El costo real de una desinflación que imaginaria

Hay épocas en que los datos dejan de ser una estadística y pasan a ser una advertencia. El índice de producción industrial manufacturero de febrero pertenece a esa categoría. La industria cayó 8,7% interanual, acumuló una baja de 6,0% en el primer bimestre y, en la medición desestacionalizada, retrocedió 4,0% frente a enero. Catorce de las dieciséis ramas industriales mostraron caídas, con derrumbes particularmente severos en maquinaria y equipo, automotores, electrónica, textiles y calzado. 

La magnitud del retroceso no aparece en un vacío. En febrero, Mercado había planteado en la nota “El fin de la ilusión del proceso de desinflación, el inicio de la estanflación” que el problema argentino ya no era solo la persistencia inflacionaria sino la convivencia de inflación todavía elevada con un nivel de actividad incapaz de consolidar una recuperación. Aquel diagnóstico se apoyaba en un IPC de enero de 2,9% mensual y en la percepción de que el proceso desinflacionario había entrado en una meseta incómoda. En marzo, otra nota de Mercado insistió sobre esa idea: el mercado empezaba a evaluar una inflación estabilizada cerca del 3% mensual, lejos de la velocidad de baja que el programa necesitaba para exhibir un éxito pleno. 

El nuevo dato fabril encaja, con precisión, en esa secuencia. No describe una economía en expansión con inflación descendente. Describe otra cosa: una economía donde la nominalidad sigue siendo alta y donde el ajuste real se descarga, sobre todo, en los sectores que producen bienes, emplean mano de obra intensiva o compiten con importaciones. 

El dólar como precio político

Toda estabilización necesita un ancla. En la experiencia argentina reciente, esa ancla fue el tipo de cambio. El Banco Central informa que el dólar mayorista de referencia cerró el 10 de abril en $1.373,90, dentro del régimen de bandas y lejos del techo superior. Esa trayectoria, en un contexto de inflación mensual todavía cercana al 3%, implica una apreciación real del peso: los precios internos siguen subiendo mientras el dólar oficial avanza a una velocidad menor. 

Ese mecanismo tiene una virtud inmediata y un costo diferido. La virtud consiste en moderar el traslado a precios de bienes transables y en ofrecer una señal de estabilidad nominal. El costo aparece después: la producción local pierde competitividad frente a los bienes importados y el mercado interno se vuelve más permeable a la oferta externa. No es casual que el informe del INDEC señale de manera explícita una “mayor competencia de productos importados” en rubros como aparatos de uso doméstico, prendas de vestir, calzado y textiles. Allí donde el atraso cambiario se combina con apertura comercial, la industria más expuesta queda bajo presión. 

Los números sectoriales son elocuentes. La maquinaria y equipo cayó 29,4% interanual; la maquinaria agropecuaria, 37,7%; los aparatos de uso doméstico, 38,0%; automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 24,6%; otros equipos, aparatos e instrumentos, 24,6%, con una baja de 50,1% en informática, televisión, comunicaciones y componentes electrónicos; textiles, 33,2%; y prendas de vestir, cuero y calzado, 18,2%. No son variaciones propias de una corrección menor. Son señales de un proceso de selección sectorial severo. 

Apertura externa y selección de ganadores

La apertura económica, por sí sola, no explica una contracción industrial. Puede incluso mejorar productividad si se produce sobre una macroeconomía estable, crédito disponible y reglas de transición previsibles. Pero cuando se combina con una demanda doméstica débil, tasas reales exigentes y un tipo de cambio que se aprecia en términos reales, el resultado suele ser otro: la competencia externa disciplina precios, pero también desplaza producción local.

Eso se advierte en la composición del propio índice. Entre las pocas ramas que crecieron figuran refinación del petróleo, con una suba interanual de 19,7%, y sustancias y productos químicos, con 3,7%. Son sectores con escalas más grandes, mayor inserción exportadora o dinámicas menos dependientes del consumo masivo local. En cambio, los rubros más ligados al mercado interno, al empleo industrial y a la sustitución de importaciones concentran las bajas más profundas. 

La fotografía se vuelve más nítida cuando se la compara con otra nota reciente de Mercado, “Industria argentina en 2026: repunte mensual y expectativas empresarias en alza”. Allí se señalaba que enero había mostrado una contracción interanual menor, de 3,2%, pero con alguna mejora desestacionalizada y un clima empresario menos sombrío. Febrero quebró esa expectativa. El repunte no se consolidó; la industria volvió a ceder y lo hizo con intensidad. 

El superávit fiscal no ordena por sí solo

Del otro lado de la hoja de balance, el Gobierno conserva una fortaleza: la fiscal. El Ministerio de Economía informó un superávit financiero de $1.105.159 millones en enero y de $144.421 millones en febrero. En el primer bimestre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,1% del PIB y un superávit primario cercano a 0,4% del PIB. 

Ese resultado es relevante. Reduce la dominancia fiscal, mejora la consistencia del programa y refuerza la idea de que el Tesoro dejó de ser la fuente principal de desorden nominal. Pero conviene no atribuirle más de lo que puede ofrecer. El superávit fiscal es condición necesaria para estabilizar; no es condición suficiente para crecer. Puede ordenar las cuentas públicas, pero no resuelve por sí mismo el problema del precio relativo del dólar, la caída del consumo, la competencia importada ni la pérdida de escala en ramas manufactureras.

En otras palabras, el ajuste fiscal puede convivir con una economía que se enfría en los sectores que más empleo generan. Ese es, precisamente, el nudo de la discusión actual. La Argentina parece haber encontrado una disciplina fiscal más sólida que en el pasado reciente, pero todavía no encontró una síntesis entre equilibrio macroeconómico y recuperación productiva. 

La palabra que vuelve

Durante meses, la promesa oficial se apoyó en una secuencia simple: primero baja la inflación, después rebota la actividad. Los datos de febrero obligan a revisar esa cronología. La inflación de enero y febrero se mantuvo en 2,9% mensual, mientras la industria entró otra vez en terreno recesivo. Mercado había llamado a ese cruce de tendencias por su nombre: estanflación. No como eslogan, sino como descripción. 

La industria manufacturera de febrero confirma que la palabra no fue prematura. El programa muestra un ancla fiscal nítida, pero también revela los costos de sostener una desinflación incompleta con tipo de cambio apreciado y apertura comercial acelerada. La pregunta ya no es si el superávit existe. La pregunta es si alcanza para evitar que la estabilización termine pareciéndose, cada vez más, a una economía ordenada en sus cuentas y debilitada en su producción.