En respuesta al colapso financiero de 2008 y la subsecuente recesión, el congreso de Estados Unidos promulgó en 2010 la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, entre otros objetivos, para promover la estabilidad financiera de los mercados, señala un informe elaborado por el director de Litigios en el departamento de Global Forensics de BDO USA, Eduardo Singerman, y el socio del estudio jurídico Clayman & Rosenberg, Paul S. Hugel, con la adaptación y publicación a cargo de Fernando Peyretti, C,| investigador senior de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO.
El poder legislativo consideró a los informantes como un instrumento fundamental para alcanzar los objetivos esta ley. Es por ello que la Ley Dodd-Frank establece un programa de protección e incentivos para los informantes de fraude de valores (Programa del Informante) que es administrado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Comisión) a través de su Oficina del Informante. El Programa del Informante fue diseñado para incentivar a individuos a que envíen información relevante que pueda ayudar a la Comisión a prevenir, detectar, y procesar violaciones de las leyes federales de valores de los Estados Unidos.
A cambio, el programa ofrece a los informantes la posibilidad de significativas recompensas monetarias, la protección contra represalias de sus empleadores, y la confidencialidad de sus identidades.
De acuerdo con el Programa del Informante, la Comisión debe autorizar recompensas monetarias a individuos que provean voluntariamente a la Comisión información original sobre una violación de las leyes federales de valores de los Estados Unidos que haya ocurrido, esté ocurriendo, o esté por ocurrir. La información aportada debe conducir a una exitosa demanda judicial por parte de la Comisión que resulte en una sentencia final que imponga sanciones monetarias por más de US $1 millón.
El monto de la recompensa es determinado por la Comisión de Acuerdo a su discreción pero no será menor al 10 por ciento ni mayor al 30 por ciento de las sanciones monetarias que la Comisión pueda recaudar.
Una empresa no puede ser un informante, y no es necesario que el informante sea un empleado de una empresa para reportar información sobre la misma.
La recompensa determinada por la Comisión se abona a través de un fondo especial llamado Fondo de Protección al Inversor cuyo saldo al 30 de setiembre de 2014 fue de aproximadamente US $438 millones. Desde el inicio del Programa del Informante en agosto de 2011 hasta el 17 de julio de 2015, la Comisión autorizó US $54,9 millones en recompensas.
Algunos de los actos ilegales que pueden dar lugar a una recompensa están relacionados con estados contables fraudulentos, fraude en la oferta de valores, y el abuso de información privilegiada en la compra-venta de valores, pertenecientes a empresas estadounidenses y extranjeras que cotizan sus valores en bolsas de los Estados Unidos.
La Comisión también es responsable por el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esta ley generalmente considera que es ilícito para las empresas de los Estados Unidos, y empresas extranjeras que tienen sus valores registrados en los Estados Unidos, ofrecer cualquier objeto de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros (incluyendo funcionarios de empresas controladas por gobiernos extranjeros) con el fin de obtener negocios. El Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank se extiende también al reporte de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Desde el comienzo del Programa del Informante y hasta el 30 de setiembre de 2014, la Comisión recibió un total de 10.193 informes, de los cuales 3.620 fueron recibidos durante el año fiscal 2014, lo cual representa un incremento del 12% con respecto al año fiscal anterior.
Los tipos más comunes de actos ilegales reportados durante el año fiscal 2014 fueron:
a) Comunicación de información empresarial y estados contables (16,9%). Esta categoría de quejas incluye violaciones a normas de dirección de empresas, conflictos de interés de la gerencia, violaciones en la compensación de ejecutivos, carencia de notificaciones a los accionistas sobre eventos corporativos, estados contables falsos, folletos informativos falsos sobre la empresa, y falta de presentación de informes a la Comisión;
b) Fraude en la oferta y venta de valores (16%), como por ejemplo las estafas piramidales.
El Programa del Informante no está restringido a ciudadanos de los Estados Unidos. Individuos extranjeros viviendo fuera de los Estados Unidos pueden enviar informes a la Comisión y tener derecho a recibir una recompensa. En este respecto, el 22 de setiembre de 2014, la Comisión recompensó con más de US$ 30 millones a un individuo residente en un país extranjero que aportó información original sobre un fraude que se estaba desarrollando. Esta es la mayor recompensa que la Comisión ha hecho hasta la fecha.
Sólo en el año fiscal 2014, la Comisión recibió reportes de violaciones de las leyes federales de valores de los Estados Unidos de 448 individuos residentes de 60 países extranjeros, de los cuales el mayor número provino del Reino Unido (15,6%), India (15,4%), Canadá (12,9%), China (7,1%), Australia (6,5%), y Argentina (3,1%). En el caso de América Latina, Argentina representa el mayor porcentaje de individuos reportando quejas desde que el Programa comenzó (28,6%), seguido de Méjico (18,2%), y Brasil (16,9%).
Los violadores de las leyes federales de valores de los Estados Unidos rara vez actúan aislada y desapercibidamente. Las acciones tomadas en conexión con la jornalización de asientos contables falsos o la distribución de folletos de oferta de valores con información falsa para facilitar una estafa piramidal, son acciones que probablemente hayan sido observadas por personas que no están involucradas en el fraude.
La experiencia reciente del programa en términos del creciente número de denuncias presentadas por los informantes ante la Comisión y las exitosas demandas judiciales derivadas de las mismas, sugiere que el Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank es un instrumento importante para combatir el fraude valores en los Estados Unidos.
