El pretexto para este regalo a uno de los sectores más rentables de la economía mundial se llama “ley pro generación de empleos”. Como muchas piezas sancionadas desde 2001 por George W. Bush, el título es engañoso y su propósito real consiste en que, durante este año, las farmoquímicas blanqueen ganancias ocultas en el exterior abonando una tasa federal de 5,25% “ad valores”, una bicoca comparada con 35% del impuesto al rédito empresarial. En realidad, la prebenda abarca todas las industrias, pero sus mayores beneficiarios son los laboratorios, debido a su facilidad para transferir utilidades a escala global.
Los enormes fondos acumulados representan años de aprovechar brechas legales para sustraer crecientes ganancias a la órbita del Internal Revenue Service (IRS, la DGI estadounidense). Durante mucho tiempo, las farmoquímicas declaraban que sus utilidades provenían mayormente de ingresos en el exterior, aunque los precios locales fuesen muy superiores a los internacionales y 60% de las ventas se realizara en el país.
Tributaristas y analistas bursátiles sostienen que las explicaciones empresariales desafían a la realidad: las utilidades derivan esencialmente de ventas locales. Pero el IRS carece de recursos y apoyo político para probar que las compañías mienten. Por consiguiente, las seis mayores –Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Bristol-Myers Squibb, Wyeth, Eli Lilly- pagan en conjunto impuestos sobre menos de 15% de sus ganancias globales. Otros laboratorios abonan todavía menos.
En este momento, cuatro de las seis líderes planean repatriar US$56.000 millones en total. Las otras dos agregarían 18.000 millones. Si el sexteto pagase tasas normales, su aporte sumaría unos US$26.000 millones; pero la generosa ley Bush les cobrará apenas 4.000 millones. Según analistas contables de Bear Stearns, el sector representará casi la mitad de los fondos repatriados eventualmente por empresas estadounidenses.
Algunos legisladores insisten en que la meta básica de la ley es alentar a que las firmas beneficiarias amplíe operaciones locales y tomen gente. No obstante, Pfizer acaba de informar que reducirá costos laborales a razón de US$4.000 anuales en 2005-7. Eso implicará eliminar miles de empleos, lo contrario que predica la ley. En verdad, ésta fue manipulada por el cabildeo farmacéutico, muy influyente sobre congresistas republicanos de derecha y la propia Casa Blanca, y acabará generando muy poco trabajo. Las compañías pueden dar fácilmente burlar la cláusula que les vedan emplear el dinero para aumentar dividendos a accionistas, en vez de crear empleo.
Expirado el lapso de la desgravación transitoria, los laboratorios volverán a atesorar ganancias en el exterior, hasta el siguiente jubileo. Esto será seguro mientras controle Washington la coalición entre ultraconservadores y lobbies sectoriales. Entretanto, las principales farmnoquímicas disponen de una variedad de tácticas complejas para transferir ganancias a países de escasa carga tributaria, como Irlanda, Singapur, Eslovaquia, etc., donde tienen grandes fábricas.
“Las aseveraciones empresarias, en cuanto mayor rentabilidad internacional, son difíciles de creer”, afirma Alan Sager, jefe de un programa de reforma en materia de salud (universidad de Boston). “Los precios de especialidades bajo receta son mucho más altos que en países centrales cuyos gobiernos los controlan”. De nuevo, Pfizer presenta un ejemplo típico: la dosis individual de Lipitor –un reductor de colesterol- para tres meses cuesta US$305 en Estados Unidos y apenas 174 en Canadá.
Las farmoquímicas ocultan ganancias al IRS mudando patentes y fabricación al exterior. Entonces, la subsidiaria elegida “financia” el desarrollo del compuesto y, una vez aprobado en Washington, lo produce a centavos por píldoras y lo exporta a Estados Unidos. Ahí, lo vende a las droguerías por varias veces su costo original. Pero la matriz declara que casi todas las utilidades van a la subsidiaria.
En síntesis, la nueva ley hará que las empresas farmacéuticas transfieran muchas más utilidades al exterior. Saben que, mientras haya gobiernos como el actual, podrán obtener del Congreso y el Ejecutivo nuevos blanqueos al cabo de pocos años.
El pretexto para este regalo a uno de los sectores más rentables de la economía mundial se llama “ley pro generación de empleos”. Como muchas piezas sancionadas desde 2001 por George W. Bush, el título es engañoso y su propósito real consiste en que, durante este año, las farmoquímicas blanqueen ganancias ocultas en el exterior abonando una tasa federal de 5,25% “ad valores”, una bicoca comparada con 35% del impuesto al rédito empresarial. En realidad, la prebenda abarca todas las industrias, pero sus mayores beneficiarios son los laboratorios, debido a su facilidad para transferir utilidades a escala global.
Los enormes fondos acumulados representan años de aprovechar brechas legales para sustraer crecientes ganancias a la órbita del Internal Revenue Service (IRS, la DGI estadounidense). Durante mucho tiempo, las farmoquímicas declaraban que sus utilidades provenían mayormente de ingresos en el exterior, aunque los precios locales fuesen muy superiores a los internacionales y 60% de las ventas se realizara en el país.
Tributaristas y analistas bursátiles sostienen que las explicaciones empresariales desafían a la realidad: las utilidades derivan esencialmente de ventas locales. Pero el IRS carece de recursos y apoyo político para probar que las compañías mienten. Por consiguiente, las seis mayores –Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Bristol-Myers Squibb, Wyeth, Eli Lilly- pagan en conjunto impuestos sobre menos de 15% de sus ganancias globales. Otros laboratorios abonan todavía menos.
En este momento, cuatro de las seis líderes planean repatriar US$56.000 millones en total. Las otras dos agregarían 18.000 millones. Si el sexteto pagase tasas normales, su aporte sumaría unos US$26.000 millones; pero la generosa ley Bush les cobrará apenas 4.000 millones. Según analistas contables de Bear Stearns, el sector representará casi la mitad de los fondos repatriados eventualmente por empresas estadounidenses.
Algunos legisladores insisten en que la meta básica de la ley es alentar a que las firmas beneficiarias amplíe operaciones locales y tomen gente. No obstante, Pfizer acaba de informar que reducirá costos laborales a razón de US$4.000 anuales en 2005-7. Eso implicará eliminar miles de empleos, lo contrario que predica la ley. En verdad, ésta fue manipulada por el cabildeo farmacéutico, muy influyente sobre congresistas republicanos de derecha y la propia Casa Blanca, y acabará generando muy poco trabajo. Las compañías pueden dar fácilmente burlar la cláusula que les vedan emplear el dinero para aumentar dividendos a accionistas, en vez de crear empleo.
Expirado el lapso de la desgravación transitoria, los laboratorios volverán a atesorar ganancias en el exterior, hasta el siguiente jubileo. Esto será seguro mientras controle Washington la coalición entre ultraconservadores y lobbies sectoriales. Entretanto, las principales farmnoquímicas disponen de una variedad de tácticas complejas para transferir ganancias a países de escasa carga tributaria, como Irlanda, Singapur, Eslovaquia, etc., donde tienen grandes fábricas.
“Las aseveraciones empresarias, en cuanto mayor rentabilidad internacional, son difíciles de creer”, afirma Alan Sager, jefe de un programa de reforma en materia de salud (universidad de Boston). “Los precios de especialidades bajo receta son mucho más altos que en países centrales cuyos gobiernos los controlan”. De nuevo, Pfizer presenta un ejemplo típico: la dosis individual de Lipitor –un reductor de colesterol- para tres meses cuesta US$305 en Estados Unidos y apenas 174 en Canadá.
Las farmoquímicas ocultan ganancias al IRS mudando patentes y fabricación al exterior. Entonces, la subsidiaria elegida “financia” el desarrollo del compuesto y, una vez aprobado en Washington, lo produce a centavos por píldoras y lo exporta a Estados Unidos. Ahí, lo vende a las droguerías por varias veces su costo original. Pero la matriz declara que casi todas las utilidades van a la subsidiaria.
En síntesis, la nueva ley hará que las empresas farmacéuticas transfieran muchas más utilidades al exterior. Saben que, mientras haya gobiernos como el actual, podrán obtener del Congreso y el Ejecutivo nuevos blanqueos al cabo de pocos años.
