Confianza en los países que respeten las reglas de juego

Con la guerra irrumpe una segmentación perdurable de mercados, que dará oportunidades a los países confiables: la Argentina debe implementar el acuerdo con el FMI en ese contexto.

11 marzo, 2022

Con la tragedia humanitaria en primer plano, el intento de ocupación de Ucrania por parte de las fuerzas rusas está derivando en un cambio cualitativo en el funcionamiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras. Así lo explica el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Todo indica que habrá un antes y un después de la invasión, por el que la evaluación de los mercados, la selección de proveedores y la configuración de las cadenas de valor será tamizada por el grado de confiabilidad de los países en términos de respeto a las reglas de juego.

Aprovechar este nuevo escenario no depende sólo de la dotación de recursos naturales. Se necesita, fundamentalmente, a) adquirir el rol de socio confiable para los potenciales nuevos clientes que la crisis pueda disparar; b) ser capaz de atraer sin demoras las nuevas inversiones que se necesitan para responder con oferta local el redireccionamiento de la demanda.

Entre los principales supuestos detallados en la Carta de Intención figura para 2022 un intervalo indicativo (no es meta comprometida) para la inflación, de entre 38.0 % y 48.0 %, y de 3,5 % a 4,5% para la variación del PIB. Sin embargo, el escenario más probable para 2022 se configura con una inflación bastante superior al “techo” de 48.0%, y una variación del PIB que difícilmente pueda alcanzar el “piso” de 3,5%.

La suba del precio de las commodities en el mercado mundial tiene efectos ambivalentes sobre la Argentina. Las exportaciones agroindustriales podrían aumentar este año en 4,0 mil millones de dólares (pese a los efectos de la sequía), pero el deterioro de la balanza comercial energética podría llegar a 6,4 mil millones de dólares. Considerando estos rubros de la balanza comercial, habría una merma de 2,4 mil millones en el ingreso de dólares al país.

En términos fiscales, el impacto negativo se potencia, ya que los ingresos del Tesoro mejoran por aproximadamente un tercio del incremento de las exportaciones (por las retenciones), pero empeoran por más de dos tercios de las mayores importaciones, debido a la incidencia de los subsidios.

Por ende, subsisten los interrogantes acerca del cumplimiento de la meta de déficit primario de 2,5 puntos del PIB en 2022. Se había estimado una contribución de 0,6 puntos del PIB a ese propósito originada en el recorte de subsidios energéticos, pero con la suba de tarifas anunciadas para el sector residencial, del orden del 55 % en promedio ponderado para este año, no hay forma de lograrlo.

El círculo vicioso del endeudamiento tiene como trasfondo un gasto público que se mantiene en un nivel imposible de financiar. El gasto primario de 2022, que podría llegar al equivalente a 20,9 % del PIB, se ubica todavía 2,4 puntos del PIB por encima del registro de 2019 (pre-Covid), cuando en el resto de los países de la región este guarismo está volviendo a los niveles previos a la pandemia. En Uruguay, por ejemplo, el gasto primario en 2022 se ubicaría 0,2 puntos del PIB por debajo de la cifra de 2019.

Las autoridades especulan que, con los actuales precios internacionales de los granos, no sería necesario una suba demasiado significativa de tasas de interés para hacer atractiva la conversión de dólares a pesos. Esta es una hipótesis que tendrá que ser monitoreada, ya que la brecha cambiaria todavía se sitúa 21 puntos porcentuales por encima del 65 % promedio de los meses de abril a junio de 2021, cuando el Banco Central logró compras netas de divisas en el mercado oficial de cambios por una cifra del orden de los 1,5 mil millones de dólares/mes.

Además, el tipo de cambio real multilateral registra una apreciación del peso del orden del 17 % en los últimos doce meses. En lugar de cumplir “a reglamento” con los compromisos con el FMI, el gobierno debería presentar una detallada “hoja de ruta” y las opciones (“Plan B”) existentes en caso que sus supuestos no se cumplan. Si bien una implementación de ese tipo no subsana la falta de reformas estructurales, sí permitirá organizar el debate sobre los cambios pendientes en el país para alejar riesgos “macro” y mejorar los incentivos de la “micro”. De lo contrario, las discusiones de coyuntura seguirán siendo agobiantes.

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