Se aprobó el habeas data
Permite a cada individuo acceder a la información personal que se encuentre en bases de datos, archivos o registros públicos y privados. Se garantiza secreto de los periodistas sobre sus fuentes.
El Senado convirtió en ley el proyecto de habeas data, que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información que sobre ellos posean las bases de datos, archivos o registros de carácter público y privado.
La iniciativa protege, además, el derecho de los periodistas a mantener en secreto sus fuentes de información, al excluir explícitamente de sus alcances a los archivos de los medios de comunicación, tal como lo había reclamado la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina.
La norma obliga a los bancos de información financiera a realizar un amplio blanqueo de todas aquellas personas que hayan saldado sus deudas al momento de promulgarse la ley.
En el caso de encontrar errores podrán solicitar su rápida rectificación o eliminación, que deberá cumplimentarse en un plazo no mayor a los cinco días de la protesta.
Al respecto, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge Yoma, justificó esta disposición en la necesidad de “incorporar al crédito y al giro comercial a miles de argentinos que por las alternativas de la economía se quedaron afuera”.
La ley salió aprobada con una explícita protección a la inviolabilidad del secreto de la fuente de información periodística.
Esto quedó plasmado en la primera cláusula de la norma, en la que la Cámara de Diputados aclaró que “en ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodística”.
El Senado convirtió en ley el proyecto de habeas data, que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información que sobre ellos posean las bases de datos, archivos o registros de carácter público y privado.
La iniciativa protege, además, el derecho de los periodistas a mantener en secreto sus fuentes de información, al excluir explícitamente de sus alcances a los archivos de los medios de comunicación, tal como lo había reclamado la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina.
La norma obliga a los bancos de información financiera a realizar un amplio blanqueo de todas aquellas personas que hayan saldado sus deudas al momento de promulgarse la ley.
En el caso de encontrar errores podrán solicitar su rápida rectificación o eliminación, que deberá cumplimentarse en un plazo no mayor a los cinco días de la protesta.
Al respecto, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge Yoma, justificó esta disposición en la necesidad de “incorporar al crédito y al giro comercial a miles de argentinos que por las alternativas de la economía se quedaron afuera”.
La ley salió aprobada con una explícita protección a la inviolabilidad del secreto de la fuente de información periodística.
Esto quedó plasmado en la primera cláusula de la norma, en la que la Cámara de Diputados aclaró que “en ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodística”.
