Optimismo del Banco Mundial y retoques en la propuesta a acreedores privados

Argentina disminuyó este año a la mitad los trámites burocráticos para abrir empresas y radicar inversiones externas directas (IED). En verdad, sus costos son ahora un tercio del promedio latinoamericano. Aparte, aun con menor acceso al crédito voluntario –no es lo mismo que IED, claro-, supera esa misma media en lo tocante a acceso a datos y financiamiento por parte del público y el sector privado.

Paralelamente, existe alto índice de transparencia sobre propiedad o control de empresas y bancos. Argentina es uno de los seis países del área que mejoraron sistemas de reforma contable, regulación al sector privado y protección a derechos de propiedad, patentes, etc.

De acuerdo con un trabajo del Banco Internacionales de Reconstrucción y Fomento, junto con la Corporación Financiera Internacional (un ala del BM), para abrir un negocio o radicar IED se precisa realizar quince trámites en 32 días. Antes, se necesitaban 31 en 68 días.

Las inevitables advertencias sobre “rigidez laboral” responden más bien a un reflejo condicionado que a hechos concretos. En este caso, el BIRF alude a “exceso de restricciones para contratar mano de obra”, algo poco factible en una economía con alto grado de desempleo, empleo informal o en negro y escaso activismo sindical en defender o promover fuentes de trabajo.

En cuanto al canje de bonos públicos, la semana próxima se remitirá a la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) un formulario adicional. Mientras, Economía y los bancos organizadores del canje ultiman cambios y retoques a la oferta. No obstante, es posible el canje se abra formalmente recién a fines de octubre o principios de noviembre.

Resulta un poco irónico que, ahora, surjan trabas y presiones en torno de la deuda externa privada. Por supuesto, los problemas se originan en fondos buitres (no los mismos que instrumentan a los “comités de bonistas”, pero de características similares). Por ejemplo, tras perder un recurso judicial contra el grupo Clarín, el fondo Huff se lanza contra Mastellone.

Controlando 34% de la deuda titulizada, Huff bloquea un acuerdo preventivo extrajudicial. Meses atrás, otros fondos interferían en negociaciones similares de Telecom y MetroGas. El procedimiento no cambia: compran bonos chatarra a precios exiguos y, luego, de los emplea para trabar o influir restructuraciones. El objeto no es defender a inversores, ahorristas y jubilados –como suele proclamar Nicola Stock-, sino elevar el precio de sus tenencias impidiendo quitas relevantes en el capital de las acreencias.

La acción de esos operadores y sus parientes cercanos, los que administran fondos mutuales (cuya codicia ha generado en Estados Unidos un escándalo que involucra aportes por US$ 7,3 billones). A tal punto ha llegado el descontrol que los fiscales de Nueva York, Massachusetts y otros estados contemplan el cierre o la reforma total de esos segmentos del negocio financiero y bursátil.

Argentina disminuyó este año a la mitad los trámites burocráticos para abrir empresas y radicar inversiones externas directas (IED). En verdad, sus costos son ahora un tercio del promedio latinoamericano. Aparte, aun con menor acceso al crédito voluntario –no es lo mismo que IED, claro-, supera esa misma media en lo tocante a acceso a datos y financiamiento por parte del público y el sector privado.

Paralelamente, existe alto índice de transparencia sobre propiedad o control de empresas y bancos. Argentina es uno de los seis países del área que mejoraron sistemas de reforma contable, regulación al sector privado y protección a derechos de propiedad, patentes, etc.

De acuerdo con un trabajo del Banco Internacionales de Reconstrucción y Fomento, junto con la Corporación Financiera Internacional (un ala del BM), para abrir un negocio o radicar IED se precisa realizar quince trámites en 32 días. Antes, se necesitaban 31 en 68 días.

Las inevitables advertencias sobre “rigidez laboral” responden más bien a un reflejo condicionado que a hechos concretos. En este caso, el BIRF alude a “exceso de restricciones para contratar mano de obra”, algo poco factible en una economía con alto grado de desempleo, empleo informal o en negro y escaso activismo sindical en defender o promover fuentes de trabajo.

En cuanto al canje de bonos públicos, la semana próxima se remitirá a la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) un formulario adicional. Mientras, Economía y los bancos organizadores del canje ultiman cambios y retoques a la oferta. No obstante, es posible el canje se abra formalmente recién a fines de octubre o principios de noviembre.

Resulta un poco irónico que, ahora, surjan trabas y presiones en torno de la deuda externa privada. Por supuesto, los problemas se originan en fondos buitres (no los mismos que instrumentan a los “comités de bonistas”, pero de características similares). Por ejemplo, tras perder un recurso judicial contra el grupo Clarín, el fondo Huff se lanza contra Mastellone.

Controlando 34% de la deuda titulizada, Huff bloquea un acuerdo preventivo extrajudicial. Meses atrás, otros fondos interferían en negociaciones similares de Telecom y MetroGas. El procedimiento no cambia: compran bonos chatarra a precios exiguos y, luego, de los emplea para trabar o influir restructuraciones. El objeto no es defender a inversores, ahorristas y jubilados –como suele proclamar Nicola Stock-, sino elevar el precio de sus tenencias impidiendo quitas relevantes en el capital de las acreencias.

La acción de esos operadores y sus parientes cercanos, los que administran fondos mutuales (cuya codicia ha generado en Estados Unidos un escándalo que involucra aportes por US$ 7,3 billones). A tal punto ha llegado el descontrol que los fiscales de Nueva York, Massachusetts y otros estados contemplan el cierre o la reforma total de esos segmentos del negocio financiero y bursátil.