Salud, un sector de servicios complicado

 Durante 2018, la economía argentina transitó una variedad de inconvenientes macroeconómicos. Fuerte suba del tipo de cambio, impacto sobre la inflación y el salario real, caída del consumo masivo, aumento significativo de la tasa de interés, menor expansión del crédito, impacto negativo sobre consumo de bienes durables e inversión, caída del gasto público real para reducir el déficit fiscal, y en consecuencia caída de la actividad económica.  

Estos hechos, que mantienen sus efectos en 2019, repercuten en forma muy heterogénea entre los distintos sectores de actividad. Quienes sufren en mayor medida el contexto actual son aquellos sectores cuyos precios no están ligados al tipo de cambio, pero sí una porción importante de sus insumos. 
 

El sector salud es un buen ejemplo entre los afectados negativamente por esta variedad de inconvenientes, según lo señala el último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, presidida por Pía Astori.

En particular, los servicios de salud constituyen uno de los sectores más importantes en cuanto a generación de empleo en Argentina, evidenciando un crecimiento constante en la creación de puestos formales y en sintonía con indicadores de elevada productividad y formación profesional de sus trabajadores, además de poseer un significativo impacto en la calidad de vida de la población.  

El sistema de salud de gestión privada atiende a más del 50% del total de la población argentina, en que el 60% de las instituciones de salud son privadas. El financiamiento del sistema está estrechamente vinculado a los aportes a la seguridad social que realizan trabajadores formales, y por ende los precios de las prestaciones normalmente siguen una evolución similar a sus retribuciones. Es por esto que en años de caída del salario real (como ocurrió en 2018), también suelen contenerse las subas de precios en las prestaciones sanitarias, aun cuando los costos suban en mayor medida.

Asimismo, existen significativos retrasos y descalces entre el momento en que las clínicas y sanatorios brindan servicios a sus pacientes y el posterior cobro de las prestaciones a los financiadores institucionales (obras sociales, mutuales, prepagas, seguro de salud, entre otras).  

Esta separación entre la persona que recibe atención médica y un tercero que la paga, luego que los servicios ya han sido brindados, requiere de significativas dosis de eficiencia y tramitación expeditiva, lo cual resulta difícil en un contexto económico volátil y en presencia de fuertes cambios de precios relativos y en el nivel general de precios.

En un contexto de recesión, inflación, caída del salario y alteraciones cambiarias, se generan situaciones de inequidad en la resolución de esta relación de prestación del servicio.  

Según el Ãndice de Precios de Insumos de la Atención Médica (IPIAM) que elabora ADECRA en los tres primeros trimestres del 2018, los ítems que lideran la inflación de costos en Salud corresponde a inversiones (87%), servicios públicos (60%) e insumos médicos (46%). En este sentido, es útil observar que la dinámica tradicional de costos del sector médico privado se encuentra afectada por mayores incrementos en los insumos no laborales durante la primera mitad del año (los cuales representan un 24% de su estructura de costos) y mayor participación de los aumentos en los costos laborales durante la segunda parte del año (los cuales representan el 76% restante).  

Cabe destacar que, si bien todos los actores que conforman el sector privado de la salud se encuentran involucrados, las instituciones prestadoras son las más afectadas frente a este tipo de contextos, dado que no pueden restringir los servicios de atención ni demorar sus obligaciones de pago concertadas.   Esos aspectos, sumados a otras restricciones que afectan al sector, tales como una dinámica tributaria regresiva, impone desafíos que requieren la necesidad de pensar nuevas políticas públicas enfocadas en el sector sanitario, en pos de la sostenibilidad de una buena y extendida calidad en las prestaciones médicas, posibilitando una mayor participación de inversiones tendientes a la incorporación de los últimos avances tecnológicos para el cuidado de la salud.