento de USD 450 millones a edificios construidos sobre terrenos del Estado—, pasó de organismo técnico a enemigo público. Chaves impulsó un referéndum para reformarla y debilitar su capacidad de control sobre los fondos públicos.

“Hoy está en juego la supervivencia de la democracia costarricense.”— Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz y dos veces presidente de Costa Rica

La tentación Bukelista

Lo que distingue al ciclo Chaves-Fernández del libreto trumpista es el componente carcelario. Dos semanas antes de las elecciones de febrero, Chaves recibió a Bukele en San José para anunciar el inicio de las obras del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una mega-prisión con capacidad para 5.100 reclusos —en un país cuyo sistema penitenciario fue diseñado para menos de 14.000—, calcada en arquitectura y filosofía del CECOT salvadoreño. La visita fue, en clave de mensaje, la consagración pública del nuevo eje ideológico.

Fernández prometió durante la campaña concluir esa obra y replicar otros aspectos del régimen salvadoreño: estados de excepción focalizados en zonas dominadas por el narcotráfico, suspensión temporal de garantías constitucionales para detener sospechosos sin orden judicial, endurecimiento general de penas, ampliación de las facultades policiales. La justificación es la cifra: 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, un récord histórico, con la aparición del autodenominado Cartel del Caribe Sur entre los actores criminales. La justificación es real. El precio que se propone pagar por ella —la suspensión de garantías individuales en una república que renunció al ejército para gastar en escuelas y hospitales— marca una ruptura con la fundación de la Segunda República cuya magnitud cuesta exagerar.
La presidenta electa rechaza la etiqueta de autoritaria. En su primer discurso tras ganar prometió que “nunca” permitirá el autoritarismo en su gobierno y aseguró que no se promoverán arrestos sin respaldo judicial. La promesa convive con un programa que, palabra por palabra, contempla exactamente eso. Asesores cercanos a Chaves, como la diputada Pilar Cisneros y el diputado Nogui Acosta, han adelantado además que el oficialismo aspira a una reforma constitucional para habilitar la reelección consecutiva, prohibida desde 1949. Para esa reforma se necesitan 38 votos en una Asamblea de 57. Tienen 31. Faltan siete.

La economía como ancla

Sería injusto, y políticamente miope, ignorar lo que sostiene la mayoría que acompaña a Fernández. La gestión Chaves exhibe un balance macroeconómico difícil de negar: crecimiento sostenido por encima del promedio centroamericano, inflación domada en la franja baja del rango meta del Banco Central, atracción récord de inversión extranjera directa en sectores de servicios, ingresos turísticos en máximos. La continuidad de funcionarios técnicos en la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, Recope y el IMAS —una proporción inusualmente alta para un cambio de gobierno— refuerza la tesis de la administración entrante: lo que funcionó, no se toca.

Esa misma lógica, sin embargo, es la que opera el desplazamiento simbólico decisivo. Si la prosperidad se atribuye al “no aflojarás” personal de Chaves —Fernández lo llamó así, “el creador del no aflojarás”, en su discurso de presentación—, entonces los frenos institucionales que limitaron al presidente durante cuatro años aparecen como obstáculos al bienestar, no como garantías republicanas. El dilema queda planteado en sus términos más crudos: o continuidad económica con concentración de poder, o pluralismo con riesgo de retroceso. Es el mismo dilema que Bukele instaló en El Salvador y que Bukele ganó.

Este viernes 8 de mayo, a las pocas horas de la transmisión del mando, Rodrigo Chaves volverá a Zapote. No al despacho presidencial sino a uno contiguo, con menos protocolo y más poder operativo. El dato no es menor: por primera vez desde la abolición del ejército, la principal fuerza política del país concentrará en una sola persona —fuera del cargo de presidente— el control fiscal, la coordinación parlamentaria, la inteligencia del Estado y el blindaje frente a la Justicia.

La oposición costarricense, fragmentada entre los 17 escaños del moderado Partido Liberación Nacional, los siete del progresista Frente Amplio y dos legisladores menores, carece de músculo para frenar reformas ordinarias. Sólo conserva la llave constitucional. La sociedad civil —universidades públicas, colegios profesionales, prensa crítica, movimiento sindical— mantiene capacidad de movilización pero opera ya en posición defensiva. La Sala Constitucional, que durante los últimos cuatro años fue el verdadero contrapeso del Ejecutivo, será probablemente el próximo objetivo de la reforma.
Costa Rica no se convirtió en una autocracia el 5 de mayo de 2026. Lo que se vio en el teatro Melico Salazar fue otra cosa, más sutil y más característica de la época: la conversión voluntaria de una democracia consolidada en un régimen híbrido, ratificada por las urnas, conducida por una mayoría parlamentaria legítima y vendida bajo el envoltorio de la estabilidad. El país que enseñó al continente que se podía gobernar sin generales descubre ahora cuánto le costó adquirir esa lección, y cuán rápido se puede desaprender.