Por Carmen Beatriz Fernández (*)
En él, la televisión y la radio entregan tiempo para que las agrupaciones políticas expongan sus ideas y llamen al voto.
La llamada franja electoral es gratuita y está regulada legalmente, abaratando costos en las campañas y democratizando el acceso a la información. En mi curso de sistemas políticos he analizado el proceso constituyente.
Del lado del #rechazo había muy buenos spots que, invitando a votar contra la constitución propuesta, enfatizaban en su carácter divisivo y ahondaban en la esencia del mensaje: “Nueva constitución sí, pero ésta no”.
Sin embargo, del lado del #apruebo, no sólo los spots eran de mala factura, sino que los mensajes iban desde un entusiasmo ramplón hasta la prodigalidad de derechos de la nueva Carta Magna, desde las reivindicaciones laborales hasta el derecho a la vivienda, arrojando en su conjunto gran dispersión del mensaje y pobreza argumental.
Además de tener fallas importantes en su comunicación política, a los proponentes del apruebo les jugó en contra el sistema electoral. Hace casi dos años, en octubre de 2020, los chilenos habían votado muy masivamente a favor de la hechura de una nueva Constitución.
Cerca de un 80% de los electores afirmaron en aquel momento querer una nueva Constitución y que fuera redactada por nuevos constituyentes, en lugar de hacerlo parcialmente por parlamentarios. Caras nuevas exigió el electorado, y efectivamente la norma electoral las aupó en la elección de los constituyentes meses después.
Otra norma que jugó en contra del #apruebo fue la del voto obligatorio. En Chile el voto había sido mandatorio hasta la elección del año 2010, con niveles de participación en torno al 80%, mientras que con voto no obligatorio el promedio de participación está sobre el 47%. El plebiscito, con voto compulsivo, subió de nuevo a los valores tradicionales en tiempos del voto obligatorio e impulsó a quienes son políticamente neutros y más apáticos, pero también más centristas, a tomar partido.
Retazos de buenos propósitos
La Asamblea Constituyente electa en mayo 2021 estuvo repleta de caras nuevas, fundamentalmente inexpertos, mayoritariamente orientada hacia la izquierda, aunque fragmentada y diversa. Dos terceras partes de los constituyentes carecían de militancia partidista, pese a que tuvieran experiencia como activistas de causas nobles.
Se sintieron triunfantes y engolosinados con la oportunidad de construir un país más parecido a ellos y así tejieron una colcha de retazos con 162 pliegos de buenos propósitos, que ampliaba los derechos de los ciudadanos pero también exacerbaba las diferencias. Lo hicieron desde una Asamblea que no estuvo a la altura de la responsabilidad de redactar la nueva Constitución para Chile.
Y es que además de establecer la estructura formal del Estado, una constitución debe articular los consensos básicos de una sociedad. Porque más allá del papelito escrito que resulte de la Asamblea Constituyente, existen prácticas y valores que deben sustentar el apego a la ley.
Cambiar el marco constitucional de un país tiene ínfimo impacto en la estabilidad de un régimen democrático. Una democracia no sucumbe en tanto los actores políticos tengan incentivos para mantenerse dentro del marco de los acuerdos democráticos y la aceptación de los resultados electorales. Para la estabilidad de la democracia, y en general del sistema político, las reglas no escritas son tan o más importantes que las reglas escritas y constitucionales, como sostienen Levitsky y Ziblatt. En ese sentido y como arreglo de convivencia a largo plazo, nunca debería una constitución ser aprobada por una mayoría simple, sino por un consenso social.
Un consenso como el que aprobaba la institucionalidad de la Asamblea Constituyente cuando fue electa, o como el que hasta principios de este año afirmaba apoyaría en 56% a la nueva constitución, con un rechazo de apenas 33% (Plaza Pública, enero 2022). Para julio de este año, sin embargo, ya había muchos elementos que hacían “ruido” entre los electores: la eliminación del Senado o la idea de que “no todos van a ser iguales ante la ley” (39%), o que “con la plurinacionalidad, Chile corre el riesgo de dividirse” (31%). (Feedback julio 2022).
Quizás uno de los detonantes fue la oferta final de aprobar para luego reformar, que sonaba demasiado a trabajo mal hecho, o el que los elementos más radicales de la propuesta, así como de sus proponentes, fueran amplificados para actuar de manera disuasiva.
Chile centrista
El caso es que el resultado de ese domingo, 62% en contra y 38% a favor, mandó un duro mensaje no solo a los constituyentes, sino al presidente Boric, quien había hecho campaña activamente por el apruebo.
“Revivió Pinochet”, polemizó en un tuit el presidente colombiano Gustavo Petro, recientemente electo y aliado del presidente Boric. Se equivoca. Los chilenos votaron el domingo en contra de la constitución de Pinochet y de la nueva propuesta, todo al mismo tiempo.
Chile es un país de centro. Más centrista que Colombia. Aun cuando la curva ideológica tanto en Colombia como en Chile se aproximan a un comportamiento normal, con posiciones de centro ideológico claramente mayoritarias, las posturas extremistas de Chile son menores y muy poca gente se autoidentifica como de “extrema derecha” o “extrema izquierda”.
Chile ayer abrazó el centro político. Ojalá que tanto el presidente Boric como la derecha en la oposición así lo entiendan. No hay mayor valor en una democracia que el de lograr acuerdos.
(*) Profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim, Universidad de Navarra.
