Una superintendencia múltiple y otra propuesta al Fondo
Por un lado, se volverá al proyecto de superintendencia financiera múltiple. Por el otro, se insistirá ante el Fondo Monetario Internacional modificar parámetros para la estimación del gasto público. Todo esto en forma muy reservada.
En realidad, hace meses que sigue pendiente un decreto ómnibus y, en forma paralela, un proyecto de ley. Cualquiera de ambos instrumentos crearía una superintendencia o ente múltiple, para unificar e intensificar contralores sobre bancos, financieras, seguros, administradoras de jubilación privada y demás agentes del sistema.
En realidad, esa normativa institucionalizará reformas dispuestas desde la crisis sistémica de 2001/2. Pero, por otra parte, significará que Argentina se suma a una tendencia global iniciada en economías centrales: unificar la regulación de entidades financieras y otros actores. A su vez, esto se integra a reformas de pautas contables internacionales.
Casi al mismo tiempo, se volverá a la carga con otro planteo “viejo” al FMI: descontar del gasto corriente parte de la inversión pública. Esto se origina en un acuerdo subscripto con Brasil, en marzo, que alude a erogaciones en materia social e infraestructura. Naturalmente, analistas, columnistas y gurúes afines al mercado estiman inviable la iniciativa.
En el frente político, la idea ya fue apoyada por otros nueve países latinoamericanos. En ese momento, la dupla Anne Krueger-Teresa Ter Minassian elaboraba un esquema distinto: separar del gasto corriente sólo la inversión de empresas públicas con fines comerciales o relativos a emprendimientos mixtos. En la jerga de moda, “proyectos público-privados”. Algunos observadores suponen que la reforma financiera –superintendencia inclusive- podría acercar posiciones. Sólo hay un problema: hacer que Rodrigo Rato se ponga al tanto y no dependa sólo de Anup Singh en el tema.
En realidad, hace meses que sigue pendiente un decreto ómnibus y, en forma paralela, un proyecto de ley. Cualquiera de ambos instrumentos crearía una superintendencia o ente múltiple, para unificar e intensificar contralores sobre bancos, financieras, seguros, administradoras de jubilación privada y demás agentes del sistema.
En realidad, esa normativa institucionalizará reformas dispuestas desde la crisis sistémica de 2001/2. Pero, por otra parte, significará que Argentina se suma a una tendencia global iniciada en economías centrales: unificar la regulación de entidades financieras y otros actores. A su vez, esto se integra a reformas de pautas contables internacionales.
Casi al mismo tiempo, se volverá a la carga con otro planteo “viejo” al FMI: descontar del gasto corriente parte de la inversión pública. Esto se origina en un acuerdo subscripto con Brasil, en marzo, que alude a erogaciones en materia social e infraestructura. Naturalmente, analistas, columnistas y gurúes afines al mercado estiman inviable la iniciativa.
En el frente político, la idea ya fue apoyada por otros nueve países latinoamericanos. En ese momento, la dupla Anne Krueger-Teresa Ter Minassian elaboraba un esquema distinto: separar del gasto corriente sólo la inversión de empresas públicas con fines comerciales o relativos a emprendimientos mixtos. En la jerga de moda, “proyectos público-privados”. Algunos observadores suponen que la reforma financiera –superintendencia inclusive- podría acercar posiciones. Sólo hay un problema: hacer que Rodrigo Rato se ponga al tanto y no dependa sólo de Anup Singh en el tema.
