¿Qué medidas tomará Cavallo?

Los políticos y técnicos cercanos a Domingo Cavallo están trabajando a un ritmo muy acelerado; fuentes cercanas a los grupos que acompañan al ministro entrante señalaron que ya han comenzado los contactos telefónicos con Estados Unidos con el fin de lograr una ayuda extra de US$ 3.000 millones que eviten que la Argentina salga a financiarse en los mercados de capitales durante este año.

Dos fundaciones trabajan en las posibles alternativas a la crisis que afecta gravemente al país: la Fundación Mediterránea y la Novum Milenium.

Los primeros apuraban la propuesta de reforma impositiva mientras los otros hacían hincapié en una propuesta social.

Según señalaron voces allegadas a ambas instituciones, el eje del programa de Cavallo es hacer política para el crecimiento; uno de los puntos centrales para lograr este objetivo sería una reforma impositiva basada en una rebaja de impuestos y la simplificación del sistema tributario.

Algunos de los cambios que están previstos serían:
· Eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias en las etapas industriales y de venta mayorista. Regiría solo para la venta minorista que implica 50% de lo que se recauda de este impuesto que suma unos $ 6.500 millones al año. Las provincias serían compensadas por un mayor porcentaje en la coparticipación de otros impuestos.
· Nueva valuación fiscal y de catastro para el impuesto inmobiliario que cobran las provincias. Aseguran que en la Capital Federal, los edificios están valuados a la quinta parte de su valor, y los terrenos a 5%. En todo el país se recaudan unos $1.700 millones por este concepto y con estos cambios se calcula que podría aumentar a $2.500 millones.
· Eliminación del IVA que rige sobre la compra de bienes e insumos que utilizan las industrias para producir. Lo que hoy ocurre es que ese impuesto queda durante un año como un crédito fiscal que las empresas tardan en recuperar.
· Privatización de la fiscalización y la cobranza de la DGI. Sólo quedaría en manos del Estado el área de interpretación de las normas impositivas.
· Creación de una poderosa agencia social que concentraría el manejo de todos los planes de ayuda, incluidos los planes Trabajar para desocupados.
· Reducción de costos empresarios. Eso significa, según su equipo, renegociar algunas tarifas de servicios públicos que se dispararon como el caso de los peajes, e introducir competencia en el mercado de las naftas.

Los políticos y técnicos cercanos a Domingo Cavallo están trabajando a un ritmo muy acelerado; fuentes cercanas a los grupos que acompañan al ministro entrante señalaron que ya han comenzado los contactos telefónicos con Estados Unidos con el fin de lograr una ayuda extra de US$ 3.000 millones que eviten que la Argentina salga a financiarse en los mercados de capitales durante este año.

Dos fundaciones trabajan en las posibles alternativas a la crisis que afecta gravemente al país: la Fundación Mediterránea y la Novum Milenium.

Los primeros apuraban la propuesta de reforma impositiva mientras los otros hacían hincapié en una propuesta social.

Según señalaron voces allegadas a ambas instituciones, el eje del programa de Cavallo es hacer política para el crecimiento; uno de los puntos centrales para lograr este objetivo sería una reforma impositiva basada en una rebaja de impuestos y la simplificación del sistema tributario.

Algunos de los cambios que están previstos serían:
· Eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias en las etapas industriales y de venta mayorista. Regiría solo para la venta minorista que implica 50% de lo que se recauda de este impuesto que suma unos $ 6.500 millones al año. Las provincias serían compensadas por un mayor porcentaje en la coparticipación de otros impuestos.
· Nueva valuación fiscal y de catastro para el impuesto inmobiliario que cobran las provincias. Aseguran que en la Capital Federal, los edificios están valuados a la quinta parte de su valor, y los terrenos a 5%. En todo el país se recaudan unos $1.700 millones por este concepto y con estos cambios se calcula que podría aumentar a $2.500 millones.
· Eliminación del IVA que rige sobre la compra de bienes e insumos que utilizan las industrias para producir. Lo que hoy ocurre es que ese impuesto queda durante un año como un crédito fiscal que las empresas tardan en recuperar.
· Privatización de la fiscalización y la cobranza de la DGI. Sólo quedaría en manos del Estado el área de interpretación de las normas impositivas.
· Creación de una poderosa agencia social que concentraría el manejo de todos los planes de ayuda, incluidos los planes Trabajar para desocupados.
· Reducción de costos empresarios. Eso significa, según su equipo, renegociar algunas tarifas de servicios públicos que se dispararon como el caso de los peajes, e introducir competencia en el mercado de las naftas.