Iglesia: crece el debate por los archivos de la dictadura

Algunos sectores proponen abrirlos para ayudar a dilucidar la verdad sobre esa época. Las normas estipulan un plazo de 30 años para hacerlos públicos.

En la mayor discreción, comenzó a instalarse un debate en sectores de la Iglesia, en torno a la conveniencia de abrir anticipadamente los archivos eclesiásticos sobre la actuación del Episcopado durante la última dictadura militar. Quienes abonan esta iniciativa argumentan que se haría con el propósito de contribuir a la dilucidación de la verdad sobre esa época, un presupuesto fundamental, de acuerdo con la prédica católica, para alcanzar la reconciliación nacional. El tema se situó en el centro de la escena eclesiástica a raíz de que la semana pasada el sacerdote Emilio Graselli entregó a la Justicia un fichero con el registro que llevaba durante el gobierno militar de los pedidos para que intercediera el entonces Vicariato Castrense en favor de que se estableciera el paradero de 2.500 desaparecidos, hecho por sus familiares. Según las normas de la Iglesia, los archivos sólo pueden darse a conocer 30 años después de ocurridos los hechos. La fijación de ese lapso apunta a proteger la privacidad de las personas involucradas que todavía viven.

En la mayor discreción, comenzó a instalarse un debate en sectores de la Iglesia, en torno a la conveniencia de abrir anticipadamente los archivos eclesiásticos sobre la actuación del Episcopado durante la última dictadura militar. Quienes abonan esta iniciativa argumentan que se haría con el propósito de contribuir a la dilucidación de la verdad sobre esa época, un presupuesto fundamental, de acuerdo con la prédica católica, para alcanzar la reconciliación nacional. El tema se situó en el centro de la escena eclesiástica a raíz de que la semana pasada el sacerdote Emilio Graselli entregó a la Justicia un fichero con el registro que llevaba durante el gobierno militar de los pedidos para que intercediera el entonces Vicariato Castrense en favor de que se estableciera el paradero de 2.500 desaparecidos, hecho por sus familiares. Según las normas de la Iglesia, los archivos sólo pueden darse a conocer 30 años después de ocurridos los hechos. La fijación de ese lapso apunta a proteger la privacidad de las personas involucradas que todavía viven.

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