La inversión pública argentina en el nivel mas bajo desde 1961

El ancla fiscal aguanta. El nuevo Reporte de Política Fiscal de AFISPOP (IIEP, UBA-CONICET) confirma que en mayo de 2026 el Sector Público Nacional mantuvo un superávit primario de 1,5% del PIB en el acumulado de doce meses, que se reduce a 0,3% después del pago de intereses. La foto agregada no sorprende: la dinámica es casi calcada a la de 2025, apenas por debajo, y ratifica el compromiso oficial con el equilibrio. Pero el detrás de escena es menos cómodo. Los ingresos cayeron 4,1% real interanual en el mes, y el superávit se explica cada vez menos por la recaudación y cada vez más por una contención del gasto que ya opera sobre hueso.

La debilidad de los recursos tiene dos motores. El primero es normativo: la rebaja de alícuotas a las exportaciones —soja del 33% al 24%, trigo del 12% al 7,5%, maíz del 12% al 8,5%— hundió los derechos de exportación 39% real en mayo. El segundo es la propia economía: el IVA cayó casi 8% real y la seguridad social 4,4%, reflejo de una masa salarial que se ralentiza. Que la recaudación total haya subido 1,8% real es casi una ilusión estadística: lo explica íntegramente el vencimiento anual de Ganancias de Sociedades, que saltó 26% real contra una base 2025 inusualmente baja. Sin ese efecto puntual, la recaudación habría caído 9%.

Del lado del gasto, la tijera sigue afilada: el gasto primario se contrajo 2,2% real en mayo. Los subsidios económicos cayeron casi 20% —todavía a caballo de los aumentos tarifarios y la focalización—, los gastos de consumo 7%, con una planta de personal reducida cerca del 10%, y el gasto de capital otro 27,8%. La excepción es elocuente: las transferencias a universidades treparon 78,5% real, probablemente por pagos adeudados, y el acuerdo alcanzado en junio —recomposición salarial del 21,33% desde junio más un 3% adicional en septiembre, suba del 20% en gastos de funcionamiento y una partida extra de $50.000 millones para hospitales universitarios— garantiza que esa línea seguirá presionando las cuentas en el segundo semestre.

Pero el corazón del reporte está en su sección especial: la reconstrucción de la serie histórica de inversión pública argentina desde 1961, consolidando nación, provincias, municipios y empresas públicas. El resultado es contundente. El gasto de capital del sector público argentino se estima en 2,1% del PIB a inicios de 2026, uno de los registros más bajos en 65 años. Para dimensionarlo: el promedio de las décadas del sesenta, setenta y ochenta rondaba los 8 puntos del producto —inflado, es cierto, por el aparato de empresas públicas que las privatizaciones de los noventa desmontaron—, cayó a 2,5 puntos en los noventa y promedió 3,8 puntos entre 2003 y 2023.

El diagnóstico de AFISPOP tiene el mérito de nombrar el mecanismo: el gasto de capital es el ítem más discrecional del presupuesto y, por eso mismo, el “fusible” preferido de todo ajuste. A diferencia del gasto corriente —rígido, indexado, políticamente costoso—, la obra pública se recorta rápido y sin conflicto institucional inmediato. El proceso iniciado a fines de 2023 lo ilustra con claridad: ante la urgencia estabilizadora, el gobierno nacional llevó su inversión a mínimos históricos, con costos que el reporte no minimiza: contracción de la construcción, deterioro del stock de infraestructura y erosión de la competitividad de mediano plazo.

La apuesta oficial es que el grueso de la inversión territorial recaiga en provincias y municipios, y que el capital privado tome la posta donde haya rentabilidad —como en la agenda de gasoductos en licitación entre consorcios privados—. Los datos, sin embargo, desmienten la compensación: el gasto de capital neto de las provincias pasó de 1,9% a 1,3% del PIB entre 2023 y 2026, y el de los municipios de 0,7% a 0,4%. En el mejor de los casos, los gobiernos subnacionales sostuvieron lo que financiaban con recursos propios y perdieron exactamente lo que aportaban las transferencias nacionales eliminadas. Y para los bienes públicos puros —caminos rurales, saneamiento, infraestructura hídrica— la rentabilidad privada es insuficiente con cualquier marco regulatorio.

El trasfondo hace el cuadro más apretado. Con cinco meses transcurridos, el superávit financiero acumulado ronda el 0,2% del PIB —la mitad de camino hacia la meta del 1,4% pactada con el FMI— y las estimaciones privadas calculan que el gasto no indexado, que ya acumula una poda real cercana al 47% en tres años, deberá ajustar otro 6,2% real hacia fin de año para cerrar la cuenta. Traducido: el fusible seguirá siendo la variable de ajuste. La conclusión del reporte es difícil de refutar: el deterioro de la infraestructura acumula costos silenciosos que se manifiestan con rezago pero con persistencia, sobre la productividad privada y la calidad de vida. Recuperar gradualmente la inversión pública, en la medida en que el espacio fiscal lo permita, es el desafío pendiente de la agenda fiscal de mediano plazo. El superávit, por ahora, se paga en cemento que no se vuelca.