Diez meses sin desinflación: el plan de Milei entra en otra fase
El IPC de marzo marcó 3,4% y extendió a diez meses la interrupción del proceso desinflacionario. Con actividad débil, caída industrial y menor dinamismo de la recaudación, el programa económico empieza a mostrar un riesgo adicional: pasar del estancamiento con inflación a una recesión con inflación.

Javier Milei construyó su programa económico sobre una idea central: la inflación sería, ante todo, un fenómeno monetario. La frase, tomada de la tradición monetarista, funcionó como diagnóstico y como promesa. En abril de 2025, el Presidente sostuvo que la inflación tenía “fecha de defunción” para mitad de 2026. Un año después, la secuencia oficial no muestra una defunción, sino una meseta alta, más persistente de lo que el relato inicial admitía.
Los datos del Indec son claros. En marzo de 2026, el IPC nacional subió 3,4%; acumuló 9,4% en el año y 32,6% en la comparación interanual. Pero el dato más relevante no está en la foto mensual sino en la serie: luego de tocar 1,5% en mayo de 2025, la inflación pasó a 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre, 2,9% en enero y febrero de 2026, y 3,4% en marzo. Son diez meses sin descenso. El proceso desinflacionario, en los hechos, terminó entonces.
Mercado ya había señalado ese cambio de fase. En febrero, una nota de la revista advirtió sobre “el fin de la ilusión del proceso de desinflación” y el inicio de una etapa de estanflación, con inflación todavía elevada y un nivel de actividad que no lograba consolidar una recuperación amplia. Dos meses después, la estadística oficial reforzó ese diagnóstico.
El límite de la receta monetarista
Desde la teoría macroeconómica, el problema no resulta extraño. Cuando una política monetaria contractiva y una política fiscal contractiva se aplican al mismo tiempo, la demanda agregada se comprime por dos vías. El crédito se encarece, el consumo pierde impulso, la inversión posterga decisiones y el gasto público deja de sostener actividad. Ese esquema puede moderar la nominalidad, pero no garantiza, por sí solo, una baja rápida de la inflación cuando persisten precios regulados, inercia y correcciones de precios relativos.
Eso es lo que sugieren los números de marzo. Los regulados subieron 5,1%, por encima del nivel general. Los servicios avanzaron 4,2%, también por encima de los bienes, que aumentaron 3,0%. La inflación núcleo fue de 3,2%. Entre las divisiones de mayor suba aparecieron Educación, con 12,1%; Transporte, con 4,1%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%. No se trata, por lo tanto, de una dinámica que pueda leerse sólo desde la cantidad de dinero. Hay tarifas, combustibles, transporte, educación e inercia contractual empujando los precios.
Luis Caputo lo reconoció esta semana. Según informó el Ministerio de Economía, el ministro sostuvo que “el proceso de desinflación, que venía muy pronunciado, se vio interrumpido” y aseguró que desde abril se verá “una desaceleración de la inflación importante”. También afirmó que, “mientras sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción”. La frase importa menos por su tono que por lo que admite: ya no se habla de una baja continua, sino de una interrupción que el Gobierno busca presentar como transitoria.
Una economía que no confirma el optimismo oficial
Milei lleva 28 meses de gobierno. En ese lapso, el oficialismo consiguió ordenar el frente fiscal y desacelerar la inflación respecto del pico del inicio de la gestión. Pero el punto decisivo ya no es ése. La pregunta es por qué la inflación dejó de bajar hace diez meses y qué costo tuvo, sobre la economía real, sostener una política simultáneamente contractiva en lo fiscal y en lo monetario.
El EMAE de enero de 2026 mostró un incremento interanual de 1,9% y una mejora de 0,4% respecto de diciembre en la serie desestacionalizada. Es un dato positivo, pero de escasa magnitud para una economía que viene de una base muy deprimida. No describe una expansión firme y generalizada, sino un avance moderado, todavía insuficiente para sostener la idea de un ciclo de crecimiento consolidado.
Cuando se observa el detalle sectorial, el cuadro se vuelve más exigente. El EMAE de enero mostró subas en diez sectores, pero también caídas en comercio mayorista y minorista, administración pública, hoteles y restaurantes, y otras ramas vinculadas al nivel de demanda. La recuperación existe, pero es desigual. Y una recuperación desigual convive mal con una inflación que ya no cede.
Industria y recaudación, dos alertas tempranas
La señal más visible de ese desgaste apareció en la producción industrial. En febrero de 2026, el IPI manufacturero cayó 8,7% interanual y 4,0% frente a enero en la serie desestacionalizada. En una economía que aún convive con inflación mensual cercana al 3%, una baja de esa magnitud no es un dato lateral. Sugiere que el costo del ajuste empezó a desplazarse con mayor claridad hacia la producción.
La recaudación también comenzó a reflejar ese enfriamiento. Según informó el Ministerio de Economía al presentar el resultado fiscal de febrero, los recursos tributarios del Sector Público Nacional crecieron 19,7% interanual, por debajo de la inflación interanual que ya se ubicaba en torno de 33%. ARCA, por su parte, informó para febrero una variación interanual de 20,1% en la recaudación de recursos tributarios. En ambos casos, la lectura de fondo es la misma: los ingresos del Estado crecen en términos nominales, pero pierden vigor en términos reales.
Ahí se vuelve pertinente una distinción que hasta hace poco parecía prematura. Durante los últimos meses, el cuadro argentino podía describirse como inflación con estancamiento. Pero si la inflación deja de bajar, la industria cae, la recuperación del EMAE se vuelve tenue y la recaudación real empieza a flaquear, el riesgo pasa a ser otro: el pasaje desde la estanflación hacia una recesión con inflación. No es todavía una conclusión cerrada. Sí es una hipótesis cada vez más consistente con la dirección de los datos.
El problema del monetarismo como política antiinflacionaria no reside en haber desacelerado parcialmente la nominalidad después del salto inicial. Reside en haber prometido una explicación única para una economía donde la inflación es también inercial, regulada, cambiaria y distributiva. Cuando la teoría se simplifica en exceso, el riesgo es diagnosticar bien una parte del problema y equivocarse en el resto. Eso es lo que hoy muestra la estadística oficial: la desinflación se agotó hace diez meses, y el ajuste que debía domar los precios empieza a mostrar sus costos sobre la actividad.

