EIU Democracy Index: el promedio que nivela lo que no debería nivelarse

El promedio es una de las operaciones matemáticas más útiles y más engañosas que conoce la estadística. Útil porque condensa información dispersa en un valor único. Engañosa porque ese valor único puede esconder, con perfecta eficiencia, exactamente lo que más urge saber.

Cinco dimensiones, una síntesis

El índice de la EIU promedia cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Cada una pesa igual en el resultado final. La Argentina obtiene puntajes altos en proceso electoral y en libertades civiles, y puntajes más moderados en las tres restantes.
El problema está en la lógica del promedio: si un país tiene elecciones impecables y libertades civiles razonables, pero su gobierno funciona mal, su participación política es baja y su cultura democrática es frágil, el número final puede resultar decoroso aunque el diagnóstico institucional sea preocupante. El promedio distribuye el peso de cada dimensión con equidad matemática, pero las democracias no se erosionan con equidad: se erosionan por sus puntos más débiles.

La tabla regional: el lugar que el promedio asigna

En el ranking latinoamericano del EIU 2024, la jerarquía es reveladora. Uruguay y Costa Rica son los únicos dos países de toda la región clasificados como “full democracy” —democracia plena—, una categoría que ningún otro país latinoamericano alcanza. Chile aparece inmediatamente debajo, encabezando el grupo de las “flawed democracies” regionales. La Argentina aparece más abajo en ese mismo grupo, junto a Panamá, República Dominicana, Brasil y Colombia.
La distancia entre Argentina y sus dos vecinos más prósperos —Chile y Uruguay— no es solo cuantitativa: es categorial. Uruguay es “democracia plena”; Argentina es “democracia defectuosa”. Esa diferencia de clasificación traduce algo que los números agregados opacan: Chile y Uruguay tienen instituciones de control que funcionan con una consistencia que la Argentina no ha logrado sostener.
El contraste con los dos gigantes de la región agrega otra capa de lectura. Brasil registró en 2024 uno de los mayores retrocesos de toda la región según la EIU —junto a Jamaica y Colombia—, arrastrado por la inestabilidad política del ciclo post-Bolsonaro y las tensiones entre poderes. México, en el extremo opuesto del espectro entre los grandes, mejora su puntaje ese año, pero no lo suficiente para salir del grupo de los “regímenes híbridos” en que fue reclasificado durante el gobierno de López Obrador. Para la EIU, México ya no es una democracia defectuosa: es un régimen que combina elementos democráticos con rasgos autoritarios crecientes.

“Flawed democracy”: la categoría que merece debate

Que la Argentina figure como “democracia defectuosa” es, en rigor, una descripción útil. El término no implica que el sistema esté roto: implica que funciona, pero con fallas estructurales visibles. Lo que resulta inquietante no es la clasificación en sí sino su persistencia: Argentina lleva más de una década en esa categoría, sin mejoras sustanciales, mientras Uruguay consolida su democracia plena y Chile se mantiene en el umbral de ese grupo de vanguardia.
La pregunta relevante no es si la Argentina es más democrática que Brasil o que México —en los números de la EIU, lo es. La pregunta relevante es por qué la Argentina, con el desarrollo humano más alto de la región después de Chile y con una historia democrática de mayor densidad institucional que Brasil, no logra cerrar la brecha que la separa de Uruguay y Chile en calidad democrática.

El componente que más arrastra

Entre las cinco dimensiones del índice, “funcionamiento del gobierno” es la que sistemáticamente arrastra hacia abajo el puntaje argentino. Mide la eficacia del Poder Legislativo en el control del Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial y la ausencia de corrupción en las instituciones públicas. Son, precisamente, los engranajes del Estado de derecho que más tensión acumulan en los ciclos políticos argentinos.

Robert Dahl, en Polyarchy, distinguió entre la competencia electoral —el mínimo democrático— y la accountability efectiva, que es el estándar más exigente. Un país puede superar con holgura el primero y tener problemas serios con el segundo. La Argentina, según la EIU, es el ejemplo más ilustrativo de esa distinción en la región: elecciones que funcionan, instituciones de control que no terminan de funcionar.

¿Qué habría que mirar si, en lugar de preguntar cuál es el promedio, preguntáramos cuál es el componente que más se deterioró en los últimos cinco años, y si ese componente es el que diferencia a la Argentina de Uruguay y Chile?