Por Juan Barredo-Zuriarrain (*)
Ese techo, que todavía debe ser aprobado en el Congreso, determina el máximo de deuda al que puede recurrir el Tesoro estadounidense.
Aunque es esperable que la reforma salga adelante, de no aprobarse la Administración tendría que empezar a sacrificar o a atrasar pagos a proveedores, empleados públicos, prestaciones sociales o contratistas privadas hasta, potencialmente, no poder reembolsar la deuda acumulada en años anteriores ni sus intereses.
Ya se han repasado los efectos negativos que eso acarrearía, tanto internamente como, probablemente, para la estabilidad económica mundial.
Dicho esto, los acontecimientos han dejado claro que el techo de deuda no era una barrera estrictamente económica: el Gobierno estadounidense puede tomar prestado muy fácilmente en los mercados internacionales. A menos de un año de las elecciones presidenciales, esta pugna entre Gobierno y Congreso debe ser leída en clave electoral.
Una deuda enorme
Como cualquier empresa o familia, un Gobierno tiene que aumentar su endeudamiento si prevé que los ingresos no serán suficientes para cubrir el gasto. Más allá de esta similitud, hay diferencias significativas entre los gastos y la deuda de un Gobierno, especialmente el de Estados Unidos, y los de un hogar o empresa. La primera diferencia, evidente, es el tamaño: según la OCDE, en 2021, el gasto público en Estados Unidos equivalía al 44 % del PIB del país y su deuda pública sobrepasaba el 140 %, siendo la gran mayoría del Gobierno federal.
Por otra parte, la deuda pública estadounidense es uno de los activos financieros más demandados en el mundo. Es decir, en el momento en que el Tesoro estadounidense tenga la capacidad legal de volver a buscar dinero en los mercados financieros, los gobiernos y bancos centrales extranjeros, los bancos y los grandes fondos financieros, le van a proveer de fondos –y a un interés muy bajo– en comparación con otros países o con empresas privadas.
No sólo eso.
Si el Gobierno de Joe Biden no encontrara una fuerte demanda de títulos de deuda por este tipo de agentes, siempre podría vender parte de ella a la Reserva Federal. Esta forma de préstamo de la Reserva Federal –similar a la figura de los bancos centrales-– es muy recurrida por Estados Unidos. Hoy en día, dicha institución reconoce ser acreedora de cerca del 20 % de la deuda federal total. En el último medio siglo ese ratio no ha bajado del 7 %.
A condición de bajar el gasto
Estados Unidos sigue en una posición privilegiada para endeudarse. Si deja de hacerlo a principios de junio, no será más que por un impedimento legal. La mera posibilidad de una falta de acuerdo paraliza inversiones y desestabiliza los mercados financieros. Ello brinda al Partido Republicano una posición idónea para imponer sus condiciones en la negociación con la contraparte demócrata.
Aunque queda por conocerse el detalle del acuerdo entre Biden y McCarthy, la prioridad del bando republicano ha sido asegurarse un control más severo del gasto público en los años a venir, reduciendo, por ejemplo, el llamado gasto discrecional en políticas medioambientales y en salud, o endureciendo las condiciones para el acceso a prestaciones sociales.
No parece la bancada republicana tan insistente en la necesidad de incrementar los ingresos públicos. De hecho, desde hace un mes, ha promovido iniciativas legislativas para prorrogar exenciones fiscales o para minimizar la lucha contra la evasión fiscal.
Lejos se encuentra el Congreso de un gran consenso. Entre las filas demócratas y las republicanas sigue habiendo posicionamientos públicos inequívocos en contra de los términos acordados por Biden y McCarthy. Si a eso se le añade el lento proceso que debe pasar la reforma, debiendo ser aprobada por las dos cámaras –la de Representantes y el Senado–, no es de extrañar que las partes gestantes del acuerdo sigan aceleradas, aunque esta vez tratando de convencer a los suyos.
Crecimiento constante
Al menos desde 1966, según datos de la Reserva Federal, la deuda pública estadounidense se ha incrementado año tras año, sin una sola excepción. Ello ha implicado la revisión y ampliación (o incluso suspensión) periódica del endeudamiento máximo, con los dos mismos partidos alternándose en la presidencia y en la mayoría de cada cámara.
Da cierto desasosiego constatar que cada vez que se tiene que negociar una ampliación del techo de deuda, se abre una nueva oportunidad para que la amenaza a la estabilidad mundial sea una mera baza en el cálculo electoralista de cada partido.
(*) Profesor e Investigador de la UPV/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
