Pero ese es el telón de fondo del escenario cambiante. Para entender lo que realmente está pasando con esa protesta en Alem al 600, es esencial reconocer que Moyano y su organización se encuadran ahora como oposición militante al gobierno de Cristina Kirchner, e intentan canalizar a través suyo buena parte del descontento y fastidio de vastos sectores de la población con el gobierno.
Lo esencial, sin embargo, es detectar que hay hoy un “cocktail explosivo”. Están presentes todos los elementos conocidos: la inflación reinstaló las negociaciones paritarias, los sindicatos lograron un gran reposicionamiento político e institucional, la neutralización de la brecha salarial de los 90´ revitalizó la aplicación de los convenios colectivos y el salario de mercado es ahora el salario convencional, como sostiene el especialista Ariel Cocorullo.
Por si fuera poco, también hay nuevos elementos. La permanente crispación y la crisis de representatividad, signadas por las aspiraciones políticas de los actores sociales, trae aparejando conflictos intrasindicales (facciones de un mismo sindicato compiten por su conducción –más allá del actor eleccionario-, atacando a los “líderes históricos”) e intersindicales (dos o más sindicatos pugnan por la representación de un mismo grupo de trabajadores, cuestionando a los sindicatos con personería gremial y dando paso al surgimiento de nuevas organizaciones).
Las cámaras empresarias -si bien han retomado su accionar luego de la reforma legislativa que impuso la negociación centralizada-, adolecen también de una crisis de representatividad, ya que en la mayoría de los casos, la empresa económicamente más importante, gravita y define unilateralmente la agenda y las decisiones, sin generarse acuerdos de tipo marco, ni otras soluciones que contemplen la situación de las empresas más pequeñas.
Súmese el impacto del contexto mundial. Las nuevas tecnologías industriales y la ampliación de la globalización imponen la competencia entre filiales de una misma compañía radicadas en distintos países. El costo laboral aparece como un elemento trascendente para la permanencia o desguace de una compañía en una región o país, más aún cuando los “países centrales” atraviesan la crisis y a las “nuevas potencias” están en expansión.
La profundización inflacionaria ha obligado al Ministerio de Trabajo a pronunciarse (expresa o tácitamente) respecto a los requisitos de los acuerdos salariales (duración de su vigencia, tope de incremento y control exhaustivo de las sumas no remunerativas) para lograr su homologación y resultante contenido obligatorio. Son pautas rígidas y obligatorias en un intento para contener la inflación. No obstante, se recuerda que los salarios del convenio homologado sólo son pautas de mínima y que cada empleador puede otorgar mejoras.
Con una óptica muy acotada desde el punto de vista de los contenidos a ser homologados -lo mismo sucede para el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o el tope de las asignaciones familiares-, la discusión del salario real se trasladará naturalmente a la empresa, como ultimo vector y posible “campo de batalla” donde los sindicatos sacarán a relucir su poder; en su faz de movilización social y en la exposición mediática que de ello pueda obtenerse. Este es el proceso que se viene.
