Obras sociales: desregulación por etapas
En enero sólo podrán cambiar su cobertura médica los empleados de altos ingresos. El resto del sistema se desregularía más adelante.
Según afirmara el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el decreto original de desregulación de obras sociales será sustituido o complementado por otro.
Habrá otra reglamentación para que la desregulación sea «segmentada»; es decir, se permitirá la libertad de opción solamente en la franja de las obras sociales de personal de dirección, que son las de afiliados de ingresos superiores; el resto del sistema se desregularía más adelante.
La cobertura sanitaria a nivel mundial se ha manejado con dos criterios de difícil combinación; el gobierno argentino no es una excepción y, por ahora, no le es fácil mixturarlos.
Uno es el principio de solidaridad ( con el que, teóricamente, trabajan las obras sociales) por el cual el personal de sueldos más altos financia a los que menos aportan y los sanos financian a los enfermos.
El otro es el de la libre competencia ( con el que se rigen los sistemas de medicina prepaga), por el cual cada uno recibe por lo que paga y debe pagar más si su estado de salud está más deteriorado.
El inconveniente que presenta el decreto original, firmado por el entonces vicepresidente Alvarez es que, al desregular todo el sistema, perjudicaría a las prestadoras que reciban más cantidades de empleados de bajos ingresos, a los que se les debería dar un programa médico bastante ambicioso por muy poco dinero.
Para corregir ,aunque sea parcialmente, estos problemas el Gobierno resolvió liberar , en una primera instancia, exclusivamente las obras sociales del personal de dirección.
Se trata de un universo de aproximadamente un millón y medio de afiliados (10% del sistema general), con ingresos totales cercanos a los $ 2.600 millones anuales.
Se trata de la porción más interesante del mercado, al menos en términos económicos; lo que sucederá con ella es que a partir de enero cualquier aportante a estas obras sociales podrá afiliarse a las prepagas o administradoras de salud que se registren para competir. Y viceversa.
El otro mercado que está en discusión es del de los que acceden a su primer empleo: son sanos, jóvenes y solteros, en su mayoría. Por lo tanto tiene nuy bajo riesgo.
Los gremialistas ya plantearon un pedido en torno a ellos: que no puedan elegir entidad para la salud sino después de un tiempo; la primera cobertura deberían contratarla en la obra social de su actividad laboral.
Esta exigencia sindical, que el gobierno quiere conceder, beneficiaría a los gremios con una franja muy apetecible de mercado: esos jóvenes, cabe pensar, estarían mucho tiempo aportando sin producir gastos.
Los sindicatos conseguirían con esta cláusula completar lo que ya le arrancaron al régimen militar de Alejandro Lanusse, cuando se creó el Pami: en ese momento les quitaron a los ancianos (que gastan mucho en salud pero aportan poco económicamente) mejorando la ecuación financiera de sus obras sociales.
Ahora, con la exclusividad de los jóvenes, conseguirían un efecto similar, gracias a empleados que aportan pero no consumen.
Según afirmara el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el decreto original de desregulación de obras sociales será sustituido o complementado por otro.
Habrá otra reglamentación para que la desregulación sea «segmentada»; es decir, se permitirá la libertad de opción solamente en la franja de las obras sociales de personal de dirección, que son las de afiliados de ingresos superiores; el resto del sistema se desregularía más adelante.
La cobertura sanitaria a nivel mundial se ha manejado con dos criterios de difícil combinación; el gobierno argentino no es una excepción y, por ahora, no le es fácil mixturarlos.
Uno es el principio de solidaridad ( con el que, teóricamente, trabajan las obras sociales) por el cual el personal de sueldos más altos financia a los que menos aportan y los sanos financian a los enfermos.
El otro es el de la libre competencia ( con el que se rigen los sistemas de medicina prepaga), por el cual cada uno recibe por lo que paga y debe pagar más si su estado de salud está más deteriorado.
El inconveniente que presenta el decreto original, firmado por el entonces vicepresidente Alvarez es que, al desregular todo el sistema, perjudicaría a las prestadoras que reciban más cantidades de empleados de bajos ingresos, a los que se les debería dar un programa médico bastante ambicioso por muy poco dinero.
Para corregir ,aunque sea parcialmente, estos problemas el Gobierno resolvió liberar , en una primera instancia, exclusivamente las obras sociales del personal de dirección.
Se trata de un universo de aproximadamente un millón y medio de afiliados (10% del sistema general), con ingresos totales cercanos a los $ 2.600 millones anuales.
Se trata de la porción más interesante del mercado, al menos en términos económicos; lo que sucederá con ella es que a partir de enero cualquier aportante a estas obras sociales podrá afiliarse a las prepagas o administradoras de salud que se registren para competir. Y viceversa.
El otro mercado que está en discusión es del de los que acceden a su primer empleo: son sanos, jóvenes y solteros, en su mayoría. Por lo tanto tiene nuy bajo riesgo.
Los gremialistas ya plantearon un pedido en torno a ellos: que no puedan elegir entidad para la salud sino después de un tiempo; la primera cobertura deberían contratarla en la obra social de su actividad laboral.
Esta exigencia sindical, que el gobierno quiere conceder, beneficiaría a los gremios con una franja muy apetecible de mercado: esos jóvenes, cabe pensar, estarían mucho tiempo aportando sin producir gastos.
Los sindicatos conseguirían con esta cláusula completar lo que ya le arrancaron al régimen militar de Alejandro Lanusse, cuando se creó el Pami: en ese momento les quitaron a los ancianos (que gastan mucho en salud pero aportan poco económicamente) mejorando la ecuación financiera de sus obras sociales.
Ahora, con la exclusividad de los jóvenes, conseguirían un efecto similar, gracias a empleados que aportan pero no consumen.
