Hace algunos días, Anatoly Kurmanaev describió en el New York Times la catástrofe humanitaria que vivieron los venezolanos en los últimos años diciendo que “la caída de Venezuela es el mayor caso individual de colapso económico no bélico ocurrido en los últimos 45 años.
Los venezolanos continúan su lucha por recuperar la democracia. Mientras tanto, reina la malnutrición entre niños y adultos y muchas enfermedades tratables se han convertido en sentencias de muerte para los que no pueden encontrar medicinas o un tratamiento adecuado en el Sistema Nacional de Salud. Tomando cualquier de los indicadores socioeconómicos posibles, a Venezuela le va peor que a países que han sufrido guerras prolongadas y sangrientas. Eso explica los casi 3,5 millones de personas que abandonaron el país, en sus mayoría a partir de 2014. Si la situación económica empeora, vaticina, el número de emigrados podría llegar a 8 millones.
Hay voces – como las que se expresan en el informe del CEPR (Center for Economics and Policy Research) que buscan encontrar responsables distintos de los que han conducido el gobierno nacional en los últimos 20 años: el chavismo. Allí Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs evalúan el impacto de las sanciones impuestas a Venezuela en 2017 por Estados Unidos. El informe dice que esas sanciones, que eliminaron la posibilidad de que el país latinoamericano emita nueva deuda soberana, causaron la muerte de más de 40.000 venezolanos. Dicen que las sanciones redujeron la posibilidad de que PDVSA, la petrolera estatal, produzca petróleo, que es prácticamente la única fuente de ingresos de Venezuela.
El planteo central del informe se basa en la comparación entre la producción petrolera de Colombia y Venezuela antes y después de las sanciones de 2017. Según el análisis de los autores, como la producción petrolera de Colombia se comportó de manera similar a la venezolana entre 2013 y 2017, cualquier cambio de allí en adelante – o sea, la caída en la producción venezolana – es atribuible a las sanciones impuestas en agosto de 2017.
Dany Bahar junto a tres colegas — Sebastián Bustos, José Ramón Morales y Miguel Santos– analizaron exhaustivamente el caso. Miraron en detalle los datos y los métodos y concluyen que es imposible decir nada con seguridad sobre el impacto de esas sanciones sobre la producción petrolera de Venezuela o sobre muchos de los indicadores socioeconómicos que determinan la catástrofe humanitaria que atraviesa el país.
Es imposible encontrar nada causal en la comparación entre la producción petrolera de Venezuela y Colombia porque ambas industrias son diferentes y responden a factores diferentes. Las tendencias ya eran distintas antes de 2013. En 2017, además, el gobierno venezolano nombró a un alto militar, con cero conocimientos en la industria, al mando de la petrolera.
Reducir el análisis a la comparación con un país, o varios, puede llevar a muchos resultados diferentes. Si se compara su producción, por ejemplo, con el promedio de los países de la OPEP. Se ve que la caída en Venezuela comenzó mucho antes que se implementaran las sanciones.
Pero lo más importante es el deterioro de las tendencias en todos los factores determinantes socioeconómicos de la catástrofe humanitaria comienzan con tanta claridad antes de 2017 que es imposible calcular qué explican las sanciones, o qué no explican. Más aun, cuando se mira casi cualquiera de los indicadores socioeconómicos que determina por lo menos una parte de la catástrofe humanitaria, el grueso del daño ocurrió antes de las sanciones. Por ejemplo, para 2016 – el año anterior a las sanciones – las importaciones de alimentos habían caído 71% con respecto a 2013. La importación de medicinas y equipos médicos cayó 68% entre 2013 y 2016.
En términos de ingesta calórica, la investigación reveló que para agosto de 2017 los venezolanos con sueldo mínimo podían comprar 6.132 de las calorías más baratas por día, lo que equivale a 56% de las necesidades dietarias mínimas para una familia de cinco personas. Esto es 92% menos calorías que lo que el salario mínimo podía comprar en 2010. La mortalidad infantil, un buen reflejo de la calidad de los servicios públicos creció 44% entre 2013 y 2016 y sigue subiendo desde entonces.
Por lo tanto, queda claro del análisis realizado por Bahar y sus colegas que el subsiguiente deterioro observado desde 2017 – ya sea causado por las sanciones, por incompetencia gerencial o por lo que fuera – no constituye de manera alguna el grueso del colapso que provocó el sufrimiento, muerte y desplazamiento de millones de venezolanos. El peso de la prueba parece indicar que gran parte del sufrimiento y la devastación en el país fue infligido por los que ocupan el poder desde hace más de 20 años. Ignorar esto y culpar del daño a otros agentes que no son Maduro y los gobiernos chavistas después de décadas de políticas fallidas es, por lo menos, inducir a error.
Brookings Institution
Dany Bahar
