Por Mathias Bernard (*)
Pero los resultados también han señalado muy claramente y han confirmado el peso de una tercera fuerza que había sido más discreta: la Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen, que ahora tiene un grupo parlamentario de 89 diputados, hecho inédito desde 1986.
La esperanza de una mayoría absoluta como en 2017 para la Ensemble de Macron, en la lógica institucional que dominaba la V República, está ahora enterrada. La de una convivencia clásica, también.
Sin embargo, la mayoría relativa que se perfila, algo “impensable” para los macronistas, impulsará nuevas estrategias de alianza, en particular entre la coalición presidencial y Les Républicains (LR, 64 escaños), con un riesgo evidente de parálisis.
La campaña entre las dos rondas estuvo pues marcada por una incertidumbre sin precedentes desde las elecciones legislativas de 1997, convocadas tras la disolución decidida por el presidente Chirac.
Estos resultados suponen también un revés para las dos fuerzas políticas que han dominado el debate público durante estas elecciones: la coalición macronista ha perdido casi 100 escaños y está lejos de la mayoría absoluta; y la Nupes tiene dificultades para aprovechar el impulso obtenido en la primera vuelta y no ha logrado alcanzar la marca simbólica de 150 escaños.
Por otro lado, el partido LR, muy discreto durante toda la campaña, salvó 64 escaños gracias a la presencia de sus representantes locales. Sin embargo, ha sido superado por el RN, que es el único ganador real de las elecciones. La nueva Asamblea Nacional se compone de cuatro bloques desiguales, el primero de los cuales es la coalición mayoritaria, que ostenta la mayoría relativa.
Una vieja historia de compromiso
La situación institucional provocada por estos resultados no es totalmente inédita. En la historia de la V República, las elecciones legislativas dieron lugar a la aparición de una mayoría relativa en 1988. Reelegido presidente de la República tras dos años de cohabitación que le habían permitido asumir el papel de árbitro por encima de la contienda política, el socialista François Mitterrand optó por disolver la Asamblea Nacional elegida en 1986 y dominada por los dos principales partidos de la derecha (RPR y UDF).
Esperaba así obtener una mayoría que apoyara la política de “apertura” al centro que había defendido durante su campaña electoral y que su nuevo primer ministro, Michel Rocard, iba a encarnar. Por lo tanto, no deseaba volver a la unión de la izquierda entre socialistas y comunistas que constituyó la base del gobierno “del cambio” dirigido por Pierre Mauroy entre 1981 y 1984, ni apoyarse, como entre 1984 y 1986, en una mayoría constituida únicamente por el Partido Socialista.
“No es bueno que un partido gobierne solo”, había declarado Mitterrand en la campaña legislativa de 1988.
Probablemente esperaba ganarse a algunos centristas a los que les repugnaban las posiciones de Jacques Chirac y su partido, el RPR, consideradas demasiado de derechas. El resultado de las elecciones de junio de 1988 pareció crear el contexto para esta reconfiguración política. Con 275 escaños en la Asamblea, el PS no consiguió –por catorce– la mayoría absoluta. Pero era el partido líder en Francia.
Claramente le correspondía estructurar una mayoría en apoyo del presidente y de su gobierno. La creación de un grupo centrista autónomo –la Unión del Centro–, distinto del de la UDF, así como la benevolencia mostrada por Raymond Barre hacia el presidente reelegido y su primer ministro podrían haber hecho creer que una coalición socialista-centrista permitiría obtener una mayoría absoluta en aquella Asamblea. Sin embargo, no fue así.
Un gobierno difícil
Los gobiernos presididos por Michel Rocard (1988-1991), Edith Cresson (1991-1992) y Pierre Beregovoy (1992-1993) tuvieron que construir mayorías para aprobar cada ley, a veces con los comunistas, a veces con los centristas y los no adscritos.
El uso del artículo 49.3 de la Constitución también permitió desbloquear ciertas situaciones, ya que autoriza al primer ministro a aprobar un proyecto de ley sin votación, siempre que las oposiciones de derecha e izquierda no se unan para votar una moción de censura.
El artículo 49.3 se utilizó 39 veces durante aquella legislatura. En cinco años, sólo el presupuesto de 1989 se aprobó sin recurrir a este artículo. El procedimiento no estuvo exento de riesgos. En dos ocasiones, el gobierno estuvo a punto de ser derrocado por una moción de censura. En 1990, Michel Rocard estuvo a cinco votos de ser derrocado cuando utilizó el artículo 49.3 para aprobar la Contribución Social Generalizada (CSG). En 1992, el gobierno de Pierre Bérégovoy se enfrentó a una moción de censura sobre la cuestión de la reforma de la Política Agraria Común, que estuvo a punto de ser aprobada por tres votos.
Gobernar con una mayoría relativa
Por tanto, gobernar con una mayoría relativa no es imposible. La legislatura que se inauguró en 1988 proporciona un ejemplo. Se caracterizó por una cierta estabilidad ministerial y por la puesta en marcha de importantes reformas (RMI, CSG, educación, etc.) en un contexto internacional en el que se produjeron grandes cambios (hundimiento del bloque comunista, firma del Tratado de Maastricht, primera guerra del Golfo).
Sin embargo, la gestión de una mayoría relativa requiere, por parte del ejecutivo, un arte consumado en la negociación parlamentaria y sentido del compromiso, que tanto el ministro de Relaciones con el Parlamento, cargo clave en este contexto (ocupado en aquel momento por Jean Poperen), como el asesor parlamentario del primer ministro, el constitucionalista Guy Carcassonne, supieron demostrar.
Inevitablemente, condujo a renuncias y medias tintas que fueron claramente sancionadas por los votantes. En las elecciones legislativas de 1993, el Partido Socialista perdió su mayoría relativa e incluso obtuvo el peor resultado de su historia… ¡hasta 2017!
Una necesaria cultura del compromiso
Este precedente histórico puede arrojar algo de luz sobre la situación política actual. Al igual que su lejano predecesor, el presidente apenas puede esperar el apoyo de uno de los grupos de la oposición para formar una mayoría estable.
Los partidos de izquierda han salido reforzados de unas elecciones en las que sus votantes han mostrado su apego a una dinámica unitaria, claramente situada en la oposición: por tanto, no les interesa entrar en el Gobierno.
Los diputados de RN, que probablemente constituyan el primer grupo parlamentario de la oposición en la Asamblea Nacional, se oponen frontalmente a un ejecutivo que, desde 2017, se ha construido a sí mismo designando a la extrema derecha como su principal oponente. Por lo tanto, no es de esperar que se produzca una concentración en este lado.
En cuanto a algunos parlamentarios de LR que, como los centristas de 1988, podrían estar tentados de aliarse con una mayoría de la que no les separa ningún antagonismo fundamental, es probable que favorezcan la lógica de la reconstrucción de una derecha gubernamental, en la perspectiva del antimacronismo.
Por su parte, el presidente no encarna de forma natural la “cultura del compromiso” necesaria en ese contexto, como señala el historiador Christian Delporte. Y no tiene los mismos activos que sus predecesores. De hecho, desde la reforma constitucional de 2008, el uso del artículo 49.3, criticado por el investigador Francesco Natoli, está muy limitado. Así, escribe Natoli, “salvo en el caso de los proyectos de ley de finanzas o de financiación de la seguridad social, este mecanismo sólo puede utilizarse para un texto durante un solo periodo de sesiones”.
Un sistema democrático cada vez más frágil
Sin embargo, Emmanuel Macron se enfrenta a una situación más delicada que François Mitterrand. Tiene que enfrentarse a una oposición radicalizada, tanto en la izquierda (con los Nupes) como en la derecha (con la RN), que no tienen ningún interés en que lleve a cabo su proyecto. Sobre todo, su mayoría es mucho más relativa que la de su lejano predecesor. En efecto, le faltan más de 50 escaños para obtener la mayoría absoluta en una Asamblea Nacional que podría pensarse que ha sido elegida por representación proporcional, lo que reproduce la tripolarización de la vida política en marcha desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. La mayoría macronista se encuentra así en una posición incómoda: la de un centro sometido a la doble presión de una izquierda y una derecha dominadas cada una por su ala más radical (LFI y RN).
La coherencia política de esta mayoría es también más frágil que la del PS de finales de los 80. El partido presidencial, ahora llamado Renacimiento, no tiene la misma implantación territorial que el PS de hace treinta años, tanto en términos de militantes como de ejecutivas locales y cargos electos. Y tiene que apoyarse en aliados –el MoDem de François Bayrou y Horizons de Edouard Philippe– que son mucho más celosos de su autonomía e influencia de lo que fueron el Mouvement des radicaux de gauche de Brice Lalonde o la Génération Écologie.
Por último, esta mayoría relativa llega en un momento en que el sistema democrático francés es mucho más frágil que hace cuarenta años y genera una verdadera desconfianza entre una parte creciente de la población.
La legitimidad de los representantes elegidos y de las instituciones se ve debilitada por el aumento de la abstención (30 % en las elecciones legislativas de 1988, 52 % en las de 2022). El sucesivo hundimiento de los partidos que habían estructurado la vida política francesa en la segunda mitad del siglo XX (comunismo, gaullismo, socialismo, etc.) ha dado paso a un panorama político fragmentado y cambiante.
El auge de la extrema derecha (14,5 % en las elecciones presidenciales de 1988, más del 30 % si sumamos los votantes de Le Pen y Zemmour en 2022) es también uno de los síntomas del auge del populismo y de la crisis que viven hoy los partidos gobernantes. A estos múltiples problemas no debe sumarse la crisis del parlamentarismo y de las instituciones democráticas que podría engendrar el resultado de unas elecciones que parecen resucitar el espectro de la IVª República.
(*) Historien, Université Clermont Auvergne (UCA)
