Yukos: aumentan las apretadas del gobierno ruso

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En vísperas de elecciones donde abundan candidatos empresarios en ambos bandos, Vladyímir Putin trata de ahogar financieramente a la petrolera Yukos. Ahora le exige US$ 5.000 millones en impuestos y multas pendientes.

De pronto, la autoridad fiscal rusa descubrió que el grupo Yukos-Síbñeft
debe alrededor de US$ 5.000 millones en gravámenes atrasados y sus correspondientes
punitorios. Analistas en Moscú, Londres y Nueva York creen que es otra
maniobra para presionar a los accionistas minoritarios del conglomerado en ciernes.

A costa de la seguridad jurídica, Putin persigue un objetivo muy heterodoxo:
que el paquete pase a ser controlado por Síbñeft, a punto de ser
tomada por Yukos. Eso equivaldría a trocar papeles en perjuicio de Míjail
Jodorkovskiy, cuyo 44% en Yukos fue embargado tras un arresto por razones políticas
(el magnate maneja al principal partido opositor).

En verdad, días atrás quedó suspendida la integración
de Síbñeft a Yukos. El martes, los accionistas principales de
ésta -y sus apoderados- convinieron con sus pares de Síbñeft
algunas concesiones para salvar la fusión. Precisamente, Moscú
quiere torpedearla.

Este complejo ajedrez involucra a Roman Abramóvich, ex controlante de
Síbñeft. Presionado en su momento por el régimen (también
tenía un partido opositor), el potentado vendió casi todos sus
activos rusos y se marchó a Gran Bretaña. Pero se aseguró
de antemano un regreso.

En efecto, el acuerdo de fusión Yukos-Síbñeft le reserva
a Abramóvich 26% del futuro paquete unido. A su vez, el 44% de Jodorkovskiy
en la Yukos original se mantendría. Por ende, el dúo empresario
rival de Putin pasaría a tener 70% en lo que puede ser la segunda petrolera
del mundo.

Pese a la detención, el embargo y el proceso penal abierto en su contra,
la influencia política de Jodorkovskiy y su posición en encuestas
independientes alarman a Putin. No por casualidad, el presidente y su entorno
provienen de la KGB soviética.

La última movida moscovita contra Yukos genera alarma en los mercados.
Si el gobierno aplica a otros grupos económicos o financieros su nueva
interpretación de las leyes tributarias, ninguna firma importante estará
a salvo de presiones políticas o de otros tipos. Como Putin y sus adláteres,
muchos empresarios rusos tienen orígenes turbios y no se distinguen por
su prolijidad fiscal. Pero, hasta hoy, ninguno de los gobiernos posteriores
a la licuación de la URSS se había mostrado tan “estricto”
con sus capitanes de industria.

Sin duda, Moscú no tolera el acuerdo de fusión tal como fuera
firmado en abril. Según sus términos, el equipo Yukos tomará
el management del futuro conglomerado vía Menatyep, un holding de los
principales accionistas. Sólo habrá una diferencia: Jodorkovskiy
y Abramóvich compartirán sus porciones del paquete con socios
menores (e incondicionales).

De acuerdo con un comunicado emitido ayer por Menatyep, “la fusión
fue jurídicamente completada en octubre y sus términos no han
sido alterados”. Pero admitió que se tomarían en cuenta a
los accionistas minoritarios “en caso de discutirse modificaciones”.
Esto no tranquiliza a operadores ni analistas bursátiles alrededor del
mundo. Como sostiene Christopher Granville (United Financial Group), “el
embargo accionario y estas presiones ulteriores son catastróficas para
el clima inversor en Rusia”.

De pronto, la autoridad fiscal rusa descubrió que el grupo Yukos-Síbñeft
debe alrededor de US$ 5.000 millones en gravámenes atrasados y sus correspondientes
punitorios. Analistas en Moscú, Londres y Nueva York creen que es otra
maniobra para presionar a los accionistas minoritarios del conglomerado en ciernes.

A costa de la seguridad jurídica, Putin persigue un objetivo muy heterodoxo:
que el paquete pase a ser controlado por Síbñeft, a punto de ser
tomada por Yukos. Eso equivaldría a trocar papeles en perjuicio de Míjail
Jodorkovskiy, cuyo 44% en Yukos fue embargado tras un arresto por razones políticas
(el magnate maneja al principal partido opositor).

En verdad, días atrás quedó suspendida la integración
de Síbñeft a Yukos. El martes, los accionistas principales de
ésta -y sus apoderados- convinieron con sus pares de Síbñeft
algunas concesiones para salvar la fusión. Precisamente, Moscú
quiere torpedearla.

Este complejo ajedrez involucra a Roman Abramóvich, ex controlante de
Síbñeft. Presionado en su momento por el régimen (también
tenía un partido opositor), el potentado vendió casi todos sus
activos rusos y se marchó a Gran Bretaña. Pero se aseguró
de antemano un regreso.

En efecto, el acuerdo de fusión Yukos-Síbñeft le reserva
a Abramóvich 26% del futuro paquete unido. A su vez, el 44% de Jodorkovskiy
en la Yukos original se mantendría. Por ende, el dúo empresario
rival de Putin pasaría a tener 70% en lo que puede ser la segunda petrolera
del mundo.

Pese a la detención, el embargo y el proceso penal abierto en su contra,
la influencia política de Jodorkovskiy y su posición en encuestas
independientes alarman a Putin. No por casualidad, el presidente y su entorno
provienen de la KGB soviética.

La última movida moscovita contra Yukos genera alarma en los mercados.
Si el gobierno aplica a otros grupos económicos o financieros su nueva
interpretación de las leyes tributarias, ninguna firma importante estará
a salvo de presiones políticas o de otros tipos. Como Putin y sus adláteres,
muchos empresarios rusos tienen orígenes turbios y no se distinguen por
su prolijidad fiscal. Pero, hasta hoy, ninguno de los gobiernos posteriores
a la licuación de la URSS se había mostrado tan “estricto”
con sus capitanes de industria.

Sin duda, Moscú no tolera el acuerdo de fusión tal como fuera
firmado en abril. Según sus términos, el equipo Yukos tomará
el management del futuro conglomerado vía Menatyep, un holding de los
principales accionistas. Sólo habrá una diferencia: Jodorkovskiy
y Abramóvich compartirán sus porciones del paquete con socios
menores (e incondicionales).

De acuerdo con un comunicado emitido ayer por Menatyep, “la fusión
fue jurídicamente completada en octubre y sus términos no han
sido alterados”. Pero admitió que se tomarían en cuenta a
los accionistas minoritarios “en caso de discutirse modificaciones”.
Esto no tranquiliza a operadores ni analistas bursátiles alrededor del
mundo. Como sostiene Christopher Granville (United Financial Group), “el
embargo accionario y estas presiones ulteriores son catastróficas para
el clima inversor en Rusia”.

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