El acuerdo UE-Mercosur: ¿Qué implica en materia de sostenibilidad para las empresas argentinas?

Por Raluca Cocuz (*)

Detrás del acuerdo comercial subyacen cuestiones de mayor calado: el rol que Europa aspira a desempeñar en un escenario global competitivo, y el modelo de desarrollo que América Latina busca para transformar su vasta riqueza natural en una ventaja estratégica sostenible.

La nueva “frontera” ESG para Argentina

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (que incluye a Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) no es solo comercial. Se trata de un amplio acuerdo de asociación con tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación, generando implicaciones geopolíticas, económicas, comerciales, regulatorias y de política industrial.

El acuerdo mejora significativamente el acceso al mercado europeo al eliminar más del 90% de los aranceles sobre exportaciones agroindustriales y minerales argentinas, como carne bovina, soja, bioetanol y metales, abriendo un mercado europeo con mayores oportunidades y predictibilidad.

Actualmente, el acceso al mercado europeo está condicionado por un denso muro de requisitos de sostenibilidad establecidos en la UE. Estas condiciones no son teóricas: definen qué granjas, frigoríficos, procesadoras de soja o proyectos de litio mantendrán el acceso a compradores.

La sostenibilidad es central: el acuerdo se integra en el Acuerdo de París, incluye compromisos para combatir la deforestación, respetar normas laborales internacionales y establece mecanismos de seguimiento. Además, cuenta con el respaldo de un fondo de cooperación de 1.800 millones de euros, de Global Gateway, para apoyar las transiciones ecológica y digital.

Las regulaciones clave de la UE

La Unión Europea ha establecido un marco legislativo integral para fomentar la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial en sus cadenas de suministro globales. Este marco incluye el Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR), que prohíbe la comercialización de productos vinculados a la deforestación y exige trazabilidad por geolocalización. Complementariamente, la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD/CS3D) obliga a grandes empresas a identificar, prevenir y mitigar impactos en derechos humanos y ambientales en sus operaciones y cadenas de valor. Finalmente, la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) exige la divulgación de riesgos, impactos y oportunidades de sostenibilidad, con evaluaciones de materialidad.

Estas normativas, que operan de manera sinérgica, extienden su alcance a empresas no europeas y a proveedores de terceros países, como Argentina, imponiendo exigencias de debida diligencia y transparencia en toda la cadena de valor. El EUDR actúa como una “lex specialis” en la lucha contra la deforestación, la CSDDD enmarca riesgos amplios y la CSRD garantiza la divulgación obligatoria de estos. Este conjunto de reglas se enmarca dentro de la agenda comercial del Green Deal de la UE, lo que se refleja en acuerdos como el UE-Mercosur, que incorpora compromisos de sostenibilidad invocables en disputas comerciales, subrayando la integración de la sostenibilidad en la política comercial europea.

Qué significa esto en la práctica para los exportadores argentinos

El país ha lanzado un sistema de certificación para carne bovina libre de deforestación, integrado con la plataforma VISEC y piloteado a Alemania, para responder al EUDR. Bajo esta norma, los exportadores de carne o soja deben demostrar que cada envío no está ligado a deforestación post-2020, asegurando trazabilidad desde la parcela hasta el tenedor. El incumplimiento implica pérdida de acceso, mayor riesgo e inspecciones. A su vez, bajo la CSDDD, los compradores de la UE evaluarán riesgos de sus proveedores argentinos, exigirán cláusulas contractuales, remediación y auditorías, pudiendo desvincularse de quienes no gestionen riesgos laborales, de uso de suelo o ambientales según expectativas de la UE.

Por su parte, la CSRD aumenta la presión informativa: los importadores de la UE deben divulgar impactos en la sostenibilidad de proveedores argentinos, incluyendo riesgos climáticos, pérdida de biodiversidad, derechos humanos y emisiones de Alcance 3. Esto a menudo exige que las empresas argentinas proporcionen datos verificados sobre métricas como uso del agua, conversión de tierras o condiciones laborales. Para muchas PYMES argentinas, la presión será indirecta pero real: aunque no estén bajo el alcance directo de la CSDDD, deberán proveer datos, ajustar prácticas y aceptar monitoreo para permanecer en cadenas de valor orientadas a la UE. Los costos de cumplimiento aumentarán, especialmente en trazabilidad, mapeo de fincas, debida diligencia ASG y certificación de terceros. Sin embargo, quienes actúen anticipadamente pueden asegurar relaciones preferenciales e incluso beneficiarse si el acuerdo recompensa productos sostenibles certificados con mejor acceso o condiciones.

Una elección estratégica para Argentina

El acuerdo UE-Mercosur expone un dilema: ver las reglas ESG como un obstáculo burocrático o como una palanca de política industrial para modernizar la producción. Críticos advierten que, sin salvaguardas robustas, podría impulsar deforestación y abusos a derechos humanos, socavando metas de sostenibilidad. No obstante, herramientas emergentes argentinas, como la certificación de carne libre de deforestación, muestran que el país puede posicionarse como proveedor de altos estándares. Esto solo será posible si la trazabilidad, gobernanza del uso de suelo y protecciones sociales se escalan más allá de proyectos pilotos.

En última instancia, la regulación ESG de la UE funcionará como un poderoso filtro para las exportaciones argentinas. Quienes inviertan en trazabilidad robusta, diligencia debida y reporte transparente no solo mantendrán el acceso al mercado de la UE, sino que ganarán una ventaja competitiva en un mundo donde las condiciones de sostenibilidad son ya la verdadera ‘tarifa’.

(*) Gerenta de Sustentabilidad de Accenture