or Antonio Fernández Álvarez (*)
Desde su constitución (1957), las Comunidades –ahora la Unión Europea– han logrado grandes éxitos económicos y políticos para la sociedad europea. Son muchos los efectos positivos de las políticas y medidas adoptadas en el proceso de integración europea.
La consecución del mercado único (la movilidad de las cuatro libertades: mercancías, servicios, capitales y personas) garantiza la libre elección a consumidores y empresas en todo el espacio europeo, fomenta la competitividad y aporta incalculables beneficios económicos de bienestar a la sociedad europea. Además, ese mercado único se proyecta como una singularidad a repetir y aprovechar en otros entornos mundiales.
La política agraria común (PAC), una de las grandes políticas comunes, exhibe unos niveles de integración muy avanzados.
Sus contenidos vertebran el mundo rural europeo, contribuyen decididamente a mejorar las rentas de los agricultores, procuran alimentos suficientes para los consumidores y evitan, en cierta medida, el tan temido despoblamiento. A su vez, también facilitan el cuidado medioambiental del mundo rural.
La liberalización y reordenación de las políticas nacionales de trasporte (en la década de 1990) bajo el ámbito de la política común de transporte (PCT) ha fomentado una autentica expansión de la actividad viajera en toda Europa. Y todo ello a precios muy competitivos en relación con los registrados antes de su liberalización. De forma análoga ha evolucionado el sector de las telecomunicaciones.
En política medioambiental, el buen hacer de la Comisión Europea ha contribuido a la elaboración de los grandes acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible y mejora medioambiental (Agenda 2030, Acuerdo de París 2015). Los ciudadanos europeos disfrutan hoy día de un marco jurídico medioambiental de los más exigentes del planeta. Y, en efecto, Europa se ha propuesto para 2030, reducir sus emisiones de CO₂ en un 55 % en relación con 1990.
En el ámbito exterior, la Unión Europea se conforma como uno de los grandes bloques comerciales y de inversión en el mundo. Prácticamente todos los países no miembros de la UE buscan establecer buenas relaciones comerciales con el gran mercado europeo. Es más, la Unión y sus estados son los primeros donantes mundiales de ayuda oficial al desarrollo.
La política regional y de cohesión no dispone de un volumen de recursos muy elevado. Nunca el suficiente para hacer frente, de forma decidida, a las disparidades socioeconómicas entre las regiones europeas. Pero su puesta en funcionamiento (años 1970 y 1980) supuso una gran muestra de solidaridad entre Estados soberanos. Y no deja de ser, en cierta medida, un cuidado y un esfuerzo económico para que todas las regiones, ricas y pobres, se sientan partícipes de la identidad europea.
En algunas de las políticas, los avances del mercado único son más bien modestos. En política energética, las discusiones en pos de una acción común se eternizan y los problemas se acumulan. Esas actitudes ni facilitan la seguridad energética ni fomentan el crecimiento económico y la competitividad de la industria europea. En todo caso, las instituciones europeas realizan grandes esfuerzos en la promoción y apoyo a la financiación de las energías renovables.
En torno al euro
Y la unión económica y monetaria (UEM), el lanzamiento del euro, su puesta en circulación (2002), podría considerarse uno de los grandes hitos de la construcción europea. No obstante, su trayectoria ha seguido un camino tortuoso, lleno de obstáculos que todavía siguen pendientes de ser despejados.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997) se tornó muy pronto incompleto, lleno de deficiencias estructurales para poder abordar la crisis económica en 2008, una crisis que casi acaba colapsando el mismo euro.
El Pacto de Estabilidad Reforzado (2010-2014) pretendía subsanar las deficiencias halladas y reforzar los mecanismos de coordinación y vigilancia de las políticas fiscales en la zona euro.
Pero, en 2020, la pandemia y la suspensión del Pacto de Estabilidad (criterios que acotan el déficit anual al 3 % del PIB y la deuda pública al 60 % del PIB) darían al traste, una vez más, con los intentos de afianzar un espacio económico sólido y ordenado. El gasto público se disparó, especialmente en algunos países mediterráneos. La brecha en torno a la solidez fiscal se agrandó entre Norte y Sur.
La Comisión ya no contempla plantear la idea de volver a la senda de la disciplina fiscal de forma homogénea en los 19 países de la zona euro. Sus propuestas van, más bien, orientadas hacia un paquete de medidas a la carta. A partir de 2024 cada país diseñaría su propia política de ajuste fiscal, por periodos de 4 años, con las limitaciones tradicionales (3 % de déficit y 60 % de deuda) muy flexibilizadas y benévolas sanciones en caso de incumplimiento. Efectivamente, la aplicación, hoy en día, de una política fiscal unitaria y ortodoxa ahogaría las economías mediterráneas más endeudadas y menos competitivas.
Sin embargo, la flexibilidad desmedida plantea riesgos de gran calado. Si cada economía adopta una velocidad específica para abandonar definitivamente la crisis covid-19, entonces podrían aparecer tantas velocidades como número de países tiene la zona euro. Y ello debilitaría la acción colectiva de la autoridad monetaria.
En rigor, el gran proyecto europeo de integración económica y monetaria aún se encuentra a medio construir. Su gran reto sigue siendo encontrar un itinerario de estabilidad compartida que facilite un crecimiento estable y un euro fuerte e influyente en el mercado mundial de divisas.
(*) Profesor Honorario de Economía Política de la Unión Europea, Universidad Autónoma de Madrid.
