Receta esperada: la paga el sector privado
El Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para aplicar un nuevo impuesto, esta vez a la “renta inesperada”, que pagarían en 2023 empresas con ganancias superiores a mil millones de pesos.

Se trataría de una alícuota del 15% sobre el aumento de sus utilidades (a valor constante), sujeto a otras restricciones con relación a la magnitud de sus utilidades respecto a sus ingresos, o que tal cociente haya aumentado como mínimo en cierto porcentaje versus el año anterior. Si ese impuesto estuviera vigente en 2022, recaudaría entre 0,2% y 0,3% del PIB. No parecen demasiados recursos para el daño que generaría a la economía a corto y largo plazo. En primer lugar, significaría un nuevo aumento en la presión tributaria que sufren las empresas (en este caso las de mayor tamaño), que así pasaría de 28,1% a 28,6% de sus ingresos por ventas en el sector industrial, siendo que Argentina, junto a Brasil, se ubican entre los países con mayor presión tributaria legal del mundo. En segundo lugar, si se aprueba el mencionado proyecto de ley significaría un nuevo impuesto transitorio, que en Argentina siempre tienen chances de permanecer a largo plazo, o que luego se requiera de otro impuesto transitorio para sustituir los recursos que entregaba el anterior. Recordemos que el año pasado ya se aplicó por “única vez” el Aporte solidario y extraordinario, un impuesto a la riqueza personal. Ocurre que cada vez que se aprueba un impuesto transitorio, los mayores recursos normalmente incentivan una suba en las erogaciones del Estado, y dado que generalmente el nuevo gasto se mantiene en el tiempo, luego se requiere que el impuesto transitorio se convierta en permanente (impuesto a los débitos y créditos bancarios, derechos de exportación, etc.) o que se creen nuevos tributos transitorios que reemplacen los recursos aportados por los anteriores. Así, la presión tributaria ha subido casi sin pausas desde el año 2003, exceptuando dos años de la anterior administración de gobierno. En tercer lugar, no se trata sólo de un aumento en la presión tributaria, sino de una nueva señal acerca del rumbo económico del país, incrementando la percepción de inseguridad jurídica y afectando negativamente la inversión a largo plazo. ¿Quién puede invertir en un país que cada vez que a algún sector le va mejor le aplican un nuevo impuesto o le suben los existentes? Para quien tiene rentabilidad (empresas) o altos ingresos (familias) ya existe el impuesto a las ganancias (en Argentina y en la mayoría de los países del mundo), en el cual mientras mayores resultan los ingresos proporcionalmente se paga más. Adicionalmente, para muchos sectores, especialmente para el agropecuario, existen Derechos de Exportación, que al ser reintroducidos en 2002 también se anunciaron como transitorios.
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