En una comunicación firmada por Carlos Ghosn, CEO de Renault-Nissan y presidente actual de la organización industrial, recuerda que ninguna otra empresa del sector se ha embarcado en prácticas como las que han sentado a VW en el banquillo de los acusados.
En definitiva, pide que no haya una sobrereacción que comprometa y disminuya la venta de automóviles propulsados a diésel. Un sector de la industria donde, en los últimos años, se ha hecho fuertes inversiones y hay una gran variedad de modelos nuevos y otros a punto de ser lanzados (en todos los casos, reduciendo efectivamente las emisiones de CO2). Es decir, arguyen, que no paguen inocentes por culpables, en un sector que brinda 12 millones de empleos en Europa.
Recurren además a un argumento efectista: Estados Unidos exagera el escándalo para minar un sector donde los europeos van muy por delante y han obtenido posiciones de privilegio. Tres de cada cuatro autos a diésel que se venden en el mundo, son europeos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la entidad reguladora ambiental ha decidido testear a todos las marcas de este tipo de autos para ver si cumplen con las disposiciones sobre límites de emisión de carbono.
Volkswagen ha llamado a los propietarios de los once millones de autos con el famoso software incorporado, para proceder a eliminarlo. Los reguladores sostienen que los autos de esta marca exceden entre 10 y 40 veces el límite legal de óxido y dióxido de nitrógeno autorizado.
Toda la idea de que era posible no empeorar la situación climática ya que el diesel reduciría las emisiones contaminantes, es ahora intensamente cuestionada. Para los analistas, el escándalo mina la confianza de la gente en las grandes empresas e incluso en los organismos reguladores. Por lo que se teme que se avecina –para comenzar- una nueva oleada regulatoria.
