Bonistas italianos, engañados por bancos, fondos y abogados

“Nicola Stock y Hans Humes viven tranquilos en Suiza. Nadie da la cara por tantos inversores engañados”, sostenía un comentarista romano. Entretanto, los medios peninsulares que acompañaron la larga campaña internacional de opinión, solventada por fondos buitres y sus operadores, optaban por un cauto silencio.

La mayor instancia judicial italiana, pues, dictaminó que ese país carece de jurisdicción sobre el cese selectivo de pagos –el término en boga, “default”, es tan innecesario como impreciso- declarado por Argentina a fines de 2001. Es el segundo golpe a las esperanzas de ciertos acreedores.

Días atrás, al levantar un embargo por US$ 7.000 millones sobre bonos nuevos- un tribunal de alzada neoyorquino creaba un precedente clave. “Ningún acreedor privada puede poner en riesgo la salud de un estado soberano”, sostuvo, mientras los habituales opinadores que venían repitiendo el libreto de Charles Dallara en Buenos Aires no abrían la boca.

Hasta el momento había ocho fallos peninsulares favorables al país en primera y segunda instancia. También los había en Alemania. El transfondo era complejo: 15% de los US$ 82.800 millones en cese de pagos se distribuía entre 440.000 ahorristas, inversores chicos e institucionales italianos. De los US$ 19.500 en títulos que no ingresaron al canje, 40% correspondía a italianos y, entre ellos, a bonistas individuales llevados a la autoexclusión –de mala fe- por intermediarios financieros. En un rasgo del absurdo, esas víctimas se autodenominan “consumidores”.

El litigante origen del fallo final se llama Luca Borri y dice poseer papeles por € 183.000. Asistido por un abogado, no radicó demanda ante el fuero ordinario, sino que segmentó tenencias e inició 35 acciones ante varios juzgados de paz, obviamente no idóneos. Sus magistrados le dieron la razón y exigieron ejecutar las deudas. Un coro de “analistas”, no todos financieros, salieron en Argentina e Italia a anunciar que el canje colapsaba.

Buenos Aires, vía el estudio neoyorquino Cleary Gottlieb, apeló y pudo hacer suspender ejecuciones. En ese punto, Borri se dirigió a la corte de casación –última instancia- vía “per saltum”. Aunque se tomó casi un año, ese tribunal dictaminó que el litigante había cometido su segundo error estratégico: una interpretación poco seria de la propia constitución italiana.

Sus letrados –se dice que pagados por Stock- tampoco hicieron un buen trabajo. Según recuerda el propio fallo, hace trece años el tribunal constitución (que entiende sólo en casos extraordinarios) definió el cese de pagos nigeriano como “acto soberano no judiciable en Italia”.

“Nicola Stock y Hans Humes viven tranquilos en Suiza. Nadie da la cara por tantos inversores engañados”, sostenía un comentarista romano. Entretanto, los medios peninsulares que acompañaron la larga campaña internacional de opinión, solventada por fondos buitres y sus operadores, optaban por un cauto silencio.

La mayor instancia judicial italiana, pues, dictaminó que ese país carece de jurisdicción sobre el cese selectivo de pagos –el término en boga, “default”, es tan innecesario como impreciso- declarado por Argentina a fines de 2001. Es el segundo golpe a las esperanzas de ciertos acreedores.

Días atrás, al levantar un embargo por US$ 7.000 millones sobre bonos nuevos- un tribunal de alzada neoyorquino creaba un precedente clave. “Ningún acreedor privada puede poner en riesgo la salud de un estado soberano”, sostuvo, mientras los habituales opinadores que venían repitiendo el libreto de Charles Dallara en Buenos Aires no abrían la boca.

Hasta el momento había ocho fallos peninsulares favorables al país en primera y segunda instancia. También los había en Alemania. El transfondo era complejo: 15% de los US$ 82.800 millones en cese de pagos se distribuía entre 440.000 ahorristas, inversores chicos e institucionales italianos. De los US$ 19.500 en títulos que no ingresaron al canje, 40% correspondía a italianos y, entre ellos, a bonistas individuales llevados a la autoexclusión –de mala fe- por intermediarios financieros. En un rasgo del absurdo, esas víctimas se autodenominan “consumidores”.

El litigante origen del fallo final se llama Luca Borri y dice poseer papeles por € 183.000. Asistido por un abogado, no radicó demanda ante el fuero ordinario, sino que segmentó tenencias e inició 35 acciones ante varios juzgados de paz, obviamente no idóneos. Sus magistrados le dieron la razón y exigieron ejecutar las deudas. Un coro de “analistas”, no todos financieros, salieron en Argentina e Italia a anunciar que el canje colapsaba.

Buenos Aires, vía el estudio neoyorquino Cleary Gottlieb, apeló y pudo hacer suspender ejecuciones. En ese punto, Borri se dirigió a la corte de casación –última instancia- vía “per saltum”. Aunque se tomó casi un año, ese tribunal dictaminó que el litigante había cometido su segundo error estratégico: una interpretación poco seria de la propia constitución italiana.

Sus letrados –se dice que pagados por Stock- tampoco hicieron un buen trabajo. Según recuerda el propio fallo, hace trece años el tribunal constitución (que entiende sólo en casos extraordinarios) definió el cese de pagos nigeriano como “acto soberano no judiciable en Italia”.