Por Martín Calveira (*)
El partido oficial pierde el quorum en la cámara de Senadores, lo cual lo obligará a negociar acciones legislativas y, es esperable, tomar posiciones de acuerdo y de mayor racionalidad. Esto es un aspecto favorable para el mercado ya que se espera que haya una visión menos unilateral del partido oficial.
Las tareas pendientes para la segunda parte de la administración de gobierno son notorias y no pasan principalmente por la herencia, pues las negociaciones con el FMI no se han resuelto y emergieron mayores complejidades sobre el tipo de cambio, la inflación y, en consecuencia, precios relativos como las tarifas de servicios públicos.
Ciertamente, problemas en su mayoría autoinfligidos, derivados de la extensión del confinamiento y de evitar que el ministro Guzmán pueda gestionar un programa de estabilización que implicará un mayor ajuste.
Las presiones cambiarias y el nivel de inflación mensual no se resuelven planteando que es un problema de la crisis precedente, inevitablemente la política monetaria deberá ser más activa y la posición fiscal, esencialmente determinada por el aumento del gasto público del ciclo político, deberá ajustar y gestionar con mayor eficiencia. Es un gran inconveniente para sustentar la macroeconomía que el gasto siga su curso de crecimiento y solo se tenga la línea financiera del Banco Central, es decir, emisión.
El llamado al acuerdo político mencionado por el Presidente es esperable aunque la experiencia reciente nos recuerda que los llamados al diálogo del gobierno dependen de las circunstancias y no avanzan; esperemos que esta vez sea distinto.
Un acuerdo político real puede servir como un instrumento de coordinación de determinación de objetivos macroeconómicos. Hay muchas experiencias en el mundo en este sentido que fueron determinantes para el crecimiento y desarrollo. Casos, con grandes diferencias, son los de España y Corea del Sur en la década de 1960 y 1970, que dieron curso a un gran programa de reformas y objetivos de desarrollo que dejaron atrás el deterioro económico. Por ahora esto es difícil de lograr aquí ya que todos los actores deberían ceder posiciones a los efectos del bienestar general.
Ese acuerdo, si se lleva a cabo con credibilidad y racionalidad, puede ser una oportunidad para introducir el debate de reforma de la economía del sector público a nivel nacional y provincial, que incluya la regulación del financiamiento del gasto, la estructura tributaria y un mejor vínculo productivo con el sector privado. Sería un signo positivo para los inversores. Todo dependerá, como siempre, de la credibilidad del acuerdo.
El control de una inflación crónica demanda mayores instrumentos de política económica que los que se están observando actualmente. El control de precios es un elemento de muy corto alcance y eficacia, que no tendrá resultados de largo plazo si no se opta por mayores instrumentos, como la tasa de interés y estabilizar la volatilidad de los tipos de cambio.
El proceso inflacionario que se espera para el corto plazo está determinado por la necesidad de identificar un ancla nominal como el tipo de cambio. Será necesario fijar el tipo de cambio en torno a un nivel o espacio determinado.
Las negociaciones con el FMI no presentan avances debido a la ausencia de un programa macroeconómico determinado que revele la gestión fiscal de corto plazo, más aún ante la estimación de vencimiento de U$S 19.020 millones para el año próximo.
El fuerte aumento de la demanda de dólares en el mercado informal genera una brecha cambiaria respecto a la cotización formal efectiva en torno al 90%. Esto se deriva con la llegada del período electoral, las tensiones y descoordinación del espacio político de gobierno y el nivel de incertidumbre respecto a las variables nominales de la economía, como la dinámica de precios de corto plazo.
Desde septiembre emergieron nuevas tensiones sobre la cotización en el mercado cambiario informal. Esto se deriva de las presiones en la cotización del mercado cambiario informal que se sostienen, influenciadas por el ciclo político y la incertidumbre sobre la dinámica inflacionaria del resto del año.
La asistencia monetaria del Banco Central al gobierno nacional acumula $ 935.312 millones, representando 58% del monto de asistencia del mismo período del año 2020, cuando las restricciones y el confinamiento eran sustancialmente mayores.
(*) Es investigador del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral y uno de los autores del Informe Económico Mensual (IEM) de la misma escuela de negocios.
